Esquizofrenia procesal (Editorial de EL PAÍS)

21-06-07

El trámite de conclusiones definitivas en el juicio sobre el 11-M ha dado ocasión a algunas acusaciones populares, en especial las que representan a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), de ofrecer todo un recital de esquizofrenia procesal. Ésta es la expresión utilizada con acierto por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional para calificar la extraña actuación mantenida por esas acusaciones a lo largo del proceso. La libertad de defensa tolera tales comportamientos, por más anómalos que resulten procesalmente, y así ha sucedido en el juicio sobre el 11-M, en el que este derecho no ha encontrado prácticamente límite alguno, salvo en lo que se refiere a la fiscal del caso, Olga Sánchez, apercibida por el presidente por lamentarse respecto a la actuación de algunos medios de comunicación.

Al amparo de la libertad de defensa, los abogados de la AVT y otros acusadores han podido perpetrar ante el tribunal el mayor y más descarado fraude procesal jamás visto en los estrados: hacer como que acusan pero buscando, en realidad, la impunidad del delito, la exculpación del delincuente y, en definitiva, el fiasco de las víctimas. Y todo con el fin de hacer prevalecer determinados intereses ideológicos y políticos -a los que pretende dar cobertura el bulo de la teoría de la conspiración- sobre las exigencias del proceso, los intereses de la justicia y la satisfacción de las víctimas. Mientras tanto, esa amplísima libertad de defensa no bastó para permitir a la fiscal defender su labor profesional y su honor personal de los furibundos ataques que el partido de la conspiración, tanto en su rama mediática como política, dirigió contra ella en el proceso paralelo durante la instrucción.

La traca final montada por los abogados directos y asociados de la AVT ha mostrado, en todo caso, que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional se quedó corto en su diagnosis. No sólo han vuelto a tirar por tierra la instrucción -algo verdaderamente insólito en quien actúa como acusación en un juicio- y han seguido alimentando sospechas de autorías desconocidas y situadas extramuros del proceso, sino que han llegado a pedir explícitamente y sin reparo la absolución de algunos de los presuntos terroristas sentados en el banquillo.

Uno de ellos admitió que ETA no ha aflorado en el proceso, pero defendió que ya aparecerá si se sigue investigando. Otro dictaminó que "ETA está ahí y punto", sin prueba alguna, sólo porque se lo dice su olfato. Y un tercero habló de una "cuarta trama", sin un mero indicio, pero evocando un misterio irresuelto, que es de lo que se trata. Se comprende que otras acusaciones, fieles a su papel, se hayan desmarcado de una instrumentación tan sectaria del proceso y que, además, puede dar pistas a los abogados de etarras sobre cómo dificultar su condena. Pero que esa tarea la protagonicen abogados de la AVT, alentados desde medios y a veces dirigentes de la oposición, es todavía más lamentable e incomprensible.