El Gobierno se remite al juez de vigilancia penitenciaria para pedir la conversación del socialista y el islamista Bensmail, preso desde 1997
22-04-05 - EFE
El Gobierno trasladó hoy a la comisión de investigación del 11-M que la petición de la conversación grabada en la cárcel de Villabona entre el militante socialista Fernando Huarte y el preso argelino Abdelkrim Bensmail debe dirigirla al juez de vigilancia, ya que afecta al derecho a la intimidad.
Esta fue la decisión adoptada hoy por el Consejo de ministros ante esa petición de la comisión de investigación, al tiempo que tramitó otras cinco solicitudes de documentos que, en unos casos, consideró que ya habían sido enviados con anterioridad, y, en otros, que no existen.
La comisión del 11-M había solicitado la traducción, "en castellano, íntegra y literal" de las conversaciones en la cárcel de Villabona entre Huarte y Bensmail, después de las informaciones periodísticas sobre las mismas y sobre la posible pertenencia del militante socialista al Centro Nacional de Inteligencia.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros que la intervención de esas conversaciones se realizó en aplicación de la ley penitenciaria.
El Ejecutivo considera que esa intervención se realizó "a los solos efectos de garantizar la seguridad del centro" de Villabona y conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la ley orgánica general penitenciaria.
Por ello, el Gobierno considera que esa solicitud debe dirigirse al juez de vigilancia penitenciaria por afectar "al derecho fundamental a la intimidad de los comunicantes".
El Gobierno también remite a la Audiencia Nacional para solicitar las diligencias de la operación policial "NOVA", en la que se practicaron una serie de detenciones por presunta implicación en la preparación de acciones terroristas islamistas.
Al respecto, el Ejecutivo considera que se trata de diligencias referidas a un sumario que se sigue en la Audiencia Nacional y deben ser solicitadas al juez correspondiente.
Ante otras dos peticiones, el Gobierno informa de que son reiterativas de otras formuladas con anterioridad y ya atendidas.
Se trata de la petición de la información de la Policía y la Guardia Civil sobre el denominado terrorismo islamista y del segundo informe de la UCO remitido a la Comandancia de zona de la Guardia Civil de Asturias sobre la pertenencia de Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras a una banda de delincuencia organizada.
La dos restantes solicitudes pendientes de la comisión no pueden ser contestadas por el Gobierno porque no hay datos y no existen los informes pedidos.
La comisión pedía los informes de las fuerzas de seguridad marroquíes a los que hizo referencia el diario "El País" sobre la existencia de intermediarios para captar a los terroristas que participaron en los atentados del 11-M y sobre las vías de financiación de dicha operación.
También solicitaba la memoria económica en la que se especifique la procedencia de los ingresos y el destino de los gastos de la Asociación de Amigos del Pueblo Palestino Al Fatah, así como su memoria de actividades.
El Gobierno recuerda que sólo están obligadas a remitir memoria económica las asociaciones que están declaradas de utilidad pública, y esta no lo es.
Tras dar cuenta de esas decisiones adoptada hoy por el Gobierno, Fernández de la Vega informó de que el Ejecutivo ha contestado ya a un total de 287 peticiones de documentos que le han sido solicitados por la comisión de investigación parlamentaria.
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