Todas las acusaciones han retirado los cargos contra Brahim Moussaten, que será absuelto en sentencia
- Ministerio Fiscal [PDF]
- Asociación 11-M Afectados de Terrorrismo [PDF]
- Asociación 11-M Ayuda a las víctimas del 11-M [PDF]
- AVT [PDF]
La Fiscalía eleva su petición para Zouhier y El Ganoui a más de 38.000 años de cárcel y rebaja la de Ghalyoun a 12
04-06-07 - Europa Press
La fiscal de la Audiencia Nacional Olga Sánchez pidió esta tarde al tribunal del 11-M que condene al confidente de la Guardia Civil Rafa Zouhier a un total de 38.958 años de cárcel, en vez de los 20 que solicitaba en su escrito de calificaciones provisionales. En cambio, en sus conclusiones definitivas rebaja su petición de pena para Basel Ghalyoun de 38.654 a 12 años de prisión.
El cambio de modificación de pena para Zouhier se debe a que antes de comenzar el juicio, la Fiscalía le consideraba autor de los delitos de colaboración con organización terrorista y suministro de sustancias explosivos. Ahora, una vez terminadas todas las pruebas, también le considera autor de 191 delitos de asesinatos y 1841 en grado de tentativa, así como cuatro estragos como cooperador necesario.
En cuanto a Basel Ghalyoun, la Fiscalía ha pasado de considerarle autor material de los atentados a imputarle un mero delito de pertenencia a organización terrorista, al modificar ante el tribunal su declaración la única testigo que le había reconocido en uno de los convoyes.
Además de Zouhier, el Ministerio Público acusa también a otro de los procesados como autor material. Se trata de Othman El Gnaoui, que pasa de los 24 años solicitados en un inicio por pertenencia a organización terrorista, suministro de sustancias explosivas y falsificación en documento oficial, a un total de 38.962, al añadírsele también los 191 asesinatos y 1841 en grado de tentativa, así como cuatro estragos.
1841 ASESINATOS EN GRADO DE TENTATIVA.
Los demás presuntos autores materiales e intelectuales de los atentados han visto aumentada su pena en 306 años de cárcel más, ya que la Fiscalía considera que el número real de heridos en la masacre es de 1841 y no de 1824 como decía inicialmente.
En este sentido, el escrito de calificación fiscal, de 342 páginas, hace una especial referencia a los diálogos interceptados en Italia a Rabei Osman el Sayed, alias "Mohamed El Egipcio". Según la Fiscalía, demuestran que tenía "un papel de autoridad", porque daba instrucciones. Además, destaca que en ellos el acusado citaba "expresamente a sus hermanos de allá (España), muertos en los atentados suicidas (se han ido con Dios)".
ACUSACIÓN RETIRADA.
Los que sí han resultado beneficiados por la calificación final de la Fiscalía son Javier González, "el Dinamita", y Brahim Moussaten, uno de los sobrinos del presunto ideólogo Youssef Belhadj, ya que a ambos se les ha retirado la acusación que pesaba sobre ellos.
En cuanto a Iván Granados, Sergio Álvarez y Antonio Iván Reis, la Fiscalía fija su petición de pena en cuatro años de cárcel por un delito de asociación ilícita y otro de suministro de explosivos. Inicialmente pedía para ellos 8 años.
Por su parte, Carmen Toro ha visto aumentada su petición de pena a 6 años, al añadir a los 4 años iniciales por suministro de sustancias explosivas otros 2 por asociación ilicita.
GOMA ECO Y GOMA 2 EC.
En cuanto a las modificaciones realizadas por la Fiscalía en sus conclusiones definitivas se encuentra la utilización de Goma 2 EC, además de la Goma 2 ECO.
En su opinión, existe constancia del empleo de ambas dinamitas antes y después de los atentados en la explotación minera en la que consiguió el explosivo.* Para argumentar su conclusión reproduce prácticamente en su integridad el último informe de explosivos realizado durante el juicio.
La Fiscalía no realiza ninguna mención a ETA salvo cuando menciona los informes realizados para investigar hipotéticas relaciones entre esta banda terrorista y los atentados de Madrid.
La Asociación 11-M Afectados y la acusación particular representada por Gonzaló Boye mantienen a Basel Ghalyoun como "autor material"
04-05-07 - Europa Press
La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo retiró de su acusación definitiva las penas que solicitaba por la explosión del piso de Leganés (Madrid) en el caso de los considerados autores intelectuales de los atentados del 11-M. No obstante, en sus conclusiones definitivas, que está previsto hagan públicas esta tarde, la mantiene para los tres principales acusados asturianos, al entender que proporcionaron la dinamita que provocó las explosiones de los trenes y la que mató al GEO Francisco Javier Torronteras, y del procesado que actuó de enlace entre la célula terrorista y Mina Conchita, Rafa Zouhier.
La acusación solicita un total de 391.464 años de cárcel para los 28 acusados para los que mantiene la acusación, tras retirarla para Brahim Moussaten. La cifra definitiva de heridos contabilizados por esta asociación es de 1.841 frente a los 1.824 que consideraba afectados al principio del juicio.
De esta forma para José Emilio Suárez Trashorras solicita 39.350 años de prisión por los delitos de colaboración con organización terrorista, suministro de sustancias explosivas, 191 asesinatos y 1841 en grado de tentativa por los fallecidos y heridos en los trenes, otro asesinato por el GEO de Leganés y otros 18 en grado de tentativa por sus compañeros. Además le acusa de 5 estragos, asociación ilícita, falsificación de documentos, de placas de matrícula y robo de vehículo a motor.
Su ex mujer Carmen Toro se enfrenta a 39.346 y el hermano de ésta, Antonio Toro a 39.346. Sobre el confidente de la UCO recae una petición de pena de 39.312 años como autor por cooperación necesaria para la comisión de los atentados.
Por su parte, los acusados Raúl González Pelaéz, Iván Granados Peña, Javier González, Sergio Álvarez y Antonio Iván Reis han visto reducida la petición de pena de esta asociación contra ellos de 22 años de cárcel a 8, al serles retirada la petición por un delito de colaboración con organización terrorista y rebajárseles la pena por suministro, tráfico o transporte de explosivos. El vigilante de Mina Conchita, Emilio Llano, sufre también una merma en los años de prisión que la asociación solicita en su caso al considerar los letrados que no formaba parte del grupo delictivo de Suárez Trashorras.
AUTORES MATERIALES
Los tres procesados por la autoría material de los hechos Jamal Zougam, Basel Ghalyoun y Abdelmajid Bouchar mantienen una solicitud de pena de 38.960 por los delitos de integración en organización terrorista, 191 asesinatos terroristas, 1.841 en grado de tentativa y 4 estragos terroristas.
En el caso de los autores intelectuales Rabei Osman El Sayed alias Mohamed "El Egipcio", Hassan El Haski y Youssef Belhadj 11-M Afectados por el Terrorismo pide 38.962 años de prisión. Los tres han visto reducida la pena solitada tras la retirada de la responsabilidad criminal por los hechos de Leganés.
Por su parte la asociación ha retirado el delito de conspiración para el asesinato por el que pedía 15 años de prisión en los casos de Hamid Ahmidan, Mohamed Bouharrat, Mahmoud Slimane Aoun y Nasreddine Bousbaa, que estaban vinculados con algunos de los suicidas de Leganés. Ahmidan mantiene la pena más elevada (25 años y medio) de todos ellos a causa del delito contra la salud pública ya que en el registro de su domicilio se encontraron grandes cantidades de pastillas y hachís.
Esta acusación popular retira, por otra parte la acusación de colaboración con organización terrorista en el caso de Brahim Moussaten. En el resto de los casos la asociación que preside Pilar Manjón mantiene las penas que ya solicitaba en su petición provisional salvo para Fouat El Morabit para que el solicita dos años más que anteriormente por el delito de integración en organización terrorista.
EXPLOSIVOS
La Asociación de Afectados por el 11-M explica la aparición de sustancias ajenas habitualmente a la composición de la Goma 2 ECO (dinitrotolueno y pequeñas trazas de nitroglicerina) en que ambas sustancias son componentes también de la Goma 2 EC. Por ello afirman que en los trenes se utilizaron estos dos tipos de explosivos, que fueron proporcionados por Suárez Trashorras y los hermanos Toro y que se utilizaban habitualmente en Mina Conchita.
Asimismo destacan que los explosivos encontrados en la explotación minera en un registro efectuado en junio de 2004 (dos bolsas de Goma 2 EC y dos de Goma 2 ECO), a pesar de estar en malas condiciones de conservación no eran en absoluto mantiene inerte y mantenían su capacidad explosiva. El escrito de acusación definitiva de esta acusación popular, de 200 páginas, no realiza ninguna mención a la organización terrorista ETA.
El abogado Gonzalo Boye, que representa a una viuda y al hijo de ésta en el juicio por los atentados del 11-M, solicita penas superiores a los 42.640 años de prisión para los presuntos autores materiales de la masacre (Jamal Zougam y Basel Ghalyoun) los considerados autores intelectuales (Rabei Osman "El Egipcio" y Youssef Belhadj) y también, como cooperadores necesarios, para el confidente de la Guardia Civil Rafa Zouhier y para los miembros de la "trama asturiana" que facilitó los explosivos José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro.
En su escrito de calificación definitiva, esta parte pide también una pena muy alta, de 42.644 años de prisión, para la ex mujer de Suárez Trashorras y hermana de Antonio, Carmen Toro, al considerarla cómplice de los 191 asesinatos y 1.841 heridos consecuencia de los atentados.
Boye solicita un millón de euros de indemnización para sus dos clientes y, aunque estima que la entrada de España en la Guerra de Irak debería haber acrecentado el celo de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra el terrorismo islamista -lo que, en su opinión, no se produjo-, desiste de su intención inicial de reclamar responsabilidad civil al Estado. Cree que esta petición puede provocar que la Abogacía del Estado plantee una nulidad de actuaciones que sólo beneficiaría a los acusados en este proceso.
Así, la pena más alta solicitada por esta tarde es para Suárez Trashorras, de un tota l de 42.659 años de prisión. Le acusa de colaboración con organización terrorista, asociación ilícita, suministro de sustancias explosivas, robo de vehículo y falsificación de placas de matrícula, además de ser cooperador necesario en los asesinatos del 11-M. También considera cooperador a su ex cuñado Antonio Toro, para quien solicita 42.654 años de prisión en total.
LA "COARTADA" DE ZOUHIER.
Boye pide pena similar, de 42.650 años de cárcel, para el confidente de la Guardia Civil Rafa Zouhier, también como cooperador necesario en los asesinatos. Dice que fue un "personaje absolutamente necesario en la dinámica comisiva de los atentados", ya que puso en contacto a Jamal Ahmidan -uno de los siete terroristas que se suicidaron en Leganés (Madrid) el 3 de abril de 2004-, con el grupo asturiano de proveedores de explosivos.
En su escrito, este letrado señala que si bien es cierto que Zouhier advirtió a su contacto en la Guardia Civil sobre la existencia de unos explosivos el el mercado en los años 2001 y principios de 2003, lo hizo "con el sólo fin de poder usarlo de coartada en caso de complicaciones". Sin embargo, participó en las negociaciones de adquisición de los explosivos por la "célula" de Ahmidan, "con asunción y menosprecio de las consecuencias".
Para los supuestos ideólogos Rabei Osman y Youssef Belhadj, esta parte pide 42.644 años de cárcel.
Por lo que se refiere a Zougam, pide 42.642 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, 191 asesinatos, 1.841 asesinatos en grado de tentativa y 4 delitos de estragos (en cada uno de los trenes afectados por las explosiones). La misma pena se reclama para el también considerado autor material Basel Ghalyoun
El resto de penas solicitadas por esta parte son bastante menores, y van desde los 23 años y medio que solicita para el primo de Jamal Ahmidan hasta los 2 años de prisión que pide para cada uno de los jóvenes de la "trama asturiana" acusados de trasladar hasta Madrid parte del explosivo utilizado en la masacre: Iván Granados, Javier González Díaz, Sergio Álvarez e Iván Reis.
EXPLOSIVOS.
Sobre los explosivos, esta parte señala que el material recogido en Asturias era Goma 2 ECO, aunque también se utilizó, en menor cantidad, Goma 2 EC "que aún quedaba en la explotación minera olvidada (Mina Conchita) y "producto del descontrol que de esos explosivos tenían tanto Emilio Llanos (el vigilante de la mina procesado) , debido al vacío legal existente entonces como a la propia desidia, carencia de recursos humanos y materiales o falta de rigurosidad por parte de la intervención de explosivos de la Guardia Civil".
Boye, quien tuvo una participación muy activa durante la vista oral, concluye en su escrito que a partir de los atentados, "y en medio del estupor general por la magnitud de los mismos así como del empeño del entonces Gobierno de España por asignar la autoría de éstos a la organización ETA", comenzó una labor policial "ingente, honesta y seria" dirigida a detener a los culpables.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.
Sin embargo, el letrado utiliza buena parte de su escrito, de 76 páginas, en destacar los "fallos, imprevisiones, negligencias, falta de marco normativo, carencia de recurso humanos y materiales etc", que hacen necesario plantearse que, sin los mismos, los hechos objetos de este procedimiento "no no habrían sucedido o, de haberlo hecho, lo serían de muy distinta y, tal vez, minorada forma".
Como ejemplo, cita la existencia de grupos yihadistas que ya estaban siendo investigados por la Audiencia Nacional, intervenciones telefónicas realizadas a los mismos "cuyo destino se desconoce", y la falta de relevancia que le dieron las Fuerzas de Seguridad a las informaciones sobre la existencia de un grupo de personas, en Asturias, "que tenían intención de colocar en el mercado una importante partida de explosivos".
Se refiere también Boye en su escrito a la falta de control en las minas y a la "absoluta descoordinación a alto nivel" entre Policía, Guardia Civil y CNI sobre los datos e informaciones relativas a grupos de islamistas radicales.
"El Ministerio del Interior falló en sus funciones básicas de coordinación, dirección y gestión de los medios de que disponía", según este abogado, que considera que una vez adoptada la decisión de entrar en Irak "lo propio y razonable era adoptar medidas adicionales de seguridad".
Sin embargo, esta parte desiste de la reclamación civil correspondiente al Estado que en su día planteó de forma provisional porque ello podría provocar una causa de nulidad por indefensión a la Abogacía del Estado, a quien no se dio traslado en su día de dicho escrito.
La Asociación 11-M Ayuda insiste en incluir en su escrito final la existencia de una cuarta trama formada posiblemente por miembros de la banda terrorista ETA
04-05-07 - Europa Press
Ayuda a las Víctimas considera acreditada la utilización en los trenes de Goma 2 ECO y Titadyne. La Goma 2 ECO demuestra la participación de la trama asturiana mientras que la dinamita Titadyne apunta hacia lo que en su escrito de conclusiones provisionales llamaba "cuarta trama" y constituye un indicio más de que estaría formada, "posiblemente, por miembros de la banda terrorista ETA". No obstante añade que "se trata de una cuestión que exige una investigación seria".
En este sentido agrega que la ocultación de este dato "obedece al igual que el triste caso del ácido bórico, a la consigna existente en el seno de las Fuerzas de Seguridad de ocultar cualquier posible relación que podía ocultarse entre los atentados del 11-M y la banda terrorista ETA".
Además, esta acusación solicita al tribunal un total de nueve deducciones de testimonio para que se investigue a los testigos que en su opinión han faltado a la verdad. Se trata de los policías o testigos vinculados con la elaboración de un supuesto informe que vinculaba a ETA con los islamistas, los guardias civiles relacionados con la investigación sobre explosivos llevada a cabo en Asturias o que efectuaron análisis sobre las sustancias que explotaron en los trenes.
En concreto, se trata del ex jefe de los TEDAX Jesús Sánchez Manzano y otros dos miembros de este departamento, una de ellas la jefe del Laboratorio Químico; el comisario jefe de la UCAO, Domingo Pérez Castaño; el jefe de la UCO de la Guardia Civil, Félix Hernando; el contacto en la Guardia Civil de Zouhier, Víctor; el comisario de Policía José Cabanillas; la mujer de Jamal Ahmidam, que declaró como testigo protegido, y la persona que fue detenida junto a Suárez Trashorras en el viaje a Asturias.
La AVT defiende la posible autoría de ETA, asegura que no renuncia a continuar investigando y retira la acusación contra 6 procesados
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) defiende en su escrito definitivo de penas solicitados a los acusados por su relación con el 11-M una posible autoría de la banda terrorista ETA de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y destaca que "no renuncia a continuar la investigación hasta llegar a conocer quienes fueron las personas que estuvieron implicadas en la ideación y ejecución de los atentados".
En este sentido insiste en que "hubo elementos" que permitían establecer una relación de ETA con la masacre. "La línea de investigación que pudiera llevar a la organización terrorista ETA como partícipe en algún grado en el atentado convivió con la línea de investigación que apuntaba a una autoría islamista hasta el 13 de marzo, con la confirmación de las investigaciones llevadas a cabo sobre la tarjeta del teléfono del artefacto de la comisaría de Vallecas".
Según esta acusación "no puede mantenerse que el explosivo utilizado en los focos fuera Goma 2 ECO, sino algún otro tipo de dinamita sin que pueda descartarse el uso de Titadyne". Para hacer esta afirmación se remite a la certificación emitida por la empresa Maxam (antigua Unión Española de Explosivos) relativa a que la Goma 2 ECO dejó de fabricarse con nitroglicerina a partir de marzo de 1992.
En su escrito de calificación definitiva, la AVT afirma que en juicio no ha quedado acreditado que la comisión de los atentados tuviera lugar por el designio de ninguna organización terrorista fuera cual fuera su orientación. "Lo que si se ha acreditado es que gran parte de los imputados eran personas que de una u otra forma estaban colaborando con diferentes fuerzas policiales". La negligencia de los controladores permitió que Jamal Ahmidan, alias "El Chino" no pudiera ser detenido.
Además agrega que el atentado no se produjo "como consecuencia de la decisión legítima del Gobierno" de participar en la guerra de Irak, sino que fue ideada "desde que España dentro de su lucha contra el terrorismo de cualquier signo", detuvo a significados representantes de Al Qaeda como Iman Eddin Barakat Yarkas, "Abú Dahdah".
Por ello critica toda la instrucción de la causa y en concreto lo relativo a los explosivos, pericias que según la AVT vinieron determinadas por "la existencia de una idea preconcebida de lo que explotó en los trenes que no casaba con lo que los análisis químicos estaban diciendo".
En su escrito solicita que se depuren las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido los responsables de la investigación "que por dejadez o desidia" hubieran propiciado los atentados.
En cuanto a las penas de los acusados, en el escrito de 16 páginas que hará público esta tarde, la principal modificación es la retirada de la acusación que se efectuaba contra Brahim y Mohamed Moussaten. Además, para los asturianos relacionados con el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, Iván Granados, Antonio Iván Reis Palicio, Javier González, Sergio Alvarez, renuncia también a solicitar su condena al retirarles los delitos de asociación ilícita y tráfico de explosivos al considerar que no han quedado acreditados. En el caso de Raúl Gonzalez mantiene el de tráfico de explosivos.
Respecto a los demás procesados, la AVT mantiene sus peticiones iniciales de pena hasta en el caso de Rabei Osman El Sayed, alias "Mohamed El Egipcio", a pesar de que considera que no se ha acreditado que fuera el instigador intelectual del atentado. Se le acusa de los asesinatos perpetrados en los trenes por haber tenido conocimiento de su preparación y no haber intervenido.
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