Cínicos y fanáticos

14-03-05 - Javier Pradera

El presidente del PP anunció el pasado martes la negativa de su partido a suscribir las recomendaciones sobre prevención del terrorismo y atención a las víctimas aprobadas mayoritariamente por la comisión de investigación del Congreso un año después del 11-M; según Rajoy, el documento es "fraudulento" y se halla al servicio de un "interés político partidista".

De creerle, los populares pretenden únicamente buscar la verdad, pero los demás grupos parlamentarios tratan aviesamente de dar carpetazo a la comisión con el propósito de impedir que se lleguen a conocer las claves del atentado; los dirigentes del PP no sólo se reservan el monopolio de la buena fe, sino que denuncian una conjura de complicidades para imposibilitar el esclarecimiento de los hechos.

Los análisis de carácter son incapaces de explicar los desestabilizadores objetivos de la delirante versión del 11-M que trata de vender el PP a la opinión pública a través de sus dirigentes y de sus portavoces periodísticos (El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez, y la radio de los obispos)
Dado que las comisiones parlamentarias se limitan a pronunciarse -así lo establece el artículo 76 de la Constitución- sobre las responsabilidades políticas en los asuntos de interés público (sus conclusiones no vinculan a los tribunales), las sospechas venenosamentes esparcidas por el PP en torno a esa supuesta estrategia de ocultamiento de la autoría intelectual del 11-M se extienden implícitamente a las instituciones del Estado de derecho encargadas de investigar -la policía, el ministerio fiscal, el Poder Judicial- las responsabilidades penales del crimen de Atocha.

Tal vez las motivaciones de esa disparatada fabulación deban ser atribuidas al fanatismo y al cinismo de los individuos dedicados a propagarla; por lo demás, esos estados de ánimo pueden adueñarse sucesivamente de una misma persona: seguramente Zaplana pasa de vez en cuando por momentos de ligero dogmatismo, y Acebes, por etapas de leve agnosticismo.

Pero los análisis de carácter son incapaces de explicar los desestabilizadores objetivos de la delirante versión del 11-M que trata de vender el PP a la opinión pública a través de sus dirigentes y de sus portavoces periodísticos (El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez, y la radio de los obispos); esto es, "las rocambolescas y falsas teorías conspirativas" alimentadas por Rajoy y Acebes --como subraya José María Irujo en su valiosa investigación sobre el terrorismo islamista en España (El agujero. Aguilar, 2005)-- desde hace muchos meses.

Esa paranoica interpretación incorpora a los procedimientos inquisitoriales de la probatio diabolica (según la cual no corresponde a los acusadores demostrar la veracidad de los cargos, sino a los acusados su inocencia) la insólita exigencia de que la investigación parlamentaria y la instrucción judicial sigan indefinidamente abiertas hasta que sea despejada en un incierto futuro cualquier conjetura por caprichosa que sea.

El atentado del 11-M, aunque ejecutado por una patulea de fundamentalistas islámicos y delincuentes españoles, había sido planeado por la alianza impía de ETA, Al Qaeda y los servicios secretos marroquíes y franceses con oscuras complicidades políticas, mediáticas y policiales españolas. Además de blanquear retrospectivamente la desinformadora estrategia electoralista del Gobierno sobre la autoría del 11-M, esa extravagante teoría sirve para atribuir al crimen el doble objetivo de sacar al PP del poder (¿qué habría ocurrido, empero, si Aznar no hubiese manipulado ventajistamente la crisis?) y cambiar las alianzas internacionales de España.

Según esa alucinante fantasía, o bien los socialistas conocían por adelantado tales planes (y participaron tal vez en su preparación), o bien los utilizaron la víspera del 14-M para impedir la segura victoria de Rajoy, una predicción desmentida por los sondeos que registraban un empate técnico entre PP y PSOE antes del 11-M.

Esa marca cainita viciaría la legitimidad de origen del actual Gobierno -deudor de inconfesables apoyos externos e internos- y exigiría la disolución anticipada de las Cortes. ¿No produce temor retrospectivo que un partido capaz -como el PP-de acusar a la policía, los fiscales, los jueces y el Parlamento de complicidad o encubrimiento con el terrorismo (tal sería la tipificación penal de su ocultamiento consciente de la verdad sobre el 11-M) hubiese podido imponer desde el poder a los españoles esas inverosímiles patrañas?