1/7/05

Final agridulce

01-07-05 - EL PAíS

El Congreso de los Diputados cerró ayer los trabajos de la comisión de investigación del 11-M con un final agridulce, de conclusiones de mínimos, como no podía ser de otro modo, pero que no resta mérito a lo acordado. Es positivo que al menos haya habido un consenso en reforzar las medidas de seguridad y la ayuda a las víctimas, porque ésos han sido precisamente los dos grandes agujeros negros que se han evidenciado en más de un año de trabajo.

Terminó con los bramidos del jefe del grupo parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, hablando de atropellos y de intentos del PSOE y de sus socios de silenciar al principal partido de la oposición y a los medios que, según él, representan la prensa libre para impedir que se sepa la verdad sobre el atentado de Madrid. El portavoz del PP se ha convertido en un agitador de eslóganes que en nada contribuye a descrispar el clima político y serenar el discurso de su líder, Mariano Rajoy. Es demagógico afirmar, como hizo Zaplana, que la comisión se cierra en falso, que se haya querido torpedear la búsqueda de la verdad y que las pocas certezas que ha habido sean gracias a su partido. El PP se ha equivocado hasta la náusea en la función que esta comisión parlamentaria debía desempeñar. Quiso convertirla en un tribunal que debía seguir trabajando sin plazo alguno como si no existiera una investigación judicial y policial que está reportando frutos. Y la utilizó como ventilador desde donde extender la nube tóxica de las versiones delirantes del 11-M inventadas por esos medios tan libres que les apoyan.

Era lógico que la propia filosofía con la que se creó e incluso su proximidad con los hechos imposibilitara la unanimidad en las conclusiones. Nadie podía pensar sensatamente que el PP se sumaría a la censura del gobierno de Aznar. Y todo ello pese a que el PSOE logró persuadir a los demás grupos para rebajar el tono del documento final. Las conclusiones políticas, aprobadas por todos excepto los populares, indican que el anterior Ejecutivo "infravaloró" la amenaza islamista y que "manipuló y tergiversó" la investigación por intereses electorales. Hacer reprobaciones individuales contra Aznar y los ex ministros Acebes, Zaplana y Palacio, como querían IU y Esquerra Republicana, no hubiese conducido a nada más que a desviar la certeza de que la responsabilidad recayó exclusivamente en los terroristas.



11-M, cierre político

01-07-05 - La Vanguardia

El Congreso de los Diputados cerró ayer la comisión parlamentaria de investigación por los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid. Las conclusiones aprobadas por todos los grupos, excepto el del Partido Popular, sostienen que el gobierno de José María Aznar infravaloró la amenaza del terrorismo islamista y manipuló y tergiversó la información por interés electoral.

Toda comisión parlamentaria de investigación tiene como objetivo el análisis de los hechos para determinar si hay responsabilidades políticas (nunca penales, de las que se encargan los jueces) y, en todo caso, para proponer las recomendaciones oportunas en previsión del futuro. Hay quien confunde, por poca tradición democrática, la búsqueda de responsabilidades políticas con un escenario de acusaciones y contracusaciones que exaspera a los ciudadanos. Una exasperación que personificó en su día ante la comisión la portavoz de la Asociación de Víctimas del 11-M, Pilar Manjón, que acusó a los comisionados de perderse en batallas políticas en lugar de determinar a los responsables directos e indirectos.

Respecto a las conclusiones, es superfluo pedir responsabilidades políticas al anterior gobierno después de haber perdido unas elecciones. Ésa es la tesis de PSOE y CiU, partidos que rechazaron la pretensión de ERC, PNV y el grupo mixto de reprobar a Aznar, Acebes, Zaplana y Ana Palacio. El PP, que rechazó las conclusiones, insistió en la tesis jamás fundamentada en hechos concretos de que ETA está detrás de unos atentados cuyos autores prepararon para provocar el vuelco electoral. Una actitud a la defensiva que nada les beneficia. El cierre de la comisión puede ser un balón de oxígeno.

Mucho más interesante resulta el capítulo de las recomendaciones, entre las que destacan las medidas de apoyo a los afectados o dirigidas a corregir los fallos en la seguridad del Estado. Asimismo, la comisión exige aumentar la coordinación policial y judicial y fortalecer la cooperación internacional. A estas alturas parecería innecesario, y no lo es, el acuerdo para reforzar la unidad política y no hacer uso partidista de la lucha antiterrorista ni del dolor de las víctimas.


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