29/9/04

Los documentos remitidos por el Ejecutivo a la comisión del 11-M descartan la implicación de ETA


ETA no tiene relación con organizaciones terroristas islámicas desde 1980

28-09-2004 Cadena SER / Agencias

La documentación remitida por el Gobierno a la comisión parlamentaria de investigación del 11-M aclara algunas de las zonas más oscuras de la investigación sobre los atentados. Según uno de los informes puestos a disposición de los diputados ETA no tiene relación con organizaciones terroristas islámicas desde 1980. Otro de los documentos desvela que las fuerzas de seguridad del Estado vigilaron la casa de Morata de Tajuña hasta la víspera de los atentados. Finalmente destaca que la Policía y la Guardia Civil alertaron meses antes del 11-M del peligro islamista.

Según un documento elaborado en 2003 por la Secretaría de Estado de Seguridad que entonces dirigía Ignacio Astarloa, se evalúa como la "amenaza más grave" la de grupos extremistas islámicos relacionados con el movimiento internacional Mujahidín. Este documento habla, entre otros, de la actuación de "terroristas espontáneos" que puede ser el grupo "más imprevisible que tendería a elegir objetivos fácilmente asequibles". Precisamente, este perfil encaja con los autores de los atentados del 11-M.

Gran parte de la documentación recibida por la comisión vuelve a poner de manifiesto la imprevisión tras los atentados de Casablanca, ya que varios informes de la Guardia Civil enviados a Europol en 2003 insisten en que se confirma la hipótesis de que España es objetivo del terrorismo islámico.

Tampoco hubo éxito en el seguimiento policial de algunos de los autores del 11-M. Según un informe de la brigada provincial de información, las escuchas telefónicas practicadas sobre el "Tunecino" no pudieron presagiar la "génesis de un atentado terrorista" ni las actividades delictivas de una "supuesta célula terrorista".

En la documentación remitida al Congreso hay otros documentos que ponen de manifiesto que ETA no tiene relación con organizaciones terroristas islámicas desde 1980. La policía también descarta que miembros de ETA participaran en el asesinato de los 7 miembros del CNI en Bagdag.


NINGUNA RELACIÓN ENTRE LOS IMPUTADOS POR EL 11-M Y PRESOS ETARRAS

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias afirma que los cuatro imputados por los atentados del 11-M que coinciden en prisión con reclusos de ETA no han mantenido "ninguna relación" con estos últimos, según "observación directa y constante por los funcionarios".

Así consta en uno de los documentos entregados este martes por el Gobierno a la comisión parlamentaria de investigación del 11-M, en el que se precisa que los imputados por estos hechos que coinciden con presos etarras en los centros penitenciarios en los que están ingresados son Abdelilah El Faoual, Saed El Harrak, Fouad El Morabit y Raúl González Peláez.

Los tres primeros están internados en el centro penitenciario Madrid II (Alcalá Meco), mientras que el último fue ingresado en la prisión de Madrid V (Soto del Real).

Los otros doce imputados que permanecen en prisión -el informe hace referencia a trece, pero Abderrahman Hammadi Afandi quedó en libertad el pasado viernes- no han coincidido con presos de ETA, según el informe.

Un segundo documento de Instituciones Penitenciarias señala que Antonio Toro Castro, cuñado del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, en prisión por facilitar presuntamente los explosivos al grupo autor del 11-M, coincidió con dos miembros de ETA durante su estancia en la prisión de Villabona (Asturias) entre el 27 de enero y el 20 de diciembre de 2001.

Toro Castro, detenido en relación con los atentados de Madrid e imputado en la causa, pero que quedó en libertad después de declarar en la Audiencia Nacional, compartió módulo en el citado centro penitenciario con los miembros de ETA Asier Uribarri Benito y Aratz Gómez Larrañaga.

El primero de ellos fue condenado en junio de 2000 a siete años y medio de cárcel por haber facilitado la información para que dos miembros 'liberados' de la banda terrorista atentaran en julio de 1997 contra la Compañía Petronor en Muskiz (Vizcaya) y a otros seis años por constituir un "talde" de información de ETA al servicio del 'comando Vizcaya'

Aratz Gómez, por su parte, fue sentenciado a 18 años de cárcel por el intento de robo de una máquina troqueladora en Irún en 1999.


LA CASA DE MORATA FUE VIGILADA HASTA EL DÍA DE ANTES DE LOS ATENTADOS

La Guardia Civil controló la casa de la localidad madrileña de Morata de Tajuña, en la que se confeccionaron los artefactos explosivos utilizados en los atentados del 11-M, hasta el día anterior a la comisión de los mismos, y llegó a la conclusión de que la finca estaba ocupada por trabajadores ilegales.

Así lo revela otro informe del instituto armado entregado por el Gobierno a la comisión, en el que se asegura que la vigilancia de la citada vivienda se inició el 7 de marzo, después de recibir la llamada de una vecina a la que la presencia de varios individuos de origen árabe había causado sospechas.

Varios guardias civiles estuvieron controlando el lugar entre los días 7 y 10 de marzo, "no observando nada anómalo" en la conducta de las tres o cuatro personas de origen magrebí detectadas en la casa, llegando a la conclusión en esta última fecha de que "pudiera tratarse de trabajadores de manera ilegal".

El informe señala que, en la mañana del 7 de marzo, una mujer llamó a la Guardia Civil y manifestó que en una propiedad próxima a la suya "ha observado durante largo periodo de tiempo un numeroso grupo de personas de origen árabe que pasaba por dicha finca", y que a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 "dejó de ser visitada".

La mujer continuó diciendo que, en las últimas fechas, la casa volvía a ser frecuentada "por individuos de origen árabe, causándole sospechas esta forma de proceder".

El mismo día 7, un equipo del instituto armado se desplazó a la zona señalada, "observando a tres o cuatro personas de origen magrebí, no observando nada anómalo".

Dos días después, agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) se trasladaron hasta la finca y pudieron ver "a un individuo de raza árabe". También observaron la presencia de un vehículo y comprobaron su matrícula, constatando que pertenecía a una mujer de nacionalidad española sin antecedentes y que el coche no había sido denunciado.

"El día 10, de las gestiones realizadas no fueron observadas actitudes extrañas", afirma el informe, que añade que "ante las primeras indagaciones se decide realizar nuevas vigilancias. La valoración es que pudieran tratarse de trabajadores de manera ilegal, por lo que procede determinar su volumen e identificar a sus habitantes y actuar en consecuencia".

El 16 de marzo, cinco días después de los atentados, los agentes se entrevistaron con la mujer que les había llamado el día 7, pero ésta "no aporta nada nuevo, salvo la circunstancia de que anteriormente residían niños y mujeres y que recientemente se habían marchado".

Ese mismo día, la Guardia Civil tuvo noticia de que la Policía Nacional estaba realizando gestiones en Morata de Tajuña y San Martín de la Vega "sobre casas donde residían magrebíes y junto a un río", pero recibe esa información a través de los Ayuntamientos de la zona, "sin poder saber, por tanto, qué es lo que buscan".

"Con objeto de no interferir las posibles líneas de investigación de la Policía en la zona, y siguiendo así las instrucciones dadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, no se realiza entrevista con el propietario de la finca para conocer quienes residen", concluye este informe.


LA POLÉMICA DE LAS MATRÍCULAS

ETA sólo ha utilizado en doce ocasiones vehículos con placas de matrícula originales en los más de 2.400 atentados cometidos en España desde 1990, según figura en otro informe de la Comisaría General de Información de la Policía remitido a la comisión del 11-M.

La furgoneta abandonada por los autores de los atentados de Madrid en Alcalá de Henares tenía la matrícula original y no una falsa -"doblada"-, hecho que durante los debates de la comisión se consideró por parte de algunos grupos como relevante para descartar desde el mismo día de los atentados la autoría de ETA.

El citado informe de la Policía, así como otro de la Guardia Civil en el mismo sentido, confirman que la banda terrorista ETA falsifica sistemáticamente las placas de matrícula utilizadas en los atentados, salvo en los casos contados en los que la acción se produce casi inmediatamente después de sustraer el vehículo.

"Durante las últimas décadas -señala el documento-, la práctica habitual dentro de la dinámica de actuación de los activistas de ETA a la hora de cometer atentados en los que se usen vehículos, bien como coche-bomba o como vehículo de huida, es la de utilizar coches previamente sustraídos a los que colocan una placa 'doblada', generalmente correspondiente a otro de iguales o similares características".

El informe de la Policía cita los casos concretos de los doce vehículos utilizados por ETA con placas originales, siete de ellos desde el año 2000 y cinco en la década anterior.


LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL AVISARON DEL AUMENTO DEL PELIGRO DE UN ATENTADO ISLAMISTA

Varios informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil a lo largo del pasado año, remitidos a la comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo, alertaron de que se había producido un aumento del riesgo de atentados de carácter islamista en España con motivo del apoyo del Ejecutivo de José María Aznar a la guerra de Irak. En esos documentos se califica la amenaza de los grupos islámicos relacionados con el movimiento internacional Mujahidín como "la más grave".

La Subdirección General de Operaciones de la Guardia Civil aseguró el 24 de febrero de 2003, en un informe dirigido a la Unidad Nacional de Europol que Al Qaeda podía tratar de "atacar intereses norteamericanos en España". También subrayó que desde diferentes sectores de los Hermanos Musulmanes se había afirmado que no se descartaba que "objetivos españoles fueran atacados por grupos terroristas debido a su apoyo a los Estados Unidos en el enfrentamiento armado contra Irak".

Cuatro meses más tarde, el mismo cuerpo alertó en otro documento dirigido también a Europol, de que España podía ser objetivo del terrorismo islámico y destacó que la elección del atentado en Casablanca "podría deberse al alto grado de repercusión y alarma social que simplemente la denominación 'Casa de España' puede llegar a crear en las sociedades marroquí y española". Un tercer informe, fechado el 28 de noviembre, destacó que Ben Laden había advertido en una grabación que tomaría "represalias" contra países que participaran en la guerra de Irak, entre los que citaba España.

Asimismo, la Dirección General de la Policía elaboró un documento similar avisando que había "aumentado a nivel mundial el riesgo genérico de que se produzcan acciones terroristas perpetradas por los grupos integristas islámicos vinculados, en mayor o menor medida, con el denominado 'Movimiento Internacional Mujahidín".