La defensa de Trashorras reconoce que éste pudo colaborar con 'El Chino' y propone una condena solo como colaborador en el suministro de dinamita

Pudo mostrarle a Jamal Ahmidan 'El Chino' la ubicación de Mina Conchita, por lo que debería ser condenado, en todo caso como "colaborador material en el suministro de dinamita" con dos circunstancias eximentes: "el trastorno mental y el hecho de que era un colaborador policial", reclamó Gerardo Turiel en su informe final

21-06-07 - Europa Press

El abogado Gerardo Turiel, defensor del ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorrras, admitió hoy que su cliente pudo mostrarle a Jamal Ahmidan, alias "El Chino", la ubicación de Mina Conchita, de donde se robó la dinamita empleada en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, pero, a pesar de ello, en su opinión, sólo debería ser condenado, en todo caso como "colaborador material en el suministro de dinamita" con dos circunstancias eximentes: "el trastorno mental y el hecho de que era un colaborador policial".

El ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras está acusado de colaboración con organización terrorista, suministro y transporte de explosivos, 191 asesinatos terroristas, 1.841 en grado de tentativa, cuatro delitos de estragos terroristas, robo de vehículo a motor, asociación ilícita y falsificación de matriculas. La Fiscalía pide en su caso un total de 38.962 años de prisión, la pena más elevada de las socilitadas.

El letrado destacó que ha quedado claro a lo largo del proceso, a través incluso de informes policiales, que cualquiera podía coger la dinamita de la explotación minera. "Voy a suponer que él participó y colaboró diciendo a "El Chino" que allí había una cosa, pero no cogiéndolo", dijo el abogado. No obstante precisó que de este hecho a acusar a su cliente de cooperación necesaria para la comisión de los atentados "queda todo".

Turiel se centró en la principal acusación que pesa contra Suárez Trashorras, la de facilitar la dinamita al grupo integrista islamista que provocó los atentados. Explicó que en Asturias existe la conocida como "cultura de la dinamita" que provoca que exista sobre el explosivo una concepción distint a la de otros lugares. "No es igual hablarle de dinamita a un minero que a un señor de un pueblo de Albacete", dijo.

Concretó que esta "cultura" viene de dos hechos fundamentales. En primer lugar que se trata de un útil de trabajo y en seguno porque figura, "ya desde los más antiguos convenios laborales", que a los mineros se les descuenta del sueldo el explosivo empleado en su trabajo "para que se autocontrolen", ya que lo van a pagar.

El defensor indicó que a los trabajadores se les descontaban 0,60 céntimos por paquete de dinamita y dijo que "todo el mundo tiene la concepción de que cuando paga algo es suyo". Agregó que existen distintas referencias en la web al uso de dinamita de forma habitual en Asturias en referencia a su utilización para pescar, para desenterrar un árbol y dijo que incluso se habla de ello en la web del Ministerio de Medio Ambiente.

El abogado puso en duda, en una larga exposición de tres horas de duración, que la dinamita empleada en la masacre fuera robada de Mina Conchita y recordó que la empresa Caolines de Merilles, a la que pertenece esta explotación, tiene un total de 17 minas.

A este respecto aseguró que las acusaciones no han logrado demostrar "con certeza" que se extrajera del lugar en que trabajó Suárez Trashorras y destacó que "nadie ha probado aquí cuanta dinamita salió" de allí. "De pronto y probablemente metiendo todas las pruebas en un saco, que es como se obtienen los sacos de pruebas, sale una cantidad de 250 kilos", agregó. "No solo nadie lo demostró es que nadie lo puede saber", apostilló.

No obstante, la Fiscalía --dijo el letrado-- ha dado por hecho que Suárez Trashorras, "que era un malvado y andaba con dinamita para ver que podía hacer de malo", cogió "a unos muchachos de su banda" y "los mandó a Madrid con unas bolsas que no sabemos cuanta dinamita llevaban", ironizó Turiel.

Defendió que lo que transportaron los jóvenes asturianos hasta Madrid no fue explosivo sino hachís y dijo que su cliente no sería "el único trastocado aquí" si existe un grupo que quiere hacer un atentado con dinamita y que además piensa y prorama subir un día a Asturias con dos coches y llevarse la dinamita y al final decide que le envién "la dinamita a cachitos y por el servicio de Alsa".

"No tiene sentido que alguien que va a cometer uno atentados o traficar con explosivos la mande a plazos", agregó. Destacó también la existencia de contradicciones en el relato de hechos del Ministerio Público y puso de manifiesto que al principio se decía que Suárez Trahorras había vendido la dinamita a "El Chino" y después que se la cambiaba por droga.

DECLARACIÓN DE EL GITANILLO

Turiel quitó relevancia a las declaraciones que implican a su cliente realizadas por el menor conocido como "El Gitanillo" y dijo que su declaración "está viciada y no sirve para nada". Destacó que existen cinco versiones distintas de declaraciones del menor.

Se refirió a una de ellas en las que "El Gitanillo" asegura que acompañó el 26 de febrero de 2004 a Suárez Trashorras a la mina por la tarde y que allí se reunieron con dos mineros vestidos con mono azul. Destacó que esta indumentaria "es imposible en la mina" y que distintos testigos han declarado que en la explotación sólo se trabajaba por la mañana.

Dijo también que el día 26 de febrero Suárez Trashorras se encontraba en Madrid ya que regresaba de su viaje de novios, y no cogió el avión de regreso a Asturias hasta las ocho y media de la noche.

TRASTORNO MENTAL

Turiel indicó que ha alegado una eximente en función del trastorno mental de su cliente y resaltó que existe la certificación de que cuando trabajaba en Mina Conchita obtuvo una baja laboral por enfermedad mental. Posteriormente obtuvo la baja definitiva por esquizofrenia paranoide, añadió.

"No es que yo me invente o me lo saque de la manga para sacarle de este apuro" dijo el abogado y agregó que fue el propio Estado el que le concedió esta baja por minusvalía psíquica y una pensión, cosa debe aceptarse como válisa salvo que se piense que "el Estado es prevaricador". Destacó que si en un principio se le fijó una incapacidad de un 57 por ciento, en febrero de 2006 los médicos consideraron en una revisión que su enfermedad se estaba agravando y se subieron la incapacidad al 65 por ciento.