Amarillismo y política (Editorial de EL PAÍS)

08-04-06

De ampulosa teoría de la conspiración a simple bulo o culebrón sensacionalista: éste es el resumen de la colusión de intereses políticos y periodísticos que durante tres años ha tratado de sabotear la instrucción del sumario por los atentados del 11 de marzo, y que ahora intenta hacer otro tanto durante el desarrollo de la vista oral del juicio. La historia universal de la prensa amarilla, tan cercana a la de la infamia, contiene capítulos similares al que se ha escrito en España alrededor de los trenes de la muerte, haciendo desfilar una galería de episodios y de personajes dignos de las comedias bárbaras. En Estados Unidos y otros países europeos se publicaron no pocos artículos, e incluso algún libro de supuesta investigación, negando que un avión se estrellara contra el Pentágono durante la mañana del 11 de septiembre; hoy nadie los toma en serio. En casos como éstos resulta improcedente invocar la convicción de que tarde o temprano la verdad acaba resplandeciendo; basta con decir que el destino de los delirios es desvanecerse.

Cuestión diferente es la actitud mantenida por el Partido Popular, tal vez sin equivalente en ningún país democrático. Mientras ocupó el Gobierno en funciones, durante las semanas posteriores a la matanza, el PP hizo lo que debía hacer, aunque al mismo tiempo dijo lo que no debía decir. Gracias al hecho incontestable de que no faltó a sus deberes al frente del Ejecutivo, aunque los envolviera en una mentira de Estado que los ciudadanos castigaron con la máxima severidad, la Audiencia Nacional puede celebrar hoy el juicio por el mayor atentado terrorista cometido en Europa.

Pero lejos de enorgullecerse por lo que hizo bien -identificar y detener a los yihadistas que perpetraron la matanza-, el PP persiste en enfangarse en cuanto hizo mal -mentir con fines partidistas y electorales-. Un diputado popular, Jaime Ignacio del Burgo, ha llegado a valerse de su posición oficial para intentar instruir un imposible sumario paralelo al de la Audiencia, entrevistándose con detenidos y aireando en los medios de comunicación sensacionalistas el resultado de estos encuentros. La declaración judicial de quien era jefe de la Policía en el momento de los atentados, Agustín Díaz de Mera, amparándose en una cláusula que, como el derecho a no revelar las fuentes, está pensada para los periodistas y no para los responsables de la Administración, ha puesto de manifiesto la insalvable distancia que existe entre diseminar sospechas a través de una emisora y confundir a un tribunal.

Estos comportamientos no han sido en ningún momento desautorizados por la dirección del PP; antes por el contrario, les ha dado un respaldo más o menos expreso en función de la coyuntura y de sus intereses. El culebrón en torno al 11 de marzo enfrenta a los ciudadanos con dos realidades diferentes, y que deberán ser solventadas alguna vez. Una cosa es que hasta ahora no se haya establecido en España una clara demarcación entre la prensa sensacionalista y la prensa de referencia; otra distinta, que una fuerza política adopte los métodos de la prensa sensacionalista y pretenda valerse de ella para recuperar lo que le negaron las urnas.


¿Quién voló los trenes? (Javier Pradera)

LAS SESIONES DEL JUICIO DEL 11-M celebradas hasta Semana Santa han ido desmontando pieza a pieza la teoría de la conspiración, que pretende invalidar de raíz la reconstrucción de los hechos llevada a cabo por el juez instructor Juan del Olmo. Sin embargo, las líneas básicas de la acusación fiscal basada sobre las pruebas periciales y testimonios reunidos en las 100.000 páginas del sumario tienen un sólido fundamento: la preparación y la realización del atentado de los trenes de la muerte perpetrado hace tres años correspondió a fundamentalistas islámicos residentes desde hace tiempo en España (algunos incluso nacionalizados) con la ayuda de correligionarios de otros países y con la colaboración -pagada- de traficantes asturianos de dinamita y gentes del hampa.

Sin duda, continúan existiendo -tal vez nunca desa-parezcan- lagunas e interrogantes acerca de la tragedia de Atocha: el derecho de los procesados a no declarar en su contra (lo que en la práctica equivale a una franquicia para la mentira), el suicidio colectivo en un piso de Leganés el 3 de abril de buena parte del grupo ejecutor de la matanza y la huida o la desaparición de otros implicados en el crimen contribuyen a crear esos inevitables puntos ciegos respecto al pasado. Durante tres años, los forjadores de la teoría de la conspiración -primero en la comisión parlamentaria y luego en los medios de comunicación- han aprovechado ese conjunto cada vez más reducido de dudas sin aclarar, problemas sin resolver, detalles sin precisar y enigmas sin descifrar para impugnar el núcleo central de la reconstrucción sumarial y exigir que la investigación judicial comience otra vez sobre bases nuevas. Los periodistas y locutores dedicados a esa tarea siguen inventando hechos, propalando bulos y fabricando falsedades para multiplicar las sospechas sobre las conclusiones de la policía, el fiscal y el juez. En su grotesco empeño por atribuir a ETA la autoría intelectual del atentado, para así justificar retrospectivamente la manipulación electoralista del Gobierno de Aznar el 11-M, han llegado hasta el extremo de confundir la Orquesta Mondragón con la Cooperativa Mondragón y de atribuir al ácido bórico cualidades explosivas. Con patente de corso para la fabulación irresponsable en nombre de un supuesto periodismo de investigación, ni siquiera rectifican cuando sus embelecos quedan al descubierto.

Agustín Díaz de Mera, director general de la Policía a las órdenes de Ángel Acebes e Ignacio Astarloa el 11-M (causa escalofríos pensar que la responsabilidad política de la seguridad española estaba en esa fecha al cuidado de ese incompetente trío), ha tenido peor suerte. El actual eurodiputado del PP fue multado en el juicio tras negarse a revelar en su calidad de testigo la identidad de la fuente que le habría mencionado la existencia de un informe policial probatorio de las vinculaciones de ETA con el fundamentalismo islámico.

Parece llegada la hora de que estos émulos de los Protocolos de los Sabios de Sión y de la versión nazi del incendio del Reichstag se animen a rematar la deslegitimación del relato de los hechos avanzado por la policía, la fiscalía y el juez con la propuesta de hipótesis alternativas -apoyadas sobre indicios materiales- capaces de explicar el crimen de Atocha con racionalidad y economía. Por ejemplo, la teoría de la conspiración sostiene que el explosivo empleado para hacer saltar por los aires los trenes de la muerte fue diferente de la dinamita encontrada en la bolsa desactivada por un artificiero en Vallecas y también al cargamento procedente de Mina Conchita comprado a los traficantes asturianos y trasladado a Madrid en vísperas del atentado. A esos auténticos o fingidos paranoicos corresponde ahora el deber de identificar a los ignotos terroristas que actuaron en paralelo con los fundamentalistas islámicos y se les adelantaron para perpetrar el atentado del 11-M utilizando un explosivo distinto. Suya será igualmente la obligación de probar la no menos delirante tesis de que los suicidas de Leganés no se quitaron la vida de forma voluntaria, sino que fueron ultimados por matarifes furtivos en presencia de la policía.