[PDF] Contestaciones del Gobierno
[PDF] 263 preguntas del Grupo Popular
17-10-06 - EL PAÍS
El Gobierno niega una vez más, basándose en la investigación judicial y policial del 11-M, la vinculación entre ETA y los islamistas que cometieron el atentado. Así figura en las más de 300 respuestas enviadas al Congreso de los Diputados para contestar a los 238 escritos en forma de pregunta remitidos por el PP. Los diputados populares intentaban, a través de sus preguntas, sugerir la vinculación de ETA con el atentado del 11-M y pedían que se investigasen de nuevo aspectos sobre los que el PP y su entorno mediático han lanzado en los últimos meses múltiples sospechas.
El PP remitió hace más de un mes cientos de preguntas sobre el 11-M que, en muchos casos, ya habían sido contestadas por el Gobierno o tienen una respuesta clara en el sumario del 11-M que instruye el juez Juan Del Olmo. Lo que sigue es un resumen de esas respuestas:
- La fórmula de la cloratita en la celda de Bensmail. En el registro de la celda del islamista Bensmail, durante la operación Nova que desarticuló una célula que, desde distintas cárceles, planeaba atentados contra la Audiencia Nacional, se hallaron unos papeles en posesión del terrorista con notas manuscritas. En una de esas notas aparecía la fórmula de la cloratita, explosivo utilizado habitualmente por ETA. Hace sólo unas semanas, los medios afines al PP, resucitaron este descubrimiento, puesto en conocimiento del juez hace dos años y hecho público en todos los medios de comunicación entonces, para asegurar que la fórmula de la cloratita encontrada era similar a la que empleaba ETA. El Ministerio del Interior, en su respuesta al PP, desmiente este hecho con el que se quería vincular de nuevo a ETA con el 11-M: "La cloratita es una mezcla explosiva comúnmente conocida, de tal manera que la información relativa a su composición es accesible. En cualquier caso", explica Interior, "la fórmula encontrada a Bensmail no coincide con la fórmula de la cloratita encontrada en los manuales de ETA".
- La afiliación del islamista Almallad. El PP sigue empeñado en conocer el nombre de los militantes socialistas que avalaron la afiliación a ese partido de Mohannad Almallah, islamista detenido en relación con el 11-M. El Ministerio del Interior señala que esa información no está sometida a control parlamentario ya que está amparada por la legislación vigente en materia de protección de datos. No obstante, aclara: "El PSOE no exige el requisito de aval desde 2001".
- Contactos en las cárceles. El Ministerio del Interior confirma al PP que se controlan los contactos existentes entre presos islamistas y etarras en las cárceles españolas. Y aclara: "En todo caso, el seguimiento, hasta estos momentos, no ha evidenciado la existencia de contactos o relaciones, fuera de las propias de compartir el espacio físico en algunos departamentos".
- El 'supuesto' suicidio de Leganés, según el PP. Las preguntas de los diputados populares van dirigidas a cuestionar todo lo ocurrido en el suicidio de Leganés. El Ministerio del Interior recurre al auto de procesamiento del juez Del Olmo para precisar qué policías declararon cuestiones en relación con el suicidio de los terroristas que el PP pone en duda. Y añaden: "En la operación de Leganés, en la que estaba presente y respaldó la decisión policial el entonces director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, hablaron con los suicidas los miembros de los GEO, según consta en sus declaraciones".
Nuevas investigaciones. "En relación a la cuestión que interesa su señoría, el Ministerio del Interior señala que, como siempre, colaborará y colaborará con cuantas investigaciones lleve a cabo el ministerio fiscal o la autoridad judicial respecto de aquellas actuaciones que consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos que pudieran ser delictivos. En todo caso, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la supervisión judicial, continuarán aportando a tal fin todos aquella datos nuevos que en su caso pudieran aparecer".
Así contesta el Gobierno a todas las preguntas donde el PP se interesa por la apertura de una nueva investigación en relación con las cuestiones que consideran dudosas. En todas esas cuestiones, los dirigentes del PP y su entorno mediático, implican a policías, guardias civiles, servicios de información extranjeros e incluso al propio PSOE en la ocultación de pruebas o en la obstaculización de la investigación judicial.
De cuestiones-trampa y seguimientos inútiles
El PP sugiere en una de sus preguntas que los GEO que intervinieron en Leganés, a las órdenes del equipo policial que mandaba el Gobierno en funciones del PP, no grabaron su intervención como es habitual en estos casos. El Ministerio del Interior contesta: "Los GEO no graban nunca sus intervenciones en vídeo. En caso de actuar conjuntamente con otros servicios como es el caso de aprehensiones de droga puede ser que el servicio con el que colabora sí lo grave. La peligrosidad de la operación de Leganés desaconsejó cualquier intervención como la referida grabación".
Hay otras preguntas-trampa, como la que se refiere a la inexistencia de metralla en las inspecciones realizadas a los trenes, pese a que en el sumario del 11-M aparecen múltiples informes que reflejan justamente lo contrario. Interior responde: "El auto de procesamiento sí recoge la existencia de metralla".
Del resto de respuestas remitidas por el Ministerio del Interior al Congreso de los Diputados, destacan las siguientes:
- Errores. El Ministerio del Interior asegura que la declaración del jefe de los Tedax en relación con el hallazgo de nitroglicerina -componente de la dinamita Titadyne utilizada por ETA pero no de la Goma 2- en los trenes de la muerte fue un error reconocido por el propio policía. También señalan que fruto de un error informático, una de las notas de la policía se dirigía hacia un teléfono de presidencia del Gobierno y aclara: "Ni la nota fue retocada ni se trata de procedimiento alguno".
- Trashorras y ETA. El ex minero José Emilio Suárez Trashorras, procesado por facilitar a los terroristas la dinamita con la que cometieron el atentado de los trenes, no ha tenido relación con ETA, según la investigación policial y judicial. El Ministerio del Interior lo confirma en su respuesta: "No existe constancia de la relación de Emilio Suárez Trashorras con la venta o cesión de dinamita a los miembros de la banda terrorista ETA". También niega Interior en una de sus respuestas que Trashorras contase a los policías que El Chino, suicida de Leganés y uno de los autores del 11-M, le había dicho que conocía a uno de los etarras detenidos cuando transportaba hacia Madrid más de 500 kilos de explosivos.
El Ministerio del Interior también ratifica que nunca se rompió la cadena de custodia de la mochila con la bomba que fue desactivada y que permitió abrir una de las líneas de investigación más importantes.
Las fotos que Lavandera dijo haber recibido de la autopsia de su mujer no existen
17-10-06 - Idoya Ronzón (La Nueva España)
El grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso reflejó en sus preguntas sus dudas sobre la versión oficial ofrecida sobre los atentados. Éstas son algunas de las respuestas que ofrece el Ministerio del Interior en su contestación oficial, a la que tuvo acceso ayer LA NUEVA ESPAÑA.
En el buzón
El ministro del Interior sostiene que las fotografías que Francisco Javier Lavandera denunció haber recibido en el buzón de su casa, en las que supuestamente se veían imágenes de la autopsia de su mujer, no existen. Concretamente, afirma que «no quedó acreditada ni la existencia de las fotos ni, en el caso de que existieran, que éstas pertenecieran a su esposa». La pregunta formulada por Alicia Castro pretendía conocer quién había enviado esos documentos a Lavandera.
El confidente del 11-M -que ya en 2001 denunció que José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro tenían importantes cantidades de explosivos para vender e intentaban montar bombas con móviles- aseguró en mayo de 2005 que había recibido en su casa varias fotografías, agrupadas bajo la leyenda anónima «Un recuerdo de tu mujer, para que no la olvides» y que incluían instantáneas de la mujer con el cráneo escalpado y abierto. La Delegación del Gobierno ya dudó entonces de su veracidad y afirmó que la cabeza de la mujer «permaneció intacta» durante la autopsia, lo cual contradijo la versión del ex portero del club Horóscopo, quien relató que, tras ver las escabrosas imágenes, las rompió y las arrojó a un contenedor para impedir que su madre y su hijo las descubrieran.
La mujer de Lavandera, Elizangela Barbosa, a quien sus amigos llamaban Lorena, murió ahogada en la playa de San Lorenzo (Gijón) el 3 de diciembre de 2004, cuando estaba a punto de cumplir 23 años y tras una larga, infructuosa y polémica operación de rescate. El pasado mes de mayo la Audiencia Provincial condenó a un camello bilbaíno que reconoció que le había pasado cocaína horas antes de fallecer a tres años y medio de prisión y una multa de 2.461 euros.
Lavandera, sin protección
El pasado 5 de julio, el que fuera testigo protegido del 11-M denunció que había recibido cinco disparos en su coche cuando se disponía a entrar en su finca, en Deva (Gijón). Días después encontró muertos y apaleados a los animales que criaba en el mismo terreno, aunque sobre esto último no llegó a presentar denuncia. La diputada Alicia Castro se dirigió al Ministerio del Interior para preguntar «qué medidas se han tomado para proteger» al confidente.
Lavandera fue declarado testigo protegido por parte del juez Juan del Olmo, encargado del 11- M en noviembre de 2004, poco después de que saliera a la luz la cinta en la que él avisaba en el verano de 2001 al agente de la Guardia Civil José Luis Campillo de que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras intentaban vender explosivos y buscaban a alguien que supiera hacer bombas con teléfonos móviles. En febrero de 2005 la protección le fue retirada, al igual que la asignación que le daba el Estado. El juez alegó que se había comprado una pistola y que no había aceptado un puesto de trabajo de vigilante de seguridad en el País Vasco que le había ofrecido la Administración. Desde entonces el testigo ha denunciado haber sido víctima de diversas amenazas en las que le aseguraban que querían acabar con su vida. Según Interior, Francisco Javier Lavandera no tiene actualmente protección policial «porque ninguna autoridad judicial lo considera necesario».
Castro también interpeló al Gobierno sobre las investigaciones policiales que «se están realizando» para conocer qué persona o personas tirotearon a Lavandera en su finca. Interior contesta con evasivas: «Las que la autoridad judicial considere necesarias», apostilla. En agosto la unidad central operativa (UCO) de la Guarida Civil remitió al Juzgado un informe en el que cuestionaba la veracidad de la denuncia de Lavandera. Según los agentes, la versión que ofreció sobre el tiroteo es «insostenible».
«Manolón», libre de culpa
El Ministerio del Interior insiste a la diputada popular en que la investigación judicial exime de cualquier responsabilidad al inspector del Cuerpo Nacional de Policía Manuel García, «Manolón», de quien era confidente José Emilio Suárez Trashorras. En su declaración del 16 de mayo pasado, el ex minero asturiano manifestó que se ofreció a «Manolón» para colaborar en la detención de Jamal Ahmidam, «el chino» -uno de los responsables del 11-M que se suicidó en Leganés ( Madrid)-, y que la orden que se le dio fue de «esperar». Alicia Castro envió una pregunta escrita al Congreso para averiguar si «se ha realizado, o se va a realizar, alguna investigación para saber por qué se le dio esa orden y de quién partió». «Los hechos ya han sido objeto de investigación judicial», responde el Ministerio, «sin que se derivase cualquier clase de responsabilidad» para el inspector.
Sin orden sobre la cinta
Interior asegura que «nadie» dio ninguna orden para que «se ocultasen al juez los datos referidos a la cinta de Cancienes». La cinta a la que se refiere es la aparecida en el mes de octubre de 2004 en el cuartel de Cancienes (Avilés), que el agente de la Guardia Civil Jesús Campillo grabó a Francisco Javier Lavandera. En la cinta éste aseguraba que Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro traficaban con explosivos y buscaban personas que pudieran accionar bombas mediante teléfonos móviles. Tras su hallazgo, el ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, Antonio Rodríguez Bolinaga, guardó la grabación en una caja fuerte un mes. El 16 de noviembre de 2004 Bolinaga fue destituido por no entregar de forma inmediata la cinta a la autoridad judicial. Los términos formales de la destitución fueron «pérdida de confianza» y por «haber dejado de reunir las condiciones de idoneidad que en su día motivaron su asignación».
Morata de Tajuña
Trashorras no llevó a la Policía hasta la casa en la que habitaba Jamal Ahmidam en Morata de Tajuña (Madrid), donde supuestamente se montaron las bombas de la masacre. Interior insiste en este extremo y contradice la declaración que el ex minero asturiano realizó el 4 de junio de 2004, incluida en el sumario del 11-M, en la que aseguró que la Policía le llevó a la localidad madrileña para identificar la vivienda. Según Alicia Castro, el Gobierno «oculta» este extremo.
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