Amonestado un abogado partidario de la teoría de la conspiración por cuestionar el origen islamista del 11-M

La Sala de lo Penal del TS entiende que la pericial de explosivos no afecta a la condena de Basel Ghalyoun por pertenencia a organización terrorista

José Luis Abascal alegó durante su intervención que Basel Ghalyoun había sufrido indefensión porque no había tenido acceso a las grabaciones de la prueba pericial de explosivos, insinuando que se habían borrado partes molestas que contradecían la sentencia.

El presidente del tribunal le interrumpió, manifestando que su cliente había sido condenado por pertenencia a banda terrorista, y no como autor de los atentados, por lo que no le afectaba la pericial de los explosivos. Abascal volvió a retorcer los hechos señalando que la estimación por el tribunal de que el explosivo utilizado en los atentados fuera Goma 2 Eco conllevó que la investigación se dirigiera a la vía islamista y que Ghalyoun fuera acusado. El Tribunal no permitió al abogado continuar con su argumentación impidiendo así que sobrevolara las sala la llamada Teoría de la conspiración.





01-07-08 - EuropaPress

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, amonestó hoy al abogado José Luis Abascal, que ejerce la defensa del miembro de la célula islamista autora de los atentados del 11-M Basel Ghalyoun, por cuestionar la prueba pericial sobre el explosivo utilizado en la masacre, que la sentencia identificó como dinamita procedente de la explotación asturiana 'Mina Conchita', y asegurar que la consideración de que "fuera Goma 2 ECO decantó la investigación por la vía islamista".

"La estimación por el tribunal de que el explosivo utilizado en los atentados del 11-M en Madrid fuera Goma 2 ECO conllevó a que la investigación se dirigiera a la vía islamista y que en esa dirección finalmente fuera acusado mi cliente", aseguró Abascal durante la segunda jornada de vistas en la que se analizan los 31 recursos de casación presentados por acusaciones y defensas contra la sentencia de la Audiencia Nacional.

Abascal, que rescataba de esta forma una de las tesis de los defensores de la denominada 'teoría de la conspiración', vinculó esta conclusión al denominado "efecto Rosenthal", según el cual los resultados de una investigación vienen determinados por las expectativas de su autor. "El experimentador que tiene una hipótesis obtendrá resultados sobre esa hipótesis", señaló.

Esta afirmación provocó que el presidente del tribunal cortara la argumentación del abogado de Ghalyoun y le preguntara "en qué afecta la pericia" de los explosivos "a la condena de su cliente por pertenencia". "La Sala entiende que no le afectan ", se contestó. Tras esta advertencia, el letrado recordó que su cliente fue "acusado como autor material" y el presidente le replicó que en todo caso "no fue condenado" por ese delito. Al final, Abascal recondujo su exposición y no volvió a hacer referencias sobre los explosivos.


BELHADJ ALEGA UNA "PRUEBA ILEGAL".

La segunda jornada de vista en el Tribunal Supremo, que se prolongó durante más de tres horas, también analizó los recursos de casación de las defensas de otros nueve condenados por la Audiencia Nacional, que impuso penas de entre 3 y 42.919 años de cárcel a 21 de los 28 acusados.

El letrado de Yusef Belhadj, condenado a 12 años de prisión como integrante de organización terrorista, pidió la absolución de su representado alegando que la principal prueba que obra en la causa contra él, la declaración de su sobrino Mohamed Moussaten, fue "ilegal" y se realizó "sin base fáctica, como luego bien se ha demostrado", en referencia a la absolución que dictó el tribunal del 11-M.

"La policía no le detuvo por su participación en los hechos sino por lo que podía sacar de mi defendido", alegó su abogado, Francisco Andújar, antes de añadir que el testimonio de Moussaten no pudo ser sometido a contradicción ni en la fase de instrucción ni durante el juicio.

Por su parte, José Luis Borraz, representante legal de Hassan Haski, condenado a 15 años de cárcel, defendió que éste no debería haber sido considerado dirigente de la célula islamista porque, a su entender, la sentencia no acredita con ningún dato la afirmación de que existiera una "organización armada" que cometiera "actos violentos" con el objetivo de "derrocar los regímenes democráticos". También pidió, en consonancia con la opinión de la Fiscalía, que el Supremo rebaje su condena a 14 años, pena máxima para el delito por el que fue condenado.

En relación con Mohamed Bouharrat, al que se impuso idéntica condena por el delito de pertenencia, su abogada, Isabel García Moreno, señaló que el único indicio que consta contra su cliente es el hallazgo en el piso de Leganés (Madrid) en el que se suicidó la célula islamista de un libro de oraciones en el que apareció una huella suya. En este sentido, indicó que en la vivienda se encontraron "más de 200 huellas y más de 100 con valor identificativo a las que no se dio esa trascendencia".

La ausencia de pruebas que acrediten que ayudara a huir de España a Mohamed Belhadj y Mohamed Afalah, dos de los cuatro autores materiales de la masacre que se cree que abandonaron España tras los atentados, fue el argumento esgrimido por Julio Sánchez-Majano, letrado de Mohamed Larbi, al que el tribunal impuso 12 años de prisión por considerar que era miembro de la célula islamista que se suicidó en Leganés.


"NO SABÍAN QUE LLEVABAN EXPLOSIVOS".

También expusieron sus recursos de casación las defensas de Sergio Álvarez e Iván Reis, condenados a tres años de cárcel por transportar una parte de los explosivos que se utilizaron en los trenes de Cercanías. Sus abogadas pidieron en ambos casos la absolución argumentando que pensaban que las bolsas que el ex minero José Emilio Suárez Trashorras les encargó llevar a Madrid contenían CDs piratas y hachís, respectivamente, pero no explosivos.

Ante la Sala de lo Penal del alto tribunal, que preside el magistrado Juan Saavedra, también comparecieron las defensas de Abdelillah Fadual, condenado a nueve años de cárcel por colaborar con la célula islamista al vender a Jamal Ahmidan, 'El Chino', el coche en el que se trasladaron los explosivos; y Nasredine Bousbaa y Mahmoud Slimane, a los que la Audiencia Nacional impuso tres años de prisión por falsificar pasaportes para éste.

La vista, que comenzó ayer con la exposición de los recursos de casación presentados por la Fiscalía, las otras ocho acusaciones y las nueve primeras defensas, se reanudará mañana, miércoles, a partir de las 10.45 horas, con la exposición de los recursos de las defensas de Rabei Osman, 'El Egipcio', Abdelmajid Bouchar y Saed el Harrak.