El Tribunal Supremo tumba las teorías de la conspiración del 11-M que apoya el PP

Auto del Tribunal Supremo [PDF]

La Sala Penal sostiene que la investigación de los suicidas de Leganés y de los trenes fue correcta

12-01-07 - Julio M. Lázaro (EL PAÍS)

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha respaldado plenamente la investigación del juez Juan del Olmo sobre los vagones objeto de los atentados del 11-M y sobre las autopsias practicadas a los suicidas de Leganés, en un auto en el que echa por tierra dos de los más significados capítulos de la teoría de la conspiración que apoya el PP y que pretendía hacer creer en una supuesta desaparición de pruebas que nunca tuvo lugar. El alto tribunal no sólo rechaza una querella urdida contra el juez por el sindicato Manos Limpias, sino que, por primera vez, ordena proceder penalmente por acusación falsa.

Informaciones periodísticas extraídas de una página de Internet sobre la "destrucción de los vagones objeto de los atentados" del 11-M y "las inhumaciones sin previa autopsia de cadáveres" de los suicidas de Leganés fueron la base de una querella con la que el sindicato ultraderechista Manos Limpias intentó abonar las supuesta desaparición de pruebas para impedir "conocer la verdad" en torno al 11-M y dieron pie a que el PP interpelara al Gobierno sobre la investigación de los atentados.

El Tribunal Supremo, sin embargo, ha rechazado con total contundencia las insinuaciones vertidas en la querella, hasta el punto de que por primera vez ha puesto en marcha el mecanismo para proceder penalmente contra el sindicato Manos Limpias y su secretario general, Miguel Bernad Remón, por delitos de acusación o denuncia falsa.

La querella atribuyó al juez Juan del Olmo, con la anuencia de la fiscal Olga Sánchez, la decisión de destruir los vagones que fueron objeto de los atentados. para "hacer imposible la realización de nuevas pruebas policiales, de nuevos contrainformes y en definitiva, hacer desaparecer un efecto del delito tan esencial como son los vagones". Todo lo cual, según Manos Limpias, "redunda en un oscurecimiento de la verdad procesal e histórica y de la autoría de los atentados".

El sindicato de Miguel Bernad se mostraba después muy preocupado por los perjuicios que tal "indefensión" habría causado a los presuntos autores del 11-M y acusaba a Del Olmo de violar los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre conservación y destino de piezas de convicción. El sindicato ultraderechista redondeaba su argumento señalando que tras los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, se creó un gran recinto protegido donde ubicar los restos de las Torres, mientras que aquí, "según todos los indicios y al parecer, todos los trenes han sido ya destruidos durante la instrucción y antes de la celebración del juicio y de que la sentencia diga nada".

Dictámenes periciales

El Tribunal Supremo rechaza este argumento y respalda la investigación policial y judicial: "A lo largo de las actuaciones", afirma el auto, "obran los distintos y pormenorizados dictámenes periciales, sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas".

Además, en el tomo 145 del sumario "obra un completísimo informe conjunto de expertos de Tedax y Guardia CiviI, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestimó por razones técnicas. La conservación y destino de los vagones en cuestión -una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias- corresponde a su legítimo propietario (Renfe), que además cuenta con lugares apropiados para ello".

Respecto a las inhumaciones de los suicidas de Leganés, que según Manos Limpias se hicieron "sin instruir nada" sobre "el origen del fallecimiento y sus circunstancias" y sobre las que los querellantes reclamaban "todas las autopsias que sean necesarias hasta que se obtenga de modo indiscutido la evidenciad de la causa del fallecimiento", el Supremo vuelve a mostrarse tajante.

Tras recordar que la inspección ocular y el levantamiento de cadáveres correspondió a otro juzgado distinto al de Del Olmo, que se encontraba de guardia ese día, "en todo caso y pese a la opinión del recurrente, lo cierto es que sí se efectuó la correspondiente diligencia de autopsia", asegura el alto tribunal.

"Pero es más", prosigue el Supremo, "al tratarse de unos hechos singulares, con una trascendencia muy superior a la ordinaria, no se efectuaron unas autopsias convencionales y burocráticas, sino que se procuró y consiguió extremar las precauciones". La Sala Penal menciona un "amplísimo y muy documentado informe antropológico y radiológico", firmado por los forenses Prieto Carretero, Bedate Gutiérrez y Conejero Estévez, y agrega que, incluso, a requerimiento del instructor, se efectuó un informe ampliatorio, por peritos especialistas en dactiloscopia.

En consecuencia, el Supremo no aprecia en las actuaciones de Del Olmo delito alguno, sino que por el contrario, evidencia que la querella "no sólo carece de todo apoyo técnico- jurídico, sino que sobrepasa de forma manifiesta los límites del prudente ejercicio de las acciones penales y entraña un manifiesto abuso de Derecho y fraude procesal, que pudiera constituir un presunto delito de acusación y denuncia falsas".


Manos Limpias, al juzgado

La Sala de lo Penal ha acogido la propuesta de la Fiscalía del Tribunal Supremo de deducir testimonio y remitir las actuaciones al juzgado de instrucción decano de los de Madrid por si los responsables de Manos Limpias hubiesen incurrido en un presunto "delito previsto y penado en el capítulo V del Título XX del Código Penal".

En dicho capítulo del Código, el artículo 456 castiga a los que, "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal" si esa imputación "se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tengas el deber de proceder a su averiguación".

Las penas que contempla el artículo son de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses si, como en el caso de la querella contra el juez Juan del Olmo, los delitos que se imputan son graves.

El auto del Supremo no especifica que las actuaciones deban dirigirse contra el secretario general y cabeza visible de Manos Limpias, Miguel Bernad, pero apunta claramente en esa dirección. De hecho, la querella se rechaza en parte porque el sindicato, como tal, carece de legitimación activa para ejercer la acción popular y la representación del colectivo la tiene en exclusiva su presidente. Pero el alto tribunal señala que Miguel Bernad, que como secretario general solo está facultado para certificar actuaciones de la asamblea general, viene ejercitando "un importante número de acciones contra personas e instituciones relevantes de la vida pública española".

Cuando el juzgado decano reciba el auto del Supremo, deberá remitirla al juez de instrucción al que por turno le corresponda.