El Gobierno de Aznar conoció la trama de los explosivos de Asturias en 2001

Los agentes hallaron 16 cartuchos en un garaje de uno de los presuntos implicados en el 11-M

La policía comunicó en julio de 2001 a la Delegación del Gobierno en Asturias que había hallado 16 cartuchos de Goma 2 y 94 detonadores en un garaje de Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras, ahora presuntamente implicados en la venta de los explosivos empleados por los islamistas en los atentados del 11-M en Madrid. Los cartuchos y detonadores fueron trasladados a las dependencias del Tedax hasta que en agosto de 2001 un juez accedió a la petición de la policía para destruirlos, dado que estaban en mal estado. La investigación policial y judicial de lo ocurrido en torno al 11-M indica que los terroristas aprovecharon deficiencias básicas en algunos aspectos de la seguridad del Estado


28-11-04 - J. A. RODRÍGUEZ / F. I. BARROSO (EL PAÍS)

La policía de Gijón informó el 31 de julio de 2001 a la entonces delegada del Gobierno en Asturias, Mercedes Fernández, del decomiso durante la Operación Pipol de 16 cartuchos de goma 2 y 94 detonadores en un garaje propiedad de Antonio Toro -recientemente interrogado por el juez por su presunta implicación en el 11-M-, Emilio Suárez Trashorras -en prisión por haber sido presuntamente uno de los suministradores de los explosivos usadoss por los islamistas en los atentados de Madrid- y José Ignacio Fernández Díaz, Nayo. La dinamita fue destruida unos días más tarde, con autorización judicial porque se encontraba "en mal estado y exudando". No obstante, antes de la destrucción, los agentes hicieron un informe con fotografías sobre los explosivos.

El comisario jefe de Gijón, José Villar del Saz, firma el documento que fue dirigido personalmente a la delegada del Gobierno, a fin de que dé el visto bueno a la nota de prensa elaborada por la policía sobre una "operación contra el tráfico de estupefacientes". En todo momento se habla de tráfico de drogas, principalmente cocaína, que este grupo se dedicaba a distribuir "a la inmensa mayoría de los traficantes de la comunidad".

La nota destaca lo laboriosa que resultó la operación, "dada la gran cantidad de controles y vigilancias a realizar" -incluidas las de Toro, Trashorras y El Nayo- y las dificultades que puso para su seguimiento Laurencio Castaño García, apodado Charly y el Comandante, que era policía local de San Martín del Rey Aurelio.

En la comunicación enviada a la delegada se escribe en negrita y letra mayúscula que entre los elementos incautados se encuentran la dinamita y los detonadores. La nota fue revisada y distribuida a la prensa ese mismo día, a pesar de que la operación se había desarrollado días antes, concretamente el 25 de julio de 2001.

Los agentes efectuaron 13 registros domiciliarios, entre ellos el garaje que Trashorras, Toro y El Nayo tenían alquilado en el número 5 de la calle Eloy Fernández Carabera de Avilés. Los tres fueron detenidos pero se negaron a prestar declaración ante la policía, que los puso a disposición de la autoridad judicial. Toro estuvo en la cárcel hasta diciembre de ese año, El Nayo siguió algo más de tiempo y Trashorras fue captado en otoño como confidente del jefe del grupo de Estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez.

Los explosivos, no obstante, tuvieron una corta vida. El 25 de julio, la dinamita y los detonadores fueron trasladados a las dependencias del Tedax, "debido a la peligrosidad de su almacenaje indebido", pero seguían estando a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, según certifica Manuel García Rodríguez como instructor del expediente policial.

Dos días después, la policía le envió otro escrito al juez en el que le informó de que tenía en su poder "16 cartuchos de dinamita industrial denominada goma 2 ECO de una medida de 26 por 200 milímetros y 94 detonadores eléctricos industriales sensibles de retardo de 500 milisegundos, con marca de fabricación UEB", explosivos cuya posesión adjudica a Antonio Toro.

El escrito dice que el equipo de desactivación está preocupado por los cartuchos, que "están en mal estado y exudando bastante, por lo que sería conveniente proceder a su destrucción dada su inestabilidad". La nota de 27 de julio continúa: "Le significo que se ha hecho un reportaje fotográfico del material explosivo intervenido, así como sus envoltorios, anotándose los lotes correspondientes y de uno de ellos, el que estaba en mejor estado, se han estado tomando muestras que se han remitido al laboratorio central de Madrid para su análisis". Los explosivos siguieron así hasta que, el 6 de agosto de 2001, el juez Juan Laborda contestó con una providencia en la que informó a la policía de que "acuerda acceder a la petición de destrucción de los 16 cartuchos de dinamita y detonadores eléctricos industriales intervenidos a Antonio Toro Castro".

Días después de que se destruyera la dinamita, el confidente Javier Villazón Lavandera, Lavandero, telefoneó a la Guardia Civil para informar de que tenía algo que contar. El 28 de agosto de 2001, Lavandero se entrevistó con el agente de Información del instituto armado Jesús María Campillo, a quien le contó los trapicheos de Toro y Trashorras y le informó de que el segundo le había preguntado si conocía a alguien que supiera montar bombas con teléfonos móviles. Lavandero le dijo al agente que él, por haber estado en las fuerzas especiales, ya sabía cómo conectar el vibrador de un teléfono móvil a una bomba para hacerla estallar.

Esa conversación fue grabada en cinta magnetofónica por Campillo, quien en su informe operativo, según todos los mandos que han comparecido en la comisión de investigación del Congreso sobre el 11-M, no reflejó el detalle de los teléfonos móviles. Esa cinta estuvo en paradero desconocido hasta que fue encontrada casualmente en el puesto de Cancienes por el guardia David Robles. Éste la retuvo hasta el 16 de octubre de este año, cuando la entregó a sus superiores tras escuchar la comparecencia en el Congreso de sus máximos jefes en Asturias.

La confidencia dio lugar a la apertura por parte de la Guardia Civil de la Operación Serpiente, que no dio resultado alguno, entre otros motivos porque algunos de los principales sospechosos se encontraban en prisión en ese momento. El pasado jueves comenzaron las comparecencias en la fiscalía del Tribunal Superior de Asturias para determinar si hubo obstrucción a la justicia por no haberle informado de citada grabación.