El 11-M, a juicio (Editorial EL PAÍS)

11-02-07


Constituye un éxito, no ya del Estado de derecho, sino del sistema judicial español, el hecho de que haya sido capaz en apenas tres años de llevar a juicio, con el aval de una apabullante acumulación de indicios de pruebas de todo tipo, a los presuntos autores materiales e intelectuales, cómplices y cooperadores necesarios del atentado terrorista del 11-M, el más grave jamás habido en España. No estaba cantado que el juicio pudiera iniciarse el próximo día 15, a un mes de cumplirse el tercer aniversario, no sólo por las dificultades intrínsecas de la investigación, sino por el rechazo de un amplio sector social, nucleado en torno al Partido Popular y jaleado por su entorno mediático, a aceptar la autoría yihadista apuntada por la justicia, en su creencia interesada de considerar el atentado obra de una confabulación de actores movidos por su afán de echar del Gobierno a Aznar en las elecciones del 14-M.

Las 191 víctimas del atentado, ciudadanos españoles y de otras nacionalidades, sus familias y la sociedad entera tienen derecho a que se haga justicia. Era por ello exigible no demorar la celebración de la vista oral, sometiendo a los presuntos culpables a un juicio justo con todas las garantías del Estado de derecho. Es sólo el primer paso en el camino de la reparación debida a las víctimas del 11-M.

Característica esencial del juicio oral es que todos los datos de la instrucción se reproduzcan ante el tribunal que juzga el caso. Entra pues dentro de la normalidad procesal que lo instruido se someta a debate, se repitan diligencias de prueba o se realicen otras nuevas, por criterio del tribunal. No cabe por ello prejuzgar nada, como ya han empezado a hacer los sectores políticos y mediáticos que intentaron sin éxito hacer descarrilar la instrucción interpretando determinadas pruebas ordenadas por el tribunal -en especial la comparecencia a juicio como testigos de tres reclusos etarras y la ampliación de la prueba pericial sobre el explosivo utilizado en los trenes- a favor de su tesis sobre una mano invisible de ETA, adobada con los más delirantes ingredientes conspiratorios. La Audiencia Nacional actúa ante el juicio con un amplio reconocimiento del derecho de defensa y de la propuesta de pruebas, para que no se le diga que no hace lo procesalmente exigible para despejar dudas. Sería impensable que desde dentro del tribunal se hiciera guiño alguno, por leve que fuera, a teorías conspirativas ajenas a la instrucción.

El tribunal y las partes personadas en la causa van a encontrarse con una investigación judicial sólida y abundante en indicios probatorios, como ya reconoció la Audiencia Nacional al confirmar íntegramente los procesamientos dictados por el juez Juan del Olmo contra los presuntos autores materiales, intelectuales y cómplices del atentado: un grupo de islamistas radicales inspirado en Al Qaeda, con la criminal ayuda de delincuentes miembros de la trama asturiana. Algunos de éstos han sido ahora condenados en otro juicio por tráfico de explosivos. Ellos proporcionaron los cerca de doscientos kilogramos de dinamita empleados en los diversos escenarios del atentado.

La instrucción remitida por Del Olmo somete al juicio del tribunal una verdad judicial sobre el 11-M que es todavía provisional, pero que no está sustentada en conjeturas, hechos casuales o enredos de confidentes, sino en 80.000 folios de diligencias de pruebas que determinan, entre otros extremos, que al menos 12 terroristas, entre ellos quienes pusieron una bomba en las vías del AVE a Sevilla el 2 de abril y los que se suicidaron en un piso de Leganés el 3 siguiente, participaron en el atentado contra los trenes, como demuestran las huellas y restos biológicos -ADN- dejados en los distintos escenarios de la masacre.

No le fue fácil al juez Del Olmo llevar a cabo su trabajo con la serenidad y calma deseables, dada la feroz y persistente campaña de descrédito personal y profesional lanzada contra él desde determinadas instancias mediáticas y políticas. No hace todavía un año, Mariano Rajoy, presidente del partido que ha inspirado unas veces o avalado otras las disparatadas teorías de la conspiración, jugueteaba con la posibilidad de anular el sumario a cuenta de una manipulación periodística sobre la mochila que no estalló y que condujo a la identificación de los presuntos autores del 11-M. Tampoco les ha sido fácil a las fuerzas de seguridad del Estado realizar su tarea de policía judicial, habiendo estado sometidas por las mismas instancias a una permanente sospecha de mala fe y de negligencia voluntaria en el esclarecimiento de los hechos.

Sería deseable que el juicio transcurriera en un clima de serenidad, tanto interna como externa, evitando prejuzgar su resultado antes de tiempo. No parece, sin embargo, que el clima general lo favorezca. Mal síntoma es que algunas acusaciones hagan causa común con las defensas para echar por tierra las pruebas contra los acusados, como si su intención fuera que resultaran absueltos para así poder seguir reivindicando "la verdad sobre el 11-M" y alimentando a su vez la paranoia conspirativa que la acompaña.



El juicio del 11-M

14-02-07 - Javier Pradera

Mañana comenzará en la Audiencia Nacional -si las maniobras dilatorias no lo impiden- la vista oral contra los 29 imputados (9 españoles) del sumario del 11-M que sobrevivieron al suicidio colectivo de Leganés el 3 de abril de 2004 y que no consiguieron eludir la persecución de la justicia. El ímprobo trabajo de reconstrucción del crimen -192 asesinados y 1.824 heridos- realizado por el juez Juan del Olmo a lo largo de 25 meses ha sido recogido en casi 100.000 folios de diligencias; el mérito de la instrucción es tanto mayor cuanto que el sindicato de intereses constituido por el núcleo duro del PP -desde Ángel Acebes, Ignacio Astarloa y Eduardo Zaplana hasta Jaime Mayor Oreja y Esperanza Aguirre, pasando por Jaime Ignacio del Burgo-y la secta periodística acampada en El Mundo, la Radio de los Obispos y Telemadrid han boicoteado su labor por todos los medios a su alcance. Esa estrategia obstruccionista trataba de conseguir la nulidad de las actuaciones, o cuando menos el aplazamiento indefinido de la vista oral hasta después de las elecciones generales, con el propósito último de continuar sembrando las dudas sobre la imaginaria participación de ETA en el atentado, los servicios marroquíes y la propia policía española en tanto que supuestos autores intelectuales o cómplices operativos de los terroristas islamistas. La eficaz colaboración de la fiscal Olga Sánchez y de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado como policía judicial (200 pruebas de ADN, 50.000 registros telefónicos, 116 declaraciones, 650 testigos) durante la instrucción ha ayudado de forma decisiva a que el juicio pudiera llegar a celebrase.

La complejidad de un sumario instruido bajo presión hacía seguramente inevitable la comisión de errores procesales de trámite ordinario, tal y como sucedió con la excarcelación de Saed El Harrat tras el vencimiento inadvertido del plazo de su prisión preventiva; el episodio le costó a Del Olmo una sanción del Consejo General del Poder Judicial por falta grave y unas crueles burlas a costa de una dolorosa enfermedad ocular. Pero la acusación principal dirigida contra Del Olmo por el PP y sus mozos periodísticos de estoques fue -y continúa siendo- darse por satisfecho con los abrumadores indicios disponibles sobre la responsabilidad exclusiva del terrorismo islamista en la matanza de Atocha y con la inexistencia -no menos abrumadora- de datos sobre una teoría de la conspiración cuyos responsables -según Aznar- no vivirían en "desiertos muy remotos" ni en "montañas muy lejanas".

Aplicando la consigna de Goebbels de que una mentira repetida mil veces termina siendo tomada por verdadera, la ensordecedora tamborrada sobre los agujeros negros del 11-M aporreada durante casi tres años ha logrado finalmente engatusar al sector más crédulo del electorado del PP que no tiene más fuentes de información televisiva, periodística y radiofónica que Telemadrid, El Mundo y la Cope. Esos sabuesos de tebeo y periodistas de investigación domingueros llegan a extremos cómicos: confunden la Orquesta Mondragón con la Cooperativa Mondragón, y atribuyen capacidad explosiva al ácido bórico. Pero la mentalidad paranoide funciona como una maquinaria razonante preparada para suministrar fundamentación lógica a las más extravagantes respuestas del orate de turno.

Ese cínico desafío al sentido común del PP y de sus correveidiles mediáticos, que niegan la existencia de cualquier parentesco entre el 11-M y los atentados de Londres y Bombay, descarga sobre el adversario la tarea de probar el desatinado carácter de sus propias fantasías. Además, Acebes y Astarloa -secretario general y secretario de libertades públicas del PP respectivamente- fingen olvidar que las responsabilidades políticas de la lucha antiterrorista no correspondían a los socialistas sino que eran suyas -como ministro del Interior y como secretario de Estado- cuando el fundamentalismo islamista tejió impunemente las redes del atentado, los confidentes de la policía controlaron ineficazmente a los traficantes de dinamita en Asturias, los terroristas subieron en la madrugada del 11-M a los trenes de la muerte y se apearon antes de llegar a Atocha tras depositar en los vagones su mortífera carga, la policía practicó las primeras detenciones en vísperas del 14-M y los GEOS acorralaron a los suicidas en Leganés.