Cerrar la comisión

4-04-05 - Editorial EL PAÍS


La comisión parlamentaria del 11-M se constituyó para analizar unos hechos ocurridos durante el mandato de un Gobierno que ya no estaba en el poder. Nacía, pues, con cierta anormalidad.

Este tipo de órganos tiene como objetivo establecer responsabilidades políticas. De las penales, obviamente, se ocupan los tribunales. En este caso podía entenderse que las políticas, de haberlas, ya las había pagado el PP al perder las elecciones.

Los ciudadanos tuvieron oportunidad de votar tres días después del atentado. Esta inusual circunstancia dio lugar a un pronunciamiento claro de la ciudadanía. Con el PP desalojado del poder por las urnas, ¿cabía seguir hablando de responsabilidades políticas?

La gravedad y excepcionalidad de los sucesos eran un motivo para justificar la creación de una comisión investigadora. No se trataba tanto, se dijo, de buscar responsabilidades políticas ya saldadas como de saber qué funcionó mal y qué se puede hacer para evitar una nueva tragedia de tales características.

Racionalmente cabía pensar que ni el PSOE, ya en La Moncloa, ni el PP, cuya gestión estaría sometida a análisis inevitablemente, tenían gran interés en ponerla en marcha. Pero la opinión pública no hubiera entendido que se pasara de puntillas sobre unos hechos tan graves, por más que el procedimiento judicial ya estuviera en curso.

La comisión se creó y, después de una larga serie de comparecencias, llega ahora el momento de entrar en la fase de conclusiones y dar por concluidas sus tareas. Estamos aquí todavía lejos de países con mayor tradición democrática en que los comisionados actúan con plena autonomía.

En la del 11-M ninguno de los diputados que la componen se ha desviado un milímetro de las directrices de su partido. Pero en este caso se ha sumado la voluntad del PP de convertir la comisión en escenario de un esperpéntico espectáculo mezcla de obcecación, resentimiento y ejercicio deliberado de desinformación, a mayor gloria del aznarismo.

Incapaz de asumir sus errores y de reconocer sus equivocaciones, y contando con la inestimable colaboración de algún medio, el PP ha ido incorporando las más absurdas interpretaciones, en una orgía conspirativa en la que pretende combinar sucesiva o simultáneamente a ETA, Al Qaeda, el PSOE, grupos facciosos del CNI y la Guardia Civil, servicios de información de Francia y Marruecos.

Poco les ha importado -al PP y al medio que le ha acompañado o dirigido en este viaje- falsear la realidad, inventar historias o poner en tela de juicio la investigación policial y judicial. El PP, todavía enfeudado por Aznar, sigue empeñado en mantener y aun agrandar las mentiras que le costaron el poder.

Sería de desear que el vídeo producido por la FAES sobre el 11-M, culminación del delirio aznarista, hiciera tomar conciencia a los populares del disparate en que se han metido. De algún modo lo ha hecho su líder, Rajoy, al reclamar que no actúen "desde las vísceras".

Pese a este extravagante comportamiento del primer partido de la oposición, la comisión ha acumulado testimonios y material para sacar conclusiones sobre el mal funcionamiento de determinados servicios del Estado y proponer correcciones.

Sin embargo, es evidente que la comisión ya ha terminado su fase de investigación. La obsesión del PP por convertir en verdades sus paranoias hace que, contra toda lógica, un sector del partido quiera mantenerla abierta sin límite alguno.

Es una forma de ir vehiculando a la opinión pública sus insidias y de expandir una nube tóxica con la esperanza de contaminar y confundir a todos los ciudadanos. Puede que esta estrategia les permita erosionar al Gobierno, aunque es dudoso. Pero lo que impide sobre todo es que el PP salga del espacio tribal en que se ha encerrado después de la derrota.

Llega, por tanto, la hora de las conclusiones. Sería legítimo esperar un documento consensuado que pusiera especial énfasis en las lecciones de esta trágica experiencia y en las recomendaciones para prevenir la acción del terrorismo internacional en España.

Desgraciadamente, la actitud del PP hace pensar que las conclusiones se obtendrán por mayoría, con el rechazo explícito de este partido, que lo único que pretende es deslegitimar la comisión como primer paso para rechazar después las decisiones de los tribunales si no se ajustan a su relato.

El resentimiento ha hecho que un partido de Gobierno se haya comportado en la comisión como un grupo extraparlamentario. De una formación que aspira a volver a gobernar cabía esperar más grandeza ante un tema tan serio, que le tomó desprevenido cuando estaba en el poder.