"Atochagate", la manipulación dentro de la manipulación

22-03-04 - Ernesto Ekaizer

A cuatro días de la desclasi-ficación parcial de algunos documentos relacionados con la masacre del 11-M ordenada por el Gobierno, la comunidad de inteligencia -mandos policiales y agentes de los servicios secretos españoles- sigue con perplejidad el rumbo de la nave gubernamental. Hay una manera de saber con precisión qué ocurrió con la información que a partir del atentado fue recibiendo el Gobierno y, al tiempo, administrando ante la opinión pública. ¿Cuál es esa manera? Mediante el acceso a aquello que los profesionales de la policía encargados de la lucha antiterrorista dijeron a sus responsables y lo que éstos, a su vez, transmitieron al Gobierno a través del Ministerio del Interior.

El Gobierno, estiman varias fuentes consultadas, se ha agarrado como un clavo ardiendo a un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la tarde del jueves 11 de marzo de 2004, según el cual "casi seguro que ETA es autora de los atentados" y en el que se agregaba que "no puede afirmarse que una organización ligada a la Yihad internacional" fuese la responsable.

¿Pudo influir dicho informe en algo relevante sobre la posición del ministro del Interior? Si se examinan las horas -ese informe era de las 15.51- surge una conclusión elemental: Acebes no contó con él a las 13.30 cuando compareció por primera vez en rueda de prensa y aseguró que el atentado había sido cometido por ETA. A la pregunta de una periodista extranjera que mencionó la posibilidad de que Al Qaeda fuera responsable, el ministro respondió con otra cosa: "Estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor [Arnaldo] Otegi de manera miserable para desviar la atención". La periodista no había indagado por lo que opinaba Otegi, pero el ministro cargó a fondo contra el presunto intento de desviar la atención.

¿Por qué entonces resolvió el Gobierno adoptar una decisión sin precedentes y d

esclasificar una semana después del atentado un material que es irrelevante a la hora de demostrar que no se ha mentido? La respuesta, a partir de consultas con algunas personas vinculadas a la investigación de los hechos, es ésta: porque al menos el Gobierno puede citar al CNI.

"Si estuviésemos ante un tribunal, la prueba aportada por el Gobierno sería desestimada lisa y llanamente por los jueces, quienes dirían a la defensa del acusado: Esta prueba no sirve, ¿tiene alguna otra prueba para aportar?", dijo uno de los expertos consultados.

Tampoco el informe del CNI sirve para justificar las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores a la misión española ante las Naciones Unidas. Esa orden, a través de llamadas telefónicas, se cursa a las 13.30 horas. Se exige que la condena del Consejo de Seguridad tenga nombre y apellido: ETA.

Si se siguiera la lógica de un tribunal, tendrían interés las dos cronologías aportadas por el Gobierno en la rueda de prensa del pasado jueves 18 de marzo. En una de ellas, titulada Toda la verdad en tiempo real, se da cuenta de que a las 12 horas del jueves tuvo lugar una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad con los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Estos coinciden en considerar a ETA como autora, por los precedentes de atentados fallidos. Indicios de que la dinamita del explosivo es habitual de ETA".

La segunda cronología, titulada Secuencia de hechos y comparecencias tras el atentado del 11 de marzo, señala, al dar cuenta de dicha reunión de responsables de las fuerzas de seguridad que tuvo lugar entre las 12 y las 13 horas, lo siguiente: "Conclusión: autoría de ETA por amenaza cierta en tiempo electoral, evitada la semana pasada. Por precedentes: diciembre 2002, Nochebuena 2003, furgoneta 500 kilos. Y por indicios: objetivo el corredor de Henares. Atentado en tren con mochilas o maletas. Conocimiento intento atentado 12 mochilas en Baqueira-Beret. Indicios Tedax de que la dinamita del explosivo es habitual de ETA".

Esta reunión, pues, es relevante. ¿Qué dijeron, por ejemplo, los representantes de la Comisaría General de Información, principal responsable de la investigación, o el de la Guardia Civil? Hay ciertas versiones sobre ello. Al menos ciertos responsables tenían algunas dudas razonables de que el atentado fuera obra de ETA. Por tres razones: la ausencia de aviso previo, por el salto que suponía pasar de objetivos precisos -concejales, políticos policías, militares, jueces, fiscales o periodistas- y por la potencia del explosivo utilizado dentro de las bolsas.

En todo caso, un tribunal llamaría a prestar declaración, por ejemplo, a Jesús de la Morena Bustillo, comisario del Cuerpo Nacional de Policía a cargo de la Comisaría General de Información. También a sus colegas para saber qué ocurrió en esa reunión, entre las 12 y las 13 horas.

Jesús de la Morena es relevante por llevar todo el peso en la dirección de la investigación. En ambas cronologías, por ejemplo, se señala las 15,30 horas del jueves. Y se dice: "Llegada de la furgoneta a las dependencias centrales de la policía en Canillas. Inspección ocular y detección de siete detonadores y de una cinta casette con caracteres árabes y pequeños restos de material explosivo". Se agrega: "Hasta las 18 horas, tratamiento y reproducción de la cinta encontrada en la furgoneta". Una de las cronologías señala que en la carátula de la cinta "figuran caracteres árabes".

A las 17.29, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, enviaba un telegrama a los embajadores de España en el extranjero en el que decía que ETA era la responsable del atentado y advertía contra intentos "políticos" de manipulación, en referencia a otras autorías.

De la cronología surge que a las 18.15, el ministro Acebes se reunía el jueves 11 con responsables de las fuerzas de seguridad. En paralelo, se estaba traduciendo la cinta en árabe hallada en la furgoneta.

Muro informativo
Un tribunal pediría, pues, un relato a los responsables policiales sobre el contenido de dicha reunión, las hipótesis analizadas y el estado de la investigación.

Finalmente, el ministro Acebes debió de solicitar a la Dirección General de la Policía un informe para resumir las conclusiones en la reunión del Consejo de Ministros del día siguiente, viernes 12 de marzo. ¿Qué decía ese informe?

El Gobierno edificó a partir del jueves 11 -llamadas a directores de periódicos incluidas- un muro informativo, nacional e internacional, con la autoría de ETA. Acusó a quienes decían lo contrario, o simplemente dudaban, de intoxicar. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario.

Si uno aplica la misma metodología de razonamiento que usó el Gobierno, los que dudaron o dijeron que no se trataba de ETA tenían razón. La intoxicación, usando la terminología gubernamental, corrió a cargo del Gobierno. Necesitaba que la autora fuera ETA por razones electorales y cuando las evidencias apuntaban en la dirección de radicales integristas siguió manipulando a la opinión pública, restando verosimilitud a esa posibilidad cuando ya era mucho más que una hipótesis. También había precedentes para pensar en el radicalismo integrista. El del atentado en la Casa de España en Casablanca. Pero el Gobierno, pensando en el 14-M, lo olvidó.