La Asociación de Víctimas del 11-M estudia emprender acciones legales contra Aznar y Acebes

Les exigen, como mínimo, una disculpa y que reconozcan sus errores

13-04-07 - CadenaSER.com

La Asociación de Víctimas del 11-M han dado orden a sus abogados para que estudien la posibilidad de emprender acciones judiciales contra el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y el secretario general del PP, Ángel Acebes, después de que, según esta asociación, se haya comprobado en el juicio por los atentados que mintieron entre el 11 y el 14 de marzo de 2004. Les exigen, como mínimo, una disculpa y que reconozcan sus errores.

Anoche en el programa ‘Hora 25’ de la Cadena SER Jesús Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del 11-M confirmó que han ordenado a sus servicios jurídicos que “estudien la posibilidad” de emprender acciones judiciales contra el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y el secretario general del PP, Ángel Acebes porque –argumentó- “lo lógico es que los máximos responsables asuman las máximas responsabilidades de cualquier fallo que se pudiera haber cometido”.

Esta iniciativa llega después de que Ángel Acebes, entonces ministro del Interior, asegurara ayer que aquellos días informó a los ciudadanos de lo que “le contó la policía”. Lo dijo tres después de que en el juicio del 11-M dos de sus mandos policiales afirmaran que el mismo día de los atentados a las 18 horas ya se descartó la autoría de ETA al confirmarse que los explosivos usados en la masacre no eran los habituales en la banda terrorista. Esta asociación considera que ambos responsables políticos mintieron entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 y les exigen, como mínimo, una disculpa y que reconozcan sus errores.

El PSOE, en una declaración institucional leída ayer por el secretario de Organización del partido exigió a “Rajoy, Aznar y Acebes” que asuma su responsabilidad.


Una acusación pide la responsabilidad directa del Estado en el 11-M por graves fallos de prevención

13-04-07 - J. A. R. / J. Y. (EL PAÍS)

El abogado Gonzalo Boye, que representa a dos víctimas del 11-M, ha planteado ante el tribunal que juzga los atentados que el Estado sea condenado como responsable civil de la matanza por "su falta de vigilancia o culpa in vigilando", al haber sido "negligente, de diversas formas, en su función de protección de la ciudadanía". El letrado considera que el Estado falló por "una errónea dirección política" en la "investigación y prevención de actos terroristas" y que, "tal vez, de haberse actuado correctamente, se hubiesen podido evitar" los atentados. Una eventual condena por esta vía supondría un varapalo político al Gobierno de José María Aznar, ya que era el encargado antes y durante los atentados de esa prevención. "La responsabilidad civil es clara; la política o penal de los entonces responsables habrá, en algún momento, de reclamarse", argumenta Gonzalo Boye.

Los letrados que representan a Pilar Manjón y a la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo (la que más damnificados representa en el juicio), entre otras acusaciones, se están pensando si plantean la misma posibilidad. Mientras, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, a día de hoy, mantienen la solicitud de que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, pero no la directa, según explicaron el miércoles pasado representantes de todas las acusaciones citadas.

Boye planteó en su escrito de acusación la responsabilidad directa del Estado. La culpa, a su juicio, se ha visto reforzada en las 24 sesiones de juicio. Cinco elementos apuntalarían la petición: la existencia de grupos extremistas islamistas en España que estaban siendo investigados antes de la matanza, algunos de cuyos elementos supuestamente acabaron participando en ella; la existencia de la trama de los explosivos, agujerada por dos confidentes e investigada sin resultados; el descontrol en la custodia de los explosivos en las minas; y la desatención de los informes sobre el aumento de la amenaza islamista sobre España y la escasez de medios policiales.


"Interior falló"

El letrado está convencido, y así lo ha puesto por escrito, de que "el Ministerio del Interior falló en sus funciones básicas de coordinación, dirección y gestión de los medios e informaciones de las que disponía (...) sólo después de los atentados es cuando se procede a coordinar toda esta información y es justamente por eso que se consiguen resultados positivos con tanta rapidez".

Las detenciones de Jamal Zougam, Emilio Suárez Trashorras y Rafá Zohuier en los siete días posteriores a los atentados se vieron facilitadas, precisamente, porque se tenía información muy precisa sobre ella, aunque dispersa y descoordinada. La detención de Zougam, identificado por cuatro pesonas en los trenes de la muerte y dueño del locutorio que vendió las tarjetas telefónicas de las bombas, centró las pesquisas en el terrorismo islamista, precisamente porque había sido investigado con anterioridad por las autoridades francesas, marroquíes y españolas y se le tenía localizado por su supuesta relación con el extremismo. Trashorras era confidente del policía de Avilés Manuel García, Manolón, y estaba pendiente de juicio por tráfico de explosivos (por lo que ha sido recientemente condenado). Del asturiano se llegó a Rafá Zohuier, que le había contado a su confidente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el ex minero y su ya ex cuñado ofrecían, un año antes de la matanza, 150 kilos de explosivos al mejor postor. Jamal Ahmidan, El Chino, estaba siendo investigado, entre otros asuntos, por narcotráfico y, además, era uno de los suministradores de droga de Trashorras.

Es decir, que eran lo que suele llamarse "sospechosos habituales", conocidos por funcionarios del Estado. Además, la autoridad judicial tampoco actuó contra ellos cuando le tocó y la lentitud de la maquinaria judicial hizo que Trashorras y Toro sólo fueran condenados por un caso de tráfico de explosivos hace apenas unos meses. En este terreno, uno de los terroristas que se suicidó en Leganés, el argelino Allekema Lamari, estaba en libertad y pudo participar en los atentados porque estaba libre como consecuencia de un error judicial.

Durante el juicio ya han saltado a la vista elementos que permiten inferir otros fallos. Como el vídeo rodado en Mina Conchita -de la que supuestamente surgieron los explosivos del 11-M- meses después de los atentados, donde quedó en evidencia que cualquiera podía ir a robar Goma 2, ya que ésta se dejaba de cualquier manera en la bocamina. "El Estado incumple su función de vigilancia y protección desde el momento en que, negligentemente, desatienda a las necesidades de protección que en cada momento se presentan como necesarias", alega Boye, para quien en este caso el Estado "actuó muy por debajo de los mínimos esperados y exigibles".
"Un fallo del sistema"

El ex subdirector general de la Policía Pedro Díaz-Pintado, cuando testificó el miércoles pasado, admitió que en éste o cualquier atentado lo que se produjo fue "un fallo del sistema en general porque unos terroristas indocumentados pueden causar tanto terror". Y añadió: "Naturalmente que se pudo hacer más para evitarlo, pero que se estaba trabajando para evitarlo, también".

Sus declaraciones motivaron preguntas del abogado del Estado, cuya misión principal en la vista es, precisamente, evitar una condena del Estado como responsable civil, directo o subsidiario. En asuntos que no son de terrorismo, una condena en este sentido es buscada por los perjudicados para obtener el resarcimiento económico y patrimonial en caso de que los que sean declarados responsables criminales no puedan hacer frente al pago de indemnizaciones. Sin embargo, desde la promulgación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, el Estado indemniza a los afectados que sean declaradas víctimas, independientemente de que la condena.

El precedente de Hipercor

El 19 de junio de 1987, Barcelona sufrió uno de los peores atentados de la historia de ETA: una bomba en el centro comercial Hipercor se cobró la vida de 21 personas. Seis años después, la Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que concluía que las consecuencias de ese acto terrorista podrían haberse evitado o al menos aminorado si la policía hubiese hecho su trabajo desalojando a tiempo el edificio, y condenó al Estado -entonces con Gobierno del PSOE- a pagar una indemnización a la familia de tres de las víctimas, que había denunciado la negligencia.Avisada por una llamada telefónica de ETA, la policía llegó a Hipercor a las 15.28. La explosión se produjo a las 16.08. En ese tiempo "no se hizo absolutamente nada para intentar el desalojo e impedir que público y vehículos siguiesen entrando y saliendo". "No es que digamos que la policía no hizo correctamente lo que tenía que hacer, es que, sencillamente, no hizo nada, y ello plegándose a intereses comerciales muy defendibles, cierto, pero no a cualquier precio de vidas humanas", reza la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo.La Audiencia explicaba que la policía "no efectuó más investigación que la que Hipercor había encomendado a sus guardias de seguridad", porque creyó que era "una falsa alarma". "Hubiese habido tiempo para evitar las consecuencias o, al menos, aminorarlas", concluyeron los jueces. Y añadieron: "¿Que no se puede culpar a la Administración de los daños por un atentado terrorista? Eso no es un axioma con valor absoluto porque es posible en ocasiones, como la presente, tal vez no evitar el acto pero sí, en todo o en parte, sus consecuencias".


La Asociación 11-M Afectados y Ayuda a las Víctimas rechazan de momento la responsabilidad civil directa del Estado

Europa Press

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, personadas como acusación popular en el juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, rechazan por el momento plantear que la sentencia que dicte el tribunal que juzga estos estos hechos declare la responsabilidad civil directa del Estado.

Ambas asociaciones mantienen su solicitud de que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Estado si los procesados no puedan hacer frente a las indemnizaciones que se les imponga en el caso de que sean condenados por su implicación en la masacre de Madrid, tal y como recogen las conclusiones provisionales que presentaron antes del comienzo de la vista oral.

El abogado José María de Pablo, que representa a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, descartó a Europa Press que esta acusación solicite la responsabilidad civil directa del Estado, tal y como pide el letrado Gonzalo Boye, que representa a dos víctimas del 11-M, por la "falta de vigilancia" por parte del Estado para impedir los atentados contra los trenes de cercanías.

De Pablo tachó de "jurídicamente insostenible" la petición de Boye, quien estima que las pruebas practicadas en la vista oral hasta la fecha refuerzan "la negligencia" del Estado en "su función de proteger a la ciudadanía".

En su escrito de acusación, Boye solicita que se declare la responsabilidad subsidiaria del Estado y plantea como alternativa la directa. En el caso de que las demás asociaciones de víctimas se sumen a esta alternativa, deberían de plantearlo en la exposición de sus informes en el trámite final de la vista oral, paso previo a la última palabra de los procesados.

Pese a que por el momento sólo mantiene la responsabilidad subsidiaria del Estado, Pilar Manjón manifestó esta mañana, en declaraciones a los periodistas, que su asociación no descarta la posibilidad planteada por Boye, si bien considera que "aún es pronto" para "saber" que tipo de responsabilidades se derivan del juicio, cuya conclusión se prevé para el próximo julio.

"De momento nos quedamos con los 29 imputados, el sumario que tenemos y la responsabilidad subsidiaria para el resarcimiento de las víctimas", declaró Manjón a las puertas de la Audiencia Nacional, tras solicitar a la Fiscalía que investigue a los responsables de un videomontaje con imágenes de los atentados y del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que circula por internet.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) no se plantea por el momento ningún tipo de responsabilidad del Estado en los hechos juzgados, al entender que todavía es "muy pronto" para decidir esta cuestión, según informaron a Europa Press fuentes de la asociación.