14/7/05

Dictamen de la Comisión de Investigación: "La amenaza del terrorismo islamista antes del 11-M.- El Estado ante la amenaza terrorista islamista"

  • Dictamen de la Comisión de Investigación



    • LA AMENAZA DEL TERRORISMO ISLAMISTA EN ESPAÑA ANTES DEL 11-M

    1. Las pruebas de la amenaza del terrorismo islamista en España
    2. El aviso de Casablanca
    3. El aumento del riesgo: la guerra de Irak

    EL ESTADO ANTE LA AMENAZA TERRORISTA ISLAMISTA

    1. Las investigaciones sobre islamistas radicales y la infravaloración de la amenaza
    2. El descontrol de los explosivos y la falta de coordinación policial
    3. La descoordinación en la información sobre las fuentes de financiación del terrorismo
    4. Insuficiencia de medios para una respuesta eficaz



    LA AMENAZA DEL TERRORISMO ISLAMISTA EN ESPAÑA ANTES DEL 11-M


    1.Las pruebas de la amenaza del terrorismo islamista en España.

    Al igual que en el resto del mundo, el terrorismo islamista lleva unos años presente en España. Concentrados sus esfuerzos contra Occidente, la selección concreta de objetivos es fruto de una estrategia de guerra en la que juegan acontecimientos nacionales e internacionales de "justificación" -por ejemplo, para nosotros, la participación en la guerra de Irak- pero sobre todo coyunturas que puedan "garantizar el éxito" de las acciones de terror diseñadas.

    La amenaza del terrorismo propiciado por el radicalismo fundamentalista musulmán se ha ido haciendo visible en los últimos años de una forma más cercana y próxima a España, hasta convertirse en una realidad trágicamente constatada el 11 de marzo de 2004. Ese anuncio constante y creciente de peligro cuenta con hitos cronológicos que pasamos a exponer.


    El primer atentado de origen islamista contra intereses extranjeros que se produce en España y afecta directamente a nacionales españoles data del año 1985 y tiene lugar en el restaurante El Descanso. El objetivo de aquel primer atentado fueron los ciudadanos estadounidenses de la Base militar de Torrejón de Ardoz que eran clientes asiduos del restaurante, aunque las víctimas, tanto muertos como heridos, fueron los empleados y clientes españoles del citado establecimiento. Las investigaciones llevadas a cabo posteriormente apuntan a los servicios secretos iraníes como causantes o inspiradores del mencionado acto.


    Previamente, durante el año 1984, España fue escenario de diversos atentados cuyos objetivos fueron miembros de Servicios de Inteligencia o de grupos políticos relacionados con el conflicto palestino o libanés, que fueron atacados por agentes enemigos o por grupos o personas ligadas a la Yihad Islámica. En el marco del conflicto libanés, fue secuestrado y posteriormente liberado en aquel país en dos ocasiones el embajador español, Pedro de Arístegui. En el año 1993 un empresario español muere en Argelia a manos del GIA y en 1994 dos turistas españoles fallecen en un atentado islamista en el hotel Atlas Afni de Marrakech (Marruecos).
    También en ese año, un niño valenciano perdió la vida durante el ataque de radicales islámicos a un grupo de turistas españoles que circulaban por el Alto Nilo (Egipto). En octubre de ese mismo año, dos religiosas españolas son asesinadas por radicales islámicos en Argel (Argelia).


    Nuestro país sirvió como refugio a terroristas islamistas que se escondían tras falsas identidades o vidas anónimas alejadas de toda actividad violenta. Desde principio de los años noventa la presencia de los terroristas islamistas en España ha sido creciente; sin embargo no es hasta finales de esos años, cuando esa presencia se hace evidente. A partir del año 2001, los terroristas islamistas utilizan nuestro país como base para organizar actuaciones en otros Estados, para realizar actividades de financiación de la Yihad internacional, y para desarrollar células encubiertas o durmientes con capacidad para actuar en el futuro.


    En este sentido, son muchas las alusiones que sobre el peligro y la amenaza islamista se hacen en los diversos informes del CNI, de la Policía y de la Guardia Civil a los que la Comisión ha tenido acceso y a los que se hará referencia posteriormente.


    Del mismo modo, las autoridades españolas conocieron directamente de ese riesgo a través de grupos específicos de colaboración, prevención y lucha contra el terrorismo islamista creados en la UE -Grupo de Jerez ó Grupo de los Cinco-, en los que participó directamente el entonces Ministro del Interior, Angel Acebes.


    Resulta difícil entrar en la mente del terrorista islamista para tratar de descubrir cuáles son los criterios que emplea a la hora de "marcar" sus objetivos prioritarios de terror. No obstante, si se tienen en cuenta las distintas acciones que ha llevado a cabo este tipo de terrorismo en la última década, pronto se descubre que la "obsesión" indeclinable es la cultura occidental como modo de vida que proyecta valores a su juicio radicalmente incompatibles con el Islam, en la reinterpretación que hacen de su libro sagrado. Esa cultura, que directamente es tachada de "enemiga" del modo de vida islámico, a la que por tanto se debe de combatir con todos los medios. De esa obsesión, que convierte a cualquier país occidental en objetivo posible del terrorismo islamista, debemos deducir que, a partir del año 2001, España era un objetivo del terrorismo islamista. Posteriormente, el riesgo se ha ido incrementando hasta llegar en el último trimestre de 2003 y en los primeros meses del año 2004 a convertirse en una amenaza inminente.


    El riesgo creciente de que España, en esas fechas, pudiera ser objetivo de los ataques del terrorismo internacional de origen islamista ha sido constatado por la Comisión de Investigación a través de una serie de informes y documentos que se exponen a continuación.


    Conviene destacar, por ser quizás una llamada de atención sin precedentes hasta ese momento, sin perjuicio de lo que se dirá sobre el atentado de Casablanca, el documento de 28 de noviembre de 2003 de la Comisaría General de Información titulado "Informe sobre el aumento del grado de amenaza que supone el terrorismo islámico para España".


    Según el mencionado Informe, a través de la colaboración con Servicios de Información extranjeros "se ha podido conocer de una serie de nuevos hechos que, por sí mismos y por el grado de trascendencia que suponen, en este contexto, han dado lugar a una elevación del grado de amenaza existente". El documento destaca los siguientes hitos como relevantes a la hora de afirmar el incremento de la amenaza:

    - Declaración de Ayman Al Zawahiri en nombre de Al Qaeda. El 21 de mayo de 2003, el número dos de Osama Ben Laden señaló como objetivos terroristas los intereses de Reino Unido, EE.UU., Australia y Noruega. Según el documento de la CGI: "Dicho mensaje parecía directamente dirigido a la iniciación de los musulmanes corrientes a la Yihad, más que a dar el visto bueno a los miembros de Al Qaeda para realizar un ataque específico". Del mismo modo el mensaje hace referencia a la guerra de Irak y a los americanos, británicos, noruegos y otros cruzados como "los asesinos de vuestros hermanos de Irak".


    Según este informe, de las declaraciones de Zawahiri se deduce que los musulmanes deben tener como objetivo los intereses de las fuerzas de la coalición. El mensaje, continúa el informe, parece tener como objetivo a los musulmanes de los países donde los intereses de la coalición tienen base, en clara referencia a los países que cuentan con fuerzas destinadas en Irak.


    - Declaración del 18 de octubre de 2003 de Osama Ben Laden. La cadena AL YAZIRAH emitió unas declaraciones de Osama Ben Laden con la siguiente amenaza: " a todos los Estados que están tomando parte en esta injusta guerra, sobre todo a Gran Bretaña, España, Australia, Polonia, Japón e Italia".


    Comunicado del Grupo Salafista de Predicación y Combate (GSPC). El 11 de septiembre de 2003 el máximo responsable de esa organización terrorista anuncia la fidelidad de todos los musulmanes con, entre otros, los lideres de Al Qaeda y del Gobierno talibán de Afganistán.


    Según el informe de la Comisaría General de Información, los Servicios de Información occidentales indicaron que la organización terrorista paquistaní LASHKAR-E-JANGVI podría planear atentados suicidas contra objetivos occidentales en Paquistán. Las informaciones señalan a España como uno de los objetivos de dichos ataques.


    Del mismo modo, los Servicios occidentales también alertaron sobre la actividad de Al Qaeda con un operativo de la organización ANSAR AL ISLAM que estaría reclutando extremistas islámicos en Túnez y Argelia, para trasladarlos posteriormente a Alemania y España al objeto de planear atentados en Europa.


    - Investigaciones en curso en España. La Unidad Central de Información Exterior (UCIE), dedicada entre otros asuntos al terrorismo islámico, mantenía una serie de investigaciones abiertas en relación a la organización Al Qaeda centradas en los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional:

    • Sumario 35/01: recoge las investigaciones en torno a una presunta cédula de Al Qaeda dirigida por Abu Dahdah dedicada al reclutamiento y financiación. Muchos de los encartados en ésta causa permanecen están vinculados con los atentados del 11-S en EE.UU.


    • Sumario 09/03: Este sumario recoge las investigaciones sobre los atentados de Casablanca y todos aquellos que tienen como objetivo los grupos terroristas islámicos marroquíes. Dentro de este sumario se encuadran diversas investigaciones sobre personas de origen magrebí vinculadas a células terroristas islámicas relacionadas, en algunos casos, con los atentados de Casablanca, y en otros con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Estas personas estaban asentadas en las provincias de Toledo, Madrid, Barcelona, Tarragona y en la Ciudad Autónoma de Melilla.


    • Diligencias 166/03: son investigaciones sobre organizaciones terroristas argelinas, como el Grupo Salafista por la Predicación y el Combate (GSPC) o el Grupo de los Protectores de la Corriente Salafista (DHDS), e igualmente sobre componentes de células de apoyo logístico e infraestructura del entramado de la organización terrorista islámica Al Qaeda en Europa.


    • Diligencias 20/03: estas diligencias recogen investigaciones sobre círculos radicales islámicos paquistaníes en España. Entre sus principales actividades están el reclutamiento de "mujaheddines" para participar en la "Yihad", que son adiestrados en campos de adiestramiento militar de esta formación.


    • Diligencias Previas 53/02: investigaciones sobre la estructura de una posible célula de Al Qaeda en España, dirigida por Mohamed el Egipcio.


    Debemos tener en cuenta que esta persona ha sido identificada como presunto inspirador de los atentados del 11-M en Madrid, siendo detenida en Italia después de que se interceptase una conversación telefónica en la que se refería a los hechos, a su conocimiento y amistad con los autores materiales y a su participación en la preparación de los atentados.


    • Diligencias Previas 208/03-14: Abiertas sobre la estructura en España de la organización terrorista libanesa HEZBOLLAH.


    • Sumario 68/03: abierto tras las investigaciones de una célula, en España, del grupo terrorista islámico argelino DHDS (Grupo Protectores de la corriente Salafista).


    A la vista de todo ello, el Informe de la Comisaría General de Información de 28 de noviembre de 2003 apunta a un reforzamiento del grado de amenaza del terrorismo islamista en, o contra, nuestro país en base a los siguientes indicios objetivos:

    - Atentados contra el cuartel de los Carabinieri italianos en Irak.


    - Atentados en Turquía, uno de los países que entró en la coalición dispuesto a mandar contingentes de tropas a Irak.


    - España figura como objetivo declarado de Al Qaeda. Esta organización estaba cumpliendo sus amenazas, atentando contra objetivos de países que habían sido recientemente incluidos como tales, "por lo que cabe deducir que España podría ser objetivo, bien en nuestro territorio, bien contra intereses españoles en otro país, en fechas próximas".


    Por otra parte, la Comisión ha tenido acceso a documentos que ponen de relieve la participación de nuestro país, a través del Ministro del Interior, en diversas reuniones con países de la Unión Europea que tenían por objeto mejorar la eficacia en la lucha contra el terrorismo islamista. De los documentos se deduce una vez más que el Ministro del Interior, máxima autoridad política en la lucha contra el terrorismo, era conocedor del agravamiento de la amenaza del terrorismo islamista contra España.


    Se exponen a continuación las informaciones a las que ha tenido acceso la Comisión relativas a las reuniones del Grupo de Jerez y el Grupo de los Cinco -ambos compuestos por Ministros de Interior de países de la Unión Europea especialmente implicados en la colaboración para luchar contra el terrorismo internacional de origen islamista- en las que el Gobierno español participó durante los años 2003 y 2004.


    1.ª reunión del Grupo de Jerez, 18 y 19 de mayo de 2003. El Grupo lo componen los Ministros de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España. En la misma se abordan diversos asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. A iniciativa española se acordó solicitar un informe de los expertos en la lucha contra el terrorismo de cada país sobre los atentados de Casablanca. Asimismo, a iniciativa española se solicitó a los Directores Generales de las Policías respectivas la celebración de una reunión a fin de identificar las necesidades materiales, de personal y técnicas para luchar eficazmente contra el terrorismo y fortalecer la cooperación entre los cinco países. La reunión se produjo al día siguiente de los atentados de Casablanca, motivo por el cual el Ministro del Interior de España subrayó la necesidad de que los Servicios de los países reunidos trabajasen de forma conjunta en la lucha contra el terrorismo.


    En el apartado sobre lucha contra el terrorismo islamista el Ministro, Angel Acebes, señaló que el terrorismo es la amenza más grave para la democracia en el siglo XXI, dado que su objetivo es destruir el modelo de convivencia del Estado de Derecho. Señaló que la fortaleza de este modelo de Estado es precisamente la actuación desde la legalidad, pero es necesario dotarlo de nuevos medios e instrumentos. Recordó la creciente gravedad de los ataques del terrorismo islamista. Propuso como forma más eficaz de luchar contra el mismo el intercambio de información mediante la creación de un clima de confianza entre Servicios de Información e Inteligencia.


    - 2.ª reunión del Grupo de Jerez, 19 y 20 de octubre de 2003. Con carácter previo a esta reunión se celebro una reunión de expertos de los cinco países, un grupo llamado "Big Five", que preparó la reunión del Grupo de Jerez. A esta reunión acudieron los principales responsables de la lucha antiterrorista del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil.
    En la reunión preparatoria se analizaron los avances en las investigaciones sobre los atentados de Casablanca que se habían llevado a cabo entre los países miembros del Grupo. Los representantes británicos expusieron las investigaciones sobre grupos radicales paquistaníes, mientras los españoles manifestaron su preocupación por el reciente, aunque significativo, aumento de personas procedentes de Paquistán que se estaban instalando en Cataluña. En esta reunión se pudo comprobar que las informaciones bilaterales y multilaterales que se habían compartido entre los miembros en una anterior reunión en Madrid, habían generado múltiples intercambios respecto a la identidad de personas sospechosas de participar en grupos de radicales islamistas.


    En la reunión del Grupo de Jerez, España expuso el informe sobre los atentados de Casablanca, destacando las siguientes conclusiones: 1.º) identificación del origen del grupo terrorista que había cometido los atentados, en una zona concreta de Casablanca; 2.º) identificación de apoyos de este grupo, localizados en Argelia; 3.º) constatación de la grave preocupación marroquí por estos atentados; 4.º) concienciación de la necesidad de trabajar conjuntamente con Marruecos y Argelia; 5.º) comprobación de la necesidad de intercambiar información entre los países reunidos sobre los grupos terroristas islamistas asentados en Europa y que hubieran recibido entrenamiento en Afganistán.


    - 3.ª reunión del Grupo de Jerez, 16 y 17 de febrero de 2004. El Subdirector General Operativo del Cuerpo Nacional de Policía emitió un informe preparatorio de dicha reunión. El informe destaca que la colaboración policial operativa entre los países del Grupo es buena y que España ha apoyado e impulsado todas las propuestas presentadas. El Informe recomienda a los representantes españoles que van a asistir a la reunión: 1.º) que se incrementen los intercambios de información sobre las características y "modus operandi" de los grupos terroristas que actúan en cada uno de los cinco países, prestando especial atención a los grupos de naturaleza islamista; 2.º) asegurar que los asuntos de terrorismo tengan prioridad en las reuniones, incluidos los referidos al terrorismo de ETA y GRAPO; 3.º) abordar el incremento de los medios materiales, personales y técnicos para luchar eficazmente contra el terrorismo, subrayando la conveniencia de fortalecer la cooperación en este terreno entre los cinco países. En este documento también se señala la necesidad de impulsar y reforzar el papel operativo de Europol como instrumento de cooperación policial de apoyo a la investigación y al conocimiento de la dimensión real de la delincuencia internacional grave que padece la Unión Europea.


    Una segunda nota, también del Subdirector General Operativo, preparatoria de la referida reunión del Grupo de Jeréz resume la reunión celebrada en Alemania a la que asistieron expertos en terrorismo islámico. La nota señala 1.º) que las autoridades españolas no tenían más datos que los ya aportados anteriormente sobre los atentados de Casablanca; 2.º) respecto a los atentados de Turquía se señaló que las autoridades turcas habían informado de la vinculación de los autores con Al Qaeda, de aspectos relativos a los explosivos y el modus operandi de los autores; 3.º) la necesidad de compartir datos y tener más información sobre los campos de entrenamiento de los terroristas; 4.º) importancia de intercambiar datos sobre personas que hayan viajado a Iraq, con especial atención a las captación de ellos en cárceles (delincuentes habituales o comunes) u otros lugares; 5.º) necesidad de fijarse en la falsificación de documentos; 6.º) información instantánea sobre el nivel de peligro y amenaza de terrorismo islamista, con un intercambio rápido y fluido de la información.


    Además, obra en poder de la Comisión una nota, de 21 de enero de 2004, preparatoria de la tercera reunión de Jerez, realizada por la Unidad Central de Información Exterior, es decir, aquella responsable directamente del terrorismo islamista. Por su interés conviene destacar algunos puntos de la nota, que en todo caso, se elabora, como la anteriormente referida, después de la reunión preparatoria que tuvo lugar en Alemania: 1.º) La representación alemana manifestó que el terrorismo islamista es la amenaza terrorista más importante actualmente, y se establece a tenor de la dimensión futura de probables atentados. El 11 de septiembre fue el desencadenante al que siguió una cadena de atentados relacionada con la estructura de Al Qaeda.
    Asimismo, se hizo mención de las declaraciones de Osama Ben Laden y de sus lugartenientes, alentando los atentados acaecidos después del 11-S y amenazando con futuras acciones contra diferentes países occidentales.
    Destacó que a pesar de las detenciones y del desmantelamiento de sus bases afganas la red de Al Qaeda aún podía actuar a través de grupos regionales apoyados por operativos de la organización que habían huido. A este respecto centró su atención en la situación de Irak y en la captación de jóvenes en mezquitas europeas por imanes radicales. La representación alemana terminó significando que la prevención debería orientarse hacía las personas calificadas de riesgo, con medidas específicas de los Servicios de Inteligencia, que deberían valorar la información y pasarla a las Oficinas encargadas del terrorismo. La representación española se manifestó de acuerdo con los parámetros manifestados por la Delegación alemana. 2.º) Del mismo modo, en esa reunión, la Delegación británica dio su impresión de que Al Qaeda puede estar utilizando grupos locales para cometer sus atentados, citando los atentados de Casablanca y Estambul. Manifestó que esa organización terrorista no tiene prisa y seguramente hay células preparadas para cometer atentados que ya se habían decidido en Afganistán. 3.º) El tercer tema tratado en la reunión fue la vinculación entre las redes terroristas y las estructuras propias de la delincuencia común, concluyendo que a partir de las redes de falsificación de documentos y de inmigración ilegal, se puede llegar a los terroristas islamistas. Los documentos usados y falsificados por terroristas son los mismos que utilizan los delincuentes comunes, ya que emplean las mismas redes.


    Finalmente, en la tercera reunión de Jerez (16/17 de febrero de 2004), España manifestó que la lucha contra el terrorismo debe ser una prioridad de la UE. La representación española destacó que el objetivo del Grupo debía ser transmitir a sus ciudadanos el mensaje de que se ocupa de su seguridad. En relación a la presencia de agentes armados en vuelos y a la seguridad en los transportes, el Ministro del Interior español manifestó la importancia de la prevención, la investigación y la información, recordando la amplia experiencia española en materia de seguridad en todo tipo de medios de transporte.


    La Comisión observa, a la vista de éstas y otras informaciones a las que ha tenido acceso, que los Servicios de Inteligencia de otros países describieron formas de actuación del nuevo terrorismo internacional que coinciden básicamente con lo que hasta ahora se conoce del Grupo que actuó el 11 de marzo. Esos Servicios de Inteligencia proporcionaron valiosa información a las autoridades españolas encargadas de la lucha contra el terrorismo islámico:

    1.º) el riesgo de un atentado terrorista islamista podía provenir de grupos locales;

    2.º) las células terroristas islamistas estaban vinculadas con la delincuencia común;

    3.º) la conveniencia de comunicar a los Servicios de Inteligencia el nombre de las personas de riesgo para posteriormente pasarlos a los servicios de lucha contra el terrorismo.


    Para el comisario De la Morena Bustillo aunque el riesgo era muy grande, no se valoró en su adecuada medida. A la pregunta del comisionado Jaime Ignacio del Burgo:

    "¿Cree usted que incrementar nuestra presencia militar en Afganistán puede incrementar o simplemente seguimos estando sujetos al mismo peligro real de terrorismo islámico que ya existía antes del 11 de marzo?"

    El máximo experto en la lucha contra el terrorismo con el que contaba el Cuerpo Nacional de Policía respondió:

    "... les diré que del terrorismo islámico hasta el 11 de marzo sólo sabía el abc. Luego, por desgracia, he tenido que aprender mucho. Yo creo que en este momento nuestro grado de amenaza es muy alto, quizás porque sabemos mucho más. No quiere decir que antes del 11-M no lo fuese, pero no lo sabíamos".


    "¿No lo sabían ustedes?" Repreguntó el comisionado del Grupo Parlamentario Popular.


    "Sabíamos que sí, pero ahora sabemos mucho más, tenemos mucho más conocimiento...". Respondió el compareciente.


    Además de los documentos antes reseñados y de diversas declaraciones efectuadas ante la Comisión, ésta ha tenido acceso a documentación calificada como secreta, de los Cuerpos de Seguridad (22 de abril de 2002; 24 de febrero de 2003; 19 de marzo de 2003; 25 de junio de 2003), de Europol (29 de enero de 2004) y del CNI (10 de junio de 2003; 18 de octubre de 2003; 27 de octubre de 2003; 20 de noviembre de 2003; 21 de enero de 2004) de la que se deduce igualmente el conocimiento por parte de las autoridades políticas de la amenaza terrorista de origen islamista que se cernía sobre España y otros países occidentales.


    Debe regularse, dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un Protocolo expreso de seguimiento de los Informes elaborados en materia de alertas sobre riesgo de nuevos atentados terroristas, con la finalidad de garantizar que el contenido de esos informes sea conocido por los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como por las propias autoridades gubernamentales.


    No puede ser que informes, como el elaborado desde la Policía por el señor Mariano Rayón en noviembre de 2003 y a menos de cuatro meses de los atentados, no se hubiesen difundido de manera expresa al Presidente del Gobierno, al Ministro del Interior, al Director General de la Policía, además de a otros altos cargos y autoridades.


    En resumen, toda la documentación conocida por la Comisión y los testimonios escuchados ponen de manifiesto de forma explícita, clara y contundente, antes de los atentados del 11 M, que nuestro país podía ser objetivo inmediato de un atentado terrorista de naturaleza islamista. El peligro era conocido y estaba claramente señalado por los máximos expertos en materia antiterrorista con que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y, por lo tanto, debió dar lugar a la adopción de un conjunto de medidas preventivas que incrementasen la seguridad frente a la amenaza real del terrorismo islamista, acelerasen las investigaciones en curso y supusiesen la adopción de una serie de medidas inmediatas respecto a los medios humanos dedicados a esta labor.


    Como veremos, las advertencias que aparecen en los informes de los Cuerpos de Seguridad sobre las amenazas crecientes del terrorismo islamista señalan que ese riesgo se incrementó y se hizo más visible como consecuencia de la participación de España en la guerra de Irak.


    2.El aviso de Casablanca.


    Quizás la advertencia más manifiesta y palpable que corría nuestro país se percibe a través de un atentado sin precedentes contra intereses españoles en el extranjero. Como veremos, los documentos de los servicios de seguridad advirtieron que el atentado de Casblanca marcaba un antes y un después en la amenza terrorista islamista contra España.


    En efecto, el 16 de mayo de 2003 se produjeron cuatro atentados sincronizados causando 24 muertes y más de 60 heridos en varios edificios de Casablanca (Marruecos), uno de ellos el restaurante de la Casa de España. Los otros edificios afectados por las bombas que portaban los terroristas suicidas fueron la Alianza Israelita, el Hotel Safir Farah y el Consulado de Bélgica. Los atentados se producían apenas una semana después del triple atentado que el terrorismo islamista lanzó contra intereses norteamericanos en Riad (Arabia Saudita).


    Los Servicios de Inteligencia españoles interpretaron la acción terrorista de Casablanca como un atentado contra los intereses españoles. Además, consta que los autores de estos atentados contaron en su momento con apoyo logístico prestado desde Melilla y desde otros lugares de la península, y ahora ya sabemos que alguno de los presuntos autores se refugiaron en nuestro país, siendo posteriormente detenidos y procesados por la Audiencia Nacional. La Comisión también ha tenido conocimiento de que alguno de los presuntos autores de los atentados del 11-M está también relacionado con los atentados de Casablanca o con células que intervinieron en aquella acción terrorista.


    En base a lo anterior, los servicios de seguridad españoles reconocieron en su momento que, en cualquier momento y por razón de oportunidad, España podría ser objeto de una acción terrorista de naturaleza islamista.


    En los Planes Parciales de Inteligencia elaborados por la Subdirección General de Operaciones de la Guardia Civil a partir de mediados de 2003 se describe el aumento del peligro de acciones de terrorismo islamista en España a causa de la coyuntura internacional. En concreto en el Plan Parcial de Inteligencia "Operación Paso del Estrecho" de 19 de junio de 2003, se dice:

    "Al igual que el 11-S supuso un antes y un después dentro del terrorismo islamista internacional, la fecha del 16-5-2003 ha de suponer el impulso definitivo que constate la importancia que realmente representa este tipo de terrorismo en nuestro país.


    El atentado contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos), unido a las declaraciones efectuadas por Tawfiq Ben Attash, número 4 de Al Qaeda, detenido recientemente en Pakistán, en las que manifestaba que los objetivos de la Organización eran los Estados Unidos, el Reino Unido y España, no ha hecho sino confirmar a España como objetivo de los terroristas.


    La pertenencia de España a diversas organizaciones internacionales occidentales, tanto civiles como militares (Unión Europea, OTAN, etc.), y la coherencia política que ha demostrado con las decisiones que éstas adoptan, unido al apoyo prestado a los Estados Unidos en su guerra contra Iraq, implica determinados riesgos. La imagen de nuestro país pasa de ser la de una entidad individual a la de un "opresor occidental", a los ojos de determinadas naciones y grupos extremistas. Para estos últimos "combatir a Occidente" significa tanto atentar contra intereses estadounidenses como contra intereses españoles."

    En la misma línea, el documento de ENFOPOL 142-EUROPOL, analizado por la Guardia Civil, en marzo/agosto de 2003, en el apartado referido al terrorismo internacional, afirma:

    "El atentado contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos) unido a las declaraciones del número dos de la red Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, en las que hace un llamamiento a los musulmanes a intensificar la "Yihad" y atacar las Embajadas de los enemigos del Islam, no hace sino confirmar la hipótesis de que España, al igual que cualquier otro miembro de la Comunidad Europea, es objetivo de este tipo de terrorismo.


    El atentado de Casablanca es la culminación de un proceso de evolución creciente del movimiento islamista radical en Marruecos y, analizando su forma de ejecución, se observa que se trata de un atentado cuidadosamente planificado hasta el último detalle, donde se emplean más personal, donde se aprecia un más alto nivel de preparación y donde se ve claramente la intención de causar el mayor terror posible. La elección como objetivo de este lugar, podría deberse al alto grado de repercusión y alarma social que simplemente la denominación de "Casa de España" puede llegar a crear en las sociedades marroquí y española."

    A idéntica conclusión llega la valoración que de estos atentados hace el CNI a través de su informe de 10 de junio de 2003, en el que se pone de manifiesto que los atentados forman parte de una estrategia global a la que no puede sustraerse España, de manera que si bien es cierto que hasta ese momento España no era más que una base de apoyo a las actividades terroristas islámicas, a partir de entonces podría convertirse por razón de oportunidad en objetivo directo de esa clase de terrorismo.


    Los atentados suicidas de Casablanca de mayo de 2003 son el aviso definitivo. Hay un antes y un después de esas acciones terroristas. De entre las víctimas mortales, 4 son ciudadanos españoles que se encontraban en la Casa de España de la ciudad marroquí. Pese a ello, la titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y otros ministros negaron que se tratara de una acción contra intereses españoles. El Gobierno del Partido Popular ocultaba la verdad.


    En este sentido son significativos los testimonios que se han vertido en la Comisión por distintos comparecientes respecto al análisis y gravedad de los atentados de Casablanca.


    Así, Faustino Alvarez Sola, Jefe de la Unidad Central Especial (UCE) de la Guardia Civil, manifestó:

    "La amenaza va variando en el transcurso de los años. Antes de 2001, no se pensaba nada; después de 2001, se empieza a sospechar, y después de 2003, después de Casablanca, mucho más todavía"... "Después de los atentados de Casablanca, se hace una orden de servicio donde decíamos que la amenza es seria y que hay que trabajar...".


    Del mismo modo, el ex comisario De la Morena, que durante años desempeñó la dirección de la Comisaría General de Información, una de las máximas autoridades españolas en la lucha contra el terrorismo, contestó a la Comisión a preguntas relativas al Informe de 28 de noviembre de 2003 elaborado por el Servicio de Asuntos Árabes e Islámicos:

    "... La evolución de la amenaza, la que hacemos los tres cuerpos, tanto CNI, como Guardia Civil, como Policía, tiene unos elementos comunes, creo, porque lo estamos tratando todos los días, y dentro de esos elementos comunes sé que hay efectivamente una elevación de la amenaza en la primavera del 2003; entre la guerra de Irak y el atentado de Casablanca se detecta desde el punto de vista estratégico. No tenemos conocimiento de informaciones precisas sobre que se vaya a cometer un atentado, pero efectivamente esos análisis estratégicos que se hacen temporalmente constatan que hay una elevación de la amenaza, y posteriormente cuando Ben Laden hace referencia a España, creo que en octubre de 2003, hay otro pico en la elevación de la amenaza. Pido ese Informe, lógicamente, para tomar medidas, no para llevármelo a casa. Ese Informe se lo paso al subdirector operativo."

    Por otra parte, en el Sumario 20/04 de la Audiencia Nacional se señala que la casa de Morata de Tajuña, que presuntamente los terroristas utilizaron para reunirse, alojarse, guardar los explosivos y montar las bombas que luego depositaron en los trenes, estuvo arrendada por Mustapha Maymouni.
    Dicha persona, en el momento de producirse los atentados del 11 de marzo, estaba detenida en Marruecos y condenada por su participación en los atentados de Casablanca. Otra de las personas relacionadas con la mencionada vivienda, Mohamed Acaid, marido de la arrendadora de la vivienda, ha sido procesado por su militancia en Al Qaeda. Por lo tanto, parece evidente que son muchos los datos que vinculan directa o indirectamente a personas que de un modo u otro participaron en los atentados de Casablanca o tienen relaciones con otras organizaciones terroristas islamistas como Al Qaeda, con las personas que directamente promovieron y ejecutaron los atentados terroristas del 11-M.


    La Comisión ha podido comprobar que la relación entre el atentado de Casablanca y España es directa y que existen múltiples vínculos entre las personas que en su día participaron en el atentado de Casablanca y las que el 11-M de 2004 atentaron en Madrid.


    La investigación de los atentados de Casablanca demostró inquietantes conexiones entre sus autores y los integristas asentados en España.
    Mustafá El Maymouni, miembro del GICM y dirigente del grupo Salafia Jihadia en Madrid, fue detenido en Marruecos como organizador del golpe.
    También fue detenido en Marruecos Salaheddin Benyaich y, el 13 de junio en Algeciras su hermano Abdulaziz, ambos vinculados al 11-S y al atentado de Casablanca.


    Los atentados de Casablanca fueron perpetrados por el grupo Al Assirat Al Moustakin (El Camino Recto), un grupo terrorista integrado en el movimiento Salafiya Jihadia, al que también pertenece el Grupo Islámico Combatiente Marroquí.


    Según los autos judiciales del sumario 20/2004, instruido por el magistrado Juan del Olmo, el líder de Al Qaeda en España, Abu Dahdah, captó primero a El Azizi, miembro del Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL) y éste después al marroquí El Maymouni, del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM). Tanto el GICL como el GICM están en la órbita de Al Qaeda y participaron en la reunión de Estambul, en febrero de 2002 donde se decidió que los Yihadistas debían atentar en sus lugares de residencia.


    Se sabe que en 2001, El Maymouni y Mohamed El Egipcio recompusieron los grupos de fanáticos dispuestos a vengar la detención de su jefe, Abu Dahdah. El nexo entre los grupos era Sarhane Ben Abdelmajid El Tunecino, casado con una hermana de El Maymouni y radicalizado en contacto con El Egipcio, miembro de la corriente Tafkir Wal Hijra (Anatema y Exilio). A finales de 2001, El Maymouni viajó a Marruecos donde creó la célula de Kenitra con el objetivo de preparar atentados en Marruecos. En octubre de 2002 volvió a Madrid y creó su propio grupo, captando a El Tunecino, a Mohamed Afalah y Said Berraj.


    Según el auto del juez Del Olmo, "antes de 2003, y ante la situación de conflicto en Irak y la posición del Gobierno de España, Driss Chebli, Mustapha El Maymouni y Sarhane El Tunecino expresaron su deseo de atentar en España como respuesta a dichos hechos (conflicto iraquí)".


    En junio de 2003, El Tunecino lideraba el grupo integrado por los hermanos Oulad Akcha, Rifaat, Kounjaa, Galyum y Fouad al-Morabil, a los que se unió El Chino, recién llegado de Marruecos tras cumplir condena por homicidio. Todos ellos han resultado implicados en los atentados del 11-M.


    En Madrid, tras el traslado de Mohamed El Egipcio a Francia y luego a Italia, y tras la detención de Maymouni, Allekema Lamari creó un grupo radical con dos marroquíes, Basel Ghalyoun y Fouad al- Morabit Amghar y dos sirios, los hermanos Moutaz y Mohamed Almallah. (Mohamed Almallah Dabas se afiliaría posteriormente al PSOE madrileño, el 4 de mayo de 2004, después del 11-M, siendo expulsado cuando dicho partido conoció su relación con el sumario). Este grupo de Lamari se uniría posteriormente a los grupos de Sarhane El Tunecino y de Jamal Zoughan para formar el comando del 11-M). Después del 11-M se supo que El Maymouni, conectado con Sarhane El Tunecino y Jamal Zoughan, había alquilado la casa de Chinchón para preparar el 11-M. El Maymouni fue condenado por su implicación en los atentados de Casablanca.


    Concretamente algunas de las conexiones personales entre ambos atentados son las siguientes:

    - Mustafá Maymouni: detenido, juzgado y condenado en Marruecos por lo atentados de Casablanca. Maymouni dirigía en Madrid el grupo de la Salafia Jihadia, habiendo alquilado la casa de Morata de Tajuña en la que se montaron las bombas del 11-M.


    - Tensamani Jad, que había ejercido como imán en el mezquita de El Portillo (Toledo), pronunciaba discursos animando a la Yihad en un piso de Villaverde al que acudían Basel Ghalyoun, Foud El Morabit, los hermanos Moutaz y Mohamed Almallah, Jamal Zougan Rabei Osman, Sarhane El Tunecino, y otros de los implicados en el atentado del 11-M. El imán de la mezquita de El Portillo fue detenido en Marruecos por su vinculación con el atentado de Casablanca a través de Robert Pierre Richar, alias Yacoub, uno de los presuntos cerebros de la matanza de Casablanca.


    - Salaheddin Benyaich, natural de Tánger, combatiente en Chechenia, detenido en Marruecos por su vinculación con los atentados del 11-M, también estuvo en España vinculado con Abu Dahdah. Este último le ayudó para recibir atención médica e implantarse un ojo de cristal en una conocida clínica madrileña.


    - Abdeladim Akouad, alias Nadufel, detenido en Badalona, por su presunta relación con la matanza de Casablanca, miembro del grupo Salafia Jihadia.


    - Robert Pierre Richard, alias Yacoub, uno de los cerebros de los cinco atentados de Casablanca recibió ayuda de islamistas radicales en Melilla donde estuvo unos días refugiado, además tenía vínculos con algunos de los detenidos en Barcelona.


    Los atentados de Casablanca supusieron el más serio ataque del terrorismo islamista contra el país magrebí. El hecho de que el comando de Casablanca atacase el restaurante "Casa de España" fue para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado muy relevante. La muerte de cuatro ciudadanos españoles en el atentado junto con los destrozos producidos en el ataque, supuso a juicio de los especialistas en terrorismo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del CNI una seria advertencia que no podía pasar desapercibida para las autoridades españolas. Sin embargo, y a pesar de que los especialistas dieron la máxima relevancia al atentado que sufrió el país vecino, el Gobierno de España restó importancia al hecho, alegando incluso que no tenía ninguna relación con España, que no era un ataque a nuestro país, y que por lo tanto tampoco suponía un aviso del aumento del riesgo de atentado terrorista en España.


    3.El aumento del riesgo: la guerra de Irak.

    exterior de nuestro país ha sido la buena relación con los países árabes, que se ha traducido de manera constante en una cooperación para la paz y el progreso de muchos de ellos y ha convertido a España en lugar de acogida de sus ciudadanos. En buena medida, ello ha contribuido a que nuestro país haya sido visto secularmente como un país occidental amigo del mundo árabe. Sin embargo, en los últimos años, esa percepción general ha cambiado en el mundo árabe, en parte por el alineamiento del anterior Gobierno de España con los países que, en política exterior, han optado por una visión unilateral de las relaciones con el mundo árabe. Esto se evidencia de una forma especial a partir de la guerra de Irak.


    El 5 de febrero de 2003, mientras el Gobierno de los Estados Unidos acusaba en la ONU a Sadam Hussein de disponer de armas de destrucción masiva, el presidente Aznar expuso en el Congreso de los Diputados su apoyo a la guerra de Irak que, entre otros argumentos, justificó con las detenciones de Barcelona, estableciendo así un vínculo entre la guerra de Irak y las redes terroristas islamistas en España. Esa misma mañana, el General Varela, Subdirector General de Operaciones de la Guardia Civil ordenó a todos los Jefes de Zona controlar a todos los individuos islamistas radicales, sus vínculos con la delincuencia común y aumentar la vigilancia en "estaciones de trenes y autobuses, nudos de comunicación, grandes centros comerciales o de tránsito de personas".


    El 11 de febrero de 2003, a través de la cadena de televisión al-Yazira, Ben Laden lanzó un mensaje en el que pidió a los musulmanes del mundo que se unieran frente a un posible ataque a Irak. Por su parte, el número dos de Al Qaeda, Ayman Zawahiri, dijo el 21 de mayo de 2003, en otra grabación, que había que "seguir el ejemplo de los diecinueve hermanos que atacaron Nueva York y Washington".


    La Comisión deduce que si hay un hecho que vincula la guerra de Irak con la amenaza terrorista a nivel internacional, y más concretamente con Al Qaeda, es el comunicado de Osama Ben Laden de agosto de 2003, que explicita una amenaza que España ya soportaba como país occidental y que se incrementa por su participación en la guerra de Irak, formando parte de una coalición que, según los terroristas, amenaza en su totalidad al Islam.


    De todo ello también podemos deducir que la vinculación de terroristas españoles con Al Qaeda y con su estilo de actuar viene de los últimos años 90 y de los primeros años del 2000, y está muy relacionada con los campos de entrenamiento de terroristas. En este sentido, Gómez Menor manifestó:

    "... Se había detenido a gente, se había detenido a algunos comandos de los que existían ciertas informaciones sobre que podrían estar involucrados o cometer atentados. Nosotros habíamos detectado muchos muyahidines, algunos que habían ido a Afganistán, que se habían preparado militarmente de forma terrorista -porque aquello era de forma terrorista- y habían regresado a España. Eso es un auténtico peligro. Pero una cosa es esa amenaza general que puede existir -incluso creo que el propio Ben Laden en octubre de 2003 mencionó la palabra España y la incluyó en sus amenazas-, una amenaza genérica, y otra es que yo creo que ninguno de nosotros podíamos creer que iba a ocurrir algo semejante... Había una amenaza, se notaba en el ambiente. Es cierto, existía esa amenaza."

    La valoración de la creciente amenaza del terrorismo islamista en relación a la crisis de Irak fue descrita asimismo en muchos otros informes. La Orden de Servicio 5/2003, de la Subdirección General de Operaciones de la Guardia Civil hacía la siguiente predicción, en un documento fechado el 12 de marzo de 2003:

    "en función de la evolución de la mencionada crisis -se refiere a la última oportunidad dada por el Consejo de Seguridad de la ONU al régimen iraquí para cumplir las obligaciones de desarme- es probable que, en parte o en todo el territorio nacional, además de las movilizaciones y acciones de protesta en contra de la guerra y de la postura mantenida por el Gobierno que se pudiesen llevar a cabo, no puede descartarse la comisión de actos ilícitos de diversa índole, incluso de carácter terrorista."

    Conviene destacar que este aviso está fechado justo un año antes de los atentados del 11 de marzo de 2004.


    Es indudable que la guerra de Irak planea constantemente sobre la creciente amenaza terrorista contra todos los países occidentales y, especialmente, contra aquellos que están más directamente implicados en la estrategia seguida por el Gobierno de los Estados Unidos contra el régimen iraquí.


    La Comisión ha podido conocer que a principios del año 2004, distintos Servicios de Seguridad españoles apuntaban el peligro de que pudiera realizarse un ataque terrorista contra intereses españoles. Según esos Servicios en el ataque se podrían utilizar métodos convencionales (por ejemplo, artefactos de fabricación casera) o armas químicas, biológicas o radiactivas. Los objetivos generales de los terroristas podrían ser las legaciones diplomáticas, compañías multinacionales, infraestructuras de transporte, lugares concurridos, etc. Además, señalaban que tales acciones terroristas buscarían el mayor impacto colectivo, ésto es, causando un gran número de víctimas y provocando la alteración de la normalidad social. Respecto a los autores, esos servicios señalaban que la acción podría ser ejecutada por grupos terroristas como Al Qaeda, el Frente Islámico Mundial para la Yihad contra Judíos y Cruzados, en el que se integran 30 grupos radicales, alguno de los cuales cuenta con presencia en España, o por organizaciones palestinas, kurdas e iraníes radicadas en Irak, así como por elementos incontrolados que atendieran la llamada de la Yihad internacional.


    Para el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, la guerra de Irak supone un aumento del riesgo pero no la causa de los atentados; en la Comisión lo expresó en los siguientes términos:

    "Yo lo he podido percibir desde mi punto de vista porque he venido estudiando el fenómeno y era consciente de que en cualquier momento en España podía ocurrir por algunas otras circunstancias concomitantes o por causas objetivas que se han podido ir dando, como por ejemplo la participación de España en el conflicto de Irak. Había algunos toques de alarma que podían indicar que eso podía ocurrir, al menos policialmente ese era el criterio, al menos en Inteligencia esa era la información.


    La participación de España en la guerra de Irak podía suponer un aumento del riesgo de atentados terroristas islamistas en España a medio y largo plazo. No he dicho en ningún momento que esta sea la causa, he dicho que puede ser una concausa objetiva. La participación activa en la guerra por decisión del Gobierno español en el conflicto de Irak es un elemento que ha supuesto una agravación objetiva.


    Yo establecería un antes y un después de la invasión de Irak. Sin lugar a dudas, ahí se produce un punto de inflexión en el que la actividad terrorista internacional se concentra sobre Irak, cosa que antes no sucedía. Es decir, en Irak no había organizaciones terroristas, quizás porque estaba Sadam Hussein. La única organización terrorista era Ansar Al Islam, pero estaba en la zona de exclusión, en el kurdistán iraquí que tras la primera guerra del golfo quedó fuera de la jurisdicción de Sadam.
    A partir de la guerra de Irak se produce una generación de organizaciones, y bajo el mando de Abu Musab al Zarkawi prácticamente es donde está concentrada la mayor capacidad de acción actual de los grupos o de las redes de apoyo de Al Qaeda; hasta un total de cinco organizaciones están actualmente operativas en el interior de Irak.
    Además de estas cinco, hay aproximadamente una treintena que están operando con más o menos intensidad en estos últimos años en todo el mundo; y especialmente, por su proximidad, tenemos las que tienen su centro o teatro de operaciones en el Magreb y principalmente en Marruecos."

    Resulta evidente que en las motivaciones concretas de los autores del atentado de Madrid sí influyeron, aunque no es fácil deducir con que intensidad, el clima político internacional y la intervención de España en la guerra de Irak. A tal efecto, es ilustrativa de las motivaciones de la célula de Madrid la conversación que en la casa de Morata de Tajuña tuvo Jamal Ahmidan (alias Mougly), uno de los autores materiales del 11-M y persona que consiguió los 200 kilos de explosivos, con los suministradores de los mismos, meses antes de los atentados. En el sumario que se tramita en la Audiencia Nacional, Carmen Toro relató el contenido de la conversación que, por su contundencia, reproducimos a continuación:

    "Mougly dijo que los árabes estuvieron en Andalucía y tras comentar la declarante el asunto del islote de Perejil surgió la conversación sobre Ben Laden y el ataque a las Torres Gemelas, increpándole la declarante que habían destruido la Gran Manzana a lo que Mougly dijo que eso estaba bien y al comentario de la dicente que habían muerto muchos inocentes, Mougly le replicó, diciendo que también estaban muriendo inocentes en Irak con el envío de las tropas españolas por parte del Presidente Aznar..."

    Del mismo modo, en el fundamento de hecho quinto, del Auto del Juzgado Central de Instrucción N.º 6 de la Audiencia Nacional, sumario N.º 20/2004, de fecha de 21 de diciembre de 2004, se recoge el Informe Policial realizado por la Unidad Central de Información Exterior de la Comisaría General de Información, que deja clara la intencionalidad asesina de Sarhane El Tunecino, motivado fundamentalmente por la guerra de Irak. La resolución se expresa en los siguientes términos:

    "Sarhane busca medios y gente para realizar la misión que habían tomado: atentar en España como reacción a la posición al conflicto de Irak. Se junta con el grupo de Jamal Ahmidan, con gente de varios de los grupos participantes."

    En la propia resolución en la que se recoge el informe de la UCIE aludido, se citan fuentes de "Inteligencia" que describen reuniones acaecidas en Madrid, en el verano de 2003, en las que Sarhane El Tunecino se muestra ansioso por precipitar una acción terrorista en España. En la mencionada Resolución Judicial de 21 de diciembre de 2004, hecho quinto, Punto 9 se afirma:

    "Según datos de Inteligencia ya en el verano de 2003 existían reuniones...
    en esas reuniones, según las mismas fuentes Sarhane estaría ya amenazando con la idea de "hacer ataques" ante la pasividad que él entendía del resto del grupo"... En octubre de 2003, es cuando Sarhane empieza a llamar a integrarse en la llamada del Islam, haciendo clara referencia a la necesidad de dar un paso más, hacia el cumplimiento de la Jihad /.../".


    El Gobierno del Partido Popular quiso vincular la detención en Cataluña por la Audiencia Nacional de personas pertenecientes a células islamistas con el régimen dictatorial de Sadam Hussein.


    En ninguno de los informes a los que la Comisión ha tenido acceso ni tampoco en las informaciones, publicaciones y documentación examinada se ha podido apreciar ni la más mínima relación entre éstas células islamistas y el régimen de Irak. En ningún caso, se ha conocido información indirecta que vinculara, ni tan siquiera coyunturalmente a Al Qaeda con Sadam Hussein.


    A pesar de que estos hechos eran perfectamente conocidos por el anterior Gobierno y a pesar de que no disponía de ninguna información fidedigna que relacionara el peligro de un atentado de origen islamista en España con la amenaza que, en genérico, suponía el régimen de Sadam Hussein, el Gobierno, a través de su Presidente, no dudó el 5 de febrero de 2003 en el Congreso de los Diputados, en justificar una intervención militar en Irak en base a las detenciones de terroristas armados en Alemania, Gran Bretaña y España.


    La vinculación artificial de ambos hechos quiso hacerse para argumentar que una intervención en Irak era necesaria como medio para reducir el peligro de acciones terroristas en España. Sin embargo, no se aminoró en absoluto el peligro. Más bien al contrario, ya que, como han alegado diversos comparecientes y consta en distintos informes a los que ha tenido acceso la Comisión, aunque la guerra de Irak no puede considerarse el elemento determinante del atentado del 11-M, lo cierto es que la participación activa de España en esa contienda supuso la elevación evidente del riesgo de un atentado del terrorismo islamista en nuestro país.


    España se hace visible por el apoyo del Gobierno a la Guerra de Irak, pero éste no adopta medidas de seguridad interior a la altura de las amenazas derivadas de su apoyo a la guerra. Se mantiene una estructura "de juguete", sin la suficiente coordinación entre los servicios de seguridad, privados de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a la amenaza.


    El 14 de marzo de 2003, el mundo visualizó la alianza del Gobierno de José María Aznar con George W. Bush y Tony Blair, escenificada en la reunión celebrada en la base militar estadounidense de Lajes, en la isla Terceira, en la célebre Cumbre de las Azores. En la madrugada del día 20 de marzo de 2003 comenzó la guerra.


    El 20 de marzo comienza una guerra ilegal e ilegítima, declarada unilateralmente y no respetando la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en que se reclamaba conocer por todos los medios si realmente Irak disponía o no de las denominadas armas de destrucción masiva. Unas armas que, a día de hoy, sabemos por boca de los mismos impulsores de la Guerra, que fue un invento que sirvió de pretexto para justificar la invasión. El apoyo del presidente Aznar a la guerra de Irak añadió más riesgo y nos reforzó como objetivo, aunque no fue el factor único que desencadenó el atentado. Eramos antes un objetivo de los terroristas y seguimos siéndolo ahora. Cabe resaltar que el CNI, en un informe de 16 de septiembre de 2002 había cuestionado la capacidad de Irak en la fabricación de armas de destrucción masiva. Pero el presidente Aznar hizo oídos sordos a esa valoración y siguió a pies juntillas la versión del presidente Bush, porque los informes del CNI no convenían a sus intereses en política exterior.


    El presidente Aznar apoyó la guerra, pero no adoptó las medidas de seguridad interior correspondientes para hacer frente a la grave amenaza añadida y derivada de su apoyo a la guerra.



    EL ESTADO ANTE LA AMENAZA TERRORISTA ISLAMISTA


    1. Las investigaciones sobre islamistas radicales y la infravaloración de la amenaza.

    El Gobierno ha proporcionado a la Comisión diversos documentos que realizan un relato cronológico de las actividades del terrorismo internacional de origen islamista en España, así como de las operaciones policiales que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desarrollaron para investigar y detener a sus autores. Resumiremos las principales operaciones que datan del año 1996 y se extienden hasta el año 2004, caracterizadas la mayor parte de ellas por realizarse a instancia de autoridades policiales y judiciales extranjeras.


    A continuación se destacan las principales operaciones de la Comisaría General de Información contra el terrorismo integrista islámico:

    - Marzo de 1996: detención en las localidades de Puigcerdà (Girona) y Martinet (Lleida) de cinco argelinos, cinco marroquíes y dos españoles por su presunta pertenencia a una Red que facilitaba el paso clandestino de miembros del Grupo terrorista GIA a través de la frontera franco-española.


    - Abril de 1997: Operación "Appreciatte", detención en la Comunidad Valenciana de 11 ciudadanos argelinos, presuntos integrantes de una infraestructura ligada al Grupo Islámico Armado (GIA), que tenía como objeto facilitar refugios a miembros de la referida organización. Entre otros, en esta operación fue detenido Allekema Lamari, de cuya participación en los atentados del 11 M existen algunos indicios en las investigaciones judiciales que están en curso.


    - Abril-Mayo de 1997: desarticulación en Barcelona de una red de apoyo logístico a organizaciones terroristas de corte islamista que había desarrollado una infraestructura para distribuir entre Argelia, España y el resto de Europa, documentación, dinero y posiblemente armas, a miembros incardinados en grupos terroristas de cuño islámico.


    - Diciembre de 1997: desarticulación en Valencia de un entramado de apoyo logístico y documental vinculado al Grupo Islámico Armado (GIA).


    - Septiembre de 1999: detención de un ciudadano argelino que tenía interesada orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por el delito de colaboración con banda armada.


    - Mayo de 2000: extradición de un ciudadano argelino que había sido reclamado a las autoridades suizas por tratarse de un presunto miembro de la organización terrorista argelina Grupo Islámico Armado (GIA) según se determinó en el curso de la investigación de la "Operación Appreciatte".


    - Junio de 2001: detención del ciudadano argelino Mohamed Bensakhria, máximo responsable de la célula islamista "Meliani" ligada a Al Qaeda y desarticulada en la ciudad de Frankfurt (Alemania). Los integrantes de ésta célula mantenían estrechos vínculos con activistas islámicos detenidos en el Reino Unido e Italia.


    - Septiembre de 2001: detención en diversas localidades de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Murcia, Valencia y Navarra de 17 personas de origen magrebí por hallarse involucrados en actividades desarrolladas por una célula islamista próxima a la organización terrorista argelina Grupo Salafista para la Predicación y el Combate.


    - Noviembre de 2001: Operación Dátil I, desarticulación en Granada de una importantísima infraestructura terrorista relacionada con la organización liderada por Osama Ben Laden, tras haberse detenido a once personas que formaban parte de una célula ligada a Al Qaeda, cuyo líder Abu Dahdah pudo tener relación con Mohamed Atta, uno de los pilotos suicidas del 11 de Septiembre en Nueva York (EE.UU.).


    - Enero de 2002: Detención de dos destacados miembros de una célula de Al Qaeda que habían huido a raíz de la desarticulación de la célula de Abu Dahdah en la Operación Dátil. Ambos estaban en búsqueda y captura acusados de integración en organización terrorista.


    - Abril de 2002: Operación Dátil II, como continuación a la desarticulación de la célula de Al Qaeda en noviembre de 2001, y una vez analizada la documentación intervenida en posteriores registros dentro del ámbito del apoyo económico y financiero, se realizaron dos nuevas detenciones de personas que habían constituido una trama empresarial que destinaba sus beneficios a entidades e individuos vinculados a Al Qaeda.


    - Julio de 2002: Operación Dátil III, detención de cuatro nuevas personas en Madrid y Castellón como continuación de la operación contra una célula de Al Qaeda de noviembre de 2001.


    - Enero de 2003: Operación Lago, desmantelamiento de una red de activistas islámicos en Cataluña. Tuvo lugar en siete localidades de las provincias de Barcelona y Girona, y permitió desarticular una importante red de activistas islámicos ligada a la organización terrorista Al Qaeda y, al menos en parte, a la también organización terrorista argelina Grupo de Protectores de la Corriente Salafista (DHDS), escindida del GIA a finales de los años 90. En esta operación se intervinieron algunas sustancias químicas pendientes de peritación por el Servicio NBQ (Lucha nuclear, biológica y química) con el fin de determinar sus posibles usos en actividades terroristas.


    Además, en esta operación se incautaron algunos teléfonos móviles, sobresaliendo uno de ellos - de la marca TRIUM- del cual, por su aspecto exterior se puede deducir que no era usado para el fin concebido pues, además de faltarle la oportuna tarjeta telefónica, se aprecia la existencia de dos agujeros en la parte superior del mismo similares a los que se hallaron en la incautación de otros teléfonos celulares en anteriores operaciones policiales efectuadas contra elementos radicales islámicos y que estaban destinados a ser utilizados como receptores de señal en la confección de artefactos explosivos. Se da la circunstancia de que un teléfono de la misma marca y manipulado de forma semejante se encontró en la bolsa que contenía la bomba número 13 que no llegó a explotar el día 11 de marzo en los atentados de Madrid.


    - Junio de 2003: detención del ciudadano marroquí Abdelaziz Benyaich, relacionado con los atentados suicidas de Casablanca (Marruecos) perpretados el 16 de mayo de 2003. El detenido presuntamente estaba apoyando logística y financieramente a uno de los cerebros de los atentados de Casablanca.


    - Junio de 2003: detención de un ciudadano de origen magrebí vinculado a un entramado logístico- financiero de Al Qaeda.


    - Agosto de 2003: Operación Aguadulce, detención de un ciudadano argelino reclamado por las autoridades alemanas por su presunta implicación en actividades de apoyo financiero y logístico de una red integrista islámica asentada en Alemania.


    - Septiembre de 2003: detención de un periodista sirio, nacionalizado español, por su presunta pertenencia a la organización terrorista Al Qaeda, su integración en la célula española dirigida por Abu Dahdah y las actividades por él realizadas a favor de dicha organización. Esta detención es consecuencia de la Operación Dátil iniciada en noviembre de 2001. Este periodista durante los años 1998 a 2000 mantuvo contacto personal y telefónico con los miembros de Al Qaeda residentes en Alemania, vinculados al comando dirigido por Mohamed Atta, uno de los pilotos suicidas en los ataques del 11 de Septiembre a los Torres Gemelas.


    - Septiembre de 2003: detención de un ciudadano argelino a los efectos de su extradición a Argelia por su presunta implicación en actividades terroristas relacionadas con la organización islamista argelina, Grupo de Protectores de la Corriente Salafista (DHDS).


    - Septiembre de 2003: Operación Dátil IV: detención de cinco personas por su militancia en la organización terrorista Al Qaeda y su integración en la célula islamista liderada por Abu Dahdah.


    - Octubre de 2003: detención de un ciudadano marroquí a los efectos de su extradición a Marruecos por su implicación en los atentados de Casablanca.


    Todas estas operaciones evidencian la existencia de células terroristas en el territorio español, el cual era usado como lugar de refugio y base de operaciones logísticas.


    La intensidad de la amenaza se puede apreciar en la importancia de la operación Dátil acometida por el Cuerpo Nacional de Policía, y sobre todo, por la conexión entre algunos de los detenidos en la operación y el movimiento general del terrorismo tipo Al Qaeda. Al respecto, Gómez Menor explicó lo siguiente a la Comisión:

    "... Llevamos 10 años con la investigación de la operación Dátil. Se desarticuló. Ha habido cinco fases, habiéndose practicado muy importantes detenciones... Mustafa Setmarian era el contacto de Abu Dahdah en Londres, la persona que dirigía la revista Al Ansar, el órgano de expresión del GIA, la persona que estaba asociada a Abu Qutada, el máximo responsable de los muyahidines. Mustafa Setmarian y Abu Qutada están procesados por el juez Garzón... Recordarán ustedes a un español de origen árabe, pero al fin y al cabo nacionalizado español y casado con una española, que se llamaba Nabil Nanakli. Nabil Nanakli fue a Yemen -era la mano derecha de Abu Dahdah- y al cabo de seis meses cometió un atentado contra una turista italiana. Cuando los autoridades de Yemen hicieron el registro en su domicilio encontraron todo un plan para cometer atentados en Yemen, entre los cuales se incluía al primer Ministro. En un principio hubo unas acusaciones muy fuertes por parte del Estado de Yemen contra Arabia Saudí. Se sospechaba que eran los servicios secretos saudíes quienes habían participado en ese complot, porque el dinero se enviaba desde Arabia Saudí. La operación Dátil demostró que no era así, produjo un verdadero vuelco en esas investigaciones. Se demostró con documentos bancarios la persona que estaba enviando el dinero a esta persona, a Nabil Nanakli... Esos documentos encontrados en la Operación Dátil demostraron como eran los miembros de la Operación Dátil, quienes estaban financiando; o sea, era Al Qaeda el que estaba financiando...".


    Por estas relaciones, además de por otros motivos, la amenaza existente en España, en opinión de la Comisión, no debía haber sido valorada como genérica, porque las pruebas de la relación entre personas que actuaban, procedían o residían en España y el terrorismo internacional islamista eran numerosas, incluso España estaba siendo utilizada como base para financiar atentados en otros países. Los atentados del 11-M fueron perpetrados por personas que se encontraban en España desde hacía algún tiempo, viviendo en muchos casos de manera legal, con autorizaciones de residencia, y que aparentaban llevar una vida normal.


    Según el magistrado Baltasar Garzón:

    "Del análisis de lo que va aconteciendo, en un primer momento, el material humano del que se nutre este nuevo terrorismo es muy desafectado, es de un nivel económico bajo, es de un nivel cultural bajo, de un nivel de educación prácticamente inexistente, de bolsas de marginalidad, de ahí va siendo extraído. Pero en un momento histórico, a partir de 1998, esto ya no es así, sino que comienza a captarse ideológicamente a una serie de personas de una alta cualificación técnica, de carreras universitarias.
    Podemos ver el ejemplo de los atentados del 11 de septiembre y, nuevamente ahora, en los movimientos integristas islamistas que nos vienen del Magreb vuelve a verse esa captación en zonas marginales.


    Decía antes que no necesariamente el terrorismo es internacional, porque lo que nos ha enseñado el 11 de marzo es que la gran mayoría de las personas aparentemente vinculadas de una u otra forma estaban aquí ya, legal o ilegalmente, pero eso tendrá que influir en una nueva forma de afrontar problemas pendientes como el de la inmigración o la permeabilidad de las fronteras".


    A esta conclusión estima la Comisión que deberían haber llegado las autoridades políticas a tenor de las conexiones entre varios de los atentados islamistas que se producen entre 2001 y 2004 en Estados Unidos (Nueva York y Washington), Marruecos (Casablanca) y España (Madrid).


    Entre el 11-S y el 11-M hay varias coincidencias: cuatro aviones y cuatro trenes; el suicidio final de todos o parte de los autores. Y ello sin olvidar los vínculos entre el comando del 11-S (Atta, Binalshibh) con Abu Dahdah, y de éste último con miembros del comando del 11 M (Lamari, Sarhane, Zoughan). Incluso se ha llegado a apuntar la coincidencia cabalística entre ambas fechas.


    Hoy se sabe que el 4 de enero de 2001, once meses antes del 11-S, el egipcio Mohamed Atta, protagonista principal del ataque a las Torres Gemelas, viajó de Florida a Madrid, posiblemente para entrevistarse con Abu Dahdah. Pero su visita pasó inadvertida para la policía española. De Madrid, Atta se trasladó a Hamburgo para informar de la operación contra ESTADOS UNIDOS al hombre de Al Qaeda en Europa, el yemení Ramzi Binalshibh, coordinador logístico del 11-S. Este último viajó ese mes a Afganistán para informar a la dirección de Al Qaeda. Un año antes, en enero de 2000, Atta y Binalshibh se habían entrevistado en Karachi (Pakistán) con el kuwaití Khalid Sheik Mohamed, lugarteniente de Ben Laden. Los tres se habían reunido en diciembre de 1999 con Ben Laden y su jefe militar, Mohamed Atef, para fijar los objetivos de las Torres Gemelas, el Pentágono y la Casa Blanca.


    El 8 de julio de 2001, tres meses antes del 11-S, Mohamed Atta viajó de Miami a Madrid, donde pernoctó en la habitación 111 del hotel Diana Cazadora, en el número 12 de la avenida de la Hispanidad. De allí viajó el día 9 en un coche alquilado hasta el aeropuerto de Reus, donde recogió a Binalshibh y juntos viajaron a Cambrils, donde se alojaron en la habitación 412 del hotel Mónica para preparar los atentados del 11-S hasta el último detalle. Luego viajaron a Vilaseca (Tarragona) y se reunieron con el argelino Mohamed Belfatmi, que estaba en contacto con Abu Dahdah. De allí viajaron por carretera a Murcia, donde Bilalshibh encargó al argelino Khaled Madani, ingeniero en Óptica Mecánica, que estampara un visado Schengen virgen falsificado en un pasaporte robado en marzo de 2000 a un turista norteamericano en Barcelona y que Binalshibh le remitiría con posterioridad, con el fin de salir de Europa y refugiarse en Afganistán antes del 11-S. Los días 13, 14 y 15 de julio, Atta y Binalshibh pernoctaron en la habitación 206 del hotel Sant Jordi de Tarragona, y el 16 Binalshibh viajó de Reus a Hamburgo. Atta se alojó en la habitación 512 del hotel Casablanca Playa de Cambrils. El 17 durmió en la habitación 15 del hotel Montsant de Vilaseca y regresó en coche a Madrid, desde donde viajó a Miami, el 19 de julio.


    Desde Hamburgo, Binalshibh realizó un giro de 14.000 dólares al francés Zacarías Moussaoui, residente en Oklahoma. Moussaoui, preso en Guantánamo y acusado de formar parte del comando inicial del 11-S, tenía en su agenda el teléfono de Amer El Azizi, el miembro de la célula de Abu Dahdah que apoyó la cumbre de Atta y Binalshibh en Tarragona. (Azizi, vinculado a Abu Dahdah y a la célula de Hamburgo del 11-S fue acogido en octubre de 2001 por el marroquí Mustafá El Maymouni, jefe del grupo Salafia Jihadia. Azizi huyó de Madrid a Teherán en noviembre de 2001, aunque regresó ocho días después. Dos agentes del CNI intentaron detenerle, pero saltó por una ventana y huyó a Turquía, donde se perdió el rastro).


    Según el comisario Rafael Gómez Menor, entre julio y septiembre de 2001, Abu Dahdah mantuvo conversaciones telefónicas con varios de los sospechosos de haber participado en los atentados del 11-M, como Zamal Zoughan, Said Berraj, Moutaz y Mohamed Almallah. También habló con Abu Dujan al Afgani, el terrorista que reivindicó en el vídeo de la M-30 los atentados del 11-M.


    Abu Dahdah también mantuvo conversaciones con Driss Chebli, acusado de haber organizado la reunión de Tarragona entre Mohamed Atta y Ramzi Binalshib.


    El 27 de agosto de 2001, el marroquí Falid Hilali, alias Shakur, telefoneó desde Londres a Abu Dahdah y pronunció una frase enigmática: "Estoy dando clases muy buenas, el tipo de clases aquéllas. Ahora hemos entrado en el campo de la aviación y hemos degollado el pájaro". (Días después, la policía supo que Shakur había vivido ese mismo año en Granada con Mahboule, a quien se le encontró en posesión de manuales sobre cómo fabricar explosivos). La Policía española interceptó la conversación, pero no advirtió el peligro de su significado. De todos modos, hubiera sido inútil, porque debido a la escasez de traductores, la conversación sólo fue traducida después del 11-S. (Posteriormente, la policía española fue informada por la policía alemana BKA de que en el piso de uno de los miembros del comando de Hamburgo, Said Bahaji, se había encontrado una agenda con los nombres y teléfonos de Abu Dahdah y de Mohamed Ghaleb. Las conexiones entre los terroristas del 11-S y la célula española eran formidables).


    El 5 de septiembre de 2001, seis días antes del 11-S, Binalshibh regresó a Madrid, donde pernoctó en el hotel Madrid. Un miembro de la célula de Abu Dahdah pudo entregarle el pasaporte con el visado Schengen falsificado en Murcia por Madani. El 7 de septiembre, el yemení tomó en Barajas un vuelo hacia Dubai, y de allí viajó a Pakistán, donde llegó el día 11. El 11-S murieron más de 3.000 personas en los ataques a las Torres Gemelas y en los aviones estrellados ese mismo día.


    Gómez Menor lo expresó en la Comisión en los siguientes términos:

    "La conexión solamente son las personas que dependen de alguien y a su vez ese alguien parece que pudiera tener relación con los dos hechos. No quiero extenderme sobre cuáles son las conexiones de Abu Dahdah con el 11 de septiembre porque el juez Garzón lo tiene procesado por el 11 de septiembre, con lo cual eso está claro. Su participación de una u otra forma ha sido valorada por un juez en principio y esa valoración ha sido suficiente para procesarle por el 11 de septiembre.


    Ahora bien, 11 de marzo. Hay una serie de personas, por ejemplo, Jamal Zougam. Todo indica, por lo que nosotros conocíamos, que la persona que aparecía como Jamal hablando con Abu Dahdah en numerosas ocasiones es Jamal Zougam. Le diría más. Se ha hablado de Amer El Azizzi, que es otro seguidor de Abu Dahdah. Todo parece indicar -o por lo menos la prensa así lo dice, yo ahí no puedo ser muy explícito- que Amer Azizi ha tenido, alguna participación. Amer Azizzi es un seguidor de Abu Dahdah. Mustafa Maymouni es el cuñado de Serhane y está condenado por los atentados de Casablanca. Mustafá Maymouni es un seguidor de Abu Dahdah. La persona que alquiló la finca es un seguidor de Abu Dahdah. Yo he leído en la prensa -porque ya le he dicho que yo no participaba en esa investigación directamente- que Mohamed Bad Ddin Al Akkad, hermano de Mohamed Needl Acaid, ha alquilado la finca de Morata de Tajuña. Son seguidores de Abu Dahdah. Uno es el hermano de uno de los presos que está en prisión ahora mismo; el dueño de la finca está en prisión y procesado por el juez Garzón. El dueño de la finca es un seguidor de Abu Dahdah y está procesado por ello.


    /.../ Los islamistas de Lavapiés, que eran los seguidores de Abu Dahdah, y luego otra serie de islamistas, que parece ser -y le hablo de lo que he leído en los periódicos- que fueron reclutados, que son los delincuentes habituales, llámese Jamal Ahmidan. Parece que hay claros tres grupos diferentes: los islamistas de toda la vida, por decirlo así, los delincuentes habituales a los que han convertido y la trama del norte para conseguir explosivos. Pues bien, los islamistas de toda la vida son los antiguos seguidores de Abu Dahdah, sobre los que no hubo pruebas, unos indicios o indicios suficientes para proceder a una detención y que estaban libres porque no habían cometido ningún delito".


    El núcleo central de los autores materiales de los atentados del 11-M estaría compuesto, según las investigaciones policiales y judiciales practicadas, por Lamari, Sarhane, El Egipcio, Maymouni, Zoughan y Ahmidan. Se da la circunstancia de que todos ellos, en algún momento de su estancia en España, habían sido investigados por la policía por delitos comunes, habían tenido relación con personas detenidas o sospechosas de pertenecer a grupos islámicos violentos o, incluso, estaban encausados en procedimientos judiciales relacionados con el terrorismo islamista.


    Uno de los hermanos Oulad, a los que Jamal Ahmidan unió a las células que confluyeron en el 11-M, había sido condenado por tráfico de drogas, siendo condenado a cuatro años de cárcel. El otro hermano también tuvo problemas por traficar con drogas. Ambos se ganaban a duras penas la vida en actividades relacionadas con la construcción.


    Asimismo, El Chino incorporó también a la célula de Lavapiés a un vecino suyo residente en Ceuta, Abdelilah El Fadual el Akil, un tetuaní que vivía en Ceuta y que ayudó a Jamal Ahmidan a cruzar ilegalmente a España con documentos falsos y vehículos robados, cuando éste fue puesto en libertad después de haber cumplido una condena por asesinato en una cárcel marroquí.


    La célula reunida por Lamari y Sarhane estaba plagada de marroquíes procedentes de Tánger y de Tetuán. La peligrosidad de Lamari y sus amenazas de producir atentados en España eran conocidas y fueron publicadas por el Centro Nacional de Inteligencia.


    La Comisión ha detectado un error judicial que permitió la excarcelación de este peligroso terrorista que luego intervino en el atentado del 11 M.
    El 29 de junio de 2002, Allekema Lamari fue puesto en libertad por decisión de la Audiencia Nacional por cumplirse el tiempo legalmente establecido para la prisión preventiva cuando, sin embargo, el Tribunal Supremo había dictado ya la sentencia en la que finalmente se disponía que tendría que continuar en prisión otros 4 años. Este órgano judicial tardó un mes en comunicar su decisión a la Audiencia Nacional.


    Con posterioridad a los atentados se ha tenido conocimiento, y así obra en el Auto de la Audiencia Nacional de 30 de marzo de 2004, que Sarhane, alias El Tunecino, llevaba desde mediados de 2003 amenazando con una acción violenta en Madrid. Esta resolución judicial lo expresa de forma clara y rotunda:

    "En la investigación ha aparecido como elemento personal dirigente y coordinador de las distintas personas supuestamente implicadas, un ciudadano tunecino, también buscado, quien no sólo resulta ser elemento dinamizador de la actividad previa de concienciación de la Yihad entre las personas de su entorno (entre los que se encontrarían varios de los detenidos implicados y otros implicados buscados), sino que expresas manifestaciones (desde mediados del año 2003, al menos), de preparación de una acción violenta en España, y en concreto en la zona de Madrid, como expresión de la referida Yihad..."

    Posteriormente se unió al grupo Abdennabi Kounjaa, alias Abdalá, un inmigrante marroquí que había sido detenido en la frontera de Ceuta cuando intentaba pasar a Marruecos en un coche robado en Italia. Aunque fue expulsado a Marruecos, consiguió regresar a España, trabajar como temporero e impartir lecciones sobre el Corán influyendo con sus pensamientos radicales en los imanes locales.


    Mohamed El Hadi Chedadi, detenido por su implicación en los atentados del 11-M, poseía un comercio con su hermano y socio Abdelnabi Chedadi. Frente al mencionado comercio existe un establecimiento que vende unas bolsas idénticas a las utilizadas por los terroristas del 11-M para introducir las bombas en los trenes. Lo que a esta Comisión interesa destacar es que Abdelnabi Chedadi, hermano del hoy detenido por los atentados de Madrid, forma parte a su vez de un grupo de personas acusadas de terrorismo y colaboración con banda armada. De hecho, alguno de los miembros de este grupo, como Said Chedadi, está procesado en el sumario 35/01 que se sigue en la Audiencia Nacional contra la célula española de Al Qaeda.


    En la mayoría de los casos, para reunirse y trazar sus planes, los terroristas buscaban ámbitos reservados como la finca de Morata de Tajuña o diversos pisos en Madrid y otras provincias.


    Dado que algunas de estas personas tenían antecedentes delincuenciales por los que habían ingresado en prisión, en ciertas ocasiones llegaron a tomar contacto, entre ellos y con otros delincuentes, en ámbitos públicos o controlados por las autoridades, como las cárceles. A tal efecto el magistrado Garzón expresó su opinión acerca de las relaciones que se establecen en los centros penitenciarios:

    "Después de que se investigaron y fueron decretadas las prisiones correspondientes, esas personas tomaron contacto en las prisiones y a partir de ahí luego se comprobó en algunos casos que formaron grupos para la comisión de hechos delictivos relacionados con el tráfico de drogas, de modo que vimos mezclados a turcos con gallegos, a gallegos con colombianos, a colombianos con marroquíes y a marroquíes con italianos.
    Eso es así. Aquí y por el conocimiento que yo tengo, ocurre algo similar, pero hay un elemento diferencial, que es el elemento ideológico religioso y el cultivo que las prisiones -y es un dato objetivo- se produce de la radicalización de determinados sujetos al recibir determinadas enseñanzas islamistas o salafistas. Es un hecho constatado que después de pasar por prisión se produce esa circunstancia, pero quizás es inevitable porque hay un contacto permanente dentro de los centros penitenciarios."

    A este respecto la Comisión valora que tampoco en este aspecto se adoptaron las medidas suficientes, ya que tal y como opina el citado magistrado, si parece inevitable que se produzca una relación entre este tipo de personas cuando entran en prisión, esta circunstancia tendría que haber sido tenida en cuenta por las autoridades y haber puesto los medios humanos y materiales suficientes para impedir que la entrada en prisión y la posterior conexión entre terroristas hubiese servido para reconstruir estructuras, preparar planes o adoctrinar a otros internos. Es evidente que también en este aspecto algo falló con anterioridad al 11-M. Como así ocurrió en el ámbito de las instituciones penitenciarias respecto a la masiva destrucción de documentos por falta de traductores de árabe. Así fue conocido por la Comisión con motivo de las reiteradas alusiones al Informe del Coordinador de Seguridad de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 29 octubre de 2004.


    La Comisión estima que uno de los problemas fundamentales del proceder de las máximas autoridades responsables de la seguridad respecto al terrorismo islamista fue la minusvaloración de la amenaza. En este sentido es muy relevante que Pedro Díaz-Pintado, Subdirector Operativo del Cuerpo Nacional de Policía y, por lo tanto, máximo responsable dentro de la escala policial de esa institución, manifestara, a preguntas del comisionado Jordi Jané y en relación con el informe emitido por la UCIE en noviembre de 2003, lo siguiente:

    "Perdone, pero siempre ha sido, insisto, en lo que conozco, una alerta para Europa; englobada en el tema de la guerra, de Afganistán, de no sé qué y no sé cuanto, y más puntualmente a España. Pero se pensaba que podía ser o no ser en los campos de batalla -entre comillas- o en cualquier otro país europeo. La alerta estaba dada. Otra cosa es que haya que hacer mucho más."

    La respuesta del Subdirector de la Policía es realmente preocupante. Ante un Informe que todos los expertos han calificado como alarmante, ante una información que sitúa a España como objetivo cierto e inmediato del terrorismo islamista, y ante una constatación de que los países que habían sido amenazados directamente por Al Qaeda, eran objeto de ataque en un plazo de entre 30 y 60 días posteriores a la amenaza formulada, el Subdirector Operativo de la Policía dice que, una vez dada la alerta, no se puede "hacer mucho más". Por otra parte, el contenido literal de las manifestaciones de este alto cargo del Ministerio del Interior delatan la escasa importancia que se dio a este informe. Al parecer, en opinión del Subdirector, el hecho de que el informe relacionase la alarma con la guerra le restaba categoría, cuando precisamente este hecho tendría que haber sido definitivo para que las autoridades del Ministerio del Interior y del Gobierno se tomasen muy en serio un peligro que había pasado de ser latente a ser inminente.


    La desconsideración del peligro que para el Estado español suponía el terrorismo islamista se agrava por la relativización de las amenazas hechas por Ben Laden y AI-Qaeda específicamente contra España tras la guerra manifiestamente ilegal de Irak. Resulta grave, igualmente, el desconocimiento de Informes de la Subdirección General Operativa de la Guardia Civil, de la Unidad Central de Información Exterior. Se ignoran Informes de los Servicios de Inteligencia norteamericano y de Israel en los que se considera un macabro ranking de riesgo, figurando España en tercer lugar tras USA y el Reino Unido. Se ignoran las actuaciones judiciales del Juez de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional contra las organizaciones salafistas y la apertura de sumarios contra células de AI-Qaeda. Se ignora la propia dimensión del atentado de Casablanca. Se ignoran, por último, Informes del Centro Nacional de Inteligencia entregados en esta Comisión de Investigación, que alertaban del riesgo de un atentado inminente, citando expresamente la expresión: trenes, vías ferroviarias o incendios forestales.


    La Comisión estima que, a lo largo de sus trabajos, se ha puesto de manifiesto que, antes del 11-M, existía una grave descoordinación de las investigaciones policiales sobre terroristas islamistas y una ausencia de comunicación y puesta en común de la información que, sobre presuntos islamistas radicales, poseían diferentes Unidades y Cuerpos policiales, lo que sin duda produjo una evidente de falta de operatividad y eficacia.
    Además, la Comisión entiende que, en la valoración de la amenaza de la violencia islamista, han fallado los responsables políticos que, a pesar de que tuvieron a tiempo una evaluación profesional que les alertaba sobre la gravedad de la amenaza islamista, no le dieron la suficiente importancia y, como consecuencia de ello, no adoptaron las medidas necesarias para que se coordinarán las investigaciones, se pusieran en común las informaciones, y se controlara la amenaza y las personas que la provocaban. La prueba de ello es esa lacónica respuesta de Díaz-Pintado ante un peligro que era inminente: "otra cosa es que haya que hacer mucho más".


    La Comisión considera que el Gobierno no impulsó con suficiente profundidad la investigación de los siguientes aspectos relacionados con el terrorismo islamista: a) los resortes logísticos con que contaban los grupos armados islamistas; b) las líneas de financiación del terrorismo islamista con sede en nuestro país; c) el posible arraigo del terrorismo islamista en la delincuencia común de origen inmigrante; d) las posibles células durmientes y sus alientos de radicalismo coránico; e) los lugares de tránsito terrorista; f) el reclutamiento de futuros terroristas para el entrenamiento en campos fuera de España; g) las relaciones y actuaciones de los terroristas en los centros penitenciarios.


    2.El descontrol de los explosivos y la falta de coordinación policial.


    En el Informe de la Guardia Civil de 16 de abril de 2004 acerca de la investigación sobre la adquisición de explosivos se establece que Emilio Suárez Trashorras está implicado en el tráfico de armas y explosivos desde al menos el año 2001. Suárez Trashorras formaría parte de un grupo, de al menos cuatro personas, presuntamente dedicado a diversas actividades delictivas, especialmente robo de vehículos de alta gama, tráfico de estupefacientes y tráfico de explosivos. Las otras personas que formarían parte del grupo son Antonio Toro Castro, Carmen Toro y Javier González Díaz, alias "El Dinamita".


    Para facilitar la comisión de sus delitos este grupo creó una infraestructura, legal e ilegal, que les permitía tanto la "legalización" de sus actividades, el blanqueo de parte de las ganancias obtenidas con los tráficos ilegales y la utilización de una red -formada al efecto compuesta por delincuentes comunes que realizaban lo que los responsables del grupo les encomendaban, especialmente el robo de vehículos de alta gama y el transporte de droga.


    En la "parte legal" de la infraestructura se encuadra el negocio de venta de vehículos de segunda mano que dirige Antonio Toro Castro. En esta empresa se lleva a cabo el enmascaramiento de vehículos robados que, tras darles apariencia de "legales" eran puestos a la venta como si hubieran sido legalmente adquiridos. Antonio Toro ha utilizado gestorías y otras empresas de la rama del automóvil, directa o indirectamente, para obtener aquella documentación y/o elementos necesarios para conseguir la "legalización" de los vehículos robados.


    Algunos de estos vehículos han sido utilizados para el transporte de drogas, especialmente hachís, hasta Asturias. Los vehículos eran conducidos por un grupo de delincuentes comunes que trabajan a sueldo de los responsables del grupo. En el transporte de droga también han utilizado otros métodos como el movimiento de hachís en medios de transporte público, tarea de la que también se encargaban los delincuentes a sueldo de los responsables del grupo.


    Ésta misma red de transporte, con vehículos robados y "legalizados" y mediante la utilización de transporte público, es la que este grupo y los componentes de la célula de Lavapiés y de Morata de Tajuña utilizan para el transporte de explosivos. Es decir, la red dedicada al tráfico de drogas sirve en un momento dado para traficar con explosivos. Sin embargo, y aun estando en parte detectada la red de tráfico de drogas por las investigaciones que desde el año 2001 habían dado lugar a varios procesos judiciales, en ningún momento parece que los responsables policiales hubiesen detectado que esa misma red podía utilizar esos canales para comercializar y transportar explosivos.


    Según las investigaciones policiales, los cómplices de Suárez Trashorras realizaron varios desplazamientos a Madrid, transportando varios bultos voluminosos que ellos tomaron por hachís. Uno de los viajes se produjo en enero de 2004, otros dos en febrero.


    Respecto a la actividad delictiva del tráfico de explosivos, y más concretamente de dinamita, este grupo de personas ha utilizado la infraestructura creada para el robo de vehículos y transporte de hachís, aprovechando los contactos forjados por Suárez Trashorras durante el tiempo que estuvo empleado en la llamada "Mina Conchita".


    De las investigaciones policiales se deduce que el explosivo le era suministrado al mencionado Suárez Trashorras por personal de la mina. El mecanismo utilizado para robar el explosivo consistía en que el personal de la mina que tenía contacto con la dinamita "distraía" semanalmente una cantidad significativa que depositaban en un lugar acordado de antemano.
    Los explosivos eran depositados en la noche del viernes al sábado, y posteriormente, la noche del sábado eran recogidos por Emilio Suárez Trashorras.


    El contacto de esta red especializada de delincuentes con los presuntos autores de los atentados del 11-M se pudo producir durante la estancia en un Centro Penitenciario asturiano de Antonio Toro Castro. En este período coincidió en el mismo con Rafá Zouhier. Ambos internos trabaron amistad y, a tenor de las investigaciones, parece evidente que Zouhier actuó como intermediario en la venta de explosivos entre los asturianos y Jamal Ahmidan, alias "El Chino".


    Uno de los viajes contrastados de Jamal Ahmidan -y otros- a Asturias para entrar en contacto con Suárez Trashorras se produjo los días 28 y 29 de febrero de 2004, sábado y domingo respectivamente, días en los que, como ya hemos mencionado, Emilio Suárez acostumbraba a recoger el explosivo que previamente, el día anterior, habían depositado en el exterior de la mina.


    Raya en lo contracultural el sistema de protección existente en la llamada Mina Conchita, de donde procedía buena parte de los explosivos utilizados en el 11-M. La Mina Conchita poseía ocho minipolvorines con Goma-2 ECO, y estaba protegida por seis perros y una barrera cerrada con un candado del que poseían la llave cuatro personas, el encargado de la mina (actualmente detenido), y los conductores de los camiones que transportaban los explosivos. Se podría colegir de medidas de protección tan depuradas, que los terroristas del 11-M podían haber prescindido de los confidentes Suárez Trashorras y Antonio Toro, intercambiando explosivos por sustancias estupefacientes, y haber acudido personalmente a la mina a proveerse de explosivos en régimen de genuino autoservicio.


    Una vez conseguidos los explosivos, los terroristas disponían de conocimientos suficientes para preparar las bombas. Rabei Osman el Sabed Ahmed alias "Mohamed El Egipcio", antiguo militar en el ejército de su país, pertenecía a la Yihad Islámica Egipcia, había estado durante tres años cumpliendo el servicio militar, continuando posteriormente como voluntario en una brigada de explosivos, especializándose en demoliciones.


    Este individuo aleccionó en el uso y manejo de explosivos a alguno de los participantes en el atentado del 11-M. Concretamente enseñó estas técnicas al ciudadano tunecino Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, alias El Tunecino con quien pasó varias jornadas en la casa de Morata de Tajuña.
    Este lugar aislado había sido alquilado por los miembros de la célula de Lavapiés precisamente a través de la mediación de la agencia inmobiliaria en la que trabajaba El Tunecino.


    La técnica del montaje de bombas con teléfonos móviles era suficientemente conocida por las células de islamistas relacionados con grupos terroristas de esa tendencia. La técnica había sido utilizada en Bali.
    Asimismo, el Juez de la Audiencia Nacional, Ruiz Polanco, recibió en diciembre de 2002 un Informe de los Servicios secretos franceses sobre una célula que había pretendido atentar en Francia con un artefacto explosivo cuya puesta en marcha sería un teléfono móvil.


    Del mismo modo, en la operación Lago (febrero de 2003), la policía española encontró un teléfono de la marca Trium, convenientemente manipulado, del cual salían dos cables que podían servir para conectarse a un detonador y hacer explotar un artefacto. El teléfono es exactamente de la misma marca y modelo al encontrado en la mochila numero 13, el 11 de marzo, en la estación de El Pozo, desactivado posteriormente en la Comisaría de Vallecas. Por lo tanto, es evidente que, pese a ciertas especulaciones interesadas y sin ningún fundamento, varios de los componentes del grupo que atentó el 11 M en Madrid, tenían conocimiento suficiente en el manejo y manipulación de explosivos, siendo incluso uno de ellos experto en demoliciones. También es evidente, en opinión de la Comisión, que la técnica de la preparación de bombas iniciadas con teléfonos móviles estaba al alcance de estos grupos, como ya se había demostrado en Bali, en Francia o en el registro de la Operación Lago que había tenido lugar en varias localidades de Girona.


    Durante las actuaciones preparatorias de los atentados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pudieron detectar la actividad que los grupos delincuenciales estaban desarrollando, ni tampoco los contactos que mantenían.


    Por ejemplo, según ha declarado el propio Suárez Trashorras, a mediados del mes de septiembre de 2003 ambos grupos mantuvieron una reunión en un restaurante de Madrid. En esas mismas fechas, y concretamente el 18 de septiembre se sustrajo en Madrid el vehículo Toyota Corolla matrícula 1891-CFM. La matrícula de este vehículo fue posteriormente sustituida por la 9231-CDW, correspondiente a un turismo de idénticas características al sustraído. Según las investigaciones, este vehículo con las matrículas dobladas fue posiblemente utilizado para el transporte de explosivos desde Asturias a Madrid en fechas inminentemente anteriores a los atentados del 11-M.


    De nuevo, en la Navidad de 2003 a Emilio Suárez Trashorras le visitan en Asturias, según sus propias declaraciones, tres marroquíes. Precisamente correspondiendo con esas fechas, el 29 de diciembre, en una empresa del ramo del automóvil ubicada en Asturias se troquela la placa de matrícula 9231-CDW, utilizada por el Toyota Corolla robado en Madrid. El 1 de enero ese vehículo se accidenta y en su interior se encuentra una documentación que indica que Suárez Trashorras había depositado la documentación en una gestoría asturiana para que se procediese al cambio de titular del vehículo.


    Debe crearse un Protocolo de actuación por parte de los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en todos aquellos supuestos en los que un conductor no acredita su documentación o la de su vehículo. El control en el tráfico de los explosivos debe conllevar que se refuerce la eficacia y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también en la propia Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.


    No pueden repetirse sucesos como los protagonizados en la detención de Jamal Ahmidan, "El Chino", cuando se dirigía desde Asturias a Madrid el 29 de febrero de 2004, once días antes de los atentados. Concretamente, la Guardia Civil de Tráfico consiguió detener el vehículo que conducía y, a pesar de ello, se autorizó que prosiguiera su marcha sin conocer los antecedentes del conductor ni los del vehículo que conducía, poniéndose de relieve fallos graves de coordinación en la transmisión de los datos.


    De todo ello, deduce la policía que el robo del vehículo y la estancia de Suárez Trashorras en Madrid a mediados de septiembre están íntimamente relacionados y guardan relación directa con la venta y transporte de explosivos. Sin embargo, desgraciadamente, ninguna de estas actividades fraudulentas - robo del vehículo, cambio de placas, cambio de titular-, preparatorias del atentado, fueron detectadas por las fuerzas policiales y por lo tanto, tampoco pudieron ser puestas en relación con sus autores y con la conexión-colaboración que se produjo entre ambos grupos de delincuentes.


    De las investigaciones se deduce que los responsables del grupo asturiano han utilizado la infraestructura delincuencial de la que ya disponían para proveer de explosivos a la célula terrorista a cambio de hachís.


    No obstante, la Comisión estima necesario referirse con detenimiento a esta cuestión por la especial relevancia que la trama de los explosivos ha tenido durante el desarrollo de los trabajos de la misma.


    En Asturias existen múltiples explotaciones mineras, interiores o de cielo abierto y canteras, sobre las que ha pesado una "cierta leyenda" de dificultades objetivas en el control de explosivos, de bajo nivel de vigilancia y de facilidad para hacerse con material explosivo y detonadores, para posteriormente reintroducirlo en el "mercado negro", o en otros usos. Ello no significa, sin embargo, una generalización en la adquisición descontrolada de explosivos al alcance indiscriminado de la población, pero sí denota una cierta facilidad y accesibilidad predicable de determinados sectores.


    Objetivamente pues, Asturias presentaba un cuadro potencial de riesgo, no siendo por tanto descartable que el terrorismo internacional, o el terrorismo callejero vinculado a opciones radicales, o el propio terrorismo de ETA, o alguna organización criminal de delincuentes comunes, se fijase en algunas explotaciones como lugar donde surtirse de material explosivo.


    Los controles en los explosivos no funcionaban de forma adecuada o, en otras palabras, que era posible burlar el control si el artillero participa con alguien que desee traficar con explosivos.


    Rodríguez Bolinaga, Ex Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, lo explicó ante la Comisión de forma muy explícita:

    "Yo creo que el punto negro está una vez que se entra en la mina o en la cantera. A partir de ahí quien tiene la responsabilidad es el facultativo, o la persona que ha designado la empresa, el artificiero... Para sacarse un carnet de conducir, hace falta un psicotécnico; para ser artillero, no hace falta psicotécnico... Para que usted tenga una escopeta, yo le pido antecedentes penales; para ser artillero, se pueden tener antecedentes penales porque no se piden... Si usted es artillero y le condenan yo no le puedo quitar su tarjeta de artillero... Nuestro control es documental.
    Si se lleva ese control documental en las minas es porque la Guardia Civil lo exige...".


    No obstante, según Rodríguez Bolinaga, el posible robo es relativamente fácil:

    "El tema es relativamente fácil si yo quiero escaquear explosivos en una mina. Yo pido equis quilos y siempre y cuando el facultativo y el artillero estén de acuerdo podemos sacar lo que queramos, lo que queramos dentro de una racionalidad; 200 cartuchos o 200 kilos, lo que corresponda. Yo anoto en el cuaderno: salida de 200 cartuchos; el artillero se los lleva, quema cinco o quema quince, lo que buenamente quiera. Me dice que lo ha explosionado todo y ya está, tema liquidado..."

    Debe regularse de manera expresa la figura del artillero que explosiona el material en las minas, favoreciendo un control más exhaustivo de su actividad, así como de todos los que intervienen en ese proceso.


    Parece adecuado un incremento razonable del control que se ejerce sobre la gestión de su uso. Tal control debe pretender un equilibrio entre la responsabilidad que los poderes públicos tienen atribuida por el ordenamiento jurídico y la corresponsabilidad atribuible a quienes solicitan su uso profesional por el hecho de generar un riesgo.


    El coronel Hernando, Jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, exponía con claridad ante la Comisión el 20 de julio de 2004 una realidad alarmante:

    "Desde hace mucho tiempo es conocido que se sustraen pequeñas cantidades de explosivos por gente que los está manipulando o que está haciendo voladuras en las minas, porque hay efectivamente un pequeño mercado negro. Hay gente que solicita determinada cantidad de explosivos para la pesca furtiva o necesita determinadas cantidades de explosivos para ser utilizados en voladuras clandestinas..."

    El propio Coronel Jefe de la UCO calificó de gravísimo este hecho pero se reafirmó en que "los datos son los que son".


    Esta situación, aunque no dio lugar en los últimos años a ninguna operación policial específica, no era desconocida para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ni para los especialistas en la lucha contra el terrorismo, ni mucho menos, para los responsables del Ministerio del Interior.


    Es significativa la contestación que la propia Comandancia de la Guardia Civil expresó en su día contra la disminución de los umbrales de seguridad en la vigilancia de "barrenos cargados", en el mes de junio del año 2000. Ello provocó una consulta y un posterior oficio de la entonces Delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, fechada el 19 de junio de 2000, y que reiteradamente ha sido citada y reproducida en diversas comparecencias celebradas en la Comisión de Investigación, en cuyo contenido se pueden apreciar los siguientes términos:

    "Esta Delegación del Gobierno efectuó una consulta a la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos sobre la necesidad de mantener la vigilancia de los barrenos cargados con Vigilantes de Seguridad... Por todo lo expuesto considero que para el tema tratado debe de aplicarse estrictamente lo dispuesto en la ITC 10.2.01 del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera en especial en su punto 5, no siendo necesaria para la vigilancia de barrenos cargados la presencia de Vigilantes de Seguridad."

    Sobre la falta de planes específicos en materia antiterrorista alusivos a la vigilancia y control de explosivos fueron significativas las comparecencias en la Comisión de varios responsables, tanto de la Guardia Civil, como del Cuerpo Nacional de Policía en el Principado de Asturias.
    Así a la pregunta de si existió algún tipo de instrucción para planificar con carácter prioritario la lucha contra explosivos en el ámbito del Principado de Asturias, el Jefe Superior de Policía de Asturias respondió:

    "En tema referido al tema de explosivos no. Yo decía antes que cuando ha habido algún acontecimiento nosotros en Asturias tenemos montados unos dispositivos antiterroristas de protección de ciertas personalidades...
    de vez en cuando, cuando ha habido algún acontecimiento han ordenado que se extremen las medidas. En cuanto al tema del explosivo no se vislumbraba como una amenaza."

    En referencia a si ha habido intervenciones en los últimos años en Asturias de la Guardia Civil en casos de fraude, desaparición, robo o venta ilegal de dinamita, el teniente coronel Aldea Juan, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, respondió a la Comisión lo siguiente: "No es frecuente... si no me olvido, creo que ninguna".


    La Comisión apreció con motivo de diversas operaciones policiales falta de coordinación, que fue puesta de manifiesto por los mismos comparecientes.
    En este sentido llamaron poderosamente la atención las afirmaciones de la Guardia Civil de no haber sido informadas, en su día con motivo de la llamada "Operación Pipol" en la que, se incautaron a los integrantes de una trama de tráfico de drogas cartuchos de Goma-2 y detonadores por el Cuerpo Nacional de Policía, y pese a la competencia que en materia de explosivos tiene la Guardia Civil, no fue cursada ninguna información a ésta. Así se expresó en referencia a la citada operación el teniente coronel Aldea Juan: "no tuve conocimiento".


    En cuanto a la coordinación, a la pregunta formulada sobre cuál era el nivel de coordinación, si existía algún nivel de coordinación policial en Asturias entre los años 2000 y 2004 para evaluar determinadas operaciones, reuniones conjuntas, intercambio de información, etc., el teniente coronel, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, Aldea Juan, contestó: "tengo que responderle que no". A la pregunta de si existía coordinación de fuentes en el seno de la Guardia Civil o entre la Guardia Civil y otros cuerpos, el citado teniente coronel respondió: "no hay intercambio". A la pregunta de si le coordinó alguien desde Madrid, de la Dirección General de la Guardia Civil, de la Secretaría de Estado de Seguridad o del Ministerio del Interior sobre los riesgos y alertas de atentados o sobre especial cuidado en la persecución del tráfico ilegal de explosivos o de la vinculación entre el terrorismo islamista y el tráfico de drogas o si en general existió alguna instrucción o indicación, la respuesta del teniente coronel, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, fue la siguiente:

    "vuelvo a repetir que a finales de 2003, no recuerdo exactamente la fecha.
    Me parece que hubo algo sobre alerta de atentados, pero no se lo aseguro ¿Orientaciones precisas? No, creo que no."

    Sobre la falta de coordinación también se manifestó en la Comisión el Jefe Superior de Policía de Asturias (Carretero Enrique) en los siguientes términos:

    "solía haber lo que se llamaba Junta de Seguridad cada cierto tiempo, hacíamos unas reuniones Guardia Civil, Policía y Delegación del Gobierno.
    Cuando tenemos acontecimientos como los Premios Príncipe de Asturias, una huelga general, cuando hay un problema como lo de Ecofin, cualquier tema de esos, normalmente se hacen unas reuniones e incluso se mantienen contactos con los sindicatos para montar el dispositivo y evitar que pueda haber cualquier cosa."

    A la puntualización que se le formuló sobre que no estamos en presencia de algo reglado sino coyuntural, y que no es una coordinación sistemática, el Jefe Superior de Policía de Asturias, respondió: "efectivamente" [no es una coordinación sistemática].


    El antecedente expreso de la vinculación de tramas delincuenciales con la tenencia ilícita de explosivos se observa en la siguiente nota de prensa de la Dirección General de Policía, Comisaría de Gijón, autorizada en su emisión con el conocimiento de la Delegación del Gobierno en Asturias, con fecha de 31 de julio de 2001, y en la que se da cuenta de una "amplia operación policial contra el tráfico de estupefacientes", que reiteradamente fue leída en la Comisión, y en la que se afirma:

    "Miembros del CNP... procedieron a la detención durante la pasada semana de un total de 19 personas por su presunta vinculación a una red de traficantes de droga... desde el pasado mes de febrero del año en curso, se ha venido desarrollando la denominada "operación pipol", contra el tráfico de estupefacientes en Asturias... en el transcurso de la operación se efectuaron 13 registros en domicilios y garajes, incautándose un total de 3 kilos de cocaína de gran pureza, 84 kilos de hachís, 500 gramos de lactosa, 4.700.000 pesetas, 37 pastillas, 19 teléfonos móviles, 6 vehículos, 2 pistolas con abundante munición, 2 armas simuladas, 4 balanzas de precisión, libretas de ahorro, pulsera de oro, anotaciones y gran cantidad de material habitualmente usado para el tráfico, así como 16 cartuchos de Goma-2 y 94 detonadores eléctricos"...
    "los detenidos son: ...Antonio T. C; José Ignacio F. D; José Emilio S.
    T..."

    En las posteriores actuaciones policiales y judiciales a que dio lugar la "Operación Pipol" nadie investigó por qué entre los efectos incautados había explosivos y no se formuló acusación por tenencia ilícita de los mismos, centrándose todas las operaciones tanto judiciales, fiscales y policiales en el tráfico de estupefacientes. El actual Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias reseña en su Decreto de 31 de enero de 2005 que en aquella operación no se efectuó registro domiciliario a Antonio T. C, que era el que estaba en posesión de explosivos.


    Tres años después de aquellos hechos, dos de los detenidos, Antonio T. C.
    y José Emilio S. T. resultaron ser los conocidos Toro Castro y Suárez Trashorras, fatalmente los colaboradores con la trama del terrorismo islámico de corte radical, quienes proporcionaron los explosivos, Goma-2 y los detonadores eléctricos, con los que se produjo la matanza terrorista del 11-M.


    Entre los años 1999 y 2004, Asturias era una zona de potencial riesgo respecto del robo y tráfico ilegal de explosivos. Era una zona amenazada por un terrorismo que actuaba en España y singularmente en la Cornisa Cantábrica. Existía preocupación por la disminución de umbrales en la vigilancia y control, y existían precedentes de tramas delincuenciales a quienes se les había incautado explosivos. Sin embargo, no existía ninguna instrucción operativa específica en la lucha contra el terrorismo sobre el control y vigilancia de explosivos, salvo con motivo de algunos operativos montados con ocasión de algunos eventos como los Premios Príncipe de Asturias.


    No obstante, durante aquellos años, proliferaron "notitia criminis" sobre tráfico y tenencia ilícita de explosivos, que situaban en el epicentro a los detenidos en la "Operación Pipol", y como escenario al territorio asturiano.


    De ello existía conocimiento "arriba y abajo", es decir, en Asturias y en Madrid, en operativos policiales del CNP y en la Guardia Civil, en la Delegación del Gobierno y en la Fiscalía, en las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, y en el Ministerio del Interior.


    Los propios comparecientes ante la Comisión, en concreto el Jefe Superior de Policía de Asturias, reconoció que se daba cuenta a Madrid, tanto de la "operación pipol" como de los conocimientos por temas relevantes. En este sentido, y en referencia a la "operación pipol" informó a la Comisión que: "Normalmente, cuando hay un servicio de este tipo, se comunica a la Delegación del Gobierno, bien por teléfono o, en algunos casos, por escrito; a la Delegación del Gobierno y a Madrid"; confirmando de manera tajante que en los operativos habituales, hasta las notas de prensa, se consultan con la Delegación del Gobierno.


    A la vista de lo actuado por la Comisión de Investigación, por el Juez Instructor del Juzgado Central de Instrucción, por el Fiscal Jefe del TSJ de Asturias, por los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad remitidos y por el testimonio de los comparecientes, y teniendo en cuenta la documentación obrante en la Comisión, se puede establecer la siguiente secuencia de "notitia criminis" en relación con las denominadas "tramas" de explosivos:

    1. En fecha no precisada, en la primavera o en el verano del año 2001, el ciudadano Francisco Javier Lavandera Villazón alertó del tráfico de explosivos en el que estaban implicados Toro Castro y Suárez Trashorras a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón, y posteriormente a la Comisaría Nacional de Policía de Avilés y al Puesto de la Guardia Civil de Piedras Blancas. Este último extremo referido a Avilés y Piedras Blancas fue negado por el propio Sr. Lavandera posteriormente. No consta fecha exacta ni tramitación de diligencia alguna ni estancia acreditada de las visitas citadas.


    2. El 31 de julio de 2001, en nota de prensa, de la Dirección General de Policía, Comisaría de Gijón, se da cuenta de la "operación pipol", en la que se incautan 16 cartuchos de Goma-2 y 94 detonadores eléctricos, entre otros efectos, principalmente armas, drogas, dinero y vehículos, a Toro Castro y Suárez Trashorras, entre otros.


    3. El 28 de agosto de 2001, el ciudadano Lavandera Villazón se entrevista con el agente de la Guardia Civil, destinado en la Comandancia de Gijón, Jesús Campillo Veiga. Dicha conversación fue grabada por el agente en cinta magnetofónica y en ella se relataron diversos hechos referidos al tráfico de explosivos señalándose a dos individuos: "Toño Toro y Emilio".
    De todo ello el agente Campillo redactó un informe fechado el 29 de agosto de 2001, que fue elevado a la superioridad.


    4. En septiembre y octubre de 2001 se produjeron nuevas entrevistas entre el agente Campillo y el ciudadano Lavandera. Ambas entrevistas también fueron grabadas.


    5. En el otoño de 2001, el Jefe de Estupefacientes de la Comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez, tras la "operación pipol", inicia contactos con Emilio Suárez Trashorras, que se ofrece como confidente, tal como se refleja en los particulares del Sumario número 20/2004.


    6. A finales de 2002, el funcionario policial Manuel García dice (según informe suscrito por él mismo), haberse distanciado de Trashorras ya que el Grupo de Estupefacientes de Oviedo le comunicó que el citado Trashorras pudiera estar traficando con dinamita, por lo que estaba siendo investigado. Las investigaciones del Grupo del Cuerpo Nacional de Policía de Oviedo, según relató el propio Manuel García ante la Comisión, no dieron resultados positivos.


    7. A principios de 2003 la UCO, por sus determinados contactos con Rafa Zouhier (imputado por el 11-M), que había sido detenido en septiembre de 2001 con motivo de un robo perpetrado en un centro comercial de Asturias, alertó sobre el tráfico de explosivos en Asturias de Toro Castro y Suárez Trashorras. La Comisión que investiga el 11-M, en sesión secreta conoció un documento de la UCO, fechado el 27 febrero de 2003, que efectivamente alertaba sobre esos extremos.


    8. En febrero de 2003, José Ignacio Fernández Díaz, alias Nayo, en paradero desconocido, también implicado en la "Operación Pipol", tuvo contactos con la Unidad Operativa de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo, facilitando informaciones sobre Antonio Toro Castro y Emilio Suárez Trashorras, de quiénes afirmaba que estaban en posesión de 100 Kilos de dinamita, que estaban escondidos en un monte, y que intentaban vender.


    9. En los meses de febrero y marzo de 2003, según se desprende de los testimonios e informes obtenidos por la Comisión de los responsables de la Guardia Civil, se pusieron en marcha diversos operativos tanto de la UCO como de la Guardia Civil de Asturias, no dando resultado alguno.


    10. En la primavera de 2003, en fecha no especificada, el Capitán Marful, Jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo, da cuenta de las informaciones, antes aludidas, a determinados Fiscales de la adscripción de la Fiscalía de Avilés, en un contexto informal, sobre un posible tráfico de explosivos que estaba siendo objeto de una investigación y que sería muy importante judicializar. Al no darse datos relevantes no pudieron iniciarse actuaciones concretas, no habiéndose producido posteriores visitas, con nuevos datos, por parte del Capitán Marful a los Fiscales de Avilés. (De estos extremos se da cuenta en el informe de la Fiscalía del TSJ de Asturias y en el Decreto del Fiscal Jefe de 31 de enero de 2005).


    11. En la primavera de 2003, por esas mismas fechas, y con ocasión de la celebración de un juicio oral en la Audiencia Provincial de Oviedo, en el que resultaba acusado "el Nayo", se puso en conocimiento por su letrado defensor ante el Fiscal Jefe del TSJ de Asturias, (Valero Oltra), que determinadas cantidades de explosivos estaban escondidas en un monte, ante lo que la Fiscalía se puso en contacto con la Policía Nacional, para la correspondiente investigación, no dando resultado alguno ante la falta de concreción del lugar en donde se encontraban los explosivos. (Según Decreto del Fiscal antes citado).


    12. El día 13 de junio de 2003 la Guardia Civil de Asturias detiene a Antonio Toro Castro por un delito contra la salud pública, practicándose dos registros domiciliarios con resultado negativo en cuanto a la tenencia de explosivos, según se desprende del informe de la Dirección General de la Guardia Civil.


    13. En octubre de 2003, la grabación de la conversación entre el agente Campillo y el ciudadano Lavandera de finales de agosto de 2001, apareció en el patio del puesto de la Guardia Civil de Cancienes, siendo recogida por el guardia David Robles Ramos que la guardó sin escucharla.


    (Sin embargo, el 15 de octubre de 2004 y coincidiendo con la declaración de determinados mandos de la Guardia Civil de Asturias ante la Comisión Parlamentaria que investiga los sucesos del 11-M, habría escuchado, según él la cinta en ese momento, dando cuenta inmediata a su superior. Dicha grabación fue publicada a través de un medio de comunicación el 10 de noviembre de 2004. En dicha grabación efectuada por el agente Campillo de su conversación con el ciudadano Lavandera, se recogen aspectos determinados alusivos a "fabricar bombas con móviles" y "viaje a Marruecos", en el que "Emilio", amigo de "Toño Toro", preguntaba al Sr.
    Lavandera si sabía de alguien que supiera montar bombas con móviles.
    "Asimismo el tal Emilio, según el relato de Lavandera en la cinta grabada, le daba cuenta de un tercer individuo que se había puesto en contacto con Emilio, tenía relación con otros, que en ese momento estaba en prisión, pero nada más salir de ella se marcharían a Marruecos para dirigir desde dicho lugar todas sus actividades".


    Estos extremos de la grabación no figuraron en el informe escrito que el agente Campillo elevó a la superioridad en el año 2001, y fueron conocidos por el agente que encontró la cinta en Cancienes, no en la fecha de octubre de 2003, cuando encontró la cinta que no escuchó, sino un año después, el 15 de octubre de 2004, que es cuando decidió escucharla y remitirla a sus superiores, justo en la fecha en la que declararon varios miembros de la Guardia Civil ante los miembros de la Comisión de Investigación del 11-M).


    14. A finales de 2003 y principios de 2004 el Jefe de Estupefacientes de la Comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez y Trashorras vuelven a encontrarse, reanudando la relación, sin recibir el funcionario policial información alguna relativa a tenencia o tráfico de explosivos, por parte de Trashorras, sino simplemente información sobre posible tráfico de estupefacientes de unos "moritos".


    15. Tras el 11-M del año 2004, según se relata en la nota informativa del Jefe de Estupefacientes de Avilés remitida a la Dirección General de la Policía, y que obra como documentación en la Comisión de Investigación, el referido comisario Manuel García Rodríguez relata un nuevo encuentro con Trashorras en los siguientes términos: estando el comisario citado "en unión de otros amigos en un establecimiento de hostelería, próximo a su domicilio, entra Emilio Trashorras, y se dirige al que suscribe en el mismo momento en que el grupo de amigos estaba comentando las circunstancias del atentado de Madrid y que todo parecía que era cosa de ETA, que Emilio al oír estos comentarios le dice al que suscribe esto es cosa de los moros sin más comentarios y después de hablar de otros temas sin trascendencia se despidieron sin más. Que un día o dos después ignorando concretamente la fecha se volvió a encontrar con Emilio en un establecimiento de hostelería de esta ciudad (Avilés) y me dijo "que ves cómo te lo decía yo que esto era los moros", en relación a los autores del atentado de Madrid, añadiendo que antes del atentado había estado hablando por teléfono con uno de los "moritos" y le había dicho a la hora de despedirse, riéndose, "que si no lo veía en la tierra lo vería en el cielo" y que a raíz del atentado del 11 de marzo lo estuvo llamando insistentemente por teléfono no respondiéndole a las llamadas".


    El comisario Manuel García Rodríguez afirma en su informe que en ese momento es cuando procede a poner estas circunstancias en conocimiento de la Comisaría General de Información.


    De la detención de Emilio Suárez Trashorras dan cuenta los autos judiciales de 15 de febrero de 2005 y de 18 de junio de 2004, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, procedimiento sumario 20/2004, en los siguientes términos: "El seguimiento de dichas tarjetas (telefónicas) determinó la localización del ciudadano español José Emilio Suárez Trashorras, dados los contactos telefónicos que se habían mantenido entre los teléfonos por él utilizados y los correspondientes a la célula de Morata de Tajuña".


    "Los agentes procedentes de Madrid, contactan en la Comisaría de Avilés, con José Emilio Suárez Trashorras, así como también con un inspector del Cuerpo Nacional de Policía de dicha plantilla, quien mantenía una relación derivada de su actuación profesional policial con el referido José Emilio Suárez Trashorras, por razón de su especialidad (estupefacientes).


    José Emilio Suárez Trashorras fue detenido el 18 de marzo de 2004"...


    Las relaciones del funcionario policial Manuel García Rodríguez con Suárez Trashorras, se producen y son conocidas cuando el anterior Gobierno y sus Altos Cargos del Ministerio del Interior están en funciones. De los particulares referidos a la detención de Suárez Trashorras, han dado información tanto el funcionario
    policial citado, como el anterior Jefe de la Comisaría General de Información, aclarando diversos extremos, tanto a sus superiores en los primeros momentos de la investigación del 11-M, como al Juez Instructor, remitiendo los informes requeridos del Juzgado y declarando en la causa del 11-M.


    Asimismo, la Comisión de Investigación tomó declaración al funcionario Manuel García Rodríguez, obrando en poder de la Comisión nota informativa firmada por el mismo en la que se afirma en su último párrafo lo siguiente: "Que para finalizar el funcionario que suscribe quiere reseñar de forma rotunda que en todo el tiempo que duró la relación con el citado José Emilio, todas las conversaciones versaron única y exclusivamente sobre personas y asuntos relacionados con el mundo de la droga".


    16. A primeros de abril de 2004, estando en funciones el anterior Gobierno, el informe del agente de la Guardia Civil, Campillo, fue remitido a Madrid junto con otra documentación, habiéndose celebrado una reunión en la Dirección General de la Guardia Civil y en la que estuvieron presentes el Capitán Montero, el Comandante Jambrina de la Comandancia de Oviedo, el Capitán París de la UCO y el Coronel Ferreiro, Jefe del Servicio Central de Información, con la finalidad de hacer un documento cronológico de todas las actividades relacionadas con las investigaciones del 11-M, perpetradas en Asturias, y concretamente la llamada "Operación Pipol" y "Operación Serpiente" y todo lo demás que fue investigado por la Comandancia de Oviedo y la UCO relacionado con tal asunto. Se elaboró finalmente un documento cronológico, para su remisión a la Secretaría de Estado para la Seguridad y al Juzgado Central de Instrucción N.º 6 de la Audiencia Nacional, y su unión al Sumario n.º 20/2004.


    De cuanto antecede cabe extraer las siguientes conclusiones:

    1.ª) En la lucha antiterrorista, con anterioridad al 11 de marzo de 2004, el Gobierno no elaboró ningún tipo de instrucción ni plan de actuación específico en materia de vigilancia, control, tráfico o tenencia de explosivos para el ámbito del Principado de Asturias, ni con carácter general para todo el territorio español, salvo las especiales prevenciones adoptadas específicamente en el territorio del País Vasco.


    2.ª) Con anterioridad al 11 de marzo de 2004 no existía ningún nivel de coordinación policial en Asturias, ni evaluación conjunta de operaciones, intercambio de información, ni orientaciones en ese sentido más allá de actuaciones coyunturales con motivo de determinados eventos o acontecimientos de importancia, no existiendo dispositivos de coordinación permanente entre los altos directivos policiales y de la Guardia Civil.


    3.ª) De todos los antecedentes y circunstancias referidas al tráfico de explosivos, a las noticias sobre las investigaciones habidas respecto de los imputados en el 11-M por colaboración con banda armada y por haber proporcionado los explosivos a los terroristas, así como de las informaciones y antecedentes existentes sobre informaciones de confidentes o de colaboradores a distintos responsables policiales, tuvo información y conocimiento el anterior Gobierno, en distintos momentos, tanto antes del 11-M, como en los primeros momentos de la investigación, cuando se hallaba en funciones como tal Gobierno.


    4.ª) Según el Decreto del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 31 de enero de 2005, en el que se decreta el archivo de diligencias, las conductas policiales y de la Guardia Civil investigadas, "no deben considerarse como constitutivas de delito".


    Finalmente, resultan significativas sobre todo lo que antecede, de lo que toma buena nota la Comisión, las afirmaciones del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el reiterado Decreto de 31 de enero de 2005 en las que afirma lo siguiente:

    "Ciertamente nos llama la atención, que la Comandancia de Gijón investigaba partiendo de las informaciones aportadas por Lavandera, la Guardia Civil de Oviedo con las confidencias de el Nayo, la UCO con Rafa Zouhier, e incluso, la Policía Nacional con Suárez Trashorras, sin que existiera entre todos ellos, los suficientes contactos o coordinación, para lograr un resultado positivo en las investigaciones."

    Por último, son también elocuentes y significativas en cuanto a las responsabilidades del anterior Gobierno las palabras del ex Secretario de Estado de Seguridad (Astarloa Huarte-Mendicoa), que en la sesión de 18 de noviembre de 2004 reconoció ante la Comisión Parlamentaria que investiga el 11-M lo siguiente:

    "Todo lo que usted me ha dicho no es eficiencia policial, claro que no es eficiencia policial, es un desastre. Y entiendo que ese desastre es sobre el que, entre otros que han ido saliendo en esta comparecencia, tenemos que aclarar dónde están las responsabilidades... por supuesto, todo lo que usted ha enumerado no es ni eficacia, ni no eficacia, es un disparate."



    3.La descoordinación en la información sobre las fuentes de financiación del terrorismo.


    Según el Informe de la Comisaría General de Información el atentado del 11-M tuvo un coste inferior a 54.000 euros. Las células terroristas habían conseguido reunir en aquellas fechas un total de 93.400 euros. Los explosivos los pagaron con veinticinco kilos de hachís y una cantidad en dinero. El Informe señala que los terroristas que se inmolaron en el piso de Leganés disponían de 52.295 euros y una cantidad de drogas que en el mercado ilegal podría suponer unos ingresos de 1,5 millones de euros.


    La financiación de este tipo de terrorismo se lleva a cabo tal y como manifesta el magistrado Garzón ante la Comisión de Investigación:

    "La financiación de este tipo de terrorismo es muy abierta. Si acudiéramos a Afganistán -y llegaré a Arabia Saudí-, antes de 1991 y después de esa fecha, tras la entrada en el poder del gobierno talibán y hoy día otra vez entre las distintas tribus y facciones, la heroína ha sido uno de los instrumentos fundamentales de financiación de todos estos grupos. En relación con las reservas y los depósitos de heroína de Afganistán y de las repúblicas limítrofes y los cánones que se cobraban por las distintas organizaciones o el desarrollo del propio tráfico hay muchos informes.


    Hay otro tipo de financiación que es la ideológica financiera, que evidentemente tiene su radicación en Arabia Saudí o en personas de dicho país. El propio Osama Ben Laden y todas sus propiedades están relacionadas con ese país y luego en distintas partes del mundo. La interposición de empresas de empresas intermedias o pantallas en muy abultada...


    El wahabismo es la tendencia dominante desde hace mucho tiempo, con la tribu de Saud, que es el clan que domina Arabia Saudí, desde hace mucho tiempo, desde que el wahabismo, en el siglo XVIII, en 1745 más o menos, comienza a ser la tendencia dominante en Arabia Saudí. Esa reserva ideológica, ese apoyo directo alguna vez, indirecto otras, es evidente.


    El otro tipo de financiación es personal, a través de las relaciones de confianza, conocidas como el sistema de hawala, o de zacat, algo absolutamente legal y que es una obligación de todo buen musulmán, pero hasta la fecha no hay modo alguno cuáles son los límites, sobre todo en el sistema hawala, en el que opera la confianza.


    La coordinación no solamente se tiene que hacer en el ámbito del terrorismo para la investigación, sino que tiene que afectar a otras comisarías, a otras unidades especializadas en otro tipo de actividad, sea financiera, sea de tráfico de drogas, sea de crimen organizado.


    Hay datos constatados de que no sólo el tráfico de drogas es la vía por la que se están financiando, el tráfico de vehículos de gran cilindrada es otras de las vías ya constatada. El tráfico ilícito de seres humanos también se está comprobando que puede ser, y de hecho es, otra vía con las mafias relacionadas con la inmigración ilegal.


    La situación de desarraigo y de marginalidad que existe invita a desarrollar actividades delictivas, de defraudación permanente, con perfiles de delincuencia ordinaria, en falsificación de tarjetas, en falsificación de documentación, la cual permea mucho más el ámbito absolutamente hermético de otras organizaciones terroristas. La organización terrorista ETA no va a ir a un delincuente habitual experto en falsificaciones para que le falsifique, no, tiene su aparato de falsificación y lo va a utilizar, porque la fuga de información puede ser letal para la organización. Esto es todo lo contrario. Utilizan todas las vías y mecanismos e incluso su actividad puede ser inicialmente percibida, como ha ocurrido, como delincuencia ordinaria."

    La financiación de las células locales que actúan dentro de la red de redes en la que se ha convertido Al Qaeda también procede de actividades legales o que al menos tienen esa apariencia. Alguna de las personas relacionadas con la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional desarrollan una intensa labor comercial en diversas áreas, muy especialmente en la compraventa de tarjetas telefónicas de prepago. Pero también son otras las actividades comerciales y económicas que desempeñan, tales como actividades relacionadas con la hostelería (cafés y restaurantes- kebbabs), tiendas de comestibles, carnicerías, peluquerías, etc.


    Lo que ya parece cierto, a tenor de las declaraciones de los imputados y de las personas que han prestado declaración en el sumario, es que estas actividades económicas servían para el mantenimiento de varias personas que directamente pudieron participar en los atentados, de aquellas otras que estuvieron relacionadas con la preparación de los mismos, e incluso de otras que han mantenido relaciones con las primeras y con las segundas en base a la amistad y la camaradería trabadas en el ámbito de las mezquitas y lugares de culto que frecuentaban con asiduidad.


    Es una muestra más de lo que al parecer es una forma habitual de financiación, no tanto directamente de las actividades terroristas islamistas, como de las personas que aparentemente llevan una vida normal, pero que en realidad dedican gran parte de su tiempo a actividades de captación de miembros para la Yihad o para las células terroristas, aleccionamiento religioso radical y, finalmente, a la preparación de atentados.


    Ello lleva a la Comisión a la conclusión de que una parte de la financiación de los atentados de Madrid pudo proceder de actividades comerciales legales, que por su apariencia no despertaron en su momento las sospechas de los diferentes cuerpos policiales especializados, o que, despertándolas, no tuvieron suficientes pruebas para intervenir dichas actividades comerciales de financiación de acciones ilegales.


    Por otra parte, parece que en ocasiones se hubiese hecho necesaria una mayor coordinación entre las actividades de investigación policial y los datos que le constaban al Departamento Central de Prevención del Blanqueo de Capitales para detectar, tanto los movimientos extraños de capitales, como las actividades que los encubrían. En este sentido, la Comisión estima que si se hubiesen llevado a cabo investigaciones globales, relacionando los diferentes aspectos -logísticos, financieros, de antecedentes penales, etc.- posiblemente se podría haber tenido mayor y mejor conocimiento de la trama de personas y actividades, delictivas o no, relacionadas con los atentados del 11-M.


    No obstante, la actividad de tráfico de drogas a la que se dedicaba el grupo asturiano había sido detectada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No sólo porque había personas integradas en este grupo que habían sido condenadas por delitos de tráfico de drogas, sino porque, además, existen informes, a los que la Comisión ha tenido acceso en sesión reservada, que mencionan los desplazamientos de este grupo a Madrid con la intención de vender drogas.


    El 22 de abril de 2004 un testigo protegido declaró ante el Magistrado-Juez que instruye el sumario por los atentados de Madrid que, en las Navidades de 2003, Abderraman Hammadi le comentó que había gente dispuesta a poner bombas en trenes. Tras recibir esa información, el hoy testigo protegido intentó ponerla en conocimiento de la Unidad Central de Información Exterior y, como quiera que ello no fue posible, se la comunicó finalmente a un miembro de la Unidad de estupefacientes UDYCO.
    Al parecer, el citado Hammadi se dedicaba al tráfico de estupefacientes y había oído estos comentarios de las personas que le suministraban dichas sustancias.


    En un segundo encuentro con Hammadi, el testigo protegido conoció a otras personas que podrían estar directamente relacionadas con los atentados de Madrid. Esta segunda información fue comunicada por el testigo protegido a funcionarios de la UDYCO con posterioridad a los atentados del 11-M. En alguna otra ocasión después de los atentados, el testigo protegido tuvo contacto con Hammadi que le dio el nombre de una persona, Amer, quien supuestamente había sido el organizador de aquellos atentados. Esta información también fue trasladada a la UDYCO y posteriormente a la UCIE, unidad esta última con la que el testigo protegido pretendía colaborar.


    El 15 de marzo, cuatro días después de los atentados, la propia UDYCO comunicó mediante nota informativa los hechos que se mencionan más arriba.


    Todo ello lleva a la Comisión a deducir que determinadas unidades del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron información más o menos directa sobre la posible preparación de los atentados, sin que a esa información, quizás por parcial y estar aislada de otro tipo de investigaciones, le proporcionaran la suficiente importancia y credibilidad. Tampoco existió la prevención de notificar esa información a otras unidades que, por sus características y especialización, la podían haber utilizado para enriquecer las investigaciones que se estaban llevando a cabo y complementar líneas averiguatorias que les hubieran podido llevar al entorno inmediato de los preparativos y de los autores del 11-M.


    En este sentido es evidente que se ha producido, por un lado, una clara parcelación de las investigaciones llevadas a cabo por diferentes unidades de un mismo cuerpo policial y, por otro lado, una ausencia de puesta en común y de comunicación de las informaciones que esos cuerpos iban obteniendo en el curso de sus respectivas investigaciones. De haber existido una coordinación en las investigaciones y una correcta comunicación y puesta en común de las informaciones existentes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían haber dispuesto de mayores certezas y de información global suficiente para ampliar e intensificar las investigaciones que se estaban llevando a cabo en el entorno de diversas personas relacionadas con el terrorismo islamista que finalmente resultaron ser los autores de los atentados del 11-M.


    En muchas comparecencias se ha podido constatar una sólida preparación por parte de los mandos de la Policía, de la Guardia Civil y de los servicios del CNI, pero una excesiva compartimentación de las responsabilidades.


    Cada Cuerpo tiene su ámbito de responsabilidad y su ámbito de investigación, con un sistema rígidamente separado que ha dificultado que los avances que se realizan por unos se conozcan y puedan ser útiles en las investigaciones que realizan otros, y todo ello, cuando todos deberían unir sus esfuerzos ante el objetivo común de prevenir actuaciones terroristas y aumentar la eficacia en el ámbito de la seguridad ciudadana.


    Una prueba elocuente de esta perjudicial división la constituyó el testimonio del Sr. Jorge Dezcallar, Director del CNI durante los atentados, que manifestó expresamente que obtuvo los datos de la placa de la matrícula de la furgoneta de Alcalá de Henares, a través de su visión en los medios televisivos comprobando a partir de entonces que la misma no estaba doblada. Siendo como era esa furgoneta un elemento esencial en la investigación del 11-M, no parece un buen ejemplo de coordinación que el entonces máximo responsable de los Servicios de Inteligencia en España, obtuviese los datos de la matrícula de la misma a través de la televisión...


    Esta circunstancia evidencia la propia percepción que tuvo el CNI de no participar ni directa ni indirectamente en el protagonismo de la investigación operativa de los atentados, dado que "no tenía mucha información..." y no participó en ninguna reunión hasta el día 16 de marzo.


    De nuevo la Comisión ha detectado en este punto un ejemplo más de la desconexión existente entre investigaciones policiales que, afectando a los mismos delincuentes, se parcelan en función de la materia delictiva, drogas o explosivos, sin que conste comunicación efectiva entre las diferentes unidades policiales para llevar a cabo investigaciones integrales, mediante las que el seguimiento de un delito lleve al descubrimiento de otro o al seguimiento de una pista que pudiera poner de relieve la preparación de una actividad delictiva futura. Faustino Álvarez Sola, de la Unidad Central Especial (UCE), declaró ante la Comisión a cerca de la coordinación de diferentes investigaciones cuando participan distintas unidades y cuerpos:


    "La investigación debería ser distinta. Mucha veces salvo que sea un grupo terrorista específico, no se puede hacer una investigación muy larga porque genera tantos delitos pequeños por medio que ya hay interferencias de unidades terroriales de todo tipo. Nosotros hemos tenido operaciones en las que ha habido interferencias de unidades de la Guardia Civil, de unidades de la Policía Nacional y de Mossos d´Esquadra. Llega un momento en que no hay quien sujete aquello. En las investigaciones que pueden tener alguna connotación terrorista habría que tener la posibilidad de investigarlas con mucho más tiempo."

    En este sentido, el magistrado Baltasar Garzón emitió ante la Comisión una importante reflexión respecto a la descoordinación y la competencia entre servicios:

    "Yo pienso que sí, sin lugar a dudas, es decir, la coordinación se puede mejorar muchísimo más. Yo sé que éste es un caballo de batalla desde hace muchos años en los diferentes ámbitos de investigación de delincuencia compleja -delincuencia organizada, terrorismo, tráfico de drogas, etcétera-. La existencia de varios Cuerpos lleva, efectivamente, a que haya ámbitos de conocimiento diferentes, y si el mecanismo de coordinación no es el que debe ser o no funciona, como ha sucedido muchas veces, se pierden energías, se pierden esfuerzos y se pierde efectividad.


    Es normal la competencia entre Servicios, pero cuando estamos hablando de estas cuestiones es perverso que se produzcan esas contradicciones.... En la lucha contra el crimen organizado, pero particularmente en la lucha contra el terrorismo, podemos estar a un 30 por ciento y nos queda un 70 por ciento de posibilidades."

    Además, muchos de los datos sobre las actividades ilícitas desarrolladas por algunos de los imputados judicialmente por los atentados del 11-M y sobre el fanatismo religioso que los movía eran, en buena medida, conocidos en diversas instancias policiales, judiciales y del Ministerio Fiscal. Así:

    1.º Algunos autores de los atentados estaban siendo investigados por la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado en el Cuerpo Nacional de Policía) en diversas operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.


    2.º La Unidad Central de Información Exterior de la Policía, que está dedicada a la lucha contra el terrorismo islamista, había realizado diversas investigaciones sobre el entorno radical cercano a Al Qaeda en el que se movían algunos de los implicados en la matanza.


    3.º El Centro Nacional de Inteligencia seguía los pasos de alguno de ellos por su vinculación con el terrorismo internacional de corte islamista.


    4.º Alguno de los terroristas implicado aparecía en los sumarios abiertos por la Audiencia Nacional sobre terrorismo internacional de origen islamista o tenía contacto estrecho con otros que han sido procesados y condenadss en Marruecos por su intervención en los atentados terroristas de Casablanca.


    5.º A eso se le une que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han contado en diversas ocasiones con informaciones confidenciales vagas y confusas sobre tráfico ilegal de explosivos en el que podían haber participado alguno de los ahora encausados por los atentados del 11-M.


    Por consiguiente, se puede afirmar sin temor a equívocos que ha habido diversas investigaciones policiales y del Servicio de Inteligencia, llevadas a cabo durante años sobre el entorno y la actividad delictiva de los autores materiales de los atentados, así como de aquellas personas que les proporcionaron los explosivos. Estas investigaciones han ido suministrando informaciones parciales e incompletas que, puestas en común y conectadas adecuadamente antes de que ocurriera la tragedia, podrían haber sido de mucha utilidad para profundizar en el entramado delictivo de las personas que cometieron los atentados.


    En este sentido, podemos hablar de un deficiente funcionamiento de los servicios de seguridad debido a un inadecuado procesamiento de la información que se va obteniendo por los distintos servicios y unidades de Policía, Guardia Civil y CNI y a una estrategia descoordinada en la lucha contra el crimen organizado. Estas deficiencias están básicamente originadas en el diseño organizativo y competencial de las actuales Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de su esquema de relación.


    Debe impulsarse una reforma normativa en profundidad del CNI, que articule su funcionamiento en el marco de una investigación terrorista después de un atentado y su coordinación previa con todos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de conseguir que la información fluya con mayor eficacia para prevenir los atentados e investigar la autoría de los mismos, una vez perpetrados.


    No puede volverse a repetir la imagen de unos Servicios de Inteligencia que no participaban en los momentos iniciales de la investigación en torno a los atentados más importantes de nuestra historia.



    4.Insuficiencia de medios para una respuesta eficaz.


    La Comisión considera que España no contaba con medios suficientes para enfrentarse a una amenaza tan cierta y grave, tal y como ha sido puesto de manifiesto por la información que ha llegado al Congreso, quedando constancia de que los recursos humanos y materiales expresamente empleados para la lucha antiterrorista islamista, lejos de crecer proporcionadamente, se han mantenido o, incluso, han disminuido en los últimos años.


    La evolución de las plantillas no ha sido acorde con el crecimiento exponencial del riesgo de padecer un atentado islamista. Así lo demuestra el documento n.º 11, remitido por el Gobierno, sobre la evolución de plantillas entre septiembre de 2001 y marzo de 2004. Los funcionarios del servicio de asuntos árabes e islámicos del Cuerpo Nacional de Policía pasaron de 61 en septiembre de 2001 a 74 en marzo de 2004, es decir, tan sólo crecieron un 13%, cuando el peligro se había multiplicado en ese tiempo. La plantilla del Grupo de Información Exterior de la Guardia Civil paso de 44 miembros en 2001 a 62 en 2004, pero hay que tener en cuenta que el número total de miembros del servicio de información, que también interviene en la lucha contra el terrorismo, perdió en ese mismo período a tres miembros pasando de 2.103 a 2.100.


    En las comparecencias de la Comisión del 11-M se ha puesto de relieve la insuficiencia de medios para dotar de mayor operatividad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el nuevo terrorismo internacional (el ejemplo de la falta de traductores del árabe al castellano fue elocuente).


    Las declaraciones del comisario Rayón Ramos son muy significativas y ponen de relieve esa falta evidente de medios:

    "Nunca se puede tener los medios adecuados desde mi perspectiva. Ignoro lo que pueden tener otras organizaciones, ignoro lo que pueda tener el CNI, la Guardia Civil, la Ertzaintza o Mossos, no lo sé, pero nosotros no tenemos los medios suficientes. Evidentemente hacemos lo posible, pero el Cuerpo Nacional de Policía ha tenido unas carencias que se están intentado remediar en lo posible."

    La falta de medios existente ante el nuevo tipo de terrorismo se puso de relieve en muchas comparecencias celebradas en la Comisión de Investigación. Fueron elocuentes las palabras del Sr. Jesús de la Morena, Comisario General de Información de la Policía:

    "Unos Servicios de Inteligencia de información con recursos, ante la nueva situación, escasos y con capacidades y hasta procedimientos inadecuados para lo que supone pasar de una labor de información y control en una situación de amenaza relativa al desarrollo de una labor agresiva, dentro de la legalidad, en el campo de la investigación y la prevención, particularmente en el apartado de la captación de la información y neutralización de radicales en su primera fase de detección. Un sistema judicial con muchas mayores deficiencias y, si cabe, con mayor desconocimiento. Y, finalmente, una legislación que, en cierta medida, es muy restrictiva, para el eficaz desarrollo de medidas y operaciones de prevención e investigación."

    En cuanto a la insuficiencia del número de traductores y en respuesta a la siguiente pregunta del comisionado Jordi Jané:

    "... ¿Considera que el número de traductores de árabe a español es el adecuado para poder cumplir sus fines?"

    La respuesta del comisario Rayón Ramos fue contundente: "No".


    Otro miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Jefe de la Unidad Central Especial de la Guardia Civil, Faustino Álvarez Sola, ratificó la falta de medios. A la pregunta del comisionado Juan Luis Rascón:

    "¿Cree que un servicio tan privilegiado de lucha antiterrorista como éste tiene los suficientes medios humanos como los que se describen en este documento?"

    Álvarez Sola respondió:

    "Yo creo que no; son necesarios más elementos humanos."

    Respecto a la escasez de traductores especializados y las consecuencias de la misma, el magistrado Garzón expuso:

    "Todas las conversaciones que se pueden producir se realizan en árabe, pero no solamente en árabe sino además en algunos dialectos muy particulares, cuando se refiere a personas que vienen de Marruecos, del norte de Marruecos. No hay traductores o puede que haya traductores de otra nacionalidad, aunque hablen árabe, que pierden los matices o todo aquello que en una conversación o en un diálogo de amistad o de personas que están en una misma dinámica se produce. La interpretación de frases, de palabras, etcétera, ya es difícil en nuestro propio idioma o en un idioma que conozcamos, mucho más difícil en este caso. Por eso se han perdido muchas posibilidades. Se podrían haber hecho muchas cosas más, se ha hecho lo que se ha podido, y yo creo que sería injusto atribuir ni la más mínima responsabilidad a aquellas personas que han dedicado grandísimo esfuerzo a la investigación de estos hechos."

    Asimismo, y respecto a los medios de los que disponían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir el terrorismo internacional tipo Al Qaeda, Garzón Real manifestó:

    "Quiero destacar el esfuerzo de las unidades especializadas en esta materia. A la vez digo que dichas unidades no eran suficientes. El número de funcionarios al problema más inmediato y más impactante, que es el terrorismo de ETA, era muy elevado, era adecuado, el número de funcionarios dedicados a las investigaciones de terrorismo internacional era menor.


    Yo no comparto la idea de que los medios hayan sido razonables.
    Objetivamente el número de funcionarios, el número de efectivos para abordar esta investigación no ha sido suficiente.


    Lo que puedo decir es que podía haber muchos más medios, podía haber habido mucha más previsión por parte de todos, en el ámbito legislativo, en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial, en el ámbito policial, en el ámbito político.


    /.../ Yo no sé si el día 10 de marzo había mucha gente en España que se podía creer que esto podía suceder, lo desconozco. No sé si mucha gente convivía con esa amenaza, con ese riesgo o no. Lo que si sé es que los que estaban desarrollando las investigaciones y los que trabajábamos en ese ámbito éramos conscientes de que eso podía suceder. El esfuerzo era mucho, siempre son necesarios muchos más medios, pero objetivamente aquí, como he dicho antes, no eran bastantes."

    Sin duda, lo que más ha sorprendido a la Comisión es que los máximos responsables políticos en la lucha contra el terrorismo eran conscientes por una parte de la amenaza y por otra de los medios que se debían utilizar, y sin embargo no actuaron en consecuencia. Prueba de ello es que no se siguieron los consejos y recomendaciones de los servicios de seguridad de otros países.


    - En la 1.ª reunión del Grupo de Jerez (18 y 19 de mayo de 2003), a la que asiste el Ministro del Interior, se acordó que los Directores Generales de las Policías celebrasen una reunión a fin de identificar necesidades materiales, de personal y técnicas. Sin embargo, no consta que las necesidades materiales, de personal y técnicas con que contaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado crecieran en la medida de lo necesario.


    - En la 3.ª reunión del Grupo de Jerez (16 y 17 de febrero de 2004), el Subdirector General Operativo del Cuerpo Nacional de Policía elabora una nota preparatoria para la reunión en la que vuelve a insistir en la necesidad de abordar el incremento de los medios materiales, personales y técnicos para luchar eficazmente contra el terrorismo. Es decir, los medios para combatir el terrorismo islamista seguían sin ser suficientes, y el máximo responsable operativo de la Policía Nacional se lo comunica en una nota a sus superiores jerárquicos, entre los cuales está el Ministro del Interior que representaba a España en el Grupo de Jerez.


    La Comisión desea resaltar que el Gobierno era conocedor de éstas y otras informaciones similares y, sin embargo, no adoptaron las decisiones de dirección política necesarias para dotar de medios suficientes a las Unidades dedicadas a la lucha contra el terrorismo islamista.


    La Comisión considera que, más allá de la no adecuada valoración de los riesgos anunciados desde diversas fuentes policiales e internacionales y con independencia también de los errores de coordinación que tuvieron lugar entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el atentado, lo cierto es que una vez perpetrado el mismo siempre resulta más fácil advertir insuficiencias o fallos en la actuación de las mismas.


    Como resumen de todo lo expresado en esta Primera Parte de las Conclusiones, la Comisión considera que la respuesta del Estado español a la amenaza del terrorismo islamista fue insuficiente antes del 11 de marzo de 2004, caracterizándose por una clara infravaloración ante los riesgos anunciados desde diversas fuentes policiales e internacionales.
    Por eso, el anterior Gobierno no adoptó la política de impulso a la lucha contra el terrorismo islamista que exigía ese nivel de riesgo.


    Las informaciones recogidas a lo largo de la Comisión ponen de manifiesto una y otra vez la descoordinación que hubo entre los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sólo así se pueden explicar algunas de las situaciones que se produjeron y que facilitaron que el atentado más brutal producido en Europa con mayor número de muertos de la historia contemporánea se realizase con una facilidad poco comprensible.


    Tal y como se afirma en las recomendaciones finales, debemos resaltar que, lamentablemente, por muchas medidas de prevención y coordinación que se adopten, nunca estaremos exentos de poder sufrir un atentado terrorista grave y, ante esta realidad, las valoraciones genéricas y adjetivos fáciles no siempre son adecuados, si tenemos especialmente en cuenta la labor profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


    Lo anterior no significa, claro está, que el terrible atentado ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 2004 pudiera haberse evitado caso de que el impulso político de lucha antiterrorista islamista hubiera sido el adecuado. A modo de parangón, sabemos que en España la lucha antiterrorista contra la banda criminal de ETA cuenta con un sólido y firme pulso político, social y de seguridad y, sin embargo, eso no es óbice para que siga habiendo atentados que llevan esa siniestra firma.


    En suma, hubiera sido deseable una mayor sensibilidad política analítica ante ese fenómeno criminal que atenta seriamente contra valores constitucionales base de la convivencia en democracia de ciudadanos españoles y de otros países. Esa mayor concienciación política hubiera llevado a diseñar, por sí o en cooperación con otros Estados, un complejo de medidas políticas, sociales y de seguridad tendentes a impedir atentados terroristas de origen islamista dentro o fuera de nuestro país.
    En opinión de la Comisión no hubo un impulso político acorde a las exigencias de la realidad del terrorismo internacional y la realidad, trágicamente, acabó imponiéndose sobre nosotros.


    En todo caso, la Comisión quiere enfatizar que los terroristas fueron los únicos responsables de sus actos criminales, y contra ellos debe actuar la ley.


    Publicado por 3dm a las 00:06

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