El Gobierno dice que no desclasificó los papeles del CNI más dañinos para el PP

Se trataría de un informe del CNI en el que, con varios meses de antelación, se habría alertado al Gobierno de un posible atentado islamista en Madrid contra trenes, como ocurrió el 11-M

19-09-05 - ABC

El Gobierno rechaza de forma rotunda la insinuación del líder de la oposición, Mariano Rajoy, de que el alcance de la desclasificación selectiva de documentos del CNI sobre el 11-M acordada el pasado viernes haya sido «interesada», en función de criterios partidistas.

Por el contrario, fuentes conocedoras de los debates que sobre la solicitud realizada por el juez Juan del Olmo se produjeron en tres reuniones del Consejo de Ministros aseguran que -junto con aquellos que afectan a la estructura y fuentes del Centro, así como a las relaciones con otros servicios de inteligencia- únicamente se ha mantenido el secreto sobre «un par de documentos» que, por su contenido, «dejarían peor parado al PP», según hizo notar en esas reuniones el ministro de Defensa, José Bono, de quien depende el centro de inteligencia.

Se trata, al parecer, de algún informe del CNI en el que, con varios meses de antelación, se habría alertado al Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, de un posible atentado islamista en Madrid contra trenes, como ocurrió el 11-M, aunque este dato no ha podido ser confirmado oficialmente por este periódico.

Con las excepciones reseñadas, el Gobierno sostiene que el magistrado instructor del 11-M «dispone de toda la información relevante a efectos policiales y judiciales». Así lo sostuvo ante el Consejo, según las fuentes consultadas, el propio ministro del Interior, José Antonio Alonso, aunque quien opuso una resistencia más fuerte a la desclasificación de cualquier documento del CNI fue el titular de Defensa.

Las dudas en el Ejecutivo sobre el alcance del acuerdo a adoptar ante el requerimiento del juez del Olmo, tanto por motivos de fondo como por las fallas procedimentales de su petición -de carácter universal-, han hecho que la decisión se retrasara varios meses. Así, aunque se llegó a estudiar la posibilidad de que, como propuso la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se entregaran al juez exactamente los mismos documentos que pudieron leer en sesión secreta los miembros de la comisión parlamentaria de investigación, finalmente esta decisión, que contó con la oposición de Bono, se descartó al considerar que el juez no consideraría suficiente esa fórmula ya que su propósito es incorporar los documentos desclasificados al sumario como elementos probatorios. De hecho, esta circunstancia, que hará que el contenido de los informes pueda trascender una vez que se levante el sumario del secreto, fue uno de los factores que más influyó en el debate del Consejo de Ministros.

Finalmente, como informó ABC el sábado, la última palabra la dijo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se decantó por entregar al juez «todo lo que pudiera ser relevante a efectos judiciales», con una exhortación expresa al magistrado para que adopte las máximas garantías para la reserva de sus contenidos.