El Grupo Mixto pide la reprobación de Aznar, Acebes, De Palacio y Zaplana y un protocolo de atención a la víctimas

8-6-05 - EP

Chunta Aragonesista pide la reprobación del ex-presidente del Gobierno de la nación, José María Aznar, y de los ex-ministros de Interior, Ángel Acebes, de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y del entonces portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, además de solicitar un protocolo de actuación que permita atender correctamente a los familiares de las víctimas.

Así han informado fuentes de CHA, que agregan que los portavoces del grupo Mixto en la Comisión sobre el 11-M, José Antonio Labordeta, diputado de CHA, y Uxúe Barkos, diputada de Nafarroa-Bai, han presentado esta mañana sus aportaciones en el registro del Congreso.

En el caso de la reprobación a Aznar, el texto del grupo Mixto considera que está justificada "tanto por la falta de previsión en los riesgos que su política exterior producía en la seguridad del Estado, como por avalar la política de comunicación engañosa en las jornadas del 11 al 14 de marzo de 2004".

Agregan que Acebes debe ser reprobado como máximo responsable político de la red de seguridad del Estado, "tanto por los fallos de coordinación como por la falta de previsión de la amenaza del terrorismo de corte islamista, así como por ser el portavoz principal de la comunicación engañosa en las jornadas del 11 al 14 de marzo de 2004".

Además, como máxima responsable de la diplomacia española "y por lo tanto de la difusión a través de las embajadas españolas de la comunicación engañosa producida en las jornadas del 11 al 14 de marzo de 2004" se solicita la reprobación del Congreso de los Diputados de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Ana de Palacio.

Finalmente, piden lo mismo para Zaplana, como máximo responsable de la portavocía del Gobierno del Estado en la transmisión de la comunicación "engañosa" en las jornadas del 11 al 14 de marzo de 2004.

Además, el informe del CHA y Nafarroa-Bai dedica un apartado especial a las medidas del gobierno de apoyo y atención a las víctimas, familiares y amigos. Así, se propone el establecimiento de un protocolo de actuación que permita atender correctamente y con la mayor rapidez posible a los familiares de las víctimas, y hasta de las posibles víctimas de los atentados.

"Muchos de ellos vivieron horas angustiosas tras los atentados sin saber qué hacer, dónde ir, a quién acudir para tener noticias de sus familiares", precisa el texto.


PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA Y PSICOLÓGICA

También piden un protocolo de atención psiquiátrica que permita agilizar el tratamiento de los heridos en atentados y a los profesionales optimizar la información relativa a las secuelas. Cabe apuntar que la Sociedad Madrileña de Cuidados Paliativos propuso un protocolo de actuación a la Comunidad de Madrid que pudiera servir de base para estos trabajos, señalan.

Ambas formaciones solicitan un protocolo de daños psicológicos que reconozca el daño psicológico como secuela de atentado tanto en víctimas directamente afectadas por atentados como en sus familiares.

Otra de sus peticiones es la creación de una comisión de seguimiento de atención a las víctimas en la que se centralicen los protocolos de atención, de valoración de la evolución de los daños sufridos por las víctimas y, fundamental, en el que se centralicen las valoraciones médicas exigidas para la consecución de las correspondientes indemnizaciones y los tratamientos necesarios.

En este sentido, señalan que algunos de los afectados por los atentados del 11 de marzo han tenido que someterse hasta en cuatro y cinco ocasiones a valoraciones médicas, "con el daño consiguiente en la rememoración de lo sufrido", apuntan.

Según informan desde CHA, los afectados explican que "la más dolorosa de estas valoraciones a las que son sometidos es la que se produce en sede judicial, concretamente en la Audiencia Nacional, porque en ella se les pide una minuciosa y lógicamente dolorosa reconstrucción del atentado".

Desde estas formaciones consideran que "es necesario atender también la situación de todas aquellas víctimas y familiares que un año después del atentado siguen sin ver regularizados sus papeles y sin conseguir la nacionalidad española". Asimismo, consideran que sería deseable analizar desde esta comisión la protección económica que desde mutuas y aseguradoras se realiza de las víctimas en situación de baja laboral.


REFORMA DE LA LEY

CHA y Nafarroa-Bai piden una reforma de la ley de Solidaridad con las Víctimas que actualice, entre otras necesidades, los baremos económicos de atención a las víctimas y sus familiares. Actualmente se siguen aplicando los baremos económicos del año 1998 para asuntos como las bajas laborales, recuerdan.

Finalmente, pide la protección efectiva de los datos de las victimas y sus familiares y la reforma de la oficina de atención a las víctimas dado que las dimensiones de los atentados del 11 de marzo y las especiales circunstancias de muchas de las víctimas "han desbordado un departamento diseñado en un momento en el que nada hacía prever una emergencia de estas características".