27-06-04 - Javier Pradera
LA COMISIÓN PARLAMENTARIA sobre el 11-M ha emprendido la marcha en medio de recelosas suspicacias y posibles malentendidos: los representantes de los grupos minoritarios temen que los dos partidos mayoritarios hayan alcanzado un acuerdo secreto para poner sordina a la encuesta y cubrirse mutuamente. Si bien esa maliciosa hipótesis no es descartable de antemano, se necesita algo más que sospechas para darla por buena. Por lo pronto, sería imposible en la práctica que PSOE y PP lograran -aun pretendiéndolo- boicotear la comparecencia de Aznar ante la comisión: las confusionistas intervenciones televisivas de los ministros Acebes y Zaplana durante aquellos tres dramáticos días de marzo fueron ordenadas o autorizadas -como es lógico- por el presidente del Gobierno.
La agenda de la comisión del Congreso estará ocupada por cuatro cuestiones principales: 1) la autoría del atentado; 2) las carencias y los errores de los servicios de inteligencia y de seguridad que lo posibilitaron; 3) el empecinamiento del Gobierno (y de los medios de comunicación públicos y privados a su servicio) en seguir atribuyendo sin pruebas la responsabilidad del crimen a ETA pese al descubrimiento -en la tarde de 11-M- de la pista islamista, y 4) las manifestaciones ante las sedes del PP durante la jornada de reflexión.
La investigación parlamentaria tendrá limitaciones en la primera área: la indagación de los delitos perpetrados (190 muertos y más de mil heridos) corresponde al juez de instrucción (que puede declarar secreto el sumario), y la fijación de las responsabilidades penales y civiles tras valorar las pruebas, a los tribunales. El dictamen de la comisión sobre los fallos cometidos por los servicios de inteligencia y de seguridad para prevenir el atentado también podría tropezar con muros legales: el Gobierno dispone de cierto margen para negar al Congreso la entrega de documentos que hayan sido clasificados secretos.
Por lo demás, la encuesta dispone ya de la previa confesión por escrito de Aznar según la cual su Gobierno "tiene sin duda una responsabilidad que asumir" de manera retrospectiva por "bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista" y haber contribuido a que la opinión pública no fuese "suficientemente consciente hasta el 11-M" del peligro del "terrorismo islámico" (Ocho años de gobierno, Planeta, página 263). En cualquier caso, el análisis de las acusaciones cruzadas entre el PP y el PSOE dará mucho trabajo a la comisión. Los socialistas achacan a objetivos electoralistas (abstracción hecha de que las previsiones de los asesores de Aznar fuesen erróneas o acertadas) el empeño del Gobierno por atribuir a ETA con la fe del carbonero la responsabilidad exclusiva o compartida del atentado, pese a que no ofreciera nunca pruebas materiales, a que resultase altamente probable -desde la tarde del jueves 11- la autoría islamista y a que fuesen detenidos varios magrebíes a primera hora de la tarde del sábado 13. Los populares, en cambio, sostienen que el PSOE promovió la recelosa hostilidad antigubernamental de los participantes -"¿quién ha sido?"- en las manifestaciones del 12-M y organizó al día siguiente las concentraciones ante las sedes del PP.
Entre tanto, algunos publicistas vinculados al anterior Gobierno de Aznar siguen fabricando en paralelo inverosímiles historias conspirativas del 11-M para deslegitimar así los resultados del 14-M. No es la primera vez que los grandes crímenes concitan ese tipo de fabulaciones: la teoría según la cual el atentado contra el almirante Carrero Blanco fue obra de la CIA (en solitario o en colaboración con ETA) continúa hoy día teniendo defensores. Esas versiones paranoicas mantienen que el 11-M fue urdido por servicios extranjeros (franceses o marroquíes) y realizado por una joint venture de etarras y fundamentalistas -con la connivencia de policías españoles, confidentes y narcotraficantes- para arrebatar el poder al PP. Da igual que la explicación sea disparatada: los Protocolos de los Sabios de Sión -una tosca superchería fabricada en el siglo XIX- sobrevivieron a las demostraciones de su falsedad y sirvieron de justificación a la solución final de Hitler.
27/7/04
Encuesta bajo sospecha
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