El instructor jefe del 11-M asegura que desde el mismo día 11 nunca se consideró una autoría distinta a la islamista

El 11-M forma parte de la estrategia diseñada por Al Qaeda para la guerra de Irak.- "Yo desde el 11 de marzo hasta fecha de hoy no he recibido ninguna comunicación que vincule cualquier otro tipo de trama, que no sea islamista con el 11-M"

05-03-07 - Europa Press

El instructor jefe de las diligencias e inspector jefe de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) en el momento de los atentados del 11 de maezo en Madrid, testigo protegido que continuó hoy contestando a las preguntas de la fiscal Olga Sánchez en la reanudación del juicio del 11-M, indicó que en 'ningún momento' de la investigación llevada a cabo tras la masacre recibió 'ninguna comunicación sobre la participación de ninguna trama no islamista en el 11-M'.





A preguntas de una de las acusaciones particulares sobre las pesquisas realizadas por la Policía Nacional en relación con una posible participación de la banda terrorista ETA en la masacre, el instructor puso de manifiesto que desde el mismo día 11, todas las unidades de la Comisaría General iniciaron sus respectivas investigaciones. Entre las unidades --explicó-- se encontraba la responsable de Interior, encargada habitualmente de investigar la comisión de atentados etarras.

A pesar del inicio de estas investigaciones paralelas, el inspector jefe dijo no haber sido informado de la colaboración en los atentados de 'ninguna trama no islamista'. 'Si hubiera existido se me hubiera comunicado', precisó.


"Eligieron España por ser el eslabón más débil del trío de las Azores"

05-03-07 - elpais.com / EL PAÍS

El inspector jefe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que declara bajo el sistema de protección de testigos y que ha identificado como agente número 18.403, ha señalado esta mañana, en la apertura de la décima sesión del juicio del 11-M, que los terroristas eligieron España como el objetivo del brutal atentado "por ser el eslabón más débil" del llamado trío de las Azores. El agente, al cargo de las diligencias de la investigación, se refería a la reunión en la que Bush, Blair y Aznar prepararon la guerra de Irak.

El que fuera el instructor jefe que instruyó la investigación abierta a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004, que declara desde un ángulo de la sala y protegido por unas cortinas que preservan su identidad, ha reconocido además que la Policía localizó por primera vez en 2003 la finca de Chinchón en la que supuestamente se montaron las bombas a raíz de los atentados de Casablanca, pero dejaron el caso "en suspenso" al huir a Marruecos el sospechoso que la había alquilado en 2002, Mustafa El Maymouni, encarcelado en ese país.


La policía enmarca el 11-M en la estrategia diseñada por Al Qaeda para la guerra de Irak

La célula que cometió el 11-M "obedecía" las directrices marcadas por Al Qaeda dentro "de una estrategia perfectamente diseñada sobre el conflicto iraquí", según el instructor general de las diligencias, José Luis Serrano, entonces jefe de la sección sobre terrorismo magrebí de la Comisaría General de Información. Osama Bin Laden, relató, dio su plácet genérico y anticipado para un atentado como el de Madrid, cuyo plan ya había sido esbozado por el sirio español Mustafá Setmarian Nassar, Abu Musab al Suri, profesor de terrorismo en Afganistán, al que se da por preso en una cárcel secreta.

Esa red, creada por "selección natural" de células islamistas que se iban disgregando, se constituyó en una estructura local "que seguía, obedecía y copiaba las directrices de una estructura más amplia llamada Al Qaeda". Local y general se retroalimentaban, hasta el punto de que la primera "cumplía la estrategia perfectamente diseñada de Al Qaeda sobre el conflicto iraquí", dijo José Luis Serrano. Bin Laden habría dado en octubre de 2003 "su visto bueno a la estructura en España para que llevara a cabo el atentado sin tener la aprobación directa de Al Qaeda, como ocurría antes del 11-S".

El atentado lo habría llevado a cabo el GICM, vinculado a Al Qaeda, en cuyo campo de entrenamiento de Jalalabad ya había instruido a terroristas "sobre el encendido a distancia de temporizadores y el uso de teléfonos móviles para activar artefactos". El plan de atacar los trenes, una vez detectada España como "el eslabón más débil" de los países con tropas en Irak, "ya había sido planificado por Setmarian", por cuya captura el FBI ofrecía 25 millones de dólares. Ahora se da a esta persona por presa en una cárcel secreta de EE UU, aunque también se le ha ubicado en Guantánamo.

El inspector jefe que ya abrió el jueves por la tarde la fase testifical tras nueve sesiones en las que han declarado los 29 procesados, ha añadido que el 13 de marzo de 2004 la Policía no barajó ningún dato sobre suicidas en los trenes: "Ése es un dato que lógicamente esperábamos desde el primer día, porque si lo hubiera habido era signo directo de que el atentado era obra de islamistas; pero, en ningún momento se tuvo conocimiento de que lo hubiera". Respecto a si fue el acusado José Emilio Suárez Trashorras la persona que facilitó los datos el 17 de marzo de 2004 para localizar la finca, el testigo, el primero que comparece ante el tribunal y que comenzó a declarar el pasado miércoles, ha recordado que ya se conocía que esa finca había sido alquilada por Maymouni en octubre de 2003 y "con esos datos se localiza".

Comprobaron, ha añadido el testigo, que la finca la había alquilado, con identidad falsa, el suicida Jamal Ahmidan, El Chino, que, según se supo después del 11-M, había regresado a España en el verano de 2003. En este sentido, ha señalado que, a posteriori, los investigadores determinaron que octubre de 2003 es la fecha en la que se hacen los preparativos finales para los atentados porque "se lleva a acabo de forma más directa y rápida la concreción de los grupos y la relación entre todos ellos". "De esa estructura (la de El Chino) no teníamos ningún conocimiento, ni siquiera conocimiento de que estuvieran aquí (en España)", ha asegurado el testigo, al precisar que lo que sí manejaban eran datos del "seguimiento de actividades de sectores vinculados al salafismo en el sumario abierto a raíz de los atentados de Casablanca", en mayo de 2003.

También ha indicado que había abierta una investigación sobre la estructura de Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino, y reuniones en el local de la calle de Virgen de El Coro que tenía alquilado el acusado Mouhannad Almallah Dabas. Con los restos de las investigaciones sobre la célula de Maymouni y la de el líder de Al Qaeda en España, Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, los investigadores, confeccionaron, tras el 11-M, cuadros con fotos de las personas que creíamos estaban al frente de los grupos que perpetraron los atentados: El Chino, Rabei Osman El Sayed -alias Mohamed El Egipcio- y los huidos Amer Azizi y Said Berraj, entre otros.

Este primer testigo del juicio ha recordado también que la investigación de los explosivos utilizados en el 11-M pasó ser llevada por la Guardia Civil tras la primera detención del ex cuñado de Trashorras, el también acusado Antonio Toro, el 27 de marzo de 2004, "por indicación de la autoridad judicial y de nuestra superioridad". Tras indicar que no se comunicó "ninguna motivación" específica para esa "división" en la investigación, ha añadido que su sección estaba "centrada" en las "redes islamistas", si bien dijo que disponían de una "información genérica" de los explosivos.


Ningún colaborador avisó a su sección de los atentados

Europa Press

El instructor jefe de las diligencias e inspector jefe de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) en el momento de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, concretó hoy a preguntas de las acusaciones particulares que ningún colaborador de su sección facilitó "información previa sobre los atentados". "Nadie avisó o facilitó datos sobre la comisión de un atentado", indicó.

El testigo protegido reconoció, no obstante, que la unidad sí contaba con informaciones sobre la creación, miembros y celebración de reuniones de "alguno de los grupos" que posteriormente resultaron estar relacionados con las explosiones en los trenes de cercanías de Madrid.

En relación con los confidentes indicó, además, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no proporcionó a su sección informes sobre el acusado Rafa Zouhier ni comunicó que éste era colaborador suyo y había informado de la existencia de una red de tráfico de explosivos.
La detención de Zouhier se produjo después de la de José Emilio Suárez Trashorras, que según considera acreditado la Fiscalía proporcionó a la célula terrorista islamista los explosivos utilizados en la masacre.

Durante la continuación del interrogatorio del testigo tras el receso de mediodía, volvieron a surgir preguntas relacionadas sobre la alerta de riesgo de atentados islamistas en España. El instructor jefe de las diligencias precisó que el aviso a la superioridad se realizó a través de una nota interna elaborada por la sección correspondiente y dirigida a su superior inmediato.

En un momento de la ronda de preguntas de las acusaciones, el presidente del Tribunal, Javier Gómez Bermúdez, instó al letrado que representa a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M a retirar una de las cuestiones planteadas al inspector jefe, referente al testigo protegido "Cartagena". El presidente precisó que las preguntas realizadas por las acusaciones deben seguir la línea del escrito presentado por cada una de ellas antes del inicio del juicio y no sobrepasar o contradecir su teoría acusatoria.

Ante la sucesión de preguntas de esta acusación y otras sobre la banda terrorista y su posible participación en los atentados, Gómez Bermúdez, precisó que la forma de trabajar de los cuerpos policiales no son objeto de análisis, al igual que su organigrama interno.

El presidente del tribunal intervino nuevamente durante el interrogatorio realizado por el abogado del acusado Jamal Zougam, José Luis Abascal, que preguntó al testigo por la manera de proceder de su unidad en la obtención de datos relacionados con la tarjeta telefónica localizada en una mochila aparecida en el distrito madrileño de Vallecas.

El inspector concretó que las gestiones en las distintas compañías telefónicas comenzaron inmediatamente después de los atentados, el día 12. La solicitud a las compañías se realizó con autorización judicial, explicó el miembro de la UCIE, que concretó que se les pidió que guardaran durante el tiempo que fuera necesario todos los datos relacionados con la citada tarjeta. "Nos interesaba que los datos persistieran", añadió.

Ante la continuación de preguntas de Abascal referentes a estas gestiones de investigación Gómez Bermúdez interrumpió al abogado y dijo: "Pido a los letrados que tengan el mínimo de decoro exigible en el estrado y que no lean el periódico".

El letrado preguntó además al testigo sobre su relación con el confidente y testigo protegido conocido como "Cartagena". El inspector jefe de la UCIE en el momento de los atentados reconoció que tenía constancia de que era colaborador de uno de los grupos que dependían de él y precisó que el tratamiento de "Cartagena" lo llevaban a cabo dos funcionarios. "Nunca se le pidió que llevara a cabo ningún tipo de actividad concreta", indicó.

El turno de preguntas de Abascal se cerró con otra reconvención del presidente del tribunal que se produjo después de que el abogado inquiriera por "la Unidad de Euskalerría en Irak". "No ha lugar por impertinente", dijo Gómez Bermúdez.


El segundo testigo de la UCIE (testigo protegido 81.572) detalla el proceso para identificar a los autores

Europa Press

En la declaración de ayer el segundo testigo de la UCIE, inspector de la unidad, detalló --remitiéndose a sus funciones como secretario judicial en distintas diligencias-- el proceso llevado a cabo para identificar a los autores a través del tráfico de las tarjetas telefónicas de los móviles, así como la interrelación y conexiones entre los diversos miembros de la célula a través del registro de llamadas y de los números localizados en las agendas de sus teléfonos.

También aclaró las diligencias y la documentación existente respecto a varias comisiones rogatorias destinadas a rastrear el tráfico de llamadas del acusado Hassan el Haski, presunto autor intelectual
de los atentados y para el que la Fiscalía solicita una pena de 38.656 años de prisión.

Además, explicó, entre otros pormenores, que gracias a la declaración de un testigo protegido, la Policía concretó la constitución de la célula de Villaverde (Madrid) en el 2002, mediante la celebración de una serie de reuniones en un piso de la localidad organizadas por Mustaphá El Maimouni, encarcelado actualmente en Marruecos por su relación con los atentados de Casablanca.

Asimismo, el inspector de la UCIE detalló que, por entonces, también se constituyó la célula del barrio de Lavapiés con la presencia del procesado por 191 asesinatos terroristas y otros 1755 en grado de tentativa, Jamal Zougam.

Otra de las líneas de su declaración fue la referente a las diligencias elaboradas en colaboración con países europeos, sobre los contactos telefónicos de los procesados Abdelmajid Bouchard y Youssef Belhadj, y su vinculación con varios miembros de las células que intervinieron en la organización de la masacre de Atocha.

En lo referente a la investigación de Leganés y en su papel de secretario, el inspector precisó que fue el mismo día --el 3 de abril del 2004-- en que se suicidaron en Leganés siete de los terroristas que participaron en el atentado el momento en que se iniciaron los trámites para averiguar quién contrató el alquiler de la vivienda. También detalló que fue en esa fecha cuando se inician las pesquisas para corroborar quienes habían tenido contacto con los terroristas suicidas durante su estancia en el inmueble.

Las defensas de los acusados mencionados por el inspector durante su declaración a la Fiscalía solicitaron precisiones sobre las afirmaciones realizadas por el funcionario policial, que aludió en todo los casos al desconocimiento sobre los hechos cuestionados, alegando que únicamente participó en interrogatorios como instructor o secretario judicial de determinadas diligencias.


El presidente del tribunal reconviene a un abogado y le conmina a no salirse de su papel de acusación



06-03-07 - EL PAÍS

En la sesión de ayer, el tribunal conminó a la acusación particular ejercida por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M a ceñirse al caso o a retirar la acusación, debido a algunas preguntas que parecen más de defensa que inquisidoras.

En los primeros momentos de la vista, Gómez Bermúdez conminó al letrado José María de Pablo Hermida, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, a que acuse, de acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales que presentó, o a que retire la acusación. De Pablo lleva desde el inicio del juicio formulando preguntas sobre vínculos entre islamistas y etarras, y ejerciendo la acusación como si fuera una defensa, claramente alineada en la denominada teoría de la conspiración.

"El letrado explicará cuál es la relación de su postura como acusación particular con esa pregunta y otras que está formulando y que le he dejado formular porque podían tener un sentido equívoco. Le recuerdo que, a diferencia del Ministerio Fiscal, que en su condición de defensor de la legalidad puede llegar a pedir la absolución, la única posibilidad que le queda a las acusaciones particulares es retirar la acusación o sostenerla. Por lo tanto, su interrogatorio e intervención tiene que ir en defensa de sus conclusiones provisionales. Y en su escrito no hay ninguna referencia a eso que pregunta..."

El presidente explicó en la sala que sólo el fiscal, siendo acusación, puede acusar o solicitar la absolución, puesto que la Constitución le otorga el papel de defensor de la legalidad. Sin embargo, las acusaciones como partes activas sólo pueden actuar en el juicio para sostener sus tesis acusatorias o retirar la acusación. No pueden plantear tesis alternativas para profundizar en otras líneas de investigación ni ayudar a las defensas, porque la legislación relativa al procedimiento no lo permite. Así lo advirtió el presidente del tribunal ante el cariz de las preguntas del abogado De Pablo.

El segundo toque fue cuando el defensor de Zougam preguntó por qué no se había pedido autorización judicial para, ya a partir del 12 de marzo, conocer el tráfico de llamadas de las tarjetas telefónicas relacionadas con los atentados. "¿En qué precepto legal se dice que es obligatorio pedir autorización judicial para conocer un tráfico de llamadas?", preguntó Gómez Bermúdez. Como ese precepto no existe, porque la autorización judicial es obligada para intervenir los teléfonos y oír las conversaciones, pero no lo es para investigar el tráfico de llamadas entre números, el abogado no preguntó más. La pregunta tenía su origen en la portada de El Mundo de ayer que aseguraba que se pidieron sin orden judicial y que era imposible que la policía llegara a conocer los tráficos, porque Amena (ahora Orange) borra los registros a las 72 horas. El inspector explicó que ya el día 12 se pidió a la compañía que guardara todos los datos relacionados con la tarjeta de la única mochila desactivada y las relacionadas con ellas o vendidas en la misma tanda. Esas tarjetas condujeron a Zougam y a desentrañar la trama.