3 días de marzo

Rajoy cruza la raya (Editorial de El PAíS)

14-03-06

El líder del principal partido de la oposición traspasó ayer una raya peligrosa al prestar credibilidad a la última entrega de la serie de especulaciones periodísticas más bien lunáticas que viene sembrando dudas sobre la autoría de los atentados del 11-M y cuestionando la investigación judicial. La traspasó al insinuar que si se confirmara lo publicado ayer mismo por un diario sobre la mochila que no estalló (y que condujo a la identificación de los presuntos autores), podría quedar anulada "la investigación y el sumario": un sumario a punto de cerrarse tras dos años de pesquisas y diligencias recogidas en 80.000 folios.

La insinuación periodística que Rajoy hace suya es que si la bolsa recogida en el lugar de los hechos no es (como ha declarado un policía) la misma que le mostraron en la diligencia correspondiente, alguien "la puso allí" con alguna intención. No es difícil imaginar razones banales para explicar esa divergencia, incluyendo un error al presentar una bolsa diferente a la que contuvo los explosivos. Entre el hecho (un policía dice que la bolsa de los explosivos era diferente) y la interpretación (alguien tuvo interés en orientar la investigación en determinado sentido) hay un largo trecho que un político responsable no debería franquear. Y mucho menos para deducir que las actuaciones judiciales podrían ser anuladas.

Antes de llegar a la bolsa, los mismos teóricos de la conspiración habían ensayado diversos caminos para tratar de acreditar la idea de que detrás de los atentados había una maquinación política cuyo objetivo era hacer perder las elecciones al PP. Todas esas hipótesis han sido investigadas y desechadas por el instructor. Ahora aparece la teoría de la bolsa, es decir, el elemento material que permitió coger el hilo que llevó a los presuntos autores. Se va al origen, pretendiendo que todo lo que deriva de la bolsa está contaminado, prescindiendo de que la investigación ulterior ha ido confirmando, por prueba de ADN, entre otras, la presencia de los suicidas de Leganés y los otros supuestos autores en los escenarios en que se planificaron y ejecutaron los atentados.

Si un periódico se empeña en darse la razón contra el trabajo exhaustivo de policías y servicios secretos, jueces y fiscales, allá él con sus lectores; pero lo grave es que el líder del primer partido de la oposición le siga el juego al precio de desacreditar a cuantos funcionarios públicos han participado en la investigación, y detrás de ellos a las instituciones del Estado. Es comprensible que en una investigación tan compleja surjan lagunas o errores, y habitual que sean subsanados en el propio procedimiento o en la vista oral. Lo que no tiene parangón, ni en Estados Unidos en relación con el 11-S ni en el Reino Unido respecto al 7-J, es que la oposición -que gobernaba cuando ocurrió el atentado- se apunte a la teoría conspirativa, aun a costa de poner en tela de juicio los instrumentos que tiene un sistema democrático para perseguir a los criminales. Sembrar a estas alturas la duda sobre "quiénes han sido los autores" es de una irresponsabilidad difícilmente superable. Se sabe perfectamente: siete de ellos se suicidaron en Leganés, cinco más están identificados, tres de ellos en prisión y dos huidos.



Por la legitimidad del Estado (Editorial de ABC)

EL juez instructor del sumario por los atentados del 11 de marzo de 2004 tomó ayer la acertada decisión de levantar parcialmente el secreto que ampara los trámites de la investigación para diluir las dudas que pudieran existir acerca de una supuesta manipulación de las pruebas. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió un comunicado en el que se afirma textualmente que dichas pruebas -en concreto una mochila con explosivos y un teléfono móvil a partir de la cual se han obtenido evidencias consistentes para la dilucidación de este caso- fueron «custodiadas de forma permanente por la policía judicial», añadiendo que el funcionario «de policía encargado de coordinar la recogida y custodia de los efectos afirmó (ante el juez instructor) que no observó ninguna manipulación de los objetos recogidos». La Dirección General de la Policía, en una comunicación pública sin precedentes -además de tachar de «falsas» determinadas afirmaciones aparecidas en un medio de comunicación, «de las que se han hecho eco algunos dirigentes del PP»-, abunda en la tesis de la Fiscalía, sosteniendo rotundamente que «bajo ningún concepto han podido ser objeto de manipulación» dichas pruebas. La Dirección General considera «inaceptable que dirigentes políticos siembren de sospechas y dudas la honradez y profesionalidad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en vez de proteger su inestimable función en el Estado de Derecho».

Los atentados del 11-M han provocado una profunda y dolorosa fisura en la convivencia nacional, que en las últimas semanas se ha ido ahondando con supuestas informaciones solventes y un cúmulo de sospechas y afirmaciones infundadas. Pareciera que existe un propósito deliberado de sabotear la labor de la instrucción judicial, desacreditar a los agentes policiales que han intervenido en ella y deslegitimar la muy próxima resolución del juez que, casi con seguridad, procederá al procesamiento de más de una treintena de personas, tres de las cuales estarían consideradas como autores materiales de la matanza del 11-M. La consecuencia de esta endemoniada espiral no sería otra que la deslegitimación del resultado de las elecciones generales celebradas tres días después de la masacre y en un clima de máxima crispación, la demostración de que el sistema judicial no es capaz de depurar responsabilidades y la probabilidad de que una parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantuvieran connivencias inconfesables y propósitos antidemocráticos. La decisión de levantar parcialmente el secreto del sumario y las comunicaciones públicas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Dirección General de la Policía arroja luz sobre un juicio paralelo extraordinariamente frívolo e irresponsable. Y lo más importante: esta transparencia permite que desde estas páginas podamos reiterar -y así lo hacemos- la legitimidad de los resultados de las últimas elecciones generales -celebradas tras una supuesta «jornada de reflexión» en la que objetivamente acontecimientos muy graves condicionaron el desarrollo de la consulta electoral-, la confianza en el Poder Judicial y el apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Podría parecer que estas declaraciones son, por obvias, innecesarias. No es así. Es preciso, justamente cuando se ponen en cuestión distintas instancias del Estado, insistir en su plena legitimidad y reclamar de todos la solidaridad con los mecanismos del sistema democrático -judiciales, policiales, gubernativos, representativos- no sólo para hacer justicia, sino también para amparar todos los intereses sociales, bajo el principio de legalidad. De la misma manera, cabría pedir a quienes apresuradamente han dado por cerrado el 11-M -fiscal general del Estado y destacados miembros del Gobierno- que no ejerzan con sus comentarios presión añadida sobre los jueces encargados del caso.

Las graves acusaciones que se han formulado en las últimas semanas, en especial a determinados sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se remiten a un momento temporal en el que gobernaba el PP. Fue bajo su mandato cuando se planificaron y perpetraron los atentados terroristas y bajo su Gobierno cuando se produjeron detenciones y acumulación de pruebas a la postre definitivas para el buen fin del sumario que se instruye. Y ese comportamiento forma parte de su patrimonio democrático. Resulta paradójico, por eso, que desde algunos sectores del primer partido de la oposición no se observen también desde esa perspectiva los acontecimientos producidos en torno a la investigación judicial del 11-M. En aquella fecha, 192 vidas quedaron segadas. Sería un perverso efecto diferido que, a propósito de su esclarecimiento judicial, algunos pretendan deslegitimar el Estado contra el que también atentaron los terroristas.