Fabricar pruebas o el fin justifica los medios de la conspiración

Los peritos colaboraron en la trama montada por el ex director de la policía del PP, Agustín Díaz de Mera, y el diario 'El Mundo

30-09-06 - Ernesto Ekaizer

Fue el acusado José Emilio Suárez Trashorras quien puso en evidencia a El Mundo después de que un compinche suyo hiciera declaraciones al diario. El ex minero, imputado como cooperador necesario en el 11-M, dijo a sus padres desde la prisión:

- Mientras el periódico El Mundo pague, si yo estoy fuera les cuento la Guerra Civil española. Desde que nací... Si te vienen con un chequecito cada... ¿Por qué piensas que lo hizo Nayo?

He aquí, pues, el testigo de cargo de la conspiración del 11-M. Ahora hay nuevas evidencias de que no sólo se manipulan testigos; también se fabrican pruebas. Por ejemplo, un documento capital, de cargo, sobre la pretendida relación entre ETA y los islamistas en el atentado del 11-M. Los conspiradores estiman que el fin justifica los medios.

Un día después que EL PAÍS revelase -el miércoles 13- la conversación telefónica interceptada a Suárez Trashorras, el director de la policía durante el mandato del PP, Agustín Díaz de Mera, y Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, profundizaban en una nueva línea de investigación.

"Es un informe real y cierto... que contiene indicios y pruebas de esas conexiones con ETA en un número significativo y muy preocupante. Pero le voy a decir algo más: ese informe tiene autores. Un autor y una autora...", dijo Díaz de Mera a la COPE. Ramírez añadió: "Efectivamente, las personas a las que se encargó esto decidieron hacer éticamente un informe real y no aceptaron la orientación previa [de sus superiores], la posible resultante total. Por eso, ha desaparecido ese informe... Este informe no se ha escrito a boli, seguramente está en algún ordenador... Como yo confío mucho en la ética de la policía, en la ética corporativa... Por eso hay que proteger a las fuentes".

¿Por qué razón se ocultaba este informe sobre la conexión con ETA? "Porque estamos ahora en un proceso de rendición del Estado ante el terror y no se puede ni siquiera insinuar que aquello con lo que se negocia...", explicó Ramírez.

A la luz de la declaración de los tres peritos, que no dos, es evidente que ante el rechazo, en marzo de 2005, de sus especulaciones por parte de sus superiores, el perito que inspiró la operación, Manuel Escribano, resolvió el 11 de julio de 2006 que era menester pasar a la acción. Sacó del ordenador una copia del informe. Como no estaba firmado, propuso a sus dos colegas que lo firmasen. Pero no con fecha de 11 de julio de 2006, sino con la fecha que ya venía, es decir, 21 de marzo de 2005.

Este informe deducía la posible vinculación de ETA, un terrorista anarquista y los islamistas en la matanza del 11-M, a partir de una coincidencia: habían tenido, en años diferentes, ácido bórico. Éste era el informe que según Díaz de Mera, "de salir a la opinión pública y ser puesto a disposición judicial, sería un elemento sustantivo de preocupación".

Ayer, el perito Escribano explicó al juez Baltasar Garzón que, en efecto, el documento había sido firmado el 11 de julio y que dado que era suyo podía hacer lo que quería con él. Habló de la tenencia de ácido bórico por parte de un terrorista islamista y de los autores de un atentado de ETA. El juez le preguntó sobre la relación entre ETA y los islamistas; a saber, qué elementos concretos le llevaban a pensar en esa relación. El perito explicó que ninguno, pero que él creía que era así. El juez le señaló que el atentado de ETA al que aludía tuvo lugar cuatro años antes del 11-M. El perito dijo que él estaba ofreciendo datos a la policía para que investigara. Reconoció que en su dilatada experiencia nunca se había topado con el uso de ácido bórico como explosivo.

Resumen de hechos: los tres peritos -dos de ellos prácticamente sin leerse el informe- sostienen en marzo de 2005 la vinculación ETA-islamista, sus jefes cuestionan la consistencia científica de la teoría y deciden elaborar un informe diferente para elevar a sus superiores. Quince meses más tarde, en julio de 2006, los mismos peritos deciden resucitar el informe. Aunque haya que mentir y firmarlo con una fecha antedatada.

La actividad de los tres peritos se sitúa en el contexto de la trama conspirativa montada por un eurodiputado del Partido Popular y ex director de la policía, Díaz de Mera, y el director de El Mundo.

Resulta evidente que la copia del documento sin firmar no merecía la publicación del mismo en el citado diario. Ramírez tenía razón: estaba en un ordenador. Una vez consumada la fabricación, la publicación era cuestión de estrategia. La fecha elegida fue el 21 de septiembre de 2006. El juez Garzón sostiene que el documento publicado por el citado diario coincide con el documento falsificado.

El último escenario de la conspiración debía ser la jurisdicción penal. Para ello, diferentes organizaciones afines al PP enviaron copias del documento y denuncias a los juzgados de la plaza de Castilla y a la Fiscalía. Fue ésta la que envió una de esas denuncias al juez Garzón, a cargo del caso del terrorista El Haski, al que se encontró el ácido bórico.

El plan de los conspiradores era eludir la Audiencia Nacional e investigar el caso en la plaza de Castilla. La sección primera de la Audiencia Nacional, al remitir el asunto a la plaza de Castilla el pasado 27 de septiembre, parecía allanar el camino a los conspiradores. Porque el auto de traslado prácticamente cerraba los ojos ante la investigación que ya había puesto en marcha el juez Garzón.



Los tramposos (Editorial de EL PAÍS)

La declaración ante el juez Garzón de los tres peritos que elaboraron el informe sobre el ácido bórico intervenido a Hassan el Haski, uno de los presuntos autores intelectuales del 11-M, e intentaron establecer una relación con ETA por haberse encontrado la misma sustancia en un piso franco de la organización terrorista en 2001, ha dado un giro inesperado al caso. Entraron en el juzgado como autores de un informe con el que un periódico había propalado la sospecha de que fue manipulado por sus superiores para ocultar la relación entre ETA y los terroristas islamistas. Pero han salido como imputados por presuntamente haber falsificado, ellos mismos, ese informe.

Según el auto dictado por Garzón tras tomar declaración a los peritos y a los responsables de la Comisaría General de Policía Científica, los supuestos autores de una falsificación documental son los propios peritos y no sus superiores, como pretendían las denuncias llegadas a los tribunales. Por lo que se deduce del auto del juez, los tres redactores del informe lo presentaron el 21 de marzo de 2005 "con carácter de documento interno no oficial" a su superior, el jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, que lo rechazó por contener "opiniones subjetivas y falta de consistencia". Ello no impidió -y ahí radicaría la posible falsedad- que lo intentaran colar el 11 de julio de este año (casi 16 meses después) entregándolo a otro superior como si estuviera redactado el 21 de marzo de 2005, sin advertirle de la citada alteración, que simulaba la fecha de firma y creación de documento.

La intención, según el juez, era "producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica". En cualquier caso, ese mismo documento apareció este 21 de septiembre en la primera página de un periódico como soporte de la enésima invención delirante que trata de dar apariencia de verdad a una supuesta conspiración universal para ocultar las vinculaciones entre ETA y los islamistas en el atentado del 11-M en Madrid.

Garzón tiene razones procesalmente sólidas para investigar todo lo relacionado con el informe sobre el ácido bórico intervenido a Hassan el Haski, también implicado en el sumario por el atentado de Casablanca (Marruecos), que él mismo instruye. Sobre todo, para saber si el ácido bórico podía ser o no un componente explosivo. Pero el problema para los inventores de esta nueva fantasía sobre el ácido bórico es que los peritos imputados han declarado a Garzón que esta sustancia no es un componente explosivo, y que sólo se enteraron de que en teoría podía servir como estabilizante por Internet, ni siquiera por experiencia profesional.

Ahora se comprende muy bien que sus superiores rechazaran el informe y no avalaran elucubraciones sobre autorías comunes con ETA basadas en la mera posesión de una sustancia tan común e irrelevante. Lo que se comprende mal son los motivos de los peritos para actuar con engaño. O no: su actuación, puesta al descubierto por el juez Garzón, abre otro frente preocupante. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar quienes se empeñan contra toda evidencia en probar la inexistente vinculación entre ETA e islamistas en el 11-M? Y sobre todo: ¿cuánta credibilidad está todavía dispuesto a sacrificar el Partido Popular, sus dirigentes y sus militantes, dando pábulo a los delirios de este pertinaz periodismo tóxico, en papel y por las ondas, que no cesa alrededor del peor atentado sufrido jamás por España?



Los falsarios del 11-M (Editorial de ABC)

La imputación, por auto del juez Garzón, de los tres peritos autores de un informe sobre el ácido bórico encontrado en el domicilio del presunto terrorista Hassan El Haski imprime un giro radical a la polémica sobre la supuesta falsedad del documento que, sobre el mismo asunto, fue remitido al juez Juan del Olmo para su incorporación al sumario del 11-M. Por lo pronto, este auto desmonta la veracidad de la información publicada por el diario «El Mundo», amplificada por el presentador del programa «La Mañana», de la cadena Cope, Federico Jiménez, empeñados, a toda costa y pasando por encima de cualquier principio de responsabilidad pública y ética, en mantener el 11-M en el centro de la vida pública española, y no en beneficio de las víctimas y de la más ejemplar y eficaz administración de Justicia, únicos referentes de ABC en relación con aquel brutal atentado terrorista, sino de sus propias estrategias editoriales y comerciales.

Según el auto del juez Garzón, lo que los tres peritos ahora imputados presentaron como informe fechado y firmado el 21 de marzo de 2005 resultó ser un documento impreso desde su archivo informático el 11 de julio de 2006, es decir, un año y cuatro meses después de la elaboración del dictamen supuestamente original. Esta información, obtenida por Garzón durante la declaración testifical de los peritos, supone una inversión en la identidad de los imputados, en el documento falsificado y en la interpretación dada por los citados medios de comunicación para el sostenimiento de su «teoría conspirativa». Y no es la primera ni la segunda ocasión en que éstos quedan al descubierto.

Paralelamente, hay que constatar como una amenaza para la confianza ciudadana en el Estado la sucesión de escándalos en la Policía, siendo inaplazable la adopción de medidas urgentes para poner coto al desprestigio que se cierne sobre este cuerpo de seguridad del Estado. Primero fueron las detenciones ilegales de dos militantes del PP, saldadas con condenas, aún no firmes, a los funcionarios policiales que las llevaron a cabo. También sigue pendiente de aclarar, y se hace apremiante la explicación, quién es el «soplón» de la Comisaría General de Información que advirtió a la red de extorsión de ETA de la operación policial que había preparado el juez Grande-Marlaska. Y ahora este grave episodio de falsedades documentales y conciliábulos entre policías y medios de comunicación, no menos reprobables que los que se perpetraron entre el 11 y el 13 de marzo para propalar noticias no menos falsas que la del informe pericial sobre el ácido bórico.

Ahora, además, hay que aclarar la compleja situación procesal de estos documentos periciales y sus autores, sobre los que hay dos investigaciones en marcha y dos autos contradictorios -el de Garzón y el de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- en cuanto al informe falso y, por tanto, en cuanto a los posibles responsables. El juez Garzón ha citado a los peritos imputados para recibirles declaración como tales el próximo 18 de octubre, ignorando el citado auto de la Sala de lo Penal y las diligencias abiertas por un juzgado de Instrucción de Madrid, con motivo de la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. No habiendo conexión con el sumario de El Haski, ni siendo un delito terrorista, la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar estos hechos y, por tanto, tal citación entraña un riesgo innecesario de nulidad procesal que Garzón debe valorar y, sobre todo, evitar.

En cualquier caso, en lo que respecta a las víctimas, las instituciones del Estado y la dignidad de este país frente a su mayor tragedia terrorista, ABC nunca secundará agitaciones interesadas por quienes tratan la verdad sólo como una coartada de la mentira.



Una estrategia entre «exclusivas», el Congreso y las ondas

30-09-06 - S. N. (ABC)

«El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene que inventar otras mil para sostener la primera. (A. Pope)». Con esta cita encabezaba «El mundo» su edición del día 22, en plena campaña de la «teoría de la falsificación». Esta campaña arraca con la existencia de un presunto informe policial con datos sobre posibles relaciones de ETA con el 11-M, que ahora resulta ser un borrador manipulado, y fue «revelada» por el «El mundo» -propiedad del grupo italiano Rizzoli- después de que el ex director de la Policía Agustín Díaz de Mera -desde el programa de Federico Jiménez en la COPE- acusara a Interior de esconder dicho documento. El habitual periplo de este tipo de «exclusivas» siguió luego en el Congreso con la correspondiente pregunta del Grupo Popular, que dirige Zaplana.

El episodio arranca el 11 de julio. Rubalcaba pidió a las unidades dependientes de la Comisaría General de Información que le remitieran todos los informes realizados sobre sustancias explosivas en relación con los atentados. La orden obedecía a que ese mismo día «El mundo» había publicado que el comisario jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, declaró ante la Comisión de Investigación del 11-M que en los focos de las explosiones se había encontrado «nitroglicerina», compuesto que no formaba parte de la goma 2 eco, que, según la versión oficial, fue utilizada para la comisión del 11-M. En esa remesa de informes y con esa fecha se «coló» el borrador de marzo.

«Indicios y pruebas»

El 13 de septiembre, Zaplana defendió en el Congreso una interpelación urgente en la que acusaba a Rubalcaba de ocultar información sobre los atentados. Al día siguiente, Díaz de Mera acusaba a Rubalcaba de esconder un informe elaborado por la Comisaría General de Información en el que había «indicios y pruebas» que conectaban a ETA con la matanza. El ex alto cargo añadió que el análisis fue elaborado por dos funcionarios de la UCI, un hombre y una mujer. La respuesta de Rubalcaba consistió en calificar de «rotundamente falso» que existiera semejante documento.

Una semana después, el 21 de septiembre, «El mundo» publicaba en primera página el borrador con las «elucubraciones» sobre el ácido bórico como nexo de unión entre islamistas y etarras que habían redactado los tres funcionarios ahora imputados por Garzón y el informe entregado al juez; los comparaba y sostenía que Interior «falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11-M y ETA».

Interior atribuyó al comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, la decisión de eliminar las referencias a ETA del primer borrador por considerar intrascendente que el ácido bórico utilizado por Hassan el Haski, un organizador del 11-M, en un piso en Lanzarote hubiera aparecido también en un local de Salamanca empleado por etarras en 2001. De hecho, los terroristas de ETA detenidos hace cinco años destinaban el ácido bórico para evitar el mal olor de los pies (estaba lleno de pelos) y el islamista para matar cucarachas. La sustancia en cuestión tiene esos usos domésticos más el de conservante de alimentos.
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, anunció al día siguiente que su grupo pediría explicaciones al titular de Interior sobre «los informes realizados en el Ministerio del Interior que relacionan a la banda terrorista ETA con los atentados del 11-M y cuya existencia negó en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados el pasado 13 de septiembre».

El asunto se desvió después a los tribunales con el envío a Juan del Olmo, de noche y en un sobre firmado y sin remitente, de las fotocopias del borrador de 21 de marzo de 2005 y del informe fechado el día siguiente. Del Olmo envió los documentos a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que es la que en estos momentos tramita el sumario del 11-M, y ésta, a su vez, lo envió a la Fiscalía para recabar su opinión. La Fiscalía entendió que los hechos debían ser investigados por Baltasar Garzón, que mantiene abierto un sumario en el que aparece como imputado Hassan el Haski, el marroquí en cuyo poder se encontró el ácido bórico. El juez asumió la investigación para aclarar si el controvertido informe tiene efectos penales y/o probatorios en ese sumario.

Zaplana encargó al diputado Jaime Ignacio del Burgo hacer la pregunta correspondiente en el Congreso y el pasado miércoles Rubalcaba volvía a negar que existiera documento alguno que vinculara a ETA con el 11-M, aunque eludía entrar en el asunto de la «manipulación» de informes.


Bofetada a la teoría de la conspiración (Editorial de La voz de Asturias)

La llamada teoría de la conspiración sobre el atentado del 11-M sufrió ayer un golpe que, esperemos, sea el definitivo. El juez Baltasar Garzón ha imputado a los tres peritos de la policía científica que vincularon a ETA con el 11-M. Ha sido una vuelta total a la tortilla : les acusa de falsificar un documento relativo a los hallazgos de ácido bórico en los domicilios de un islamista en el 2004 y de un etarra en el 2001.

ESTRATEGIA DE DESINFORMACION. El documento en cuestión es precisamente el que ha ventilado el diario El Mundo, y al que se ha agarrado el PP, dentro de su estrategia de desinformación sobre los atentados del 11-M, para extender la tesis de que desde el Ministerio del Interior se han ocultado o tergiversado pruebas para ocultar que ETA participó en la matanza. El derrumbe ante el juez de uno de los tres peritos ha servido para desmontar una sucia operación disfrazada de periodismo de investigación y que ha dado pie a que los medios más favorables al PP alimentaran machaconamente la teoría de que se están ocultando las claves del atentado.

FUERA DE JUEGO. Sin embargo, lo más grave no es que se haya destapado parte del pastel de una descerebrada campaña periodística. Lo peor es que la confesión de la manipulación de ese documento deja completamente fuera de juego al primer partido de la oposición, el PP, que no dudó en utilizar la información de El Mundo como munición contra el Gobierno y, muy en especial, contra Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior.

Toca ahora, por tanto, que la justicia actúe contra los tres, todavía presuntos, falsificadores; que quienes han difundido el falso documento se disculpen ante sus lectores y oyentes, y sobre todo que el PP explique por qué se ha dejado llevar por una información no contrastada.

ENGAÑO MONUMENTAL. Buena parte de la opinión pública española ha confiado en las fuerzas de seguridad y en las instituciones y no tiene dudas sobre quiénes cometieron el salvaje ataque del 11-M. Pero hay otra parte que todavía cree en una vinculación entre el terrorismo de Al Qaeda y el de ETA. Están en su derecho.

Pero todo indica que son víctimas de un monumental engaño urdido por razones partidistas y alentado por vergonzantes intereses mediáticos. Mariano Rajoy no debe perder ni un minuto para desmarcarse de unos presuntos delincuentes que con una burda falsificación han pretendido poner al país en un difícil trance. Ahora, si el PP es de verdad un partido responsable, está obligado a poner fin a una estrategia que no lleva a ninguna parte y que ayer quedó completamente desacreditada.