Tres años conspirando contra la verdad

La fabricación de un bulo sobre el 11-M.- El PP se ha puesto al frente de una máquina de inventar sospechas sobre los autores del atentado

08-04-07 - José Manuel Romero

La inaudita escena vivida el 28 de marzo en el juicio del 11-M cuando el ex director de la Policía Agustín Díaz de Mera se negó a explicar al juez de dónde había sacado que un supuesto informe -que el Gobierno socialista habría ocultado- establece vínculos entre ETA y la matanza de los trenes, es sólo el último capítulo de un disparate que dura tres años. Un grupo de dirigentes del PP, dando crédito a informaciones publicadas por un puñado de periodistas que avanzan en dirección contraria a la instrucción judicial, ha tratado de contaminar la investigación sobre el mayor atentado de España. EL PAÍS relata en dos entregas cómo se han ido vertiendo dudas sobre los autores de la masacre del 11 de marzo.

El 12 de marzo de 2004, un día después del atentado que sembró de dolor y muerte el corredor ferroviario que une Alcalá de Henares con Madrid, el entonces candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, declaró: "Tengo la convicción moral de que ha sido ETA". En las tres semanas que siguieron a esa confesión, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, todavía a las órdenes del Ejecutivo en funciones del PP, detuvieron a dos decenas de supuestos implicados en el asesinato de 191 personas. Ni uno solo pertenecía a la banda terrorista ETA.

El 4 de abril de 2004, el PP consideró aclarado aquel asesinato terrorista masivo: "El núcleo central del 11-M esta detenido o ha muerto en el suicidio colectivo de Leganés", señaló Ángel Acebes, ministro del Interior en funciones. Sólo unas horas antes de su declaración, siete islamistas habían saltado por los aires con la ayuda de muchos kilos de dinamita que ataron a sus cuerpos cuando se vieron acorralados por la policía.

En los tres años que han seguido a la declaración de Acebes dando por aclarado el caso, el juez Juan del Olmo ha acumulado cientos de pruebas para terminar sentando en el banquillo a 29 supuestos implicados en el 11-M, muchos de ellos amigos de los islamistas muertos en el suicidio de Leganés. Ni uno solo de los 29 acusados pertenece a la banda terrorista ETA.

En los tres años que han seguido a la declaración de Acebes despejando cualquier sombra de duda sobre quiénes eran los culpables de 191 asesinatos, numerosos dirigentes políticos del PP y un puñado de periodistas han alimentado la duda respecto a los autores de la matanza y han llegado a negar que los islamistas detenidos y los suicidas de Leganés tengan relación con las bombas de los trenes. Para ello han descalificado el trabajo de cientos de policías, la declaración de decenas de testigos y la instrucción del juez Juan del Olmo y de la fiscal Olga Sánchez, a los que han acusado de torpeza negligente.

Estos impulsores de la conspiración han fabricado un enredo, gigantesco y multidireccional, a base de supuestas investigaciones periodísticas basadas muchas veces en informes inexistentes o amputados, testimonios de delincuentes implicados en el crimen a los que se ha dado toda credibilidad, o informaciones de policías -varios de ellos con cuentas particulares pendientes con la cúpula policial-.

Algunos de los que figuran en el sumario judicial como principales colaboradores de los terroristas del 11-M han sido entrevistados en los medios de comunicación afines al PP. Uno de ellos ha sido incluso interrogado por un diputado popular especialmente activo en la investigación del bulo: Jaime Ignacio del Burgo entrevistó al delincuente encarcelado Rafá Zouhier (que puso en contacto a los terroristas con las personas que les facilitaron los explosivos, según el juez) y se precipitó a difundir el fruto de su trabajo periodístico en el medio de comunicación que más espacio ha dedicado al invento de la conspiración durante estos tres años: el diario El Mundo.

En este tiempo se ha fabricado un bulo planetario. El Partido Popular y quienes han apoyado su estrategia de la sospecha permanente han logrado que el juicio del 11-M dedique medios, horas y esfuerzos notables para demostrar la inconsistencia de una marea negra de informaciones basadas, la mayor parte de las veces, en hechos falsos o mal interpretados. Lo que sigue es un relato de lo acontecido en estos tres años.


EL PRIMER INFORME A la búsqueda de contactos entre presos terroristas

El bulo empezó su carrera sólo 48 horas después de los terribles atentados, a cuenta de un informe que el Gobierno del PP encargó de urgencia para buscar vínculos que pudieran situar a ETA en el centro de la planificación del 11-M. Ignacio Astarloa, ex letrado de las Cortes, era secretario de Estado de Seguridad cuando estallaron las bombas. El 12 de marzo supo que un periódico italiano informaba de la supuesta conexión entre ETA y el terrorismo islamista.

En ocho años de Gobierno del PP y en los 28 años anteriores de actividad de ETA, la experiencia acumulada en la intensa investigación de las tramas terroristas no había deparado ni un solo vínculo entre ambos grupos de asesinos. Pese a esa evidencia, Astarloa intentó explorar nuevas vías en un momento de aprieto. En la tarde noche del 12 de marzo encargó un informe sobre las relaciones entre presos etarras e islamistas.

A la mañana siguiente, el edificio que alberga la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en la calle de Alcalá, amaneció con el vacío propio de los sábados. Los guardias civiles encargados de vigilar el inmueble y la persona responsable de la centralita telefónica no esperaban a nadie, pero tuvieron compañía. Al menos cinco funcionarios, adscritos al departamento de Coordinación de Seguridad y a la Subdirección encargada de presos terroristas, se pusieron a revisar fotocopias de libros de registro de todas las cárceles españolas en busca de algún contacto entre cientos de etarras que habían pasado por las prisiones y dos docenas de islamistas encerrados por terrorismo.

Trabajaron en la cuarta planta del edificio de Alcalá, donde no hay manera de distraerse: las únicas ventanas existentes dan a un patio interior. Los agentes y funcionarios encargados de rastrear una pista sobre la relación entre islamistas y etarras se concentraron en la tarea encomendada pero apenas pudieron pescar en un río que estaba seco.

El domingo 14 de marzo, día de las elecciones, Astarloa tenía en su mesa un informe con apenas seis fichas de otros tantos contactos donde figuraban cartas y conversaciones que se registraron en 1998, 2001 y 2004 entre etarras (Iñaki de Juana Chaos, José Luis Urrusolo Sistiaga...) e islamistas (Ismael Targú y otros) cuyo poder de influencia en ETA o en el comando que perpetró el 11-M era, según el sumario judicial, nulo.

Las comunicaciones intervenidas a estos presos recogían algún comentario de exaltación de la violencia terrorista pero ningún plan de colaboración conjunto ni mucho menos detalles relacionados siquiera remotamente con el atentado de los trenes.

El Gobierno del PP prefirió no hacer pública la investigación de emergencia. Al menos en aquel momento, cuando la "prioritaria" línea de investigación sobre ETA que el ministro Acebes había defendido a capa y espada en cuatro conferencias de prensa se desvanecía como consecuencia de las primeras detenciones de islamistas.

Astarloa facilitó ese día una copia del informe penitenciario confidencial al director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera (fiel colaborador de Ángel Acebes). Tres años más tarde, en el juicio del 11-M, Díaz de Mera confesaría que el domingo 14 de marzo conoció aquellas fichas de comunicaciones carcelarias entre etarras e islamistas, el primer documento al que se aferraron los dirigentes del PP para dar pábulo a la supuesta participación de ETA en la matanza de los trenes.

El PP no habló de ese escrito, que conocía desde mediados de marzo, hasta que salió parcialmente publicado, a primeros de julio de 2004, en el diario El Mundo. Fue entonces cuando Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana y Jaime Mayor Oreja pidieron que se investigara a conciencia el vínculo entre islamistas y etarras. "El terrorismo internacional tiene sus conexiones, sus contactos, se entienden, se conocen, saben lo que hacen. Pero estas colaboraciones entre grupos no estoy en condiciones de saber si han planificado cosas concretamente o si tienen objetivos similares", declaró Rajoy.

De la investigación concienzuda que pedía el PP salió una conclusión que quedó escrita y firmada por policías expertos en la lucha contra el terrorismo: "No se han encontrado elementos objetivos que permitan vincular a las dos organizaciones terroristas". El PP no quiso creer.


LA COMISIÓN Un jefe policial del PP, contra las teorías de Gordon Thomas

Para entonces, los políticos ya andaban enzarzados en una comisión de investigación que intentaba aclarar si el PP engañó a los ciudadanos entre el 11 y el 13 de marzo respecto a la participación de ETA en los atentados; si hubo falta de previsión por parte del Ministerio del Interior para evitar la matanza, y si el PSOE alentó las manifestaciones frente a las sedes del PP la víspera de las elecciones.

En el fragor de la reyerta parlamentaria, algunos diputados populares se emplearon a fondo para buscar respuestas de expertos policiales que avalaran la tesis de la relación entre islamistas y etarras. El más tenaz fue Jaime Ignacio del Burgo, que sacó a pasear teorías del escritor británico Gordon Thomas sobre una supuesta investigación de los servicios británicos acerca de la colaboración de islamistas y ETA en el 11-M.

Mariano Rayón, uno de los mayores expertos en terrorismo internacional, jefe policial durante el mandato del PP, echó por tierra la especulación de Del Burgo basada en la especulación de Thomas. Lo hizo en público y con taquígrafos.


ZOUHIER Y DEL BURGO Dos versiones sobre un número de teléfono

En ese momento, uno de los implicados en los atentados, delincuente habitual que, según el juez, había puesto en contacto a los terroristas del 11-M con un ex minero asturiano que les facilitó la dinamita, se sumó al carro de los que querían meter a ETA en la matanza de los trenes. Era el narcotraficante Rafá Zouhier, que durante los primeros meses en la cárcel se afanó en la escritura de epístolas. Una de ellas llegó al rey Juan Carlos, que la remitió al Ministerio del Interior. Otra fue para el juez Juan del Olmo. En sus cartas, Zouhier detallaba diversas versiones sobre los hechos, denunciaba torturas en la cárcel y aseguraba que él avisó de que se iban a cometer atentados (aunque no lo hizo en el año anterior al 11-M).

En una de las misivas aireó que Antonio Toro, cuñado del ex minero Emilio Suárez Trashorras que facilitó los explosivos, había hecho algo sospechoso en la cárcel de Villabona: "Toro se hizo muy amigo de dos etarras vascos que estaban en prisión. Éstos le dieron un teléfono que Toro se encargó de pasar a su cuñado por comunicaciones por cristal en un papel".

Ese capítulo del bulo fue publicado a cuatro columnas por el periódico especialista en ese tipo de cuentos, que lo presentó como "el primer vínculo de ETA con los que facilitaron los explosivos del 11-M". El PP aprovechó la oportunidad para alimentar su sospecha sobre ETA. Pero aquella confidencia por carta de Zouhier quedó desmentida y aclarada en un careo ante el juez Del Olmo por el propio Zouhier:

Rafá Zouhier. "Cuando coincidí con Toro en la cárcel de Villabona, un día vi cómo enseñaba un papel a Suárez Trashorras en el locutorio, poniéndoselo en el cristal del locutorio, pero no sé si el teléfono era de gente de ETA".

Antonio Toro. "Ese teléfono era de Paloma, mujer de Sabino, el que vendía drogas en la cárcel".

Hace sólo un mes, Zouhier confirmó en el juicio esta versión del sumario: "Yo aclaré muy bien que no he oído nada ni de ETA ni de tal, yo no vinculé a ETA con el atentado", dijo.

En los días en los que Zouhier enviaba cartas a diestro y siniestro, el diputado Del Burgo hizo una entrevista por escrito al preso -para escándalo de jueces y fiscales- y, con las respuestas en la mano, se fue a El Mundo para que las publicara. Después pretendió que se incorporaran al sumario del 11-M. El juez se negó.


TRASHORRAS Y MANOLÓN "ETA sí estaba ahí"

José Emilio Suárez Trashorras, ex minero en Asturias, está procesado por los 191 asesinatos. La sentencia firme que condenó, en otro juicio, a un menor que transportó explosivos a Madrid por orden de Trashorras confirma el papel crucial del ex minero en los atentados de los trenes.

En septiembre de 2006, Trashorras mereció una entrevista de dos días en El Mundo para denunciar, sin aportar una sola prueba, el supuesto "golpe de Estado" perpetrado el 11-M por tramas policiales, y para dar una nueva versión de los hechos: la séptima que difundía desde que fuera encarcelado, pero esta vez sin la presencia de juez y fiscal. Un año antes de esa entrevista, Trashorras había comentado a sus padres: "Si El Mundo me paga, les cuento hasta la guerra civil".

Fue lo que se le ocurrió al ver otras entregas periodísticas del mismo diario donde el delincuente común apodado El Nayo, conocido de Trashorras, le acusaba de traficar con explosivos para ETA. El ex minero atribuía esas declaraciones del tal Nayo a que el periódico había pagado dinero e interpretaba que, cobrando, cualquier delincuente podía inventar una historia que se acababa publicando.

El PP creyó a Trashorras en la entrevista y se apresuró a pedir una auditoría de la investigación poniendo en cuestión el trabajo del juez Del Olmo. El ex minero contaba, entre otras cosas, que uno de los terroristas, El Chino, le había contado que conocía a los dos etarras detenidos en Cañaveras cuando transportaban una furgoneta cargada de explosivos. Además, aseguraba que él le había adelantado a un policía del que era confidente en Avilés, conocido como Manolón, que los islamistas iban a llevar explosivos de Asturias a Madrid.

Lo que dijo en el periódico nunca lo declaró al juez instructor. Tampoco reconoció esa historia en sus cartas privadas desde la cárcel cuando confesaba al policía Manolón que jamás pensó que aquellos "moritos" fueran terroristas, y pedía al agente que no se preocupara pues no pudo haber evitado el atentado ya que ignoraba el trapicheo de explosivos en el que andaban los islamistas.

Al diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo le importó poco que la séptima versión de Trashorras, ésta fuera del sumario, fuera sospechosamente contradictoria con las anteriores. "Al final resulta que ETA sí estaba ahí. La versión oficial se ha derrumbado. Es imprescindible que se haga una auditoria de la investigación. La entrevista demuestra que Manolon

[el policía del que era confidente Trashorras] mintió a la comisión de investigación", afirmó Del Burgo.

El parlamentario creyó al delincuente y acusó de mentiroso al policía.

Acebes, poco dado a declaraciones sobre la investigación, dio también crédito a Trashorras y su denuncia sobre una trama policial corrupta vinculada al 11-M. En la Cope, declaró: "Como ministro del Interior, yo nombré a dos o tres altos cargos en la policía, y a partir de ahí, son más de cien mil hombres y mujeres entre los que puede haber algunos que tengan comportamientos irregulares".


VUELVE DÍAZ DE MERA El autor de la "primicia" acaba imputado

El 14 de septiembre de 2006, con el PP encendido por las revelaciones del ex minero Trashorras, su eurodiputado Agustín Díaz de Mera intentó animar el bulo de la conspiración con una "primicia", como la llamó, que quiso dejar en sus medios de comunicación preferidos. En la mañana de aquel día llegó a la tertulia de la cadena Cope con una misión que, muchos meses después, le costaría muy cara.

Díaz de Mera, que era director general de la Policía el 11-M, y que tiene hijos dentro de la policía, reveló que algún agente de su confianza le había contado que el comisario general de Información, Telesforo Rubio, había ocultado al juez informes sobre vínculos entre ETA y los islamistas.

Dos años y medio después de que Astarloa encargara la primera investigación sobre aquella cuestión y de que Díaz de Mera tuviera las fichas penitenciarias en su mano. Dos años y medio después de que los jefes policiales bajo mando del PP descartaran cualquier relación entre el 11-M y ETA, el ex director general de la Policía y ahora eurodiputado volvía a la carga.

Díaz de Mera recordó que aquel informe no se había hecho "a boli" y que algún rastro quedaría en los ordenadores. Cuando daba esa primicia a los medios investigadores, el famoso informe ocultado al juez llevaba siete meses guardado en los tomos 190 y 200 del sumario del 11-M. Es un informe que tiene las características precisas que dio Díaz de Mera sobre él -encargado por Telesforo Rubio, escrito por un hombre y una mujer-, pero dice exactamente lo contrario de lo que el eurodiputado sugería: los agentes llegan a la conclusión de que no hay pruebas que permitan "ni tan siquiera sospechar" una relación entre ETA y los implicados en la matanza del 11-M.

Pese a que la primicia se había convertido en bulo sólo unas horas después de salir a la luz, el ex director de la Policía volvió con su vieja historia seis meses más tarde. Esta vez ante el tribunal que juzga el 11-M. Se escudó en el anonimato de sus fuentes para acusar sin pruebas al Gobierno socialista y el juez le sancionó e imputó un delito de desobediencia del que será juzgado por el Tribunal Supremo.

Es, de momento, el último capítulo de la enrevesada fabricación de un bulo en torno al atentado del 11-M para hacer creer que los 29 acusados que se sientan en el banquillo son inocentes; para intentar que ETA, como repitió Acebes durante 48 horas, tenga algo que ver con las 191 muertes; y para atribuir a policías y guardias civiles el mayor complot criminal en la historia de España.

La sospecha tropieza en sus propias trampas

La investigación del 11-M ha sido la más exhaustiva de un atentado terrorista en la historia de España. Nunca se hicieron tantos informes periciales, ni se ordenaron tantas comisiones rogatorias, ni se investigaron tantos teléfonos, ni se analizaron tantas llamadas, ni intervinieron tantas personas, ni se creó una comisión parlamentaria para analizar los hechos. Nunca antes hubo un atentado tan brutal, con 191 víctimas mortales y 1.824 heridos.

También ha sido la investigación judicial más vituperada. Nunca antes una instrucción judicial por un delito de terrorismo, con la mayoría de los supuestos culpables en la cárcel o muertos en suicidio, había merecido tantos insultos y descalificaciones de una parte de las asociaciones de víctimas y del partido político que gobernaba cuando se perpetró la matanza. Nunca se hizo un juicio paralelo que, al final, ha irrumpido en la vista oral para sembrar de surrealismo muchas de sus sesiones. Los abogados de algunas víctimas preguntan para exculpar a los supuestos verdugos.

El PP ha cuestionado el trabajo del juez, ha pedido auditorías de la investigación e incluso ha llegado a reclamar, haciéndose eco de noticias falsas, la anulación del sumario. La principal asociación de víctimas del terrorismo de ETA, la AVT, se ha manifestado para denunciar que jueces, fiscales, policías y guardias civiles que han investigado el caso no querían conocer la verdad de lo ocurrido. Todavía hoy, esa asociación convoca protestas en la calle contra la investigación judicial.

Esta oposición al trabajo de la Audiencia Nacional y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -que ha sentado a 29 supuestos implicados en el banquillo de los acusados- se ha basado en una serie de informaciones periodísticas, repetidas durante tres años, la mayoría amparadas y amplificadas por determinados dirigentes del PP, que estaban apoyadas en falsedades, informes inexistentes o testimonios de policías anónimos que se han estrellado con los hechos probados en el juicio.


LA ORQUESTA MONDRAGÓN. ¿La pista del norte?

La obsesión del PP por hallar pistas de ETA en el 11-M no cayó en saco roto. Policías anónimos y otras fuentes de desinformación empujaron en esa dirección, aunque en el camino resbalaron con estrépito.

Una de las pruebas más sonoras que se utilizaron para incriminar a ETA no era muy directa pero daba igual. Supuestos policías informaron al diario El Mundo sobre la existencia de una tarjeta del Grupo Mondragón, cuya sede central está en el País Vasco, en el salpicadero de la furgoneta en la que se trasladaron los terroristas del 11-M. Tras ese supuesto hallazgo había que aderezar la noticia con insinuaciones.

Se contó que muchos policías habían escuchado por la emisora de sus vehículos el descubrimiento de la tarjeta y que, sin embargo, se ocultó al juez, al Gobierno de entonces -"Nadie me habló nunca de ninguna tarjeta, y mucho menos de Mondragón", declaró el ex ministro del Interior Ángel Acebes- y a todo el mundo.

El PP se lanzó por esa pista y emplazó al Gobierno socialista a "dar la cara" sobre las "revelaciones" que supuestamente cuestionaban el sumario judicial. El portavoz popular, Eduardo Zaplana, se puso al frente de la manifestación para insinuar que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ocultaba esa prueba fundamental, esa pista que apuntaba al norte: a la relación entre etarras e islamistas. No era la primera vez que Zaplana y el PP daban pábulo a una mentira para arremeter contra el Gobierno.

La verdad era muy distinta. En el vehículo sólo se encontró una cinta de música de la Orquesta Mondragón y un tarjetón de visita de la empresa Gráfica Bilbaínas, afincada en Madrid; el dueño de la furgoneta (robada por los terroristas) reconoció el tarjetón como propio y confesó que la utilizaba para dejar un aviso de dónde estaba cuando dejaba el vehículo mal aparcado.

El PP no pidió disculpas por la metedura de pata. Los autores de la sonora exclusiva, tampoco.


DETENCIÓN EN AVILÉS. Los informes policiales desmienten a Trashorras

En marzo de 2006, dos años después de los atentados, algún policía descubrió que una pista que conducía a ETA había quedado en el olvido y decidió airearla en los medios de comunicación dedicados al bulo de la conspiración.

La historia era la siguiente: El Chino, uno de los islamistas que se suicidaron en Leganés y señalado por el juez como jefe del comando del 11-M que robó los explosivos para atentar en los trenes, contó a Emilio Suárez Trashorras -el ex minero que le facilitó el camino de la dinamita- que conocía a los dos etarras que habían sido detenidos en Cañaveras en febrero de 2004, cuando conducían una furgoneta con destino a Madrid cargada con 500 kilos de explosivos. Supuestamente, Trashorras contó este detalle, que vinculaba a terroristas del 11-M con ETA, a los policías que subieron a Avilés unos días después del atentado para investigar lo ocurrido. Y ésa es la historia que salió publicada.

Tras la confidencia de Trashorras, el PP se lanzó a pedir los informes que acreditaban la relación entre islamistas y etarras. Acusó al Gobierno de ocultar pruebas, para lo que se fió de nuevo de una información periodística que no admitía matices: "Ambos cuerpos (policía y CNI) pusieron negro sobre blanco lo que el ex minero les contó sobre las relaciones de El Chino con los etarras de Cuenca", escribió El Mundo.

En Avilés estuvieron dos policías de la Comisaría General de Información y un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De su conversación con Trashorras dejaron constancia en unos informes que constan en el sumario del 11-M. En ninguno de ellos (publicados ambos por EL PAÍS) se cita la supuesta confidencia del ex minero sobre la relación de El Chino con los etarras detenidos en Cañaveras.

Uno de los policías que estuvieron en Avilés fue el inspector Parrilla. En el juicio del 11-M aseguró que había oído a Trashorras hablar de las relaciones de El Chino con los etarras, aunque no le dio ninguna importancia porque no creyó en aquella teoría. Parrilla matizó que había escrito en un informe ese detalle

[lo que dijo Trashorras sobre los etarras y El Chino] pero que alguien lo hizo desaparecer. El otro policía que estuvo en Avilés, jefe de Parrilla, negó que Trashorras hubiera citado a ETA en aquella conversación. El agente del CNI también lo negó con su firma.

Los dos etarras a los que supuestamente conocía El Chino son Izkur Badillo y Gorka Vidal. Están citados como testigos en el juicio. En la investigación que la policía hizo sobre las comunicaciones de ambos etarras antes de ser detenidos no figuraba ni un solo contacto con El Chino ni con ningún otro islamista.

El inspector Parrilla ingresó en prisión hace algunos meses por orden del juez Juan del Olmo. Salió tras pagar una fianza. El magistrado le acusaba de revelar secretos sobre la investigación de una trama de delincuentes comunes que supuestamente traficaba con explosivos. La intervención telefónica ordenada por el juez sobre el inspector Parrilla reveló el entusiasmo que el policía expresaba en sus conversaciones con un periodista al ver que El Mundo era capaz de sugerir la relación entre el caso de delincuencia común y el 11-M.
EL TEMPORIZADOR. "Como los que usa ETA"

Otra primicia para engordar el bulo llegó de la mano de los temporizadores de ETA. El Mundo publicó en junio de 2006 -es decir, 27 meses después de los atentados del 11-M- que la policía había encontrado en un local utilizado por islamistas relacionados con el atentado un temporizador "como los que usa ETA". El PP se sumó a la sospecha y su diputada Alicia Castro preguntó al Ministerio del Interior si los temporizadores ST eran los habituales de ETA. Interior contestó afirmativamente. Y el PP y sus medios afines se lanzaron por la pendiente: "De manera inexplicable, en el sumario no aparecen más menciones al temporizador localizado en el local de Mohannad Almallah. Tampoco se relaciona en ningún momento dicho objeto con las investigaciones llevadas a cabo por la Comisaría General de Información. Ni, por supuesto, con nada que pueda relacionarlo con la banda ETA".

En el juicio, un abogado sacó recientemente esta cuestión relevante y se encontró con que los hechos volvían a destrozar un invento. El temporizador encontrado en el local del islamista era de lavadoras, no se llamaba sólo ST sino STA MEC 24h INT/60, podía ser comprado por cualquiera al precio de 18 euros, y no se parecía a los que usa habitualmente ETA (véase gráfico de la página anterior).


EL ÁCIDO BÓRICO. Una sustancia sin relación con explosivos

Tres peritos del Cuerpo Nacional de Policía recuperaron en el otoño de 2006 un caso viejo de censura de uno de sus trabajos analíticos. Para entonces, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, andaba enfrascado en una polémica con el ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, que había denunciado la existencia de un informe que supuestamente vinculaba a ETA con el 11-M y que había sido ocultado al juez (cosa que también resultó ser falsa).

Aunque el informe al que se refería Díaz de Mera no era el de los peritos, éstos decidieron resucitar aquel caso. El suyo era un documento que habían elaborado más de un año antes, cuando llegó a sus dependencias el ácido bórico encontrado por la policía en el domicilio de Hassan el Haski, procesado como supuesto autor intelectual del 11-M. En aquel registro, la policía escribió que los inquilinos de la vivienda habían declarado que el ácido bórico, encontrado en la cocina, lo utilizaban para matar cucarachas. En aquel registro, la policía no halló ni rastro de explosivos.

Era el verano de 2005. Los peritos hicieron su trabajo. Confirmaron que el ácido bórico era ácido bórico pero, además, añadieron unas observaciones que, según el proceder habitual de todos los expertos policiales, carecen de fundamento científico.

Las observaciones eran las siguientes: tras citar otros casos en los que un registro policial había descubierto ácido bórico -entre ellos, en un piso franco utilizado por ETA en Salamanca donde se encontró esta sustancia "mezclada con pelos" y en el piso de un militante antisistema- el informe de los peritos concluía: "Dado lo poco frecuente en que esta sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas y a que nosotros ignoramos su verdadera aplicación en relación con estos hechos, existen varias posibilidades, tales como: conservante de los explosivos de tipo orgánico, enmascarar el explosivo para no ser detectado por los perros especialistas en detección de explosivos, etcétera. Nos lleva a la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean el/los mismo/s autor/es".

Ese informe fue impreso en 2006, firmado de nuevo por los peritos que lo hicieron en su día y publicado por El Mundo.

Una de las peritos que firmó el documento, Isabel López, llegó a declarar: "¿Cómo es posible, digo yo, que Haski tuviera cucarachas y le olieran los pies mal y los de ETA también tuvieran cucarachas y les olieran los pies mal?". El promotor de la idea de incluir las observaciones, el perito Manuel Escribano, hizo más aportaciones a la investigación: "Utilizar ácido bórico para matar cucarachas no se le ocurre actualmente a nadie, porque hay productos mucho más modernos, eficaces y cómodos de usar que el ácido bórico a granel, productos que no son tan tóxicos".

En casi 40 años de lucha contra ETA en España, no hay ni una sola operación policial (con cientos de terroristas detenidos y cientos de pisos registrados) donde apareciera ácido bórico relacionado con los explosivos.

El caso es que el jefe de los peritos decidió que aquellas observaciones carecían de fundamento y ordenó a los firmantes del documento que las retiraran. Como se negaron, el jefe decidió retirarlas por su cuenta, dejar sólo la parte del informe que confirmaba que la sustancia era ácido bórico y enviarlo al juez. Ésa es la censura y la supuesta alteración del documento original que denunciaron los tres peritos.

Aquella decisión ha motivado que una juez de instrucción de la plaza de Castilla impute distintos delitos (falsedad en documento público, falso testimonio, encubrimiento) al jefe de los tres peritos que retiró las observaciones del informe y a otros tres máximos responsables de esa unidad, entre ellos el comisario general de Policía Científica.

El caso, que en principio instruyó el juez Baltasar Garzón, fue remitido a los juzgados de Plaza de Castilla por tratarse de un asunto sin relación con el terrorismo. Nuevamente pistas falsas para confundir respecto a una posible relación entre ETA y los terroristas del 11-M.


LA MOCHILA VIAJERA. El policía vio la bolsa en El Pozo

El escrito de un agente de policía, quejoso porque el Ministerio del Interior no le había premiado con una medalla (que incorporaba un plus salarial) pese a sus esfuerzos en la jornada del 11-M, llevó al PP y a los medios del bulo a inventar que la bomba desactivada en Vallecas que aportó información valiosa para detener a los culpables del atentado era una prueba falsa.

El bulo cuenta que esa bolsa con la bomba dentro nunca estuvo en la estación de El Pozo, y que lo que ocurrió en realidad fue que alguien la puso justo después de los atentados en algún sitio para que llegara a la comisaría de Vallecas, donde la descubrieron en la madrugada del 11 al 12 de marzo. Y esa manipulación fue supuestamente realizada por una mano negra para que la policía dirigiera su investigación en una dirección determinada: la de los islamistas finalmente detenidos.

El policía quejoso explicó cómo él recordaba haber visto en el andén de la estación de El Pozo una bolsa de deportes muy parecida o igual a la que contempló unos días después en las páginas de los periódicos como la que contenía la bomba desactivada. Vio aquella bolsa cuando vigilaba las tareas de recuperación de las pertenencias de los ciudadanos que viajaban en el tren que explotó en El Pozo. Incluso llegó a detallar que, como aquella bolsa de deportes pesaba mucho, los funcionarios que recogían los enseres decidieron colocarla en otro bolsón negro vacío.

El policía contaba también que perdió de vista ese bolsón con la bolsa de deportes que contenía la bomba porque fue de una comisaría a otra debido a órdenes contradictorias, y de allí hasta el Ifema, donde estaban los cadáveres, y de ese lugar nuevamente de regreso a la comisaría de Vallecas. Cuando se hizo el inventario, de madrugada, el agente en cuestión se había ido a descansar a su casa.

Ese testimonio y el viaje de un sitio a otro que sufrió la mochila -como tantas otras bolsas y pertenencias de las víctimas- permitieron al PP dudar de todo el sumario, pidiendo incluso que se anulase. Pero hasta seis policías han ratificado ante el juez que nunca se perdió la cadena de custodia de la mochila que, curiosamente, tenía en su interior lo mismo que otras dos bolsas de deportes con bombas que fueron explosionadas en los andenes de distintas estaciones por expertos en desactivación de explosivos.

Hay más casos, todos con un denominador común. La sospecha que se ha pretendido sembrar sobre el 11-M está basada en informes inexistentes, hechos falsos o casualidades, que los fabricantes del bulo convierten con su pluma en evidencias de una conspiración. Tres años después, ninguno de esos inventos ha recibido crédito por parte de policías, guardias civiles, jueces, fiscales o servicios de información. Los hechos se han encargado de enterrar la sospecha.