Interior destruía antes del 11-M las grabaciones a terroristas islamistas por carecer de traductor

03-11-2004 - Luis Gómez (EL PAÍS)

La política antiterrorista del Gobierno del PP sufrió una fuga de información relevante por la inexistencia en el Ministerio del Interior de traductores de árabe asignados a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Todas las comunicaciones de presos islamistas acusados de delitos de terrorismo fueron grabadas, en aplicación de la ley, pero nadie las transcribió porque no existían traductores de árabe, según consta en un informe oficial que el ministro del Interior presentó ayer al Pacto Antiterrorista. Ese mismo informe asegura que del análisis de las cartas de presos entre 1998 y 2004 sólo se han detectado 29 comunicaciones entre etarras e islamistas, que no implican la colaboración entre estos terroristas.

Instituciones Penitenciarias carecía de un intérprete de árabe a pesar de que, desde 1997, comenzaron las encarcelaciones de presos sospechosos de actividades terroristas relacionadas con el fundamentalismo islamista. Todo el material de aquellos presos cuyas comunicaciones fueron intervenidas, como cartas y conversaciones, no pudo ser interpretado con carácter inmediato.

De hecho, cientos de cintas magnetofónicas se almacenaron sin ser traducidas y, transcurridos dos meses, fueron devueltas a la cárcel respectiva "para su reutilización, lo cual significaba su destrucción", según indicaron fuentes del Ministerio del Interior.

Todo el material relacionado con la intervención de las comunicaciones a presos relacionados con bandas armadas, fundamentalmente cartas y cintas magnetofónicas con la grabación de sus conversaciones, se enviaba desde las cárceles al Servicio de Coordinación de Seguridad, un departamento de Instituciones Penitenciarias formado por un grupo de policías y guardias civiles.

En un año podían recibir más de 7.000 documentos, lo cual da una idea del volumen de trabajo que recaía sobre dicho departamento y de las dificultades de almacenamiento. Según un informe fechado hace dos semanas y elaborado por el actual jefe del departamento de Seguridad Penitenciaria, nombrado durante el mandato del Partido Popular, desde 1998 hasta finales de octubre de 2004 la documentación intervenida a terroristas (etarras e islamistas) por los 77 centros penitenciarios españoles suma más de 220.000 cartas y más de 40.000 cintas magnetofónicas.

Una parte de este material carecerá de valor por tratarse de cartas y conversaciones privadas y hay que tener en cuenta que el preso tiene conocimiento de que sus intervenciones están intervenidas por lo que caso de recibir o enviar mensajes comprometedores es probable que lo haga en clave.

De esa información, se seleccionaron 8.000 contactos de interés penitenciario en el terreno de la lucha antiterrorista, pero sólo si la comunicación no se había hecho en árabe.

En el caso de las comunicaciones verbales de terroristas islamistas no pudieron investigar nada por una razón: el citado servicio contaba con personal dedicado a la traducción del euskera, el inglés y el francés, pero no del árabe.

Desde 1997, el número de presos relacionados con el terrorismo islámico ha ido creciendo progresivamente, desde sólo tres hasta los 85 que hay en la actualidad. Casi todos ellos tienen sus comunicaciones intervenidas.

Ante la imposibilidad de traducir el material en árabe, las instrucciones que recibió dicho servicio fueron las de repartir las cartas entre los departamentos de la policía o la Guardia Civil que habían investigado a cada terrorista encarcelado y cuya comunicación estuviera intervenida.

Por lo que respecta a las cintas de sus conversaciones, la práctica era diferente: esas cintas se guardaban en Instituciones Penitenciarias y se daba aviso de su existencia. Si durante dos meses, nadie acudía a escucharlas, se devolvían a las cárceles para su reutilización. Es decir, ni siquiera se guardaban para un uso posterior. El problema es que nadie se interesó por ellas, por falta de personal, según el informe que ayer reveló el ministro del Interior, José Antonio Alonso en la reunión del Pacto Antiterrorista, de tal modo que "la mayoría de esas cintas nunca fueron escuchadas y ahora están destruidas", reconoció una fuente del ministerio.

No hubo instrucciones precisas para que hubiera atención especial hacia los terroristas de origen árabe. Esa política cambió radicalmente a partir del atentado del 11 de marzo. La nueva directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, solicitó la contratación de traductores de árabe nada más tomar posesión.

Los funcionarios de las cárceles españolas se han quejado frecuentemente de las dificultades que les ocasiona en su trabajo la cada vez mayor afluencia de presos extranjeros. Y esa queja estaba motivada no sólo porque muchos de ellos importasen a las cárceles una cultura más violenta sino por la imposibilidad material de imponer el orden a colectivos con los que era difícil comunicarse por desconocimiento de su lengua. Para esos casos, los funcionarios tendían a utilizar los servicios de otros presos que hablasen el idioma y tuvieran conocimientos del español.

Sin embargo, para el caso de presos árabes relacionados con bandas armadas y cuya comunicación estuviera intervenida por orden del juez, la situación era dramática.

Los funcionarios de cada cárcel no tenían posibilidad de conocer el contenido de sus conversaciones ni de las cartas intervenidas. Todo ese material se enviaba a la dirección general. Carecían, pues, de información sobre lo que se pudiera estar tramando desde la cárcel.

Esa circunstancia era muy diferente en lo que respecta a presos etarras. No sólo había traductores de euskera contratados, "es que además", según explica una fuente de Instituciones Penitenciarias, "solían comunicarse en castellano y escribir también en castellano". "Presos etarras que escriban en euskera hay muy pocos", concluye.

A pesar de las quejas de los funcionarios y de los informes procedentes de algunas cárceles donde se había detectado algún movimiento sospechoso entre presos de origen árabe, Instituciones Penitenciarias carecía de instrumentos para ampliar su información. "Llegaban informaciones y no se pasó de ahí. No se hizo un análisis de lo que estaba pasando en algunas cárceles alrededor de ciertos presos, ni se trató de saber las causas de estos incidentes. Ni siquiera después de lo sucedido el 11 de septiembre, ni cuando meses después ingresaron en la cárcel presos a los que se relacionaba con Al Qaeda", comenta la citada fuente.

A partir del 11-M, ese panorama cambió. Por ejemplo, pudieron detectarse seis transcripciones anteriores al atentado en las que se hacía referencia a relaciones entre internos de ETA e internos relacionados con el terrorismo islamista. Con fecha posterior al 11-M, el número de transcripciones aumentó en otras 23. "Del análisis de esos 29 documentos", señala el informe de Seguridad Penitenciaria, "no se puede deducir una relación o vinculación entre terroristas etarras o islamistas, sino sólo relaciones personales por el mero hecho de que comparten un mismo espacio en el interior de determinadas cárceles".

Actualmente, toda la información, documentación y grabaciones relacionada con terroristas islamistas se canaliza a través de la Secretaría de Estado de Interior, y la Dirección de Instituciones Penitenciarias ha contratado a un intérprete de árabe que empezará a trabajar en los próximos días.