El documento figuraba en la página web del partido de San Martín de la Vega (Madrid)
31-01-07 - EFE
El PSOE denunciará a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ante la Fiscalía del TSJM por la reproducción de un vídeo del 11-M en la página web de este partido en San Martín de la Vega en el que se apunta a ETA como autora de los atentados y se acusa a Rodríguez Zapatero de "pactar" con los terroristas para llegar al Gobierno. En la grabación también se descalifica la labor del juez instructor del caso, Juan del Olmo, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, compareció hoy ante los medios de comunicación para visualizar el vídeo y exigir su retirada "inmediata".
En el vídeo, de siete minutos de duración, una voz en off afirma sobre imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Renfe que el etarra Asier Eceiza se encontraba en la estación de Atocha en el momento de las explosiones y huía con dos mandos a distancia en la mano.
Esta "premisa" sirve al narrador para afirmar que el juez, la Policía y José Luis Rodríguez Zapatero "nos mienten"; asegurar que el presidente del Gobierno, una vez en el poder, "censuró" las imágenes para que no apareciera el etarra, y concluir que el jefe del Ejecutivo "no quiere detener a los etarras porque pactó con ellos (antes de las elecciones) para llegar al Gobierno".
La portavoz socialista, que aseguró que este vídeo fue retirado hace un mes de la página web del PP de Guadix (Granada) y sus responsables políticos se vieron obligados a depurar responsabilidades internas, explicó que la reproducción ahora en la web de este partido en San Martín de la Vega "sólo es comprensible desde la escalada de sus dirigentes a las posiciones más radicales de la derecha más extrema".
A su juicio, el que un partido que ha gobernado España y que ahora gobierna en la Comunidad de Madrid utilice sus propios medios para "manipular groseramente la verdad, insultar e insidiar" a los jueces, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al propio presidente del Gobierno, demuestra que "el PP no está en condiciones de actuar conforme a las reglas de la democracia".
El PP retira el vídeo que acusa a Zapatero de pactar con ETA sobre el 11-M para gobernar
EFE
La presidenta del PP de San Martín de la Vega, Carmen Guijorro, ha afirmado que ya ha dado la orden para que se retire de la página web del PP de esta localidad el enlace al vídeo en el que se acusa a Rodríguez Zapatero de "pactar" con los terroristas para llegar al Gobierno.
La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, había comparecido horas ante los medios de comunicación para proyectar el vídeo y exigir su retirada "inmediata".
Guijorro señaló que nada más conocer la denuncia del PSOE sobre la existencia de este vídeo, en el que se apunta además a ETA como autora de los atentados del 11-M, ordenó que se eliminara de la citada web e indicó que posteriormente recibió una llamada del secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, quien le hizo la misma solicitud.
Aunque Guijorro aseguró que el enlace al vídeo estaba eliminado de la web; Efe pudo comprobar, tras sus declaraciones, que a las 15.10 horas aún se podía acceder al mismo desde la página del PP de San Martín de la Vega.
La presidenta del PP en la localidad y candidata a la alcaldía señaló que esta web es una "página abierta" donde los vecinos "sugieren y proponen cosas", como fue el caso de este vídeo, que lleva meses colgado -remarcó-.
Recalcó que al final de la página donde se encuentran los vídeos aparece la siguiente leyenda: "El Partido Popular de San Martin de la Vega no se hace responsable de los contenidos que aquí aparecen, sólo nos limitamos a enlazarlos a los sitios que los publican".
"La opinión del PP de San Martin es plural y no siempre tiene por que estar de acuerdo con los colaboradores o con quien envíe dichos vídeos. En resumen, que cada palo, aguante su vela", añade la web.
Preguntada sobre si había visto el vídeo y si coincidía con su contenido, señaló que sí lo había visionado aunque no quiso opinar sobre el mismo.
Felipe asegura que el mismo vídeo estuvo unos días en noviembre colgado en la web del PP de Foz (Galicia).
31/1/07
El PP seguía difundiendo hasta hoy un vídeo que atribuye la autoría del 11-M a ETA y Zapatero
Trashorras y Toro, condenados a 10 y 11 años por tráfico de explosivos y drogas
31-01-07 - EFE
La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado al ex minero José Emilio Suárez Trashorras, imputado en el sumario del 11-M, a 10 años de prisión por sendos delitos de tenencia y tráfico de explosivos y contra la salud pública por su implicación en la 'Operación Pipol'.
Para Trashorras la condena ha sido cuatro años por tráfico de drogas y 218.000 euros de multa y seis años por tenencia ilícita de explosivos.
En el caso de su cuñado Antonio Toro, el juez le condena a cinco años y seis meses por tráfico de drogas y 218.000 euros de multa y seis años por tenencia y tráfico de explosivos.
El juez Bernardo Donapetry ha dado a conocer hoy la sentencia en una vista pública celebrada en Gijón.
En el juicio, que concluyó el 1 diciembre después de mes y medio de vistas, se juzgó a 20 personas acusadas de tráfico de drogas y tráfico de explosivos.
El fiscal antidroga, José Perals, pedía para José Emilio Suárez Trashorras 18 años de prisión -10 años de prisión y multa de 218.000 euros por el delito contra la salud pública y 8 años de cárcel por el delito de tenencia, depósito y tráfico de explosivos.
Para Antonio Toro la fiscalía pedía 18 años y 6 meses de prisión (10 años y 6 meses de prisión y multa de 218.000 euros por el delito contra la salud pública y 8 años de cárcel por el delito de tenencia, depósito y tráfico de explosivos).
La sentencia se da a conocer 15 días antes del inicio del juicio por el 11-M.
28/1/07
Matas insiste en que el "espíritu del 11-M", las maniobras para cambiar el signo electoral, sobrevuelan las próximas elecciones
28-01-07 - Juan Mestre - Última Hora (Menorca)
El president sostiene que los ataques que ha recibido su partido hasta ahora "sólo han sido un aperitivo" y avisa de que habrá "más cosas"
"El espíritu del 11-M, las maniobras para cambiar el signo electoral, va a sobrevolar en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Ahora hemos tenido sólo el aperitivo, pero vendrán más cosas", avisó Matas, quien ya lanzó un mensaje similar en la cena navideña organizada por su partido. A falta de cuatro meses exactos para las próximas elecciones, el objetivo del president es revalidar la mayoría absoluta conseguida en 2003 y evitar que el "caso Andratx" pueda tener algún tipo de coste electoral.
El PP desconoce qué consecuencias electorales puede tener el escándalo urbanístico, y la detención de Eugenio Hidalgo y Jaume Massot. Y Matas también quiso mandar un mensaje a sus adversarios. "Han perdido el debate de las ideas y el de las propuestas electorales. Por eso el espíritu del 11-M sobrevolará las elecciones", insistió el presidente del PP balear. Matas advirtió que "el PP va a defenderse de los ataques que pueda recibir en los próximos cuatro meses".
27/1/07
Recurrido en apelación el archivo de la querella contra Aznar por la destrucción de los archivos informáticos de La Moncloa tras el 11-M
La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) ha presentado recurso de apelación contra el auto de archivo de la querella contra Aznar por la destrucción de los archivos informáticos de La Moncloa tras el 11-M.
La querella se refiere a los mismos hechos recogidos en la denuncia del abogado Mazón, quien estaba personado en la causa como acusación popular junto con la abogada Encarnación Martínez, que también presentó otra querella criminal sobre el mismo contenido. Ratificada la denuncia y las dos querellas presentadas por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ordenó el sobreseimiento y archivo del procedimiento.
El recurso de apelación ha sido admitido a trámite el 4 de septiembre de 2006. APEDANICA solicita la anulación del archivo y la admisión a trámite la querella contra Aznar por existir indicios racionales de criminalidad.
24/1/07
Rajoy otorga una "enorme relevancia" a la citación de Parot mientras la AVT pide que se retrase el juicio
El PP acusa al Gobierno de estar "interesadísimo" en que no se esclarezcan los "agujeros negros"
24-01-07 - Agencias
El portavoz adjunto del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Alejandro Ballestero, aseguró este mediodía, en relación con la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de pedir nuevas pruebas y testigos para el juicio de los atentados de marzo de 2004, que las últimas noticias publicadas certifican que "hubo muchas negligencias" en la investigación de aquella masacre.
A su juicio, es necesario "investigar a fondo" estas circunstancias, aunque hay aspectos que ve difícil reparar, como lo relativo a la investigación de los explosivos de los trenes que se llevó esos días de marzo, aún con el Gobierno del PP. "Tengo mis dudas de que ahora se pueda investigar a fondo, con unos trenes ya desarticulados", comentó.
Ballestero indicó que no pretende "relacionar" las citaciones de etarras con la investigación, pero insistió en que "hay una cantidad de agujeros negros en el 11-M" que requieren más investigación para conocer la verdad, ya que hasta ahora no percibe el "rigor suficiente y necesario".
"Nuestra intención no es relacionar nada. Lo que queremos en que en cada agujero negro se intente poner claridad, algo de verdad y muchísimo más rigor --aseveró--. Hay una cantidad de agujeros negros en el 11-M y el Gobierno parece interesadísimo en no esclarecerlos y que no se conozca la verdad".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, fue preguntado por la citación de Henri Parot y otros etarras en el juicio del 11-M. En un corrillo de periodistas, a la salida de su almuerzo en el Foro ABC, Rajoy afirmó: "La decisión del tribunal de la Audiencia Nacional es de una enorme relevancia".
Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo pidió que se retrase el juicio ante la petición de nuevas pruebas sobre los explosivos y la falta de tiempo para elaborar el borrador al respecto. La AVT expresa su sorpresa por la decisión de la Audiencia de admitir la presencia de los tres etarras, tras haber "denegado explícitamente" su petición.
23/1/07
El juicio contra los 29 procesados por el 11-M comenzará el 15 de febrero
La Audiencia cita a 600 testigos, entre ellos a tres etarras, y deniega la comparecencia de Aznar, Acebes y de otros cuatro miembros de ETA
23-01-07 - EFE / elpais.com
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido que el juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que causaron 191 muertos, comience el próximo 15 de febrero. Antes, se hará una nueva prueba pericial sobre los explosivos usados en la matanza, con expertos de la Guardia Civil y la Policía pero también con otros propuestos por las acusaciones y las defensas. Además, fuentes judiciales han indicado que en la vista comparecerán como testigos tres miembros de la organización terrorista ETA.
Prestaran testimonio ante los jueces Henri Parot, Gorka Vidal e Izkur Badillo. Parot ha sido citado porque en la celda del islamista Abdelkrim Bensmail se encontró una nota con su nombre. Bensmail no está entre los acusados. Vidal y Badillo fueron detenidos en Cuenca 11 días antes de la matanza con una furgoneta cargada de explosivos.
Los tres van a comparecer a petición de la defensa de Jamal Zougam, uno de los supuestos autores materiales del atentado; en su auto, los jueces aseguran que, de no aceptar su propuesta, dejarían al procesado en una situación de “indefensión”.
A la postre, testificarán entre 570 y 680 testigos; ha sido denegada la presencia de otros cuatro miembros de ETA, pero también de la cúpula del anterior Gobierno, del Partido Popular (entre ellos, su presidente, José María Aznar, y el ministro de Interior en el momento del atentado, Ángel Acebes).
La petición de un nuevo peritaje sobre los explosivos usadosen el atentado también ha sido cursada por la defensa de Zougam, y por tres acusaciones particulares. La prueba, realizada a partir de los restos hallados en los trenes atacados, deberá estar lista antes de la una de la tarde del 13 de febrero. Será grabada en vídeo y audio para evitar suspicacias.
El juicio se llevará a cabo en las dependencias que utiliza la Audiencia Nacional en el recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid. La Fiscalía pide más de 270.600 años para siete de los 29 acusados, a los que imputa 191 asesinatos consumados y 1.824 en grado de tentativa por las explosiones de los trenes.
El tribunal, presidido por el titular de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, y por los magistrados Fernando García Nicolás y Alfonso Guevara, contará con las opiniones de un centenar de peritos. De cumplirse las previsiones, el proceso se prolongará hasta finales de junio, con unas 100 sesiones a razón de tres por semana de mañana y tarde. La sentencia debería estar lista para mediados de octubre, lo que permitiría no tener que excarcelar a los acusados que fueran condenados durante la tramitación de los previsibles recursos al Tribunal Supremo.
El tribunal del 11-M admite la petición de uno de los acusados del atentado para citar a tres etarras
El juicio se iniciará el 15 de febrero sin los testimonios de Aznar, Acebes y Astarloa
24-01-07 - José Yoldi (EL PAÍS)
El tribunal que enjuiciará el caso del 11-M decidió ayer sorprendentemente admitir como testigos a tres miembros de ETA, como proponía la defensa de Jamal Zougam, acusado de 191 asesinatos. Y eso a pesar de que en el sumario constan seis informes policiales -uno de los cuales ocupa todo un tomo de la causa- en los que se descarta la vinculación de ETA con el atentado. Aunque jurídicamente no tiene ninguna trascendencia, la citación de los etarras supone un aliento a los partidarios de la teoría de la conspiración que apuntan a que ETA pudo estar detrás de los atentados de 2004.
Los magistrados, sin embargo, han rechazado los testimonios de todos los altos cargos del PP que habían sido propuestos, como el ex presidente José María Aznar, el ex ministro del Interior Ángel Acebes o el ex secretario de Estado Ignacio Astarloa.
El auto recuerda el artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que el tribunal examinará las pruebas propuestas y dictará auto admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás. Agrega que el tribunal "para favorecer el más amplio ejercicio del derecho de defensa admite todos aquellos testigos con referencia sumarial y aquellos otros respecto de los que la parte justifica una relación mínima con el objeto del proceso" y puntualiza: "Se rechazan sólo aquellos en los que no se descubre tal relación".
Parece que el tribunal sí aprecia la relación con ETA a pesar de los múltiples informes que existen en el sumario que la descartan, porque ha admitido los testimonios de los etarras Gorka Vidal Álvaro, Irkus Badillo Borde y Henri Parot, porque los ha solicitado la defensa de Jamal Zougam. Los dos primeros fueron detenidos en la denominada caravana de la muerte de Cañaveras, mientras que el nombre de Parot apareció mucho después en un papel encontrado en la cárcel de Villabona (Asturias) en poder de un islamista, Abdelkrim Bensmail, amigo de Allekema Lamari, uno de los suicidas del 11-M.
Impertinente
El tribunal rechaza que declaren como testigos otros cuatro etarras: Harriet Iragi, Beñat Barrondo, Fernando Iracula y Jorge García Sertucha, porque habían sido propuestos por tres acusaciones, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y esa prueba es impertinente si la propone una acusación, ya que no es acorde con su escrito de conclusiones pidiendo la prisión de los procesados.
También se ha rechazado por impertinente que se incorporen a la causa las diligencias abiertas por la caravana de Cañaveras, que instruye el Juzgado Central 4. El juicio está previsto que se inicie el 15 de febrero, en sesiones de mañana y tarde. Excepcionalmente continuará el 16 por la mañana y luego todos los lunes, martes y miércoles, en sesiones dobles.
El tribunal, presidido por Javier Gómez Bermúdez e integrado por Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás, ordenó también una prueba pericial masiva sobre los explosivos, que se efectuará como prueba anticipada y tiene como fecha límite de entrega el 13 de febrero. El presidente argumentó que el tribunal no defiende hipótesis alguna y que se trata de una prueba pericial de contraste que habían solicitado varias defensas y las tres acusaciones cuyas tesis, coincidentes con las de las defensas, son harto sospechosas. Pero a pesar de lo que pueda aclarar, tamaña prueba pericial masiva, a pocos días de que se inicie el juicio, siembra de dudas los numerosos informes periciales que existen en la causa y alienta nuevamente a los partidarios de la teoría conspirativa.
El tribunal, ante la presumible escasez de muestras, ha dirigido un oficio a la policía para que en el plazo de 24 horas informe si se han consumido o existen reservas de las muestras testigos y los vestigios recogidos en todos los focos de las explosiones para poder hacer las pruebas pertinentes.
La nueva prueba tiene por objeto determinar todas las sustancias y elementos químicos que existan en todos los focos de las explosiones, y en todos los lugares donde hubo explosivos, como la mochila de Vallecas, el piso de Leganés donde se suicidaron los siete islamistas o la furgoneta Renault Kangoo. El análisis deberá ser cualitativo y cuantitativo respecto de las sustancias encontradas y los expertos deberán deducir razonadamente el explosivo de que se trate.
La pericia se llevará a cabo en el departamento de Policía Científica de la policía y lo realizarán dos peritos de la policía, dos de la Guardia Civil, un perito de cada parte proponente y otros dos por el resto de las acusaciones y defensas. En total, 10 peritos.
Los de la policía y la Guardia Civil intervendrán en todo caso, pero los otros seis, al ser a instancia de parte, deberán ser costeados por las acusaciones o defensas que los hayan propuesto. Además, antes de las 13 horas del 29 de enero deberán haber aportado certificado o documentación acreditativa de su cualificación profesional para realizar la pericia.
La prueba será grabada en vídeo y audio, por dos cámaras que actuarán de forma sucesiva y estará controlada por el secretario judicial.
La prueba pericial de explosivos deberá estar concluida antes de las 15 horas del martes 13 de febrero, es decir, dos días antes del inicio del juicio.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que apoya la teoría conspirativa del 11-M, reclamó ayer a la Sala que el juicio se retrase por entender que la práctica de la prueba pericial es muy precipitada. A su entender, la prueba es muy positiva y la presencia de peritos de las partes es muy beneficiosa para el proceso, pero agrega que sólo se hará realmente justicia si la prueba se demora el tiempo suficiente.
Los tres testigos etarras estaban presos el 11-M
Las investigaciones ya han descartado cualquier relación de los miembros de ETA con los islamistas que perpetraron la matanza
24-01-07 - Jorge A. Rodriguez (EL PAÍS)
Jamal Zougam, uno de los hombres clave del 11-M, ha conseguido que los etarras Henri Parot, Irkus Badillo Borde y Gorka Vidal Álvaro sean citados como testigos en el juicio por la matanza, a pesar de que los tres estaban presos cuando fue perpetrado el atentado y, según todas las investigaciones realizadas por policía, Guardia Civil y CNI, no han tenido relación alguna con el 11-M. Parot, preso desde 1990, será interrogado sobre por qué Abdelkrim Bensmail, recluido desde 1997, tenía en su poder en octubre de 2004 un papel con el nombre y la dirección del etarra, en la prisión de Córdoba. Badillo y Vidal tendrán que explicar si el 28 de febrero de 2004, cuando viajaban hacia Madrid con una furgoneta con 536 kilos de explosivo, tuvieron alguna relación con los islamistas que, al día siguiente, partieron de Avilés hacia la capital cargados de Goma 2.
Los informes que constan en el sumario del 11-M, en el de la operación Nova y en la Comisión de Investigación del Congreso ya han descartado dicha relación, tras analizar el tráfico de llamadas de todos los terroristas (los islamistas y los etarras) o la correspondencia cruzada, entre otros asuntos. Un tomo entero del sumario descarta cualquier relación de ETA con el 11-M. Los principales datos de las investigaciones son éstos.
- Henri Parot. El nombre de este sanguinario terrorista, detenido en Sevilla el 2 de abril de 1990, y su dirección de la cárcel de Córdoba, figuraba en una nota manuscrita que Abdelkrim Bensmail tenía en su celda en la cárcel de Villabona (Asturias). Este islamista, preso desde 1996 por su pertenencia al Grupo Islámico Armado, era la mano derecha de Allekema Lamari, uno de los siete suicidas de Leganés que estaba en la calle por un error judicial. En el mismo papel también figuraba el nombre de Harriet Iragi, preso desde el 16 de noviembre de 2000. La nota manuscrita no se conserva porque Bensmail, cuyo abogado era dirigente del PP valenciano, se la tragó.
El hallazgo originó una investigación en la que se determinó que Parot y Bensmail, ambos de origen argelino, pudieron coincidir en Villabona entre el 28 de abril y el 23 de junio de 2001 (56 días). El informe concluye: "No obstante, no hay relación de correspondencia de cartas entre Abdelkrim Bensmail ni ninguno de los dos etarras (...) Además, también se puede confirmar la no existencia de visitas entre éstos (...) No se ha podido determinar si mantuvieron conversaciones o relación da amistad (...) En ningún informe carcelario consta la existencia de alguna relación con otros presos [no islamistas], como los de ETA, ni su influencia sobre los mismos".
- Los etarras de Cañaveras. Los investigadores han elaborado hasta seis informes sobre la posible relación entre los etarras detenidos en Cañaveras (Cuenca) y los islamistas del 11-M. Esa vinculación ha sido establecida por los teóricos de la conspiración del 11-M, que alegan que ambas caravanas partieron a la vez. Es falso porque los etarras fueron interceptados por la Guardia Civil a las 0.40 del día 29 en Cuenca, mientras que los islamistas de Jamal Ahmidan estaban a las 14.28 de ese día en San Vicente de la Barquera (Cantabria).
Los etarras llevaban encima 506 kilos de cloratita, 30 de dinamita Titadyn y 90 metros de cordón detonante. Los islamistas, unos 200 kilos de Goma 2. Los primeros entraron a España por Binéfar (Huesca) y pretendían llegar a Madrid por la N-II, la carretera de Barcelona, mientras los islamistas se desviaron a Cantabria y llegaron por la de Burgos. Además, se ha analizado el tráfico de llamadas de los tres teléfonos que llevaban los etarras, así como el de los islamistas que fueron a Asturias. No existe ni un contacto. Badillo y Vidal llamaron a cinco hostales de Huesca, a un ayuntamiento valenciano y se cruzaron 16 llamadas entre ellos. Cuatro informes avalan estos datos en el sumario, más el informe general sobre los hipotéticos vínculos entre el 11-M y ETA, más varios otros incluidos en la comisión de investigación. El único que ha sostenido dicha relación es José Emilio Suárez Trashorras, pero sólo en la prensa. Y quienes lo han interrogado niegan que en algún momento dijera nada que no apuntara a "los moros de Madrid" como autores de la masacre.
22/1/07
El Sindicato Profesional de Policía acusa a EL MUNDO de desconocer la normativa y protocolos de actuación desinformando con ello a la ciudadanía
22-01-07
Reproducimos por su interés el contenido de la Nota de prensa.
"Desde el Sindicato Profesional de Policía, lamentamos profundamente que pueda llegar a la opinión pública la percepción de que los distintos Servicios y Unidades del Cuerpo Nacional de Policía no trabajan de forma profesional e independiente.
Entendemos que es obligación del informador conocer la normativa y protocolos de actuación establecidos para las distintas Unidades que están siendo objeto de crítica en las últimas fechas. Si se desconocen esos protocolos, lo único que se va a ofrecer al ciudadano es desinformación, descalificando sin razón alguna a unos profesionales, en este caso del Cuerpo Nacional de Policía.
En este sentido, la actuación del Comisario Sánchez Manzano y de la especialidad TEDAX, con los restos de las explosiones de los atentados del 11-M, se ha ajustado estrictamente a la normativa y protocolos establecidos.
D. Juan Jesús Sánchez Manzano, ex jefe de la Unidad TEDAX, nos ha transmitido su pesar y malestar por las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación, en las que tanto él como su antigua Unidad, quedaban en entredicho por la actuación realizada en las horas que siguieron al fatal atentado perpetrado el 11 de marzo de 2003 en las estaciones de Atocha y El Pozo, queriendo hacer constar las siguientes reflexiones al respecto:
1. Las actuaciones llevadas a cabo con los restos de explosión en el 11-M por el Grupo de Investigación de la Unidad Central (análisis e informes – firma de un solo perito), han sido las mismas que las llevadas a cabo en los atentados con explosión, cometidos por otras organizaciones terroristas. Así constan en los fundamentos de hechos y de derecho de decenas de sentencias condenatorias de miembros de ETA, esencialmente.
2. Por desgracia no es siempre lo que se quiere y si casi siempre lo que se puede y en el caso de los análisis de los restos de explosión del 11-M, no se han podido determinar componentes completos y proporciones de los mismos, siendo imposible obtener otros resultados más precisos que los emitidos en el informe elaborado en su día por el Servicio Central de Desactivación de Explosivos; al igual que ha sucedido en los realizados en el atentado en la T-4 del Aeropuerto de Barajas por Policía Científica donde sólo ha sido posible detectar los componentes genéricos de los explosivos amosal o amonal, sin poder discriminar cual de ellos, del mismo modo que sólo se ha podido determinar Hexógeno, sin precisar marca o fabricante.
3. El informe sobre los análisis se elaboró cuando lo permitieron otras incidencias y diligencias de investigación urgentes, que se priorizaron con el objetivo fundamental, en esos momentos, de localizar y detener a los autores, a lo que contribuyó de manera importante la Unidad Central de Desactivación de Explosivos.
Una vez más la cuerda se rompe por el mismo lado, por el lado de unos profesionales a los que el único pecado que se les puede atribuir es el de dedicar buena parte de su tiempo a servir los intereses de la sociedad, averiguando el delito y poniendo a disposición de las Autoridades Judiciales a los causantes del mismo.
El nivel de prudencia y discreción que debe guardar cualquier funcionario público respecto a las actuaciones que están “sub judice”, han determinado que el profesional afectado por estas noticias se mantuviera en silencio, a pesar de las infundadas críticas y falsas imputaciones vertidas.
En atención a la importancia y gravedad de las imputaciones efectuadas en algunos medios de comunicación, considera necesarias estas aclaraciones ante la opinión pública.
Desde este Sindicato lanzamos el deseo de que pronto salga a la luz toda la verdad y que de una vez por todas se despejen las dudas que están afectando al Cuerpo Nacional de Policía.
Madrid, 22 de ENERO del 2007
© Sindicato Profesional de Policía. 2007"
15/1/07
Cincuenta de los 67 integrantes de la Unidad de Análisis censuran la actuación de los peritos del "ácido bórico"
Dicen que es "norma fundamental" de la Unidad que sus informes se basen en "hechos científicos" y no en "opiniones personales"
15-01-07 - Europa Press
Un total de 50 de los 67 integrantes que de la Unidad de Análisis Científicos de la Comisaría General de Información han firmado un escrito en el que reprueban la actuación de los tres peritos que denunciaron la supuesta falsificación de un informe sobre el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de un presunto líder islamista. En estos 67, pero no entre los firmantes, están incluidas las cinco personas que, según la nota, están "directamente relacionadas" con el asunto del peritaje.
En el escrito, remitido a los sindicatos el pasado 29 de diciembre y difundido hoy por el Sindicato Profesional de Policía (SPP), los miembros de la Unidad de Análisis lamentan "profundamente" que, con motivo del 'caso del ácido bórico', la opinión pública tenga "la percepción de en esta Unidad se pueden falsificar informes y que la aplicación de la ciencia es una mera anécdota".
Los firmantes de la 'Nota de aclaración sobre el tema del ácido bórico', consideran que tres meses después de que el asunto haya aparecido "reiteradamente" en los medios de comunicación, los miembros de la Unidad, aunque no relacionados directamente con el citado peritaje, hagan públicas varias aclaraciones, como que "es norma fundamental de la Unidad Central de Análisis Científicos (recogida en la ley de enjuiciamiento criminal) que los informes periciales se basen en hechos científicos, reproducibles y verificables por otros laboratorios, y nunca en opiniones personales de los peritos firmantes".
Los tres peritos que denunciaron la supuesta falsificación incluyeron en las conclusiones que una determinada cantidad de ácido bórico había sido encontrada en un registro al 'comando Madrid' de ETA, al redactar el informe sobre el hallazgo de la sustancia en el domicilio de Hasan El Haski, procesado por el 11-M y uno de los líderes del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) en Europa hasta su detención el 28 de diciembre de 2004 en Lanzarote. Además, concluyeron que existía "la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean el/los mismo/s autor/es", en referencia al 'comando Madrid' de ETA y a los islamistas de Lanzarote.
"SE TRABAJA EN EQUIPO".
Asimismo, los firmantes del escrito aseguran que "en Policía Científica se trabaja en equipo, siendo habitual que todos los análisis requeridos para un asunto determinado sean realizados por más de una persona". Aseguran que "en aquellos casos excepcionales en los que un perito tenga que asumir un informe pericial en el que no ha participado, puede no ser estrictamente necesario que deba repetir toda la analítica", en referencia a las correcciones realizadas por el jefe del Laboratorio Químico-Toxicológico, Francisco José Ramírez.
Y explican: "En ocasiones basta con hacer una valoración de los estudios realizados, asumiéndolos si son adecuados, con resultados consistentes y conclusiones deducidas objetivamente. Pudiera ser factible que se repitieran o se solicitaran estudios adicionales, por no haber sido realizados en su día o para completar resultados", añaden.
Ramírez permanece imputado por la juez de la Audiencia Provincial Gemma Gallego por un delito de falsesad de documento público. Ramírez pidió a uno de los peritos que reelaborase un borrador que había realizado con las citadas referencias a ETA, al considerar que se extralimitaba en sus conclusiones, y al negarse éstos se reasignó esa tarea.
En este sentido, los firmantes alegan que "está establecido que todos los informes periciales emitidos por la Unidad Central de Análisis Científicos sean supervisados por los Jefes de Sección de cada laboratorio, al objeto de corregir cualquier tipo de error que impida o dificulte su comprensión por parte de la autoridad judicial correspondiente".
LOS PERITOS "UTILIZARON" A LOS MEDIOS.
Los miembros de la Unidad de Análisis finalizan reprobando la utilización de los medios que han hecho sus compañeros: "Dado que, por el tipo de trabajo, el personal destinado en estos laboratorios está involucrado en procesos judiciales en marcha, nunca se han de utilizar los medios de comunicación para exponer ningún dato que pudiera ser de interés o pudiera perjudicar la investigación judicial".
Junto a Ramírez, permanecen imputados por la juez Gallego, el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, su 'número dos', Pedro Mélida, y el jefe de la Unidad de Análisis, Francisco José Andradas. Santano y Ramírez son afiliados al Sindicato Unificado de Policía (SUP), mientras que Mélida lo es del SPP y Andradas, que no es policía, está afiliado al Sindicato de Facultativos.
Antes de inhibirse en favor de la Audiencia Provincial de Madrid, el titular del Juzgado Central de Instrucción número Cinco de Madrid, Baltasar Garzón, exoneró de cualquier responsabilidad a los tres mandos policiales en un auto, después de haber imputado un delito de falsedad en documento público a los tres peritos.
12/1/07
El Tribunal Supremo tumba las teorías de la conspiración del 11-M que apoya el PP
La Sala Penal sostiene que la investigación de los suicidas de Leganés y de los trenes fue correcta
12-01-07 - Julio M. Lázaro (EL PAÍS)
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha respaldado plenamente la investigación del juez Juan del Olmo sobre los vagones objeto de los atentados del 11-M y sobre las autopsias practicadas a los suicidas de Leganés, en un auto en el que echa por tierra dos de los más significados capítulos de la teoría de la conspiración que apoya el PP y que pretendía hacer creer en una supuesta desaparición de pruebas que nunca tuvo lugar. El alto tribunal no sólo rechaza una querella urdida contra el juez por el sindicato Manos Limpias, sino que, por primera vez, ordena proceder penalmente por acusación falsa.
Informaciones periodísticas extraídas de una página de Internet sobre la "destrucción de los vagones objeto de los atentados" del 11-M y "las inhumaciones sin previa autopsia de cadáveres" de los suicidas de Leganés fueron la base de una querella con la que el sindicato ultraderechista Manos Limpias intentó abonar las supuesta desaparición de pruebas para impedir "conocer la verdad" en torno al 11-M y dieron pie a que el PP interpelara al Gobierno sobre la investigación de los atentados.
El Tribunal Supremo, sin embargo, ha rechazado con total contundencia las insinuaciones vertidas en la querella, hasta el punto de que por primera vez ha puesto en marcha el mecanismo para proceder penalmente contra el sindicato Manos Limpias y su secretario general, Miguel Bernad Remón, por delitos de acusación o denuncia falsa.
La querella atribuyó al juez Juan del Olmo, con la anuencia de la fiscal Olga Sánchez, la decisión de destruir los vagones que fueron objeto de los atentados. para "hacer imposible la realización de nuevas pruebas policiales, de nuevos contrainformes y en definitiva, hacer desaparecer un efecto del delito tan esencial como son los vagones". Todo lo cual, según Manos Limpias, "redunda en un oscurecimiento de la verdad procesal e histórica y de la autoría de los atentados".
El sindicato de Miguel Bernad se mostraba después muy preocupado por los perjuicios que tal "indefensión" habría causado a los presuntos autores del 11-M y acusaba a Del Olmo de violar los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre conservación y destino de piezas de convicción. El sindicato ultraderechista redondeaba su argumento señalando que tras los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, se creó un gran recinto protegido donde ubicar los restos de las Torres, mientras que aquí, "según todos los indicios y al parecer, todos los trenes han sido ya destruidos durante la instrucción y antes de la celebración del juicio y de que la sentencia diga nada".
Dictámenes periciales
El Tribunal Supremo rechaza este argumento y respalda la investigación policial y judicial: "A lo largo de las actuaciones", afirma el auto, "obran los distintos y pormenorizados dictámenes periciales, sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas".
Además, en el tomo 145 del sumario "obra un completísimo informe conjunto de expertos de Tedax y Guardia CiviI, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestimó por razones técnicas. La conservación y destino de los vagones en cuestión -una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias- corresponde a su legítimo propietario (Renfe), que además cuenta con lugares apropiados para ello".
Respecto a las inhumaciones de los suicidas de Leganés, que según Manos Limpias se hicieron "sin instruir nada" sobre "el origen del fallecimiento y sus circunstancias" y sobre las que los querellantes reclamaban "todas las autopsias que sean necesarias hasta que se obtenga de modo indiscutido la evidenciad de la causa del fallecimiento", el Supremo vuelve a mostrarse tajante.
Tras recordar que la inspección ocular y el levantamiento de cadáveres correspondió a otro juzgado distinto al de Del Olmo, que se encontraba de guardia ese día, "en todo caso y pese a la opinión del recurrente, lo cierto es que sí se efectuó la correspondiente diligencia de autopsia", asegura el alto tribunal.
"Pero es más", prosigue el Supremo, "al tratarse de unos hechos singulares, con una trascendencia muy superior a la ordinaria, no se efectuaron unas autopsias convencionales y burocráticas, sino que se procuró y consiguió extremar las precauciones". La Sala Penal menciona un "amplísimo y muy documentado informe antropológico y radiológico", firmado por los forenses Prieto Carretero, Bedate Gutiérrez y Conejero Estévez, y agrega que, incluso, a requerimiento del instructor, se efectuó un informe ampliatorio, por peritos especialistas en dactiloscopia.
En consecuencia, el Supremo no aprecia en las actuaciones de Del Olmo delito alguno, sino que por el contrario, evidencia que la querella "no sólo carece de todo apoyo técnico- jurídico, sino que sobrepasa de forma manifiesta los límites del prudente ejercicio de las acciones penales y entraña un manifiesto abuso de Derecho y fraude procesal, que pudiera constituir un presunto delito de acusación y denuncia falsas".
Manos Limpias, al juzgado
La Sala de lo Penal ha acogido la propuesta de la Fiscalía del Tribunal Supremo de deducir testimonio y remitir las actuaciones al juzgado de instrucción decano de los de Madrid por si los responsables de Manos Limpias hubiesen incurrido en un presunto "delito previsto y penado en el capítulo V del Título XX del Código Penal".
En dicho capítulo del Código, el artículo 456 castiga a los que, "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal" si esa imputación "se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tengas el deber de proceder a su averiguación".
Las penas que contempla el artículo son de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses si, como en el caso de la querella contra el juez Juan del Olmo, los delitos que se imputan son graves.
El auto del Supremo no especifica que las actuaciones deban dirigirse contra el secretario general y cabeza visible de Manos Limpias, Miguel Bernad, pero apunta claramente en esa dirección. De hecho, la querella se rechaza en parte porque el sindicato, como tal, carece de legitimación activa para ejercer la acción popular y la representación del colectivo la tiene en exclusiva su presidente. Pero el alto tribunal señala que Miguel Bernad, que como secretario general solo está facultado para certificar actuaciones de la asamblea general, viene ejercitando "un importante número de acciones contra personas e instituciones relevantes de la vida pública española".
Cuando el juzgado decano reciba el auto del Supremo, deberá remitirla al juez de instrucción al que por turno le corresponda.
11/1/07
El Tribunal Supremo pide investigar a 'Manos Limpias' por una denuncia falsa contra el juez Del Olmo
11-01-07- Europa Press
El Tribunal Supremo ha decidido deducir testimonio contra Manos Limpias para que los Juzgados de Instrucción de Madrid determinen si el sindicato de funcionarios públicos cometió un delito de denuncia falsa al presentar una querella contra el juez Juan del Olmo y la fiscal de la Audiencia Nacional Olga Sánchez por diligencias relacionadas con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
El auto del alto tribunal explica que no puede "apreciarse en ninguna de las actuaciones sumariales (denunciadas en la querella) delito alguno, más al contrario evidencia que la querella no sólo carece de todo apoyo técnico jurídico, sino que sobrepasa de forma manifiesta los límites del prudente ejercicio de las acciones penales y entraña un manifiesto abuso de derecho y fraude procesal", lo que podría constituir un delito de los referidos en el Código Penal en el título "De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos".
Por eso, tras declarar la competencia de la Sala Segunda para investigar lo denunciado y proceder a su archivo inmediato, por no constituir delito, el alto tribunal acuerda deducir testimonio de lo actuado y remitirlo al Juzgado Decano de los de Madrid para que se investigue si la interposición de la querella constituye el citado delito.
El pasado 2 de octubre Manos Limpias presentó una querella contra el juez y la fiscal del 11-M en la que se les imputaba los delitos de inutilización o destrucción de efectos del delito, prevaricación y omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución.
Para ello se basaba en informaciones periodísticas, de las que, según Manos Limpias, se desprendía que se había procedido a la destrucción de los vagones objeto de atentados el 11-M, a diferencia de lo que se había hecho en Estados Unidos con las Torres Gemelas en el 11-S, lo que provocaba indefensión a los procesados. Además, afirmaba que a los siete terroristas que se habían suicidado en Leganés (Madrid), el 3 de abril, no se les había practicado la autopsia.
En cuanto a la primera imputación, el Supremo hace suyo el informe fiscal que recuerda que sobre los restos de los vagones se realizó "un completísimo informe conjunto de expertos de Tedax y Guardia Civil" y "todas las pericias que se estimaron necesarias". Además, explica que la conservación y destino de los vagones depende de su legítimo propietario, es decir, RENFE.
Respecto a los suicidas de Leganés, el Supremo es tajante al afirmar que no sólo "se efectuaron unas autopsias convencionales y burocráticas, sino que se procuró -y se consiguió- extremar las precauciones" con "un amplísimo y muy documentado 'informe antropológico y radiológico" firmado por tres forenses. El estado de los cuerpos era tal que se necesitaron pruebas de ADN para proceder a la identificación de los terroristas.
FALTA DE LEGITIMACIÓN DE BERNAD
El auto explica también que de la documentación que acompaña la querella se desprende que Miguel Bernad, que fue dirigente de la ultraderecha española, es el secretario general del sindicato y, según los propios estatutos de la organización, sólo, "con carácter exclusivo", el presidente de Manos Limpias "puede ejercitar acciones en representación del colectivo".
"No obstante lo anterior -constata el Supremo-, el señor Bernad Remón viene ejercitando en la condición de secretario del sindicato Manos Limpias un importante número de acciones contra personas e instituciones relevantes e la vida pública española."