3 días de marzo

Instrucción cumplida

24-07-06 - EL PAÍS

La conclusión del sumario sobre el 11-M y su envío a los dominios de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han conjurado un grave riesgo que durante un tiempo no parecía del todo descartado: la excarcelación obligada de los presuntos autores materiales, inspiradores y cómplices de los atentados ante la imposibilidad de celebrar el juicio dentro del límite legal de cuatro años previsto para la prisión preventiva. Para la mayoría de la sociedad española, la posibilidad de que la mayor masacre terrorista de su historia pudiera quedar impune nunca ha sido un asunto menor. En este sentido, el fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha sintonizado con ese sentir socialmente mayoritario al señalar la importancia que reviste, desde las exigencias de la justicia, que el juicio sobre el 11-M esté asegurado en un plazo de tiempo previsible.

Para quienes se han puesto como objetivo desacreditar la instrucción judicial, e incluso intentaron utilizar el posible expediente al juez Del Olmo para apartarle del caso y realizar una total revisión de su instrucción, la celebración del juicio nunca ha tenido, evidentemente, carácter de urgencia. Con el pretexto de "esclarecer la verdad", su objetivo ha sido mantener empantanada la investigación judicial hasta al menos las elecciones generales de 2008 para dejar abierta la posibilidad, con los consiguientes réditos políticos, de seguir instrumentalizando la tesis de la mano invisible de ETA, adobada con los más delirantes ingredientes conspiratorios. La conclusión del sumario, tras 28 meses de exhaustivas pesquisas, ha desbaratado ese plan, de modo que las historias de hoy sobre la nitroglicerina son a estos efectos tan inocuas como las de antaño sobre la mochila que no estalló y que condujo a la identificación de los autores del 11-M con Acebes todavía ministro del Interior, o la de la Orquesta Mondragón transformada en un arrebato de periodismo de investigación en la corporación industrial vasca del mismo nombre.

La verdad de los hechos sobre el 11-M tiene sin duda mejor reflejo en la "verdad judicial", obtenida con todos los resortes de que disponen jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado en un procedimiento independiente y con garantías, que en sumarios paralelos y simulacros procesales sin el menor requisito de imparcialidad, viciados además por tesis de autoría preconcebida. Y esa "verdad judicial", de momento provisional hasta que pase el escrutinio del juicio, apunta a que tanto los autores materiales -entre ellos, los siete suicidas de Leganés el 3 de abril siguiente- como intelectuales de los atentados del 11-M integraban una célula yihadista radicada en España que diseñó su acción criminal al calor del apoyo del Gobierno de Aznar a la guerra de Irak.

Esa verdad no se sustenta en conjeturas, hechos casuales o enredos de confidentes, sino en una instrucción con más de 80.000 folios de diligencias de diverso tipo: miles de rastreos telefónicos (50.000); unas 200 pruebas de ADN y otras tantas sobre huellas; vehículos, explosivos y detonadores, documentos en árabe y ordenadores confiscados. Sin olvidar el casi centenar de ruedas de reconocimiento entre los procesados y testigos presenciales y protegidos (40), y el precedente de una condena en firme que verifica judicialmente un hecho investigado en el sumario del juez Del Olmo (el del menor implicado en el traslado desde Asturias a Madrid de los 130 kilos de dinamita empleada en los atentados).

Tanto la sistematización de hechos como su explicación razonada y fundada que revela la instrucción ponen de manifiesto que el director de la investigación ha sido el juez Del Olmo. No parece que haya sido un pelele en manos de determinados responsables policiales ni el pequeño juez al que le venía grande el sumario del 11-M, ni tampoco su trabajo ha consistido en una acumulación inconexa de diligencias, como han propalado sus inmisericordes críticos con el obvio propósito de desacreditarle profesional y personalmente. Del Olmo no ha obviado investigar los posibles fallos policiales previos a los atentados, interrogando a decenas de policías y guardias civiles, sin haber encontrado atisbo alguno de mala fe o de negligencia voluntaria. Por ello resulta cínico que los dirigentes del PP insistan en cargar las tintas y lanzar sospechas sobre la actuación de la policía y la Guardia Civil y pasen por alto su propia y principal responsabilidad como Gobierno que eran en aquellas fechas.

De Atocha a Bombay

26-07-06 - Javier Pradera (EL PAÍS)

La Diputación Permanente del Congreso fue escenario la semana pasada de una nueva comedia bufa protagonizada por el portavoz parlamentario del PP, dispuesto a sembrar todo tipo de conjeturas paranoicas, dudas simuladas, insinuaciones rastreras y acusaciones encubiertas sobre las imaginarias responsabilidades del partido del Gobierno como inductor, coautor, cómplice o encubridor del atentado del 11-M. Zaplana solicitó sin éxito -los restantes grupos parlamentarios votaron en su contra- la comparecencia del ministro del Interior para aclarar las contradicciones o los errores cometidos por un comisario de policía acerca de la composición de los explosivos empleados en los trenes de la muerte y exigió también la reapertura de la comisión parlamentaria de investigación. El pasado 11 de julio, el Grupo Parlamentario Popular había preparado el terreno con la presentación artillera de 263 preguntas sobre el curso de las indagaciones sumariales después de considerar insatisfactorias las contestaciones dadas en mayo por el Gobierno a otra tanda de 215 cuestiones formuladas el 20 de abril.

Zaplana considera "descorazonador" el resultado obtenido durante estos dos años: "Son más las incógnitas que los hechos esclarecidos". La fingida decepción del portavoz popular -"no sabemos prácticamente nada y a algunos les molesta que queramos saberlo"- es fácil de explicar: la indagación sumarial no ha descubierto ni una brizna confirmatoria de las disparatadas fantasías acuñadas por su partido sobre la participación en el 11-M de ETA, los servicios secretos de Marruecos y un grupo de funcionarios de los cuerpos de seguridad españoles manipulados por los socialistas. Si hasta ahora el emperramiento del PP en desviar la atención de la opinión hacia pistas falsas había sido una maniobra política para eludir las graves responsabilidades del Gobierno de Aznar por su atolondrada infravaloración de los peligros del terrorismo islamista, la conclusión del sumario -el juez Del Olmo ratificó el pasado 6 de julio el auto de procesamiento de 29 de los 116 imputados- lo convierte en un mecanismo de obstrucción que podría llevar a la escandalosa puesta en libertad de los imputados si el tiempo máximo de prisión preventiva se agotase antes de que fuese dictada sentencia.

La sangrienta marca de fábrica del fundamentalismo islamista es evidente en el 11-M: sus semejanzas estructurales con el atentado londinense de 7 de julio de 2005 y la matanza de Bombay del pasado 11 de julio han disipado cualquier duda razonable de buena fe al respecto. Por lo demás, el fiscal general del Estado considera que el sumario esclarece de manera suficiente los hechos esenciales del crimen aunque queden pendientes -como en todos los casos complejos- extremos menores. Para mayor paradoja, los dirigentes del PP, que atribuyen ahora a las instituciones del Estado de derecho (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ministerio público, Gobierno, Poder Judicial y Parlamento) el doloso ocultamiento de la verdad sobre el 11-M, fueron los encargados durante varias semanas de controlar la investigación del atentado: el 5 de abril de 2004, Acebes, titular entonces de Interior (con Ignacio Astarloa como secretario de Estado) y hoy secretario general del PP, difundió orgullosamente la noticia según la cual "el núcleo central que perpetró la masacre está detenido o muerto en suicidio".

¿Cómo justificar, así pues, que el principal partido de la oposición, que ocupaba el poder hace dos años y que aspira a recuperarlo, acuse al Gobierno de Zapatero de borrar las huellas del atentado del 11-M para hacer desaparecer los indicios que le relacionarían de una forma o de otra con su génesis y desarrollo? Es cierto que los dirigentes populares están siendo tironeados del ronzal y aguijoneados en los flancos -para que no desfallezcan en esa infame tarea- por una cuadrilla de periodistas y locutores que confunden cínicamente la prensa de investigación con el libelo de intoxicación y la crítica al poder con la extorsión a sus titulares. Lejos de constituir un atenuante moral o político, ese sórdido entendimiento bajo la mesa del PP con el amarillismo informativo de sentina, sin embargo, no sólo le distanciará cada vez más del centro moderado sin cuyos votos nunca conseguirá ganar las elecciones sino que le acerca a las posiciones de la ultraderecha antisistema.