Todos los grupos del Congreso se plantan ante el PP y su teoría conspirativa del 11-M

20-09-06 - Camilo Valdecantos (EL PAÍS)

La gota desbordó el vaso parlamentario. El PP decidió abrir el curso político en el Congreso con una interpelación sobre el 11-M, en la que aireaba sus sospechas sobre la implicación de policías, guardias civiles, militantes socialistas o servicios de información en maniobras para no evitar la matanza, y ayer defendió una moción sobre el mismo asunto. La respuesta no tiene precedentes: todos los grupos parlamentarios plantaron a los populares en su intento de revivir teorías conspirativas sobre el mayor atentado de la historia de España. Los portavoces, desde sus escaños, sin subir a la tribuna, en un gesto de clara negativa a enredarse en las propuestas del PP, se limitaron a dar lectura a una enmienda de sustitución que habían firmado de forma conjunta frente a las pretensiones del PP.

Para ahondar aún más la soledad el PP, el resto de los grupos anunció que hoy, miércoles, celebran una conferencia de prensa conjunta para contestar a la moción que ayer defendió en el Pleno la diputada popular Alicia Castro.

La parlamentaria calificó su propuesta (derrotada por 175 votos frente a los 135 de su grupo) como de petición de información. La moción solicitaba informes sobre los explosivos utilizados en el atentado; "contradicciones sobre la mochila de Vallecas"; "destrucción de pruebas", inspección de vehículos relacionados con el múltiple crimen y, en definitiva, los elementos que ha ido manejando El Mundo en sus informaciones y al que la diputada volvió a citar ayer en su intervención.

Castro fue mucho más allá de lo informativo y volvió a manejar las ideas de conspiración, aunque sin utilizar nunca esta palabra, salvo para volverla del revés: "Olvídense de delirantes conspiraciones en las que nunca hemos participado ni participaremos". Pero los tiros tenían una diana muy precisa: "El Gobierno es responsable de informes falsos, de ocultación de pruebas y de todo tipo de obstáculos a la actuación judicial". La extrema gravedad de estas acusaciones la completó la portavoz del PP asegurando que lo anterior "son hechos que están recogidos en el sumario y que, probablemente, son una de las causas que impiden que, dos años después, no sepamos aún quién atentó contra nuestra sociedad".

La diputada Castro puso abiertamente en duda la autoría islamista del atentado y apuntó una vez más a la participación de ETA. Según dijo en la tribuna, el Gobierno se empeña en "dar credibilidad y validez a hechos que han quedado invalidados como pruebas en el sumario" y citó: "Son la mochila de Vallecas, la furgoneta Renault Kangoo o el Skoda Fabia (...), en los que ustedes se basan para asegurar que fueron los islamistas y no otros quienes cometieron los atentados. Intentan, además, hacer creer que el informe que relaciona a la banda terrorista ETA con el 11-M no existe, sin explicar por qué lo que un día existió hoy no existe o ha desaparecido". La diputada concluyó con una advertencia: el PP no está dispuesto a cejar en su empeño de poner en duda la autoría islamista del atentado. Castro aseguró: "Sepan que si no nos muestran la verdad, no les quepa la menor duda de que otros, mal que les pese, lo harán por ustedes".

Apoyo a los jueces

Frente a la pretensión del Grupo Popular, el resto de la Cámara firmó una enmienda de sustitución, rechazada por los populares, en la que se dice que el Congreso "manifiesta su pleno apoyo a las instituciones del Estado de derecho en relación con los atentados del 11 de marzo de 2004, y su total confianza en las investigaciones que están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Un segundo punto establecía que la Cámara ofrece "su respaldo y respeto a la labor independiente de instrucción, investigación y enjuiciamiento que desarrollan la fiscalía y los jueces y tribunales, desde la convicción de que en nuestro Estado de derecho son estas instituciones las que tienen que esclarecer la verdad material y penal de los atentados del 11 de marzo".

Por fin, la enmienda planteaba que el Congreso manifiesta "su reiteración de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11 de marzo aprobadas por el Congreso de los Diputados, para mejorar la atención a las víctimas, prevenir nuevos atentados e incrementar las condiciones de seguridad".

La sorpresa parlamentaria consistió en que los distintos portavoces se limitaron a levantarse en su escaño y dar lectura, casi literal, al texto anterior, con levísimos subrayados.

El más parco fue el socialista Antonio Hernando, que deslizó en su lectura la expresión de que ellos apoyaban "como el resto de los grupos de la Cámara excepto el PP"... cada uno de los tres puntos de la enmienda.

Uxue Barkos, de Nafarroa Bai (NB), pidió que no se hablase "del resto" de grupos sino de "todos" ante el PP.

Emilio Olabarria (PNV) puso la nota jurídica aduciendo el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos y, por tanto, su grupo, se atiene a lo dicho por la comisión de investigación.

Joan Puig (ERC) acabó con un "señor Acebes, señor Zaplana, señor Aznar: escuchen".

Gaspar Llamazares se dolió de que a estas alturas resulte "necesario luchar por lo que es evidente". Jordi Jane (CiU) también hizo una breve excursión para explicar que su grupo se atiene a la verdad judicial y que siempre ha sido contrario a mezclar las investigaciones parlamentarias con procesos judiciales en curso.


Correa de transmisión (Editorial de EL PAÍS)

Como continuación de la interpelación planteada la semana pasada, el PP presentó ayer ante el pleno del Congreso una moción sobre el 11-M en la que interroga al Gobierno sobre distintos aspectos de la investigación; sobre aquellos, precisamente, que han venido siendo utilizados por un periódico como reclamo para su teoría de la conspiración. Lo que convierte al asunto en un serio problema político no son los delirios de un medio de comunicación, sino que un partido que representa a cerca de 10 millones de votantes se preste a ser utilizado como correa de transmisión.

Toda interpelación, dice el reglamento del Congreso, "podrá dar lugar a una moción en que la Cámara manifieste su posición". De manera que se trata de hacer que el Parlamento en pleno se pronuncie sobre una hipótesis periodística, no avalada por prueba alguna (como sus propios guionistas admiten) y cuyo mero enunciado supone un claro intento de deslegitimación de instituciones y poderes democráticos. La hipótesis de la conspiración une a actores tan diferentes como la policía, ETA y servicios secretos extranjeros detrás del objetivo compartido de provocar la derrota electoral del PP en beneficio del PSOE.

Esto último resulta tan excesivo que Mariano Rajoy ha advertido estos días de que no admitiría en su partido a cualquiera que acusase al PSOE de estar en esa trama. Sin embargo, los autores del libreto seguido por el PP en su moción no dejan de insinuarlo de la manera más retorcida: admiten que no hay pruebas, pero afirman a continuación que la negativa del Gobierno a investigar sobre el "autor intelectual" de los atentados avala la sospecha.

Desde esta lógica precisa planteó el PP su moción, exigiendo explicaciones al Gobierno y pronunciamiento al Parlamento sobre la mochila, la furgoneta Kangoo, el tipo de explosivos utilizados y otras exclusivas de El Mundo, aprovechando algunas lagunas que existen en todo sumario para rellenarlas con conjeturas atendiendo al guión previo. Con la hipocresía adicional de decir que no se acusa de nada: sólo se exige que se investigue. En los últimos días las insinuaciones han pasado a mayores, con acusaciones como que el Gobierno actual ha ocultado o hecho desaparecer informes policiales que apoyarían la hipótesis de la implicación de ETA. Es una acusación muy grave que, si no se prueba, debería tener consecuencias políticas para quienes la han lanzado.

Las interpretaciones fantasiosas sobre asuntos dramáticos siempre encuentran audiencia. Que haya medios de comunicación que aprovechen la credulidad de muchas personas para intrigar sobre los verdaderos autores del 11-M, a despecho de las evidencias materiales y de la semejanza con otros atentados islamistas de masas, resulta penoso; pero no tanto como ver al PP exigiendo explicaciones al Gobierno de España sobre esas fantásticas insinuaciones. La respuesta de todos los partidos ayer en el Congreso, al plantar en redondo al PP y negarse a debatir con su portavoz, no hace sino institucionalizar un creciente malestar que el primer partido de la oposición haría bien en pararse a sopesar.



Sumarios paralelos (Javier Pradera)

La interpelación urgente presentada la semana pasada por el portavoz parlamentario del PP para exigir el "esclarecimiento de la verdad" del 11-M prosiguió la estrategia puesta en marcha por el principal partido de la oposición desde que perdió el poder hace dos años y medio: encenagar las aguas, negar las evidencias y restar legitimidad a la investigación judicial de la Audiencia Nacional; a juicio de Eduardo Zaplana, seguirían existiendo "muchas más sombras que luces" en torno al sangriento atentado. Dictado ya el auto de procesamiento, los hechos acreditados por la instrucción sumarial se corresponden a grandes líneas, sin embargo, con las pautas seguidas por el terrorismo islamista en las matanzas de Nueva York, Casablanca, Londres y Bombay. Los intentos políticos y periodísticos de condicionar desde fuera las diligencias a fin de buscar otra autoría han sido infructuosos: también las presiones para arrebatar la instrucción del sumario al juez Juan del Olmo -poco sumiso a las órdenes dictadas por los medios de comunicación- fracasaron definitivamente la semana pasada cuando el Consejo General del Poder Judicial se limitó a considerar como falta leve una equivocación inintencionada en un trámite menor. Los huecos, discontinuidades y confusiones -inevitables- del relato judicial resultante se deben en gran medida a las dificultades intrínsecas de una investigación compleja, agravadas tras el suicidio en Leganés del núcleo fundamental de los autores de la bárbara acción: las incógnitas aún por despejar no afectan ni al sentido ni a la trama básica de los acontecimientos.

La nueva moción del Grupo Popular sobre la materia debatida ayer en el Congreso retomó los supuestos puntos oscuros de las investigaciones sumariales (la furgoneta abandonada en Alcalá, la mochila trasladada a Vallecas, la dinamita utilizada, etc.) para invalidar la instrucción en su conjunto. A la hora de sembrar dudas, lanzar sospechas y sugerir insidias en torno al trabajo policial y judicial del 11-M, el PP ha contado con la inestimable ayuda de los periodistas de El Mundo y de la radio de los obispos, que se han dedicado desde hace dos años a construir un sumario paralelo de la señorita Pepys para fundamentar unas conclusiones prefijadas de antemano: un enloquecido cómic de imágenes abigarradas dibujado por un lápiz delirante.

El procedimiento de esos supuestos periodistas de investigación es presentar, como si fuesen hipótesis de trabajo verosímiles, una serie de conjeturas descabelladas para exigir a la policía y a los jueces que centren todos sus esfuerzos en investigarlas. Esa falseada narración atribuye a los terroristas islamistas una participación a lo sumo subalterna en la ejecución material del atentado, supuestamente organizado por un estado mayor conjunto formado por ETA, espías extranjeros y miembros de los cuerpos de seguridad y de inteligencia españoles a fin de hacer perder las elecciones al PP y elevar a Zapatero al poder; sabedor de su deuda con los terroristas, el presidente del Gobierno boicotearía conscientemente la investigación del 11-M. Esa extravagante tesis se acoge a las reglas de la probatio diabolica: quienes la formulan no están obligados a demostrar su veracidad y corresponde a quienes la rechazan probar su falsedad. En el montaje de esa tergiversación desempeñan un papel estelar los delincuentes comunes y confidentes policiales que ayudaron a los islamistas a preparar el crimen y que están imputados en el sumario: sus declaraciones -inverosímiles, cambiantes y autoexculpadoras- son aceptadas como la verdad del Evangelio.

Las motivaciones de los periodistas que tratan de sustituir en su tarea investigadora y enjuiciadora al Poder Judicial mezclan las apuestas políticas con las estrategias comerciales; su ensordecedor ruido mediático se mantendría, sin embargo, dentro de esa burbuja lunática si el PP no hiciese suya tal fabulación. Los dirigentes populares han roto los códigos de comportamiento democrático propios de un Estado de derecho al utilizar la sede del Parlamento para poner en cuestión no sólo la independencia del Poder Judicial sino también la lealtad institucional de los miembros de los cuerpos de seguridad que practicaron las detenciones de los sospechosos del 11-M en las semanas siguientes a la perpetración del crimen: mientras era ministro del Interior el hoy secretario general del PP, Ángel Acebes.